Por Cristina Castro, Editora De SEMANA*
Colombia sostiene ante la Corte IDH que la megaobra que piensa construir el presidente Ortega tiene consecuencias ambientales nefastas y pidió una opinión consultiva a ese organismo. ¿Qué significa?
El litigio entre Colombia y Nicaragua tendrá un nuevo frente de batalla. Hace unos meses, en la más absoluta reserva, la Cancillería envió una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interceda en la disputa que tienen ambos países. Se trata de una petición de opinión consultiva, un mecanismo judicial alterno que tiene ese alto tribunal con el fin de pronunciarse sobre temas de gran relevancia para el continente.
Colombia radicó una comunicación ante el secretario general de la CIDH, Pablo Saavedra Alessandri, el 14 de marzo del 2016. En términos generales la consulta que hace el Estado ante ese organismo es de qué forma se debe interpretar el Pacto de San José cuando existe el riesgo de que la construcción de grandes obras de infraestructura “afecte de forma grave el medio ambiente marino de la región del Gran Caribe”.
La pregunta tiene bastante peso y lo que señale la Corte podrá ser determinante para el futuro del Caribe. En el 2012, Nicaragua ganó el pleito que tenía con Colombia en la Corte Internacional de Justicia. El resultado fue la adjudicación de 75.000 kilómetros de mar a ese país centroamericano.
A principios de este año, el vecino país notificó que va por más y que también tiene aspiraciones de obtener en ese mismo una extensión aún mayor de plataforma continental hasta 350 millas. La Corte de la Haya se declaró competente en marzo pasado para estudiar otras dos demandas.
La tierra prometida
El presidente Daniel Ortega ha apostado su futuro político a esta pelea. El pleito con Colombia no sólo le ha hecho ganar puntos en la política interna, sino que tiene en el mar Caribe su principal proyecto económico. Ortega quiere construir allí un “gran canal interoceánico” en alianza con empresarios chinos.
El proyecto es muy ambicioso. Se calcula que tendría 278 kilómetros de extensión y afectaría 277 poblados. Se sabe que está contemplado que tenga aeropuerto, centros comerciales, zonas francas, entre otras cosas. El presidente se ha referido a esta idea muchas veces como la Tierra Prometida.
Según contó al diario madrileño El País el poeta y exministro nicaragüense Ernesto Cardenal, Ortega hizo que el Congreso aprobara en un día una ley para construir ese canal. El empresario chino a cargo de esa megaobra es Wang Jing. Según denuncia Cardenal, como quedó aprobada la concesión no se requerirán permisos, licencias o estudios previos.
La megaobra ha despertado una enorme polémica en especial respecto a sus impactos ambientales. Cardenal señala que “el afamado Centro Humboldt ha declarado que la construcción de este canal y sus proyectos asociados son la mayor amenaza para las condiciones ambientales del país en toda su historia”.
La mayoría apunta a que si el canal se construye, Nicaragua podría destruir su Gran Lago, el segundo más grande de América Latina después del Titicaca. La razón sería que este espejo de agua dulce recibiría el agua salada del mar, pues el canal lo atravesarían para los barcos. “Todas nuestras aguas, superficiales y subterráneas, serán entregadas a un chino”, denunciaba el exministro.
La consulta verde
Ese megaproyecto es la principal razón de la petición de Colombia ante la Corte Interamericana. En el documento, los abogados sostienen que la opinión de ese organismo será vital para determinar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de ambos Estados. Agrega que es necesario fortalecer una “conciencia universal” respecto a la importancia de cuidar regiones valiosas ambientalmente. Y le pide a la Corte que puntualice sobre cuáles son los compromisos que tienen los países en la protección de la naturaleza y la importancia de los estudios ambientales para determinar los impactos que podría producir una megaobra de esa dimensión en el mundo marino.
En el documento dice que “esta problemática es de interés no sólo de los Estados de la región del Gran Caribe –cuya población isleña y costera se puede ver directamente afectada por los daños ambientales que sufra esa región–, sino también de la comunidad internacional”.
Colombia argumenta que el mar Caribe es considerado “el corazón de la biodiversidad del Atlántico” y la “fuente de recursos que sustenta el medio de vida de las poblaciones costeras y contribuye al crecimiento económico de la región”. Citando estudios científicos, se desprende que una intervención de gran magnitud podría poner en riesgo los 110 millones de personas que viven en esas zonas y la pesca, que representa no sólo la forma de vida de sus habitantes, sino el 6 % de esa industria en el mundo.
La Cancillería explica que la región marina se compone de tres ecosistemas principales: los arrecifes de coral, los manglares y los lechos de algas marinas. Todos albergan especies de fauna y flora excepcionales, pero se caracterizan por ser muy frágiles frente a la irrupción del hombre. En ese sentido, advierte que un proyecto de esa naturaleza podría generar daños irreversibles en ese patrimonio natural de la humanidad.
Efecto dominó
Si el canal interoceánico se llegara a construir, uno de los mayores tesoros de los colombianos también sufriría. Según la petición del país ante la Corte Interamericana, se afectaría gravemente la reserva Sea Flower. En el año 2000, por su riqueza natural, la Unesco le otorgó a una porción del mar del país la mayor categoría de protección que tienen los ecosistemas marinos. La reserva ocupa 300.000 km², lo cual la convierte en una de las más grandes del mundo.
Colombia sostiene que la construcción del Gran Canal arrasaría con esa riqueza. Está comprobado que este tipo de obras aumentan los sedimentos y la contaminación, lo que genera la asfixia de los corales, lechos de algas y manglares. Si eso sucede, el efecto en cadena que se produce es letal. Muchos peces mueren y la vegetación marina se deteriora.
Eso a la larga lo que termina produciendo son enormes daños para las poblaciones que habitan cerca del mar. Por un lado, porque las aguas pueden ser navegables pero no hay vida dentro de estas. La pesca disminuiría. Y los ecosistemas serían cada vez más frágiles. Es decir, menos resistentes a soportar los embates del clima, en un momento en que el calentamiento global y fenómenos como el del Niño y la Niña producen grandes estragos. Si el mar no está saludable, las zonas costeras se vuelven vulnerables y cada vez más propicias a sufrir por inundaciones o sequías.
Un caso histórico
La petición de Colombia en la Corte Interamericana ha producido gran expectativa. Semana.com se comunicó con altos funcionarios de esa entidad quienes confirmaron que no existen antecedentes de una consulta de este tipo.
Si el alto tribunal se pronuncia, y se sabe ya que lo hará, este sería el primer estudio ambiental de un litigio entre dos países. Sería la primera vez también que ese organismo daría directrices sobre la construcción de proyectos de infraestructura transfronterizos que puedan afectar el medio ambiente, una situación que cada vez más común.
Hay un punto concreto sobre el cual la Corte podría pronunciarse: la obligatoriedad de hacer estudios de impacto ambiental previos antes de ejecutar grandes obras. Como Nicaragua se ha negado a presentar este requisito, Colombia pide a la Corte que deje claro que los Estados tienen la obligación de asegurarse de que sus proyectos no van a tener graves implicaciones en el medio ambiente y la seguridad de los Estados vecinos.
La semana pasada, el tribunal hemisférico hizo pública la solicitud de Colombia. La primera medida fue abrir un espacio para que todos los interesados puedan presentar su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Esa fase estará disponible hasta el próximo 19 de septiembre.
Seguramente muchos participarán. En un momento en que la protección del medio ambiente es una de las principales preocupaciones de la humanidad, estos debates que aterrizan en la práctica el concepto de desarrollo sostenible despiertan gran interés y expectativa. El concepto que emita ese organismo podrá hacer girar el rumbo de lo que ha sido una de las discusiones más apasionadas de la política internacional del país.
*Editora de Medio Ambiente
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