La historia del coronel (r) Carlos Alberto García Sierra es la de un hombre perseguido por denunciar la corrupción enquistada en la contratación del Ejército. Con una hoja de vida impecable, con más de 82 felicitaciones en su carrera militar, experto en inteligencia técnica y en desarrollo de plataformas de espionaje electrónico, el coronel García Sierra fue uno de los gestores de programas para romper los sistemas de criptografía de varias organizaciones ilegales. No obstante, a pesar de su rutilante ascenso, terminó humillado, exiliado, con una orden de captura a cuestas y señalado como espía del gobierno de Hugo Chávez Frías.
Nacido en Zipaquirá en diciembre de 1961, Carlos Alberto García pronto se interesó por la vida militar. En febrero de 1979 ingresó a la Escuela de Cadetes y con los años se especializó en inteligencia técnica. En ese contexto, participó en la creación de plataformas aéreas de inteligencia, ofició como director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, fue uno de los creadores de una unidad especializada de inteligencia electrónica dotada con polígrafos, espectrógrafos y radiolocalizadores, entre un largo etcétera de proyectos de espionaje especializado que terminaron por desequilibrar la balanza a favor del Estado en la lucha contra la guerrilla.
Fueron tan contundentes sus resultados técnicos, que se ganó la confianza del alto mando militar. De hecho, el entonces comandante de las Fuerzas Militares, Jorge Enrique Mora Rangel —hoy negociador en La Habana con las Farc—, lo designó para que participara en los comités técnicos de contratación de los equipos de comunicación. Ahí empezó su infierno. El teniente coronel García Sierra empezó a percatarse de que en muchos procesos licitatorios las cuentas simplemente nunca daban. Después de su paso como director de Proyectos Especiales de la Central de Inteligencia Militar, en 2002 fue nombrado como director de la Escuela de Comunicaciones del Ejército. Y allí fue testigo de cosas peores.
Fue entonces, como escribió él mismo en un documento de julio de 2006, cuando evidenció “el altísimo grado de corrupción de algunos miembros de la institución”. Sin concesión alguna, y con la convicción de que eso que llaman solidaridad de cuerpo en las Fuerzas Armadas no incluye mirar hacia otro lado cuando los dineros públicos se despilfarran a manos llenas, el coronel Carlos Alberto García documentó uno a uno los yerros en contratación, las anomalías en millonarias licitaciones en su despacho, los amiguismos de algunos contratistas con ciertos oficiales y, cómo no, empezó a llegarle abundante información sobre coimas y ‘engrases’ generosos.
En principio denunció irregularidades en dos contratos por un valor de más de $13.000 millones para la adquisición de equipos de radio portátiles y de seguridad de voz. Según sus estudios, inexplicablemente la firma Meltec había ganado esos contratos a pesar de no cumplir algunas especificaciones técnicas. Incluso, señaló presuntos favorecimientos a esa empresa por parte de un coronel. Denuncias que se sumaron a otras que ya había hecho en contratos para adquirir geoposicionadores, baterías para radios militares y presuntos malos manejos de un laboratorio técnico, en donde salió a relucir el nombre de otro oficial que fue su antecesor en la dirección de la Escuela de Comunicaciones del Ejército.
El coronel Carlos Alberto García denunció estos hechos ante la secretaria general del Ministerio de Defensa, Ketty Valbuena, y ante el comandante del Ejército, general Carlos Alberto Ospina. Poco pasó con sus hallazgos. Se abrieron unas indagaciones que no tardaron mucho en ser archivadas. En junio de 2006 salieron libres de toda responsabilidad los oficiales que denunció. En cambio, el coronel García empezó un largo calvario judicial de 11 años, pues resultó acusado, paradójicamente, de supuestas irregularidades en contratación. Pasó de súbito de ser un ejemplar analista de inteligencia con una prometedora carrera militar, a ser un paria al que sindicaron de venderle información privilegiada al gobierno de Venezuela.
Todo empezó a cocinarse en 2003, cuando García Sierra señaló públicamente presuntos actos de corrupción en el Ejército. Primero, resultó él mismo procesado. Luego, en octubre de ese año, no fue llamado a curso de coronel. Las ‘culebras’ que tocó con sus denuncias truncaron su carrera. Finalmente, un mes después pasó al retiro. Parte de sus pesquisas, sin embargo, sirvieron para ventilar, en un acalorado debate en el Congreso, promovido por Gustavo Petro y Guillermo Santos, las supuestas anomalías que reinaban en la contratación castrense. Decepcionado por la suerte que le tocó correr, el coronel García se dedicó a recoger más pruebas de sus hallazgos.
Acudió al Programa Anticorrupción de la Presidencia y ante otras instancias. Esperó pacientemente los avances de la justicia, pero en la trasescena se iban fraguando los montajes en su contra. Fue denunciado ante la justicia penal militar por quienes él denunció. Lo señalaron del delito de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales por cuenta de un convenio interadministrativo firmado entre el Sena y la Escuela de Comunicaciones por un valor de $685 millones. Lo peor aún estaba por llegar. Con base en el testimonio de la abogada Martha Chacón Patiño, se le inició un proceso con cargos de espionaje. En esencia lo acusaron de robarse información de inteligencia sobre las Farc para llevársela a emisarios del gobierno de Hugo Chávez.
Chacón Patiño, paradójicamente, había sido abogada del coronel García Sierra en otros casos. Esas versiones sobre la supuesta venta de información clasificada a otro país trascendieron a los medios. Desesperado, el coronel García pidió protección a otro país y se asiló allí durante casi una década. Entre tanto, los procesos en su contra siguieron su curso. La justicia ordenó su captura y el coronel García llegó a ser en su momento el único oficial de las Fuerzas Militares buscado en el mundo entero por la Interpol. La génesis del expediente que le abrieron como espía se dio en 2005, cuando la abogada Chacón contó que había sido testigo de cómo García viajó hasta Venezuela para ofrecerle a ese país documentos clasificados.
Según su relato, supuestamente lo acompañó desde Bogotá a Cúcuta el 21 de marzo de 2004 y en esa ciudad, añadió la declarante, dos venezolanos los abordaron preguntándoles si traían la información requerida. En su versión, Chacón dijo que esos papeles y otros medios electrónicos hacían parte de un envío de Gustavo Petro al presidente Chávez. Años después la justicia encontró serias contradicciones en esa historia, al punto que la abogada Chacón estaba en Bogotá en esa fecha. Sin embargo, no fue hasta que el expediente pasó a la Fiscalía que realmente se descubrió el entuerto. El 6 de mayo de 2009 un fiscal delegado contra el Terrorismo archivó el proceso en favor del coronel García.
Según concluyó el funcionario, las denuncias de Chacón al parecer fueron en represalia por problemas pasionales e “insatisfacciones amorosas” con un hermano del coronel. Nunca se probó que García fuera el espía aquel del que tanto se habló en su momento, ni mucho menos que hubiese extraído información reservada de los computadores del sistema de inteligencia del Ejército. En síntesis, el fiscal del caso criticó que en su momento la justicia penal militar hubiese desplegado tal velocidad para procesar a un condecorado coronel con apenas el testimonio de una denunciante. Cerrado ese capítulo de espionaje, todavía pesaba una orden de captura en su contra por las denuncias de corrupción.
Finalmente, el 18 de marzo de 2013 la coronel Claudia Patricia Rentería, en calidad de fiscal penal militar ante el Tribunal Superior Militar, absolvió al oficial retirado al concluir que nunca hubo intención del coronel García de defraudar al erario, que sólo se trató de un convenio que buscaba el beneficio del Ejército y que por cuestiones legales dicho contrato terminó siendo anulado por una instancia superior para corregir los formalismos propios exigidos en ese momento. La fiscal Rentería canceló las órdenes de captura contra el coronel García. Sus abogados le hicieron saber en el extranjero que después de 11 años su nombre por fin había quedado libre de cualquier mancha y que podía regresar a Colombia como un hombre libre e inocente.
Así lo hizo, pero en el entretanto perdió a su esposa, quien se residenció en otro país después de sufrir un atentado que por poco le cuesta la vida. También perdió a sus amigos, se llenó de deudas, aguantó hambre en tierras extranjeras, jamás pudo acreditar trabajo alguno y vivía siempre bajo el temor de que sus enemigos pudieran encontrarlo y terminar con su vida. Ya libre de cualquier sospecha, volvió a Colombia hace pocos meses y con una pensión modesta trata de sobrellevar las deudas y de recomponer su vida. Sin embargo, hasta hace poco todavía figuraba en los sistemas judiciales esa orden de captura que lo atormentó por más de una década.
Se vio obligado a entutelar aquí y allá para reivindicar su nombre. Hoy trata de espantar los fantasmas de su pasado, pero le han advertido que tiene que cuidarse, porque sus enemigos acechan. Después de semejante calvario, por fin se atrevió a contarle a un medio de comunicación todas las vicisitudes de su tragedia. No se arrepiente de haber denunciado porque, dice, “esos corruptos le hacen más daño al Ejército y al país que los guerrilleros en la selva”. Según él, pasó mucho tiempo antes de que se derrumbaran los montajes auspiciados por quienes quisieron callarlo, pero tiene la conciencia aún más tranquila desde que saldó sus cuentas judiciales. Eso sí, todavía teme. Cómo no. Qué fácil le resultó al sistema enlodarlo.
La carrera militar del coronel García
Carlos Alberto García Sierra estuvo casi 25 años en las filas militares. En la institución castrense obtuvo títulos como profesional en ciencias militares, administración de empresas y telecomunicaciones. Recibió las distinciones José María Córdova, Antonio Nariño, San Gabriel y el mérito educativo Rafael Reyes. En total, obtuvo 82 felicitaciones de sus superiores, la mayoría de ellas entre 1992 y 2002, cuando se dedicó por completo a desarrollar plataformas de inteligencia técnica y a modernizar el espionaje electrónico de las Fuerzas Militares con el fin de desarticular las guerrillas y los grupos ilegales.
En un documento enviado a las autoridades norteamericanas en el año 2006, el coronel García sostuvo que “el narcoterrorismo en Colombia me odia porque produje cambios sustanciales en inteligencia y en operaciones que les han hecho inmenso daño en esta lucha frontal que adelanta nuestra patria contra tales males atroces”. Al final recalcó que la corrupción es tan cercana al terrorismo “como quiera que por ganar multimillonarias cifras en sobornos y ‘coimas’ se adquieren equipos que ponen en peligro la vida de nuestros soldados”.
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