lunes, 31 de julio de 2017
sábado, 29 de julio de 2017
Lo nuevo que trae la APP para navegabilidad del río Magdalena
Más kilómetros de obras para encauzar el río y draga permanente en Barranquilla, entre novedades.
La nueva asociación público privada (APP) del río Magdalena, cuya licitación el Gobierno Nacional aspira abrir en septiembre de este año y adjudicar en enero del 2018 para que las obras empiecen luego en febrero, tendrá varias novedades frente a la anterior APP. De acuerdo con el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, “será de mayor alcance e inversiones y le servirá más al río y a la navegabilidad”.
La licitación que se adjudicará a 10 años, por 2,24 billones de pesos, obliga a la APP a cubrir más kilómetros del río con las obras de encauzamiento, a beneficiar más a la población ribereña y a que instale una draga permanente en el canal de acceso a Barranquilla, según algunos de los cambios que se hicieron.
El proyecto para mejorar la navegabilidad en el río cubre 908 km, entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y Bocas de Ceniza (Atlántico). Hoy son navegables 652 km, de Barrancabermeja (Santander) a Barranquilla. La anterior APP debía hacer las obras de encauzamiento (como anclajes, diques para direccionar las aguas y protección de orillas) en 256 km, de Barrancabermeja a Puerto Salgar.
Con la nueva APP, las obras se ampliarían mínimo y obligatoriamente a 278,1 km., más allá de Barrancabermeja, aunque Cormagdalena aspira a que con obras voluntarias, por cuenta de la concesión que gane la licitación, se extiendan a un total de 303,7 km.
Para ello, el director (e) saliente de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, y presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) –entidad que por convenio estructuró la APP–, explicó que a la nueva APP se le fija la obligación de ampliar las obras de encauzamiento en 22,1 km, de Barrancabermeja hasta la desembocadura del río Sogamoso.
“Es la zona donde más sedimentación está teniendo el río ahora”, afirmó. Ahí tendrán que hacerse 12 estructuras de encauzamiento y remover mínimo 488.800 metros cúbicos de sedimentos. Estos trabajos costarían 135.612 millones de pesos.
En el siguiente tramo de 25,6 km, de la desembocadura del río Sogamoso (Santander) hasta el municipio de San Pablo (Bolívar), las obras serían voluntarias. El concesionario las haría por su cuenta y riesgo y se calcula que el costo sería de 99.758 millones de pesos.
Otra obligación que se le crea a la nueva APP es de tipo social. Andrade informó que deberá asumir la reparación y mantenimiento de los 27 muelles que operan a lo largo del río, desde Puerto Salgar hasta Barranquilla, que son los que utiliza la población para abordar y salir de las embarcaciones.
“A cambio, la concesión podría explotar económicamente los muelles de Barrancabermeja, El Banco y Barranquilla. De esta manera, adquiere una obligación pero también tendría nuevos activos que podrían explotar económicamente”, declaró Andrade.
En cuanto al acceso en el área de Barranquilla, en la nueva licitación se incluye el aumento del área de dragado en el canal marítimo de aproximación, en una extensión de 2 kilómetros.
Igualmente, el ensanchamiento del canal de 150 metros a 210 m, entre Bocas de Ceniza y los 2 km aguas arriba. Así podrán ingresar barcos más grandes y no tendrían que entrar ladeados u oblicuos, como sucede actualmente, por efecto de los fuertes vientos y oleajes.
También, para facilitar las maniobras en el canal de aproximación a los puertos, la nueva concesión ampliaría las zonas de giro, fondeo y, además, reconstruiría los tajamares.
Se calcula que las anteriores obras en la zona de Barranquilla valdrán alrededor de 34.000 millones de pesos. El concesionario que las ofrezca en la licitación –y que solo tendrá que hacerlas por una vez– recibirá puntos adicionales en la evaluación.
De otro lado, Andrade manifestó que como respuesta a las peticiones de la comunidad portuaria de Barranquilla, se incluyó que la nueva APP disponga de una draga en forma permanente en el canal de acceso, para que se pueda reaccionar rápidamente cuando haya problemas de sedimentación en el río.
Draga permanente
“Hemos analizado que sería un buen negocio para el concesionario que tenga una draga de 3.000 metros cúbicos de capacidad en Barranquilla, porque no solo llevaría a cabo los dragados que requiere el canal, sino que podría ofrecerles los servicios a terceros, cuando no la ocupe –dijo–. Hay una demanda de servicios importante de puertos privados y también en los canales de acceso en las zonas portuarias de Cartagena y Ciénaga”.
Las actividades y obras que deberá desarrollar la nueva APP se financiarían con vigencias futuras de la Nación (2,1 billones), recursos de Ecopetrol (más de 15.000 millones), Cormagdalena (28.000 millones) y recaudo tarifario (66.183 millones).
Otros aspectos que plantea la licitación
1. Trámite ante Minhacienda
La nueva APP estructurada está para aprobación de Minhacienda y de Planeación Nacional.
2. Las fuentes de financiación
Para financiar el nuevo proyecto de navegabilidad se comprometen vigencias desde el 2019 hasta el 2027.
3. Los materiales que usarán
Dejan en libertad el uso de material rocoso, geotextil o mezcla de los dos en las obras de encauzamiento.
4. Estudios obligatorios
La APP debe tramitar la licencia para un futuro corte del meandro Pinillos, difícil de navegar.
5. Harían más obras
La anterior APP debía hacer 168 obras en el río. La nueva tendría que ejecutar más de 20 adicionales.
6. Los equipos que utilizarán
Podrá usar los que tenía Navelena porque debe devolverlos a la Nación, por liquidación.
‘Proyectos deben mirar lo ambiental’: Alfredo Varela
Alfredo Varela de la Rosa, elegido como nuevo director ejecutivo de Cormagdalena, dijo que cuando asuma el cargo, su mayor reto y responsabilidad será la adjudicación de la nueva APP del río . “Este es uno de los proyectos emblemáticos del país y todo lo que lleva la economía del río. Por eso es importante que la APP se adjudique con transparencia y sin ningún tipo de contratiempos, para que se pueda seguir garantizando el desarrollo económico y la sostenibilidad del río”.
Los borradores de los pliegos de condiciones de la nueva concesión están ya divulgados en la web de Cormagdalena. Varela espera que estos logren la mayor difusión e interés para que en el proceso participen muchas firmas que permitan la escogencia de un buen proponente. Otro reto importante para Varela será que Cormagdalena vuelva a cumplir con la función para la cual fue creada alrededor del río: “Que no solo tenga en cuenta la actividad portuaria y el transporte de carga para el desarrollo económico, sino también el componente ambiental, que lleve a la sostenibilidad del territorio y del país, y el componente energético”, manifestó.
En su concepto, como la corporación administra una fuente de recursos como es el río Magdalena, debe desarrollar las iniciativas que incluyan los aspectos ambientales que garanticen la sostenibilidad del río, pero, al mismo tiempo, contribuyan al desarrollo del país.
Planteó que, por ejemplo, en un proyecto de reforestación, Cormagdalena debe estar ahí presente. Lo mismo podría suceder con un plan de energía. “Si Cormagdalena administra la fuente hídrica más importante, por qué entonces no entramos a vigilar, regular o acompañar los procesos energéticos que se dan alrededor del río”, dijo.
LUCEVÍN GÓMEZ E.
*Concepto y redacción editorial Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el patrocinio del sector de Infraestructura del Transporte.
martes, 25 de julio de 2017
‘En Colombia la evasión es mucho más grande que la corrupción’
El economista Camilo Herrera argumenta que la idea de que somos pobres es una tara cultural nefasta.
Un día, antes de entrar a clase, uno de los estudiantes de Camilo Herrera le dijo que si algo le gustaba de su materia era “entender la economía colombiana a la Herrera”.
Camilo es economista, filósofo y experto en consumo y cambios culturales. Fundó el Observatorio de Moda Raddar-Inexmoda y es miembro de la Asociación Internacional de Economistas Culturales y del World Values Survey Network. Su mayor especialidad, sin embargo, es “echar el cuento de la economía en el mismo ‘idioma’ de la gente corriente”. El “cuento” –como él mismo lo llama– lo ha “echado” en las aulas del Cesa, del Politécnico de Valencia, de las universidades de Georgia, Nueva York y Michigan, y en casi dos docenas de libros. El último, publicado por Ediciones Paidós, del Grupo Planeta, es, en sus palabras, una “guía no oficial para entender la economía colombiana hoy”.
En este aborda temas que nos afectan a todos, pero que muy pocos logran entender, tales como el fenómeno de la informalidad, el sistema tributario y la configuración cultural de la evasión de impuestos. Se titula Pobreza y prejuicio: los fantasmas de la economía colombiana y por qué no estamos tan mal como creemos. Tal como lo afirmó el escritor Ricardo Silva Romero después de leerlo, este libro “es una comprobación de que no hemos vivido ni vivimos en el Apocalipsis” y “un llamado a que los colombianos nos sacudamos la resignación y el derrotismo”. EL TIEMPO habló con Herrera.
¿Por qué afirma que la pobreza es el prejuicio y la excusa de los colombianos?
La expresión “somos pobres” ha calado hondo en la cultura y opera como una tara que nos impide reconocer que el país ha avanzado en muchos sentidos. La pobreza es una estructura mental que tiene nefastas consecuencias prácticas. Pensarnos constantemente como pobres se ha convertido en la excusa perfecta para justificar la economía informal y la evasión de impuestos. Hay suficientes evidencias para demostrar que Colombia ha mejorado y que hoy no es el ‘moridero’ que muchos se empeñan en afirmar que es. Pero, tal y como ocurre con cualquier otro prejuicio, desnaturalizar la idea según la cual estamos condenados a la pobreza no es tarea fácil.
¿A qué evidencias se refiere?
Aunque el imaginario colectivo lo niegue, desde 1980 el ingreso de los colombianos ha crecido considerablemente y nuestras condiciones de vida han mejorado mucho. Hoy tenemos mayor cobertura en salud y educación, y podemos comprar más cosas que en el pasado. Lo demuestro en el libro: entre el 2000 y el 2016, el ingreso per capita de los colombianos creció –según el Dane– un 242 por ciento en pesos corrientes y 57 por ciento en términos reales. Esto significa que el ingreso de la gente casi se triplicó y su capacidad de comprar productos creció más del 50 por ciento.
¿Y qué sucedió con el salario mínimo?
En el mismo periodo de tiempo, el salario mínimo creció casi 183 por ciento y en términos de capacidad de compra 32 por ciento. Esto demuestra que el ingreso de la gente creció más que el salario mínimo y que, por tanto, cada vez más colombianos tienen mejores ingresos que el mínimo que se define anualmente.
Pero estos logros no fueron posibles de la noche a la mañana…
No. Para entenderlos la mirada cortoplacista a la que estamos habituados es insuficiente. En 1990 cerramos el año con una inflación de 32 por ciento; en el 2016, con una de casi 6 por ciento. Y ese, al igual que la reducción de la pobreza, es uno de los cambios más dramáticos de los últimos 26 años. Hoy, tres de cada diez colombianos son pobres, cuando en 1990, 6 de cada 10 vivían bajo la línea de pobreza. Un dato que resulta bastante ilustrativo: en 1997, solo 2 de cada 10 hogares tenían una lavadora de ropa. Veinte años después, la tienen 6 de cada 10. Por otro lado, si se observa el proceder de las economías latinoamericanas desde 1980 hasta la actualidad, la que más ha crecido, después de la chilena, es la colombiana.
Usted dice que el comportamiento de la economía en Colombia se ve marcado, en buena parte, por la informalidad…
La informalidad es el motor de la mitad de la economía del país. Suena incómodo, pero hay que decirlo en voz alta: el país ha recibido choques económicos fuertes (como la caída del petróleo), pero la economía nunca ha parado de crecer porque la informalidad, que es a la vez el ‘milagro’ y el ‘pecado’ de Colombia, no deja de moverse. Los colombianos juegan en el marco de las reglas y por fuera de ellas simultáneamente. Aquí prima la libertad de empresa y de trabajo, es verdad, pero a menudo esto se sobrepone a muchas normas que deberían respetarse, como, por ejemplo, las tributarias. Y todos, de alguna manera, terminamos siendo cómplices de la informalidad.
¿Por qué somos tan informales?
La economía informal es consecuencia de transformaciones como la acelerada urbanización del país. A veces confundimos urbanización con formalización, pero la verdad es que, al migrar del campo a la ciudad, las personas no necesariamente ‘formalizan’ sus vidas. Muchos de los que llegan a las urbes no tienen capacitación ni oportunidades para dedicarse a algo distinto que a ser vendedores ambulantes, obreros de construcción por ratos, toderos o empleadas domésticas. Todos estos son oficios informales, generalmente ‘contratados’ o ‘requeridos’ por gente que vive en la formalidad, pero que no mueve un dedo para formalizar la fuerza de trabajo que ‘contrata’. En cada uno de estos casos, los ‘pecados’ aceptados por la sociedad profundizaron el esquema formal-informal de nuestro mercado y dieron rienda suelta a una economía flotante y delictiva. En Colombia no somos pobres, somos informales, y técnicamente delincuentes porque fomentamos el delito de diferentes maneras, muchas veces sin ser plenamente conscientes de ello.
Eso explica la naturalización del contrabando…
Claro. Para nosotros la piratería y la evasión de impuestos es paisaje. Tenemos una larga tradición de regateo que nos gusta y que justificamos. Hasta hace muy poco, las familias compraban sus electrodomésticos en San Andresito aún sabiendo que se trata de una enorme empresa criminal. Muchas veces, incluso, sabemos que las tiendas de nuestros barrios no pagan impuestos y, aunque lo sabemos, seguimos comprando allí porque nos motiva el ‘pobreciteo’ –‘pobre tendero’, pensamos–. Una extraña generosidad nos conduce no solo a admitir, si no a ser complacientes con la informalidad. Entonces, cuando evadimos el pago de impuestos, comprando en una tienda informal que no declara, no solo les estamos robando a los pobres, sino que el tendero nos está robando a nosotros y somos sus cómplices. Muchas veces la gente no es evasora por decisión, sino por costumbre.
¿Qué tan representativos son los impuestos que dejamos de pagar?
Los impuestos que no pagamos en la cotidianidad, sumados a los que diferentes sectores del comercio y una gran cantidad de empresas informales evaden, representan cuatro veces el recaudo que el país necesita para cubrir el déficit fiscal y superan el dinero que la corrupción nos roba anualmente. Cada año, los corruptos se roban cerca de 20 billones de pesos del presupuesto público (menos del 10 por ciento considerando que el presupuesto nacional el año pasado fue de 200 billones). Es sabido que el presupuesto público se financia en un 80 por ciento con impuestos. El año pasado, la evasión se aproximó a los 58 billones de pesos, lo que prueba que esta es mucho más grande que la corrupción.
Si la formalidad es a la vez el ‘milagro’ y el ‘pecado’ de los colombianos, ¿qué hacer?
Colombia hace las cosas a la colombiana. Y la formalización del trabajo no puede ser la excepción. Cada vez son más las empresas que se registran en la Cámara de Comercio (hoy son aproximadamente 95.000) porque cada vez hay más colombianos que buscan ser ‘sus propios jefes’. Por otro lado, estamos dando pasos gigantescos gracias a las legislaciones recientes: ahora, la mayoría de empleadas domésticas tienen seguridad social y los taxistas pronto la tendrán. Solucionar el problema va a tomar tiempo. Será necesario mejorar el proceso de contratación laboral e incentivar la legalización de las empresas.
¿Hay alguna relación entre la evasión y el sistema tributario?
La complejidad del sistema tributario en Colombia facilita la evasión. Este año el IVA subió de una tasa de 16 por ciento a una de 19 por ciento y eso cayó mal. Muchos se confundieron, pensaron que todo costaría 19 por ciento más y frenaron su gasto.
Nadie quiere pagar más por los productos y menos aún darle la plata a los corruptos –curioso: se justifica un delito por el delito de otros–. Lo cierto es que la gente no paga un IVA del 19 por ciento. Considerando que no todos los productos tienen este impuesto, la media de IVA que paga un colombiano es del 5,5 por ciento. Lo ideal, a mi parecer, es simplificar el sistema e instaurar, por ejemplo, un IVA del 6 por ciento para todos los productos, incluidos los básicos.
¿Qué beneficios traería una solución como esa?
Cuanto más sencillas son las normas, más difícil es evadirlas. Me explico con un ejemplo: si a una papa que cuesta 100 pesos se le pone un IVA del 6 por ciento, pasa a costar 106 pesos. Muchos dirán que eso implica quitarle 6 pesos a una persona de bajos ingresos. Estoy de acuerdo. Pero si toda la población, sin excepción, pagara ese impuesto, el dinero que la gente de más bajos ingresos invierte en la papa se le devolvería con subsidios mucho más efectivos. El IVA no es tan perverso como se muestra, pero las tasas de hoy sí lo son. La gran verdad es que, aunque todos pagamos impuestos, la gran mayoría no cancela lo que debería y unos pocos pagan mucho.
¿Qué características tiene el nuevo consumidor al que se refiere en su libro?
Hay tres tipos de consumidores: el cazador de promociones, que busca lo más barato siempre; el cazador de oportunidades, que sabe dónde y cuándo comprar los productos, y el cazador de valor, que compra cosas porque quiere, sin importar el precio o la oportunidad. Hoy, más del 60 por ciento de las transacciones en Colombia las hacen los cazapromociones. Últimamente se ha configurado un comprador conveniente que busca en almacenes como Ara, D1 y Justo y Bueno lo que buscaba en las tiendas de barrio: productos baratos, en lugares cercanos y en el menor tiempo posible. El problema del comprador conveniente es que se convierte en un comprador conformista que sacrifica constantemente calidad por precio. Y eso, por supuesto, ha golpeado las viejas marcas. El año pasado, D1 vendió 2,1 billones de pesos. Almacenes Éxito vendió 7,7 billones. Pero en volúmenes comparables de precios, D1 vendió más volumen que el Éxito.
Pero las tiendas de barrio no han desaparecido del todo…
No. Las seguimos amando. Las tiendas de barrio son el punto intermedio entre la tradicional plaza de mercado y las grandes cadenas. Allí se vende al menudeo, sin precios fijos, se permite el regateo, el fiado y la ñapa.
¿Por qué dice que comprar colombiano es casi imposible?
Porque ni siquiera sabemos qué es un producto colombiano: ¿es aquel que se fabrica en Colombia? ¿Es el que fabrican colombianos? ¿Es aquel que fabrica una empresa cuyos dueños son colombianos? Por ejemplo, si compramos pan Bimbo, las utilidades de la compañía se van a México, pero los insumos y la mano de obra son colombianos. Almacenes Éxito tiene accionistas franceses, pero para la gente es una firma colombiana; Papas Margarita, Fruco, Águila y muchos otros íconos de nuestra industria ya no son de capital colombiano. En todo caso, está comprobado que la gente no compra porque las cosas sean colombianas o extranjeras (la compra de productos importados no representa ni el 12 por ciento del gasto), sino porque son buenas.
Qué opina de los que plantean que Colombia está hoy al borde del abismo económico…
¡No! 2016 fue un año duro: se hizo el ajuste final del precio del petróleo, experimentamos un intenso fenómeno del Niño y el tramo final de las negociaciones con las Farc provocó en todos una gran incertidumbre. Tal como lo expreso en el libro: vivimos una situación similar a la de ir en un avión que desafía tres vientos de frente que no lo dejan avanzar y que retrasan el progreso de todos. La turbulencia pasó y, además, estamos experimentando muchísimos cambios culturales que están forjando nuevas identidades y tendencias sociales y eso, por supuesto, se refleja en un horizonte esperanzador para lo que resta de este año y para el próximo. La economía saldrá adelante, amortizaremos la caída del precio del petróleo y, sin duda, el sector agrícola se recuperará.
viernes, 21 de julio de 2017
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