Antonia Vizcaíno, caraqueña de 28 años, llegó hace tres meses a Barranquilla tras un largo viaje por tierra desde Caracas vía Maracaibo. Viajó prácticamente expulsada de su tierra por la falta de trabajo, la escasez de alimentos y la depreciación del bolívar. Vive con su novio en un apartamento de 50 metros, en el barrio popular El Bosque, que comparten con otra pareja y dos muchachos paisanos que venden ropa y compran dólares para revenderlos en Venezuela.
Antonia comenzó a trabajar en un restaurante por 30.000 pesos diarios que, con las propinas, suman alrededor de 1 millón de pesos mensuales, mucho más de lo que ganaría en su país donde el mínimo con subsidios no llega a los 160.000 pesos. Cada semana les envía a sus padres 70.000 pesos para sostener a su hija que se quedó con ellos en Caracas y que no dudaría en traer a La Arenosa si tuviese papeles de residencia colombiana.
Nadie sabe a ciencia cierta cuántos venezolanos como Antonia hay en el país. Migración Colombia, entidad encargada de manejar a los extranjeros, cuenta 1.512.000 turistas y venezolanos que entraron legalmente y 55.000 residentes entre 2012 y 2016. Eso sin contar las 55.000 personas que a diario circulan en las zonas de frontera, especialmente en Cúcuta. Sin embargo, Daniel Pages, presidente de la Asociación de Venezolanos en Colombia, estima que entre legales e ilegales hay más de 1.200.000 de ellos que residen en el país.
Lo cierto es que el acento se siente en las esquinas, en los restaurantes, en los almacenes de cadena, en los buses, peluquerías, bares y hasta casas de lenocinio. Lo que muchos desconocen es que la mayoría de los ‘venecos’, que están arribando por miles en el último año, especialmente al Caribe y a Bogotá o Medellín, son en realidad colombianos o sus hijos que emigraron al hermano país en los años setenta atraídos por la riqueza petrolera, o en los años noventa como refugio de la guerra o atraídos por los beneficios de la revolución chavista. Según estudios, cerca de 1 millón de nacionales emigraron a Venezuela durante los últimos 40 años. Aunque el gobierno del vecino país estima que fueron más de 4 millones.
Cifras oficiales muestran que mientras en 2012 llegaron a Colombia 251.475 personas procedentes de Venezuela, en 2015 lo hicieron 378.965. La mitad arribó a Bogotá y los demás a Medellín Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras ciudades. Si bien la mayoría regresó, a medida que la crisis se ha agudizado, también se están empezando a quedar. En 2012 se quedaron 13.500 y en 2016 la cifra llegó a 67.700. También se han duplicado las solicitudes de cédulas de extranjería, que han pasado de 7.153 en 2012 a 15.523 en 2016.
Detrás del retorno de estos ‘colombo-venezolanos’ es evidente una creciente migración que viene a buscar los bienes y servicios inexistentes en el vecino país, a trabajar cortos periodos o a quedarse definitivamente. La mayoría usa las trochas para cruzar la frontera, sobornando a la Guardia para que no sellen sus pasaportes, y así evitar que en sus documentos queden las huellas de su paso. Chistian Krüger, director de Migración Colombia, advierte que con la migración ilegal sucede algo parecido que con el tráfico de drogas: se conoce el número de toneladas de estupefacientes incautadas, pero es difícil conocer cuánto salió en realidad.
Regreso del éxodo
Y es aún más difícil estimar la cifra de compatriotas que están retornando, ya que al ser colombianos no realizan mayores trámites para ingresar al país. El indicador más cercano es el registro de menores de edad. Solo en la Oficina de Notariado y Registro del centro de Barranquilla se registraron 350 niños en diciembre, 333 en enero y 833 en febrero.
En los municipios del Atlántico se suman más de 12.000 repatriados solo en lo corrido de este año. Pero según Guillermo Polo, secretario de Gobierno del Atlántico, la cifra de registrados para acceder a salud, educación o al Sisbén supera los 22.300. Cálculos muestran que a Soledad retornaron 5.000 personas; a Manatí, 4.300; a Sabanalarga, 2.500; a Ponedera, 1.500; a Santa Lucía, 450; a Campo de la Cruz, 2.500; y a Candelaria; 1.500. La mayoría son municipios afectados por la inundación del Canal del Dique en 2010.
Los alcaldes asocian el regreso con el hacinamiento. La alcaldesa de Manatí estima que en su municipio puede haber más de 4.000 nuevos habitantes, entre colombianos que eran residentes en Venezuela, sus hijos o familias binacionales. En una casa en la que vivían cinco personas, hoy hay 15. Y el problema más acuciante para las autoridades locales es que con los mismos presupuestos del sistema general de participación en salud y educación deben atender más gente o incluir en los planes de vivienda a personas recién llegadas.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo a SEMANA que la dinámica entre Colombia y Venezuela ha estado signada por los flujos migratorios: “Cuando los colombianos llegaban al Zulia eran bien recibidos, y ahora debemos corresponderles recibiéndolos bien y vincularlos a nuestros programas sociales porque la mayoría son colombianos o son sus hijos”.
Históricamente, Venezuela era un país de inmigrantes, pero el “socialismo del siglo XXI” modificó la dinámica migratoria. Todo comenzó en 2002, cuando los trabajadores de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) detuvieron la producción para exigir la renuncia del presidente Hugo Chávez. Tras pérdidas de más de 10.000 millones de dólares, Chávez despidió en forma fulminante a 18.000 empleados. Así comenzó la primera diáspora de venezolanos hacia Colombia. Fue una fuga de cerebros, ingenieros de petróleo y geofísicos que llegaron para impulsar la economía con empresas como Pacific Rubiales, Alange y Vectra. El boom petrolero que Colombia le había envidiado a Venezuela durante décadas por fin había llegado.
Entre 2011 y 2012 arribó la segunda oleada de venezolanos a Colombia. Fue el turno de la ‘burguesía antichavista’. Representantes del arte, la música, la farándula y la gastronomía dispararon la venta de finca raíz en las principales ciudades colombianas y aportaron al crecimiento del sector terciario. En contraste con las anteriores, los ciudadanos del común que buscan sacarle el quite a la crisis económica protagonizan la tercera oleada.
Fronteras abiertas
Desde que el presidente Nicolás Maduro abrió la frontera el 13 de agosto de 2016, diariamente entran y salen 55.000 venezolanos por los siete puntos de control que tiene Migración Colombia. Por lo general vienen a comprar productos escasos allá, a visitar a sus familiares o a trabajar de forma irregular. El viernes entran más venezolanos que los que salen y el domingo o el lunes en la mañana sucede lo contrario. Desafortunadamente esta cifra no se puede contrastar con otros años, ya que antes del cierre de la frontera en agosto de 2015 el tránsito era libre y no tenía mayor control.
Según Migración Colombia, este fuerte movimiento fronterizo viene acompañado de un fenómeno de migración interna en Venezuela, donde muchas personas se trasladan a las zonas fronterizas, toman propiedades en arriendo y una vez instalados vienen a Colombia a trabajar por 15 o 20 días, principalmente en construcción o en lugares de entretenimiento nocturno, para luego regresar. Lo hacen para recoger en ese tiempo varias veces el equivalente al salario mínimo de ese país.
Ante esta situación, la entidad puso en marcha una tarjeta de tránsito fronterizo para los venezolanos que busca agilizar su paso en la frontera y regular el flujo en ambos sentidos. También han aumentado los operativos para detectar extranjeros que violen las leyes migratorias y sancionar a las empresas que contraten venezolanos irregularmente. Krüger aclaró que estos operativos no son una persecución contra los venezolanos, y que el gobierno no los estigmatiza, sino que, como autoridad migratoria, tiene que hacer cumplir la legislación. Además afirma que los operativos también buscan proteger a los ciudadanos del país vecino “que por estar sin los papeles en regla reciben maltratos y les violan derechos, como un sueldo bien remunerado y acceso a seguridad social”.
Latoneros y empresarios
No es igual llegar al país como colombiano repatriado que como venezolano. A estos últimos, que ya no son inmigrantes con plata, empresarios o profesionales, les toca vivir en la clandestinidad porque entran sin pasaporte, y conseguir trabajos de baja remuneración y sin seguridad social. Esta nueva avalancha empezó a ser evidente hace dos años cuando comenzaron a verse en las calles de Maicao y Riohacha venezolanas trabajando en la prostitución.
Sari, de 28 años, nacida en Maracaibo, hace unas semanas tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. Relacionista pública desempleada hace cinco años y asfixiada por la escasez y los lujos perdidos con la revolución, se despidió de su hija de 4 años, cruzó la frontera por una trocha y aterrizó finalmente en el centro de Bogotá. Una amiga le había dicho que en Colombia como prostituta le pagarían bien. Así, comenzó a trabajar en uno de los clubes para adultos más reconocidos de la Avenida Caracas con calle 22.
Las autoridades no se aventuran a dar un número exacto de venezolanas que vinieron a probar suerte en oficios sexuales, porque además aparecen en las ciudades menos pensadas. A un kilómetro de Tunja, en la vía hacia el frío pueblo de Cómbita, Boyacá, el año pasado llegó una inusitada ola de bonitas jóvenes foráneas, a quienes les fue difícil pasar inadvertidas. Tras el éxito intempestivo que comenzó a tener el bar Champagne Las Vegas, la comunidad llamó a la Policía, que irrumpió en el establecimiento y encontró 39 venezolanas y una peruana, todas indocumentadas. El director de Migración Colombia afirma que muchas de estas chicas entran como turistas por los puestos de control o por las trochas: “Hay que deportarlas, no por ejercer la prostitución, sino por estar de manera irregular en Colombia. Es un drama humano”.
En el rebusque hay toda clase de oficios. Desesperado por la situación económica, Jonathan Montoya decidió renunciar a su trabajo de recaudador de impuestos en la Alcaldía de Barinas. Pero las cosas no han sido fáciles en Bogotá. Luego de trabajar por 15 años en el sector público, este seguidor chavista solo ha podido hacerlo en una discoteca, en la que le pagan 20.000 pesos por turno, a pesar de tener los documentos en regla y ser profesional en Educación Integral. “A algunas personas de acá no les gusta contratar venezolanos. Otros piensan que nos estamos muriendo de hambre y por eso nos pagan la mitad de lo legal”, sostiene.
Por su lado, Natacha Vidal ingresó de forma irregular por Saravena. Trabaja 12 horas diarias como manicurista en una peluquería del sur de Bogotá y gana por lo general entre 25.000 y 45.000 pesos diarios. “La situación aquí está un poco mejor que en Venezuela, pero nos tratan un poco duro por ser de otro país y el acceso a la salud es nulo”. El barrio capitalino de Cedritos es una de las zonas en las que viven más venezolanos profesionales. “Nos toca trabajar igual o más duro, pero al menos podemos vivir decentemente”, dice Laura, una profesora de spinning que dicta seis clases diarias en varios gimnasios.
Hay tantas historias como caras de este fenómeno. Juan Carlos Moreno, de 27 años, es hijo de colombianos, pero no tiene pasaporte ni ha podido registrarse, lo que lo convierte en un venezolano ilegal. Gana entre 20.000 y 30.000 pesos como latonero y logra enviarles 300.000 pesos al mes a su esposa e hijos. “El problema allá no es tener plata para comprar, sino no tener nada qué comprar. Un paquete de harina pan cuesta 25.000 bolívares y no dura la semana, un kilo de arroz vale 5.000 y un kilo de carne 7.000 pesos. Lo peor es hacer cola casi todo el día para conseguir la comida. Da hasta rabia ver un supermercado acá”, cuenta.
Pero a Barranquilla también han llegado empresarios venezolanos o con doble nacionalidad a montar sus propios negocios. Carlos Ramos López, propietario del restaurante Reina Pepiada, nacido en Venezuela de padres colombianos, estudió medicina en una universidad de Barranquilla, pero en enero pasado montó un negocio de comida típica porque había mucho venezolano en la ciudad. El día de la apertura no dieron abasto. La carta solo ofrece arepas y el lugar se llama así en homenaje a Susana Duijm, la primera Miss Mundo venezolana que ganó en 1955 con sus curvas pronunciadas, es decir, ‘pepiadas’. En esa arepería se reúnen los emigrantes de ese país, que ven a la Colombia del posconflicto como un buen vividero lleno de oportunidades.
Vivir mejor que en su país tiene a Antonia Vizcaíno contenta en Barranquilla, a pesar de estar separada de su hija y sus padres. Nunca se le ocurrió vivir algún día en Colombia, por la violencia, pero la vida es una ruleta. Se mueve en un círculo de 30 amigos venezolanos, que trabajan en construcción, mecánica, comercio, servicio, cocina. Pese a su nueva vida, los venezolanos ilegales en Colombia tratan de no tomarse fotos o publicarlas ni hablar mal del gobierno porque les puede salir caro cuando regresen. Lo único que Antonia quiere, como miles de repatriados y compatriotas, es poder trabajar y ganar dinero para, al menos, comer bien. Cuando le preguntan si ve una luz al final del túnel, solo dice: “Solo la veremos cuando Maduro se vaya”.
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El gobierno debe ayudar a los migrantes
Daniel Pages, presidente de la Asociación de Venezolanos en Colombia, habla de lo difícil que es comenzar una vida como inmigrante en el país.
SEMANA: ¿Por qué crearon esta asociación?
DANIEL PAGES: La asociación nació hace cinco años de la mano de un grupo de venezolanos que decidimos emigrar a Colombia y vimos la cantidad de trámites y barreras que hay para que un extranjero pueda vivir en este país. Y porque vimos que cada vez más y más compatriotas van a dejar Venezuela por lo que está pasando. Hoy tenemos más de 15.000 venezolanos registrados a los que asesoramos.
SEMANA: ¿Cuáles son las consultas más comunes?
D.P.: Estabilización legal de las personas en Colombia y cómo enfrentar las medidas crecientes que complican la llegada de venezolanos. Por ejemplo, la visa pasó de 150 a 250 dólares, que para nosotros es un exabrupto porque le implica sacar dos sueldos mínimos. Entonces uno dice: ¿con base en qué están sacando eso? ¿Están buscando solamente gente con dinero? Yo creo que un país se construye con profesionales, con gente que venga a construir, que venga a apoyar el mercado, no con gente solo con plata.
SEMANA: ¿Qué cifras manejan de venezolanos en Colombia?
D.P.: Extraoficialmente, puedo decir que aproximadamente hay 1.200.000 venezolanos en Colombia.
SEMANA: Frente al tema laboral, ¿cómo les va?
D.P.: El tema laboral aquí en Colombia no es fácil, la situación económica no es la mejor pero hay empleo, hay oportunidades y hay desarrollo con el que las personas pueden sobrevivir. He conocido gente que a la semana consigue trabajo y otra que al año sigue sin nada. El problema es que muchos están empezando de cero.
SEMANA: ¿Qué es lo que más le preocupa?
D.P.: La disposición del gobierno colombiano para apoyar a esta migración. Solicitamos que la integren en la economía nacional. Eso genera que empiecen a pagar salud, impuestos, y eso le conviene a este país.
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Un destino para nacer
Desde febrero del año pasado el Departamento de Salud de Cartagena (Dadis) viene advirtiendo por el creciente arribo de mujeres embarazadas del vecino país que están llegando a tener sus hijos en la ciudad, frente a la precariedad que viven los hospitales del vecino país.
El año pasado, el sistema autorizó atender a 19 gestantes, mientras que en enero y febrero de 2017 ya van 76, según cifras de la entidad. La mayoría de las mujeres no han tenido ni un solo control prenatal debido a la crisis en su país, lo que hace que muchas requieran servicios de alto costo.
De igual forma, cada vez más personas están llegando para buscar atención. El año pasado se trataron 296 personas y 88 en los dos primeros meses de 2017. Entre ellos hay personas con cáncer, VIH y enfermos renales crónicos. Ese mismo fenómeno ya aparece en Cúcuta. La situación no es fácil, pues estos municipios deben destinar a los foráneos recursos que deberían llegar a los colombianos más pobres.El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le dijo a SEMANA que muchos hospitales de la costa están reportando este fenómeno, lo que sin duda amerita discutir la forma como se debe financiar, pues en muchos casos los pacientes venezolanos llegan a urgencias o en estado crítico y no se les puede negar el servicio.
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