La mejora de la educación es uno de los factores más relevantes de un proceso histórico de cambio en Latinoamérica
Durante el pasado decenio América Latina y el Caribe han experimentado un cambio sin precedentes. La tan deseada consolidación de la democracia se ha hecho realidad en la casi práctica totalidad de sus países y se ha acompañado de un impresionante incremento de exportaciones de materias primas, a precios sensiblemente superiores a los de tiempos atrás, actividad que ha llegado a representar más del 60% de las exportaciones de la región, produciendo un espectacular incremento de ingresos. Gracias a ello, sus ciudadanos se han beneficiado de políticas sociales progresistas, como es el caso de las trasferencias monetarias condicionadas, con resultados evidentes y positivos, como han sido una fuerte reducción de la pobreza, situación de la que han salido más de 80 millones de personas en este periodo de tiempo, junto con un incremento, o mejor dicho recuperación de la clase media, que en años precedentes sufrió un sistemático acoso y disminución, clase a la que regresado o se han incorporado unos 50 millones de personas.
La mejora de la educación es quizás uno de los factores más relevantes de este proceso histórico de cambio. El promedio del PIB que se dedica a ella en la región se sitúa por encima del 5%, porcentaje que supera el promedio mundial dedicado a este rubro. Algunas organizaciones de referencia, como es el caso de la CEPAL, empiezan a defender que lo importante ya no es gastar más, sino hacerlo mejor, y anuncian la aparición del llamado bono demográfico, que surge al coincidir el descenso de la natalidad con el crecimiento inversor. La educación ha pasado a ser una prioridad política y presupuestaria, circunstancia que explica el gran incremento de cobertura alcanzado en educación infantil, que ya supera el 75%, que la escolarización en educación primaria y básica se aproxime al 100% o que la alfabetización de jóvenes y adultos se estime en un 90%. Estas, y otras mejoras cuantitativas son, sin lugar a dudas, logros históricos impensables hace no muchos años.
Sin embargo los beneficios que aporta la educación al desarrollo de América Latina no proceden solo de los años de escolarización, sino de lo que realmente aprenden sus alumnos. El desafío de la calidad educativa es enorme: los resultados de las pruebas PISA –similares a los de otras evaluaciones realizadas por otras entidades internacionales-, aplicadas en ocho países que por su demografía representan el 85 % de la población de la región, no pueden ser más desalentadores: esos ocho países se sitúan entre los últimos veinte países del mundo en los que estas pruebas son aplicadas y ponen de manifiesto, entre otras evidencias, que los estudiantes de la región cuentan con un promedio de dos años escolares de retraso con respecto a sus colegas de su misma edad de los países de la OCDE.
A pesar de los recientes esfuerzos, si se sigue al ritmo actual de progreso los países con mejores resultados de América Latina necesitarán más de diez años para alcanzar la media de los países de la OCDE, plazo de tiempo que supera los veinte años que pueden necesitar los países de la región con peores resultados. Entre las evidencias que generan mayor preocupación destacan las diferencias existentes en los rendimientos educativos obtenidos por los hijos de los pobres frente a los de los hijos de los ricos, como es previsible en la región más inequitativa del mundo: entre los hijos de unos y de otros, según países, existen diferencias de uno a tres cursos escolares entre alumnos de una misma edad.
Los sistemas educativos de América Latina han vivido durante las últimas décadas procesos reformistas importantes alimentados por diferentes paradigmas o utopías sociopolíticas, psicopedagógicas o tecnológicas, procesos que siempre han generado expectativas superiores a los resultados realmente obtenidos y, como consecuencia de ello, han provocado no pocas frustraciones. A partir de la situación actual, y de los retos de desarrollo que apremian a la región, es razonable pensar que la mejor utopía no puede ser otra que lograr eficazmente más y mejores aprendizajes para todos.
La calidad de un sistema educativo nunca supera a la de sus docentes, definió el informe MacKinsey con precisión y acierto, afirmación que coincide con las conclusiones de un reciente estudio del Banco Mundial, redactado a partir de visitas de evaluación a más de 3.000 escuelas públicas de diferentes países de la región, en la que se asocia directamente la calidad de la educación con la de su profesorado.
Atraer a los mejores a la profesión docente y garantizarles una excelente y pertinente formación, evaluar al profesorado en ejercicio con rigor, exigirle rendir cuentas y, en fin motivarles y retribuirles en consecuencia, es el modelo que vienen aplicando desde hace años con éxito los países que son líderes mundiales en educación, como lo acreditan sus excelentes resultados en las pruebas PISA y en otras similares. Unos requisitos que no se cumplen en casi ningún país de América Latina, circunstancia que explica consecuencias tan negativas como las descritas en el mencionado informe, como es, por ejemplo, la pérdida de tiempo lectivo observado en la actividad en lectiva cotidiana en el aula: por escasez de competencias pedagógicas y didácticas, la media de los profesores de los colegios visitados utiliza menos del 65% de su tiempo en actividades de enseñanza y aprendizaje, dedicando el resto a pasar lista, poner orden, actividades administrativas o, simplemente, lo desperdicia.
Democratizar la educación requiere profundos cambios en la formación, evaluación y retribución de los maestros
Asegurar más y mejores aprendizajes para todos, es decir democratizar realmente la educación, requiere en Latinoamérica profundos cambios en los procesos de selección, formación, evaluación y retribución de los maestros, así como aplicar pruebas externas estandarizadas de evaluación y difundir ampliamente sus resultados. Un proceso al que no es ajena la necesidad de redefinir las relaciones con los sindicatos de docentes, hasta ahora posiblemente los más poderosos del mundo, que han convivido con sistemas tan injustos e ineficaces, quienes con frecuencia han entrado en colisión con políticas educativas de transformación y mejora educativa. Las experiencias recientes de México, Perú o Ecuador para modificar las relaciones de equilibrio de poder entre sindicatos docentes y gobiernos democráticos, demuestran que son posibles los cambios.
La desaceleración económica es un hecho, como lo demuestran la amenaza de recesión de Brasil, la grave situación de Argentina y la progresiva disminución de incremento del PIB en casi toda la región, una situación cuyo origen se sitúa en factores externos, como son la desaceleración en el crecimiento de China o la lentitud de Europa para salir de sus grave crisis.
Otra vez más se vuelve a concluir que las soluciones no deben venir de fuera, que no sirve de nada eludir responsabilidades internas apelando a hechos externos, que no se debe identificar crecimiento económico con desarrollo y que la región debe contar con estrategias propias, máxime cuando los mecanismos de integración avanzan y se fortalecen. En esas estrategias la educación debe ser el elemento vertebrador en torno al cual se estructuren las políticas de desarrollo: en resumen, una educación que asegure al conjunto de la población lo que en palabras de la OCDE son mejores competencias, las más valiosas divisas globales del siglo XXI, que generan mejores empleos y mejores oportunidades de vida para todos.
Mariano Jabonero Blanco es el director de Educación de la Fundación Santillana.
Fuente: http://internacional.elpais.com/
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