viernes, 29 de junio de 2018
viernes, 15 de junio de 2018
domingo, 10 de junio de 2018
Otro paso para la recuperación del Ferrocarril: ya tiene trazado de 80 km de vía férrea
El sueño regional de reactivar el tren en el Valle de Aburrá después de 60 años logró un nuevo avance tras la culminación de los estudios de factibilidad, los cuales definieron el trazado geométrico de la vía y el presupuesto de la iniciativa que valdría $2.9 billones ($2.5 billones en infraestructura y $400.000 millones en material rodante).
El gerente de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, Guillermo León Alzate, confirmó que la vía férrea por donde circulará el tren de cercanías tendrá doble carril y operará con tecnología eléctrica.
Contó que esperan en abril un concepto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que defina al proyecto como sostenible, calificación que reduciría impuestos en importación de equipos.
Alzate añadió que el ferrocarril compartirá siete estaciones con la Línea A del metro (La Estrella, Itagüí, Industriales, la conexión con la Línea B, Caribe, Acevedo y Niquía) y tendrá al menos 10 propias.
En el norte estarán Pradera, Barbosa, Hatillo, Parque de las Aguas, Girardota y Copacabana; mientras que en el sur, se construirá una estación en la Tablaza y otra en Caldas.
Para apoyar su paso por Medellín se implementarán paradas en la franja oriental del río, a la altura de la Universidad Nacional y la Macarena.
“Otro aspecto que puede variar son los puntos donde van las estaciones porque dependen de la encuesta de demanda que está en proceso de elaboración. Ya tenemos una estructuración avanzada pero en la próxima fase tendrán que realizarse estudios de detalle”, dijo el funcionario.
200.000 pasajeros diarios
Según los estudios de factibilidad, el trazado de 80 kilómetros partirá de Primavera (municipio de Caldas, en el sur), donde habrá una estación de carga, de transferencia de residuos y pasajeros, además de un estacionamiento de trenes.
La primera gran estación de integración con el metro será en La Estrella, donde se tienen presupuestados desarrollos inmobiliarios con viviendas y oficinas.
El ferrocarril compartirá algunas estaciones con el metro pero tendrá una línea aparte. En la estación Industriales ambos modos se separan: el metro seguirá su camino hacia el Centro; mientras que el tren continuará paralelo al río hasta la estación Caribe.
“Esa es una de las ventajas del ferrocarril porque un pasajero que vaya directo de sur a norte ya no tendrá que seguir en el metro y entrar al Centro. El estudio arroja que arrancaría con 200.000 pasajeros diarios: ¿cuántos buses se necesitan para movilizar esa cantidad de personas?”, dijo Alzate.
En Caribe no solo confluirán el metro y el ferrocarril, sino el futuro tranvía de la carrera 80. También está proyectada una estación de transferencia de residuos sólidos.
En Hatillo (norte) también habrá estación de pasajeros, carga, patios y talleres de trenes. La estación final será en La Pradera, lugar donde está el relleno sanitario.
Se construirá por unidades
El desarrollo de los 80 kilómetros entre Primavera y Pradera se dividirá en seis unidades que entrarán paulatinamente hasta que se complete el trazado, pero que podrán operar una vez estén terminadas.
La primera etapa será entre Bello y Girardota, con 13.4 kilómetros de longitud y un costo superior a $600.000 millones. Este tramo requerirá, además de las estaciones Girardota y Copacabana, un viaducto de 920 metros en Ancón Norte.
“Decidimos arrancar por el norte porque la región en el sur está muy consolidada. El crecimiento habitacional futuro será hacia los municipios de esa zona”, sostuvo Alzate.
La segunda etapa también será en el norte (Bello-Caribe) y luego seguirán los tramos Caribe-Industriales, Girardota-Pradera, Industriales-La Estrella, y La Estrella-Caldas.
¿Cuál es el cronograma?
Según el cronograma de la sociedad promotora, en agosto próximo, los socios (Gobernación de Antioquia, 28 %; Metro de Medellín, 24 %; Área Metropolitana, 24 %; y el Idea, 24%) deben entregar recursos por $2.1 billones de pesos.
El grueso de los dineros ($1.2 billones) provendrá del Idea, a través de los flujos futuros de la hidroeléctrica de Ituango. Alzate detalló que el Metro y el Área Metropolitana aportarían $300.000 millones y que esperan un aporte de la Nación por $600.000 millones, que “le prometió el presidente al gobernador”.
Una vez se logre completar esa bolsa común, la sociedad promotora sacará el proyecto a licitación para encontrar un socio inversionista. Con la llegada del socio privado se conformará una nueva empresa que será la encargada de aportar dinero faltante ($800.000 millones), realizar los diseños de ingeniería, construir, operar y darle mantenimiento.
“Vamos a sacar la licitación cuando se tengan los dineros asegurados. Debo presentar el proyecto ante el Gobierno Nacional para que se haga un Conpes y se puedan aprobar los recursos. Las obras de la primera unidad arrancarían en febrero de 2019 y alcanzaríamos, al menos, a entregar la primera unidad”, dijo Alzate.
Flujos de Hidroituango
Mauricio Tobón, gerente del Idea, aseguró que junto con un corredor financiero están estructurando la operación para lograr adelantar $1.2 billones de los flujos futuros de Hidroituango, con el fin de financiar el tren.
Señaló que ese modelo tendrá que ser revisado por el Ministerio de Hacienda y por un calificador de riesgo, antes de ponerlo en el mercado. Tobón especificó que están determinando como será la colocación en los mercados, con un primer receptor que opera la Bolsa de Valores de Colombia, y una segunda alternativa a través de especialistas.
“Esperamos que a principios del segundo semestre se ponga la titularización en el mercado. En este momento se está avanzando en tener la estructuración”, concluyó.
Link:
miércoles, 9 de mayo de 2018
¿Qué pasa con presupuesto que recibirá nuestro próximo presidente?
De conformidad con las más recientes cifras que pude recabar, el panorama macroeconómico que despunta en este 2018 para las finanzas del Estado no es muy alentador:
Según el propio ministro de Hacienda y Crédito Público tenemos un déficit fiscal por encima de tres puntos porcentuales del PIB (3.6%), y si consideramos que un punto del PIB equivale a un poco más ocho billones de pesos, entonces la diferencia que hay entre los dineros que gasta el Estado para el financiamiento de todas las responsabilidades que están a su cargo y los recursos que ingresan, es de unos treinta y cinco billones de pesos. Además, parte del legado más repudiado del actual gobierno es quizá la descomunal deuda pública que contrajo, que asciende a los ciento treinta y ocho mil millones de dólares, dicho en otras palabras, una cifra que supera los cuatrocientos billones de pesos, y que, equivale al 45% del PIB; esta colosal carga para el presupuesto nacional representa en este 2018 apropiaciones por el orden de los cincuenta y dos billones de pesos por concepto de pago al servicio de la deuda. Probablemente estas fueron las principales razones que motivaron la baja en la calificación de la deuda colombiana de BBB a BBB-, por parte de la calificadora de riesgo Moody’s, poniendo en peligro el grado de inversión alcanzado por Colombia hace algunos años.
Sin embargo, el informe de Moody´s no paró allí, también sostuvo que Colombia es uno de los tres países en Latinoamérica que tiene mayor riesgo en materia fiscal junto a Costa Rica y Brasil, destacando el incremento del valor de los intereses producto del aumento de la deuda pública.
Esta realidad la explica de forma más sucinta y elocuente el economista Miguel Gómez Martínez, cuando dice: “De cada cien pesos que gasta el Estado, únicamente recauda sesenta y uno, los otros treinta y nueve pesos se tienen que financiar con deuda interna y con deuda externa”; dejando entrever así, la relación simbiótica y/o de dependencia que existe entre déficit fiscal y deuda pública, siendo la primera el combustible que atiza la llama de la segunda.
Los gastos que son mangueras rotas
Y como si el estrés al que están sometidas las finanzas públicas no fuera ya suficiente, a todo lo anterior hay que sumarle las serias presiones que sobre el presupuesto público ejercen las vigencias futuras en materia de infraestructura; el Sistema General de Participaciones (102.6 billones de pesos asignados para el 2018), que según la Carta Política no se incrementa en razón al crecimiento de la economía (1.8% en el 2017), sino que le impone al Estado la condición de que estas transferencias no pueden ser inferiores al aumento de la inflación (4.09% en el 2017); también están los costos inciertos asociados al post-conflicto (De momento con asignación de 2.4 billones de pesos) y; los gastos en materia de salud y protección social.
Es en este último gran rubro en el que me quisiera enfocar con más detenimiento, pues las respectivas políticas públicas en estos ámbitos se diseñaron sobre la premisa de que la población tradicionalmente joven de Colombia, iba a suministrar un caudal inagotable de trabajadores que pagarían mediante sus aportes a la seguridad social las pensiones de los ancianos, así como su propia salud y la de las gentes más desaventajadas y pobres del país. Siendo considerado un eventual concurso del Estado en la financiación de la salud y la protección social como algo temporal, excepcional y subsidiario.
A medida que transcurrieron los lustros, nuestro país continuó siendo joven, como vaticinaban los tecnócratas, pero las cantidades ingentes de recursos destinados a la salud y las pensiones no aparecieron, deteriorando nuestro sistema de salud y dificultando el derecho a la pensión ¿La causa?
Bueno, fuimos inferiores al reto de crear las condiciones de seguridad jurídica y personal, de competitividad, de acceso al crédito, de educación y capacitación técnica, de emprendimiento, de inversión, de industrialización y de asistencia técnica para que florecieran las pequeñas, medianas y grandes empresas; quienes desde el principio serían las llamadas a ofertar trabajo digno a esas juventudes que siempre lo necesitaron. Es así, como el concurso del Estado para el financiamiento de la salud y la protección social pasó de ser considerado excepcional a regular.
Y es que, por un lado, tenemos un hueco pensional que en el año inmediatamente anterior le costó al Estado treinta y ocho billones de pesos; hablando castizamente y, sumado a lo dicho en el párrafo anterior, los altos índices de informalidad laboral (55,3%), hace que los trabajadores que cotizan a pensión no alcancen a financiar las pensiones de los jubilados, y el faltante lo tiene que cubrir el Estado. Y por el otro, en tratándose de salud, la masa mayoritaria de colombianos afiliados al régimen subsidiado (Por no contar con un empleo formal), demandan recursos para sus tratamientos, servicios y medicamentos por veinte cuatro billones y medio de pesos.
Con este aciago panorama, resulta pertinente rememorar las palabras del expresidente Abraham Lincoln, que decía: “No se pueden resolver los problemas mientras gastemos más de lo que ganamos”.
¿Qué pasa con los ingresos?
En medio del afán por atajar el déficit fiscal, aumentar el recaudo, evitar el deterioro de la calificación de la deuda por parte de las calificadoras de riesgo y cumplir con la regla fiscal; el gobierno coadyuvado por una comisión de ilustres expertos, presentó en el 2016 una reforma tributaria (Ley 1819 de 2016).
Entre las reformas introducidas por la precitada Ley, tenemos el incremento de tres puntos porcentuales del IVA, pasando del 16% al 19%; hecho que me llama poderosamente la atención, ya que uno de los principios rectores del Sistema Tributario Colombiano señala que (…) todos los individuos deben contribuir con el Estado de acuerdo a su capacidad de pago. (…) De ahí que, la carga tributaria debe estar en una mayor proporción en cabeza del que más gana. Tal vez sea por esto que los economistas afirman que el IVA es un impuesto regresivo, ya que la población más pobre paga una fracción más alta de su ingreso que la población rica, que casi ni lo siente.
En este mismo sentido, tenemos que en Colombia el Impuesto de Renta a las empresas es del 40% sobre los ingresos que perciben durante el año, y a esto hay que sumarle el Impuesto al Patrimonio, que es de un 3% sobre el valor de las propiedades (Estén produciendo o no). Pero, si incorporamos todos los impuestos y tributos que debe pagar una empresa en Colombia, encontramos que la tasa efectiva de tributación asciende a más del 70%. Así las cosas, Colombia tiene una de las tasas de tributación más altas de América Latina (según el Banco Mundial, la tercera después de Argentina y Bolivia).
De antemano, muchos diríamos que el gobierno fue responsable, debía acrecentar los ingresos para atajar el déficit fiscal y la deuda pública recurriendo al aumento de los impuestos. No obstante, lo que muchos no tienen en cuenta es que el Estado cuando recauda impuestos no solo recoge dinero, sino que también altera el comportamiento de las personas; ya sea porque muchas veces los contribuyentes no pueden pagar ese impuesto o, porque encuentran la forma de no pagarlo, y ni siquiera hablo de conductas ilegales; está totalmente permitido irse del país, manejar efectivo o buscar la manera de pagar la menor cantidad de impuestos. Por ejemplo, cuando suben los cobros parafiscales a la nómina, las empresas contratan a menos personas, pagan menos o pagan de manera informal; y cuando sube el IVA la gente consume menos, afectando así el comercio y el crecimiento económico.
Esta realidad socio-económica asociada al ejercicio de la facultad impositiva del Estado, la explica la denominada “Curva de Laffer”, según esta teoría, no es cierto que mientras más dinero cobre el Estado más dinero se recaudará; sino que, cuando lo que se cobra excede cierto límite (Que cambia dependiendo del contexto de cada país), la cantidad de dinero que se recoge es menor de lo que podría haberse recaudado si los impuestos fueran a su vez menores. Literalmente, hay casos en los que bajar los impuestos incrementa la cantidad de dinero que el Estado recauda. Mejor dicho, si el Estado recaudara el 100% del ingreso de la gente en impuestos, pues no recaudaría ni un peso, porque algunos se irían del país, otros se morirían de hambre y los demás harían todo de manera informal.
Conclusión
Este intento de diagnóstico de varios temas que son de la coyuntura política y económica colombiana, demuestran la vigencia que aun guardan las palabras del ex primer ministro británico Winston Churchill, que escribió: “Algunas personas consideran la empresa privada como un tigre depredador que debe ser fusilado. Otros la ven como una vaca que se puede ordeñar. No muchas personas la ven como un caballo sano, tirando de un carro robusto.” Seguramente se quedan cortos mis años de vida para contar los años que lleva la clase política colombiana considerando a la empresa privada una vaca que se puede ordeñar. Supongo que eso es más fácil que salir a perseguir penalmente (como cualquier país serio, decente, que no incentiva la cultura de la ilegalidad), los ochenta billones de pesos al año que pierde el tesoro nacional por concepto de evasión.
Autor. Sergio Augusto Alvarez Vargas
martes, 27 de marzo de 2018
Radiografía del gran éxodo venezolano
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Un millón del 1,6 millones que hay instalados legalmente en el extranjero marcharon a partir de 2015, según la Organización Internacional de Migraciones. Unos 145.000 más han pedido asilo político
https://elpais.com/internacional/2018/03/25/actualidad/1521972911_769205.html
sábado, 17 de marzo de 2018
domingo, 4 de marzo de 2018
La gran estafa que salpica al Comando General de las Fuerzas Militares
Una investigación interna corroboró un millonario desvío de dinero en el Comando General de las Fuerzas Militares. Y el tema apenas comienza. Exclusivo SEMANA.
En diciembre del año pasado SEMANA reveló que en el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM), que es la punta de la pirámide de la fuerza pública, suboficiales y oficiales habrían desviado millonarios recursos de gastos reservados para fines personales y para engrosar sus bolsillos.
Tras esa denuncia, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, el general Alberto Mejía, respaldado por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el presidente Juan Manuel Santos, ordenó una investigación a fondo para determinar la dimensión del problema. Asumieron la tarea la Inspección del GCFM y los mejores hombres del Batallón de Contrainteligencia del Ejército, una unidad reformada que entró en operación hace dos años como parte de la política de transformación militar y transparencia.
Después de varios meses de pesquisas, los investigadores plasmaron sus conclusiones en un documento sencillamente indignante. Entre 2012 y hasta mediados de 2017 varios oficiales y funcionarios dieron malos manejos a los recursos. Dineros de la Nación destinados para pagar a informantes terminaron desviados. La investigación preliminar señala que hasta 1.000 millones de pesos cada dos meses cayeron en manos de varios oficiales.
Durante algunas semanas los investigadores entrevistaron a medio centenar de integrantes del CGFM. Cerca de diez de ellos que estaban directamente involucrados terminaron por confesar y contaron cómo se perdieron esos recursos y cómo muchos de ellos directamente entregaban a sus superiores inmediatos sumas en efectivo.
Actuaban de una forma sencilla y efectiva: inventaban fuentes a las que había que pagarles por supuestas informaciones. Entre los casos está el de un capitán que en sus informes afirmaba que mientras viajaba a diferentes regiones del país, había conocido a una hija de un supuesto militar de un país vecino. El uniformado dijo que la había reclutado y de esa forma había logrado que entregara información sobre la frontera. A cambio había que girarle una alta suma de dinero mensual. Quienes eran sus jefes en ese momento aprobaron su ‘misión’ y el dinero quedaba en sus bolsillos cada 30 días.
El capitán presentaba unos informes falsos con los datos confidenciales que supuestamente le suministraba esa ‘fuente’. La reciente investigación descubrió que todo era una farsa, y la fuente sencillamente nunca existió. Por otra parte, los informes estaban basados en datos e información hábilmente obtenida en internet.
Este es tan solo uno de los muchos casos que la Inspección del CGFM y Contrainteligencia del Ejército documentaron recientemente. También encontraron escritos firmados por supuestos informantes de un país vecino. Al realizar los cotejos descubrieron que los nombres y las firmas efectivamente correspondían a ciudadanos de allá a quienes les hacían firmar y poner su huella en documentos en blanco a cambio de unos pocos pesos.
Los complotados posteriormente presentaban esos papeles al CGFM con declaraciones por las que había que pagar varios millones de pesos. Y las valiosas informaciones, una vez más, provenían de internet. Una vez el Comando desembolsaba el dinero, los uniformados, incluidos varios oficiales, se lo repartían.
Pero ese no era el único esquema de corrupción. Esos mismos oficiales exigían a los comandantes de unidades de inteligencia, con nombres claves como Espinal y Neiva, acudir a esos métodos como una especie de cuota que debían cumplir cada mes en beneficio de sus superiores.
En 2015 y 2016 varios suboficiales denunciaron esto y en repetidas oportunidades presentaron informes dirigidos a sus jefes inmediatos en el CGFM. Pero en respuesta por su actitud de denunciar la corrupción, estos no tenían inconveniente en castigarlos con traslados a las regiones más apartadas del país. No menos sorprendente es que varias auditorías internas detectaron las irregularidades, pero nunca adelantaron las investigaciones correspondientes.
Una decena de oficiales y suboficiales consiguieron por esta vía grandes capitales y lujosos bienes, muchos de los cuales están a nombre de familiares y testaferros. Por orden del ministro de Defensa, la Inspección y Contrainteligencia del Ejército pondrán estos primeros hallazgos en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría. Aunque el caso demuestra una capacidad de depuración institucional, ahora falta que los organismos de control castiguen a los responsables de esta enorme e indignante estafa.
sábado, 17 de febrero de 2018
Lagos de Torca despegó con un plan de 128.000 viviendas
El Alcalde comparó el proyecto con otros Lagos de Tunjuelo, Pablo Sexto y Ciudad Salitre.

Con la firma del fideicomiso -fondo conformado por aportes de privados- que permite la inversión de cuatro billones de pesos en infraestructura para el norte de la ciudad, el alcalde mayor Enrique Peñalosa dio a conocer el inicio de la ejecución del proyecto Lagos de Torca, que comprende la construcción de 128.000 viviendas, el Parque Metropolitano Guaymaral y colegios distritales, entre otros.
Acompañado por funcionarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá, EAB; el Instituto Distrital de Urbano, IDU; el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), el Alcalde comparó el proyecto con otros como lo fue Lagos de Tunjuelo, Ciudadela Colsubsidio, Pablo Sexto, Ciudad Salitre y Ciudad Verde en Soacha.
Además, el mandatario afirmó que: “Lagos de Torca es un plan revolucionario en dos aspectos, en el diseño urbanístico y en el esquema de la financiación de la infraestructura”.

Según voceros oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá los privados constituyeron un fideicomiso con una inversión inicial de 10.000 millones de pesos y se espera la contratación de más de 500.000 millones en obras durante los próximos dos años.
Con los recursos que aportarán en total los privados, “por medio del fideicomiso se van a ejecutar mas de 900.000 millones de pesos en vías; 600.000 millones en redes de servicios públicos y 400.000 millones en restauración del humedal y las quebradas, así como la construcción del Parque Metropolitano Guaymaral; en total serán más de dos billones de pesos en predios que serán entregados a la ciudad”, afirmó la Alcaldía Mayor.
Con un área total de 1.803 hectáreas, de las cuales 370 serán construibles; 600 recreativas y 550 ya ocupadas por colegios, concesionarios y otros equipamientos.
Se contempla la construcción de un parque metropolitano de 150 hectáreas, un 50 por ciento más grande que el Simón Bolívar; 90 kilómetros de aceras de 12 metros de ancho; 600 hectáreas de espacios públicos peatonales.
“Va a cambiar la manera de hacer ciudad para siempre y por primera vez son los propietarios de la tierra que van a pagar todos los costos (infraestructura, tubos y vías, entre otros) para hacer el desarrollo”, argumentó el alcalde Enrique Peñalosa.
Todo esto dentro de un territorio que se limita al norte con Chía, por el oriente con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y el perímetro urbano; al sur con las calles 183, 189, 191 (Trazado Avenida Tibabita), 192, 193 y la UPZ La Uribe; por el occidente con la Unidad de Planeamiento Rural Zona Norte y el perímetro urbano.
Además, se planea la construcción de 128.000 viviendas, de las cuales la mitad serán de interés social y prioritario, lo que, según el Alcalde Mayor, le costará menos de 100 millones de pesos a los colombianos adquirirlas. El Mandatario también agregó que, habrá ciclorrutas en todas las calles, transporte masivo, pues a 600 metros de las viviendas estará una troncal de TransMilenio.
“En Lagos de Torca los ilegales no van a tener espacios, vamos a construir Viviendas de Interés Social y Prioritario para la gente, buscando equidad con transparencia. Lagos de Torca va a ser un ejemplo nacional y espero que los alcaldes de otras ciudades se sumen a proyectos como estos”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez.
Con la firma del fideicomiso -fondo conformado por aportes de privados- que permite la inversión de cuatro billones de pesos en infraestructura para el norte de la ciudad, el alcalde mayor Enrique Peñalosa dio a conocer el inicio de la ejecución del proyecto Lagos de Torca, que comprende la construcción de 128.000 viviendas, el Parque Metropolitano Guaymaral y colegios distritales, entre otros.
Acompañado por funcionarios de la Empresa de Acueducto de Bogotá, EAB; el Instituto Distrital de Urbano, IDU; el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), el Alcalde comparó el proyecto con otros como lo fue Lagos de Tunjuelo, Ciudadela Colsubsidio, Pablo Sexto, Ciudad Salitre y Ciudad Verde en Soacha.
Además, el mandatario afirmó que: “Lagos de Torca es un plan revolucionario en dos aspectos, en el diseño urbanístico y en el esquema de la financiación de la infraestructura”.
Lagos de Torca en cifras
Según voceros oficiales de la Alcaldía Mayor de Bogotá los privados constituyeron un fideicomiso con una inversión inicial de 10.000 millones de pesos y se espera la contratación de más de 500.000 millones en obras durante los próximos dos años.
Con los recursos que aportarán en total los privados, “por medio del fideicomiso se van a ejecutar mas de 900.000 millones de pesos en vías; 600.000 millones en redes de servicios públicos y 400.000 millones en restauración del humedal y las quebradas, así como la construcción del Parque Metropolitano Guaymaral; en total serán más de dos billones de pesos en predios que serán entregados a la ciudad”, afirmó la Alcaldía Mayor.
De qué consta el proyecto
Con un área total de 1.803 hectáreas, de las cuales 370 serán construibles; 600 recreativas y 550 ya ocupadas por colegios, concesionarios y otros equipamientos.
Se contempla la construcción de un parque metropolitano de 150 hectáreas, un 50 por ciento más grande que el Simón Bolívar; 90 kilómetros de aceras de 12 metros de ancho; 600 hectáreas de espacios públicos peatonales.
“Va a cambiar la manera de hacer ciudad para siempre y por primera vez son los propietarios de la tierra que van a pagar todos los costos (infraestructura, tubos y vías, entre otros) para hacer el desarrollo”, argumentó el alcalde Enrique Peñalosa.
Todo esto dentro de un territorio que se limita al norte con Chía, por el oriente con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y el perímetro urbano; al sur con las calles 183, 189, 191 (Trazado Avenida Tibabita), 192, 193 y la UPZ La Uribe; por el occidente con la Unidad de Planeamiento Rural Zona Norte y el perímetro urbano.
Además, se planea la construcción de 128.000 viviendas, de las cuales la mitad serán de interés social y prioritario, lo que, según el Alcalde Mayor, le costará menos de 100 millones de pesos a los colombianos adquirirlas. El Mandatario también agregó que, habrá ciclorrutas en todas las calles, transporte masivo, pues a 600 metros de las viviendas estará una troncal de TransMilenio.
“En Lagos de Torca los ilegales no van a tener espacios, vamos a construir Viviendas de Interés Social y Prioritario para la gente, buscando equidad con transparencia. Lagos de Torca va a ser un ejemplo nacional y espero que los alcaldes de otras ciudades se sumen a proyectos como estos”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez.
miércoles, 7 de febrero de 2018
Los detalles desconocidos del atentado del ELN en Barranquilla
El peor ataque terrorista sufrido por Barranquilla en los últimos años les costó a los asesinos un poco más de 2 millones de pesos. Exactamente 2.077.000. Cristian Camilo Bellón, uno de los principales sospechosos del ataque, tenía anotada esa cifra en una agenda que le encontraron en el momento de su arresto, pocos minutos después del ataque a la estación de Policía de San José, en la capital del Atlántico, el sábado 27 de enero.
El bogotano Bellón, nacido el 18 de junio de 1986 y estudiante de Filosofía de una universidad pública, llevaba una detallada contabilidad de todas sus actividades desde que llegó a la Arenosa, 15 días antes del ataque. “Radio nuevo 350.000. 2 pollos 6 cervezas 50.000”, relacionan algunos de los ítems que este hombre anotó en su libreta con fecha 18 de enero. Allí aparecen documentados sus gastos y actividades durante dos semanas.
Bellón cayó a las 6:40 de la mañana del sábado, 8 minutos después de la gran explosión que destruyó la estación de Policía. En ese momento, 54 uniformados recibían formados las instrucciones previas para comenzar su turno a las 7 de la mañana. Pero en el lugar alguien había instalado 2 bombas camufladas en morrales de policías para no levantar sospechas, cada una con cerca de 4 kilos de explosivos. Las habían ubicado estratégicamente para causar el mayor daño posible. Y en efecto lo consiguieron: 5 policías murieron y 42 más resultaron gravemente heridos cuando las cargas estallaron al mismo tiempo, activadas por radiofrecuencia.
En medio del caos y la confusión, los vecinos del lugar señalaron a Bellón a gritos. Lo habían visto con un “aparato raro” en la mano mientras trataba de ocultar su rostro con una cachucha. Dos agentes subieron a una moto y lo persiguieron hasta alcanzarlo a unas cuantas cuadras. Al requisarlo le encontraron una radio, una agenda y papeles en los que había dibujados a mano los planos de la unidad policial y los sitios en donde ocultaron las bombas. En su celular tenía varias fotografías de la estación tomadas desde diferentes lugares, lo que evidenciaba un trabajo de inteligencia previo. Esa captura, así como los elementos que le encontraron resultaron determinantes para armar el rompecabezas de los responsables de ese acto terrorista.
Las células del terror
Si bien a los pocos días una facción del ELN expidió un comunicado para atribuirse el ataque, los organismos de seguridad ya tenían elementos de la investigación que no dejaban dudas acerca de la responsabilidad de ese grupo guerrillero en el acto terrorista. Por eso, el gobierno nacional no titubeó al levantarse de la mesa de diálogos con esa organización en Quito, Ecuador.
Al verificar los antecedentes de Bellón, los fiscales antiterrorismo descubrieron que su nombre ya había aparecido vinculado con otros hechos terroristas. Apareció por primera vez durante una serie de allanamientos realizados en julio de 2015 en Bogotá. Por esa época, en la capital habían estallado a lo largo de varios meses una serie de bombas, principalmente contra varias sedes de Porvenir.
Se trataba de artefactos de relativo bajo poder, algunos panfletarios con referencia al ELN. En ese momento, la investigación terminó con la captura de 13 personas, entre las que había varios estudiantes y una profesora de universidades públicas. Quedaron identificados como integrantes de un grupo autodenominado Unión Camilista Revolucionaria Llamarada-Mentes Libertarias. Se trataba de una célula que reclutaba en universidades a sus integrantes, a los que el ELN capacitaba en manejo de explosivos, entre otros métodos terroristas.
Al allanar las viviendas de los integrantes de esa célula terrorista las autoridades encontraron gran cantidad de documentos y nombres de contactos. En uno de esos documentos aparecía el nombre, dirección y teléfono de Bellón. En ese momento no lo detuvieron, pues las pruebas y evidencias señalaban solo al grupo de los 13 capturados como los directos responsables de la oleada de 2015. Lo más grave es que casi todos los detenidos por esos ataques de hace tres años quedaron en libertad un año después por vencimiento de términos y caminan libres por las calles desde hace más de dos años.
Tras el arresto de Bellón, algunos analistas de terrorismo de la Fiscalía comenzaron a cruzar datos y encontraron que ese sujeto habría reactivado sus contactos con los integrantes liberados de esa célula. Es decir que la Unión Camilista Revolucionaria Llamarada-Mentes Libertarias estaría detrás del ataque de Barranquilla.
Esa célula terrorista no es nueva. De hecho ya en el pasado había protagonizado actos publicitarios, como aparecer encapuchados en auditorios de universidades públicas. Esta es solo una de las agrupaciones formadas y capacitadas por las redes urbanas del ELN.
Su modus operandi se parece al de otra de esas células: el tristemente célebre Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), conocido por el ataque al centro comercial Andino hace siete meses. La autodenominada Unión Camilista Revolucionaria Llamarada-Mentes Libertarias, al igual que el MRP, funciona bajo el esquema terrorista conocido como triadas.
Se trata de células conformadas por pocas personas que incluso no se conocen entre sí. Una proyecta el plan, otra opera como contacto y la tercera ejecuta el acto. La Unión Camilista, como el MRP, cuenta con varias triadas que no tienen relación ni contacto entre ellas. De ese modo, triadas diferentes pueden haber cometido los atentados. Esto garantiza que se fugue poca información sobre los planes. También evita que en caso de que algún integrante sea capturado pueda delatar a toda una estructura, pues no conoce a sus secuaces.
A pesar de ese principio de compartimentación, también es claro que alguien tiene que coordinar los ataques, para evitar que dos células persigan el mismo blanco. Por ello, a ciertos niveles los coordinadores elenos de estas células notifican cuáles objetivos trabaja cada célula. En noviembre pasado SEMANA reveló una serie de cartas y comunicaciones de algunos de los detenidos del MRP por el caso del Andino, y en ellas se mencionaba la inminencia de otros operativos.
Como no había datos concretos, fechas o lugares, la fuerza pública encontró grandes dificultades para impedir los ataques. Hoy sospechan que se trataba, entre otros, del ataque en Barranquilla.
Al analizar los viajes que Bellón realizó durante los últimos años, quedó al descubierto que durante 2014 estuvo tres meses en Venezuela y el año siguiente fue a Arauca, en donde actúa el frente Domingo Laín, uno de los más fuertes del ELN. En esos viajes visitó lugares en fechas coincidentes con los realizados por algunos integrantes del MRP.
El ELN coordina esas células terroristas en desarrollo de un plan aprobado por el comando central de ese grupo (Coce). En varios documentos del V congreso de esa organización se ordena “trasladar el conflicto militar a los escenarios urbanos”, a través de la articulación y reestructuración del llamado Frente de Guerra Urbano Nacional. Como parte de la ofensiva, determinaron realizar acciones en 10 ciudades entre las que estaban Bogotá y Barranquilla.
El ataque de la semana pasada en la capital del Atlántico tiene el mismo modus operandi de otras dos acciones realizadas por células de esa guerrilla. Consiste en detonar cargas en lugares donde saben que los policías estarán en formación. Así ocurrió el 10 de febrero de 2016 en Cúcuta cuando una bomba estalló en el parque de esa ciudad. En esa ocasión 10 uniformados resultaron heridos. El 19 de febrero del año pasado, una carga estalló en la esquina del barrio La Macarena en el centro de Bogotá, en donde policías del Esmad se preparaban para prestar servicio en la plaza de toros de Santamaría. Uno murió y 24 quedaron heridos.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que en el caso de Barranquilla, Bellón no actuó solo. Contó con la ayuda de Jefferson Torres y de dos venezolanos que, de acuerdo con videos en poder de los investigadores, habrían realizado las labores de inteligencia para el ataque.
Por ahora no hay duda alguna de la responsabilidad del ELN en estos hechos. Si bien la reacción de las autoridades permitió detener rápidamente a uno de los responsables e identificar las células vinculadas con el atentado, el reto consiste en desarticular estas estructuras convertidas en la punta de lanza del terrorismo urbano de los elenos
sábado, 27 de enero de 2018
Ministro de Hacienda colombiano advierte que 'los días de Maduro están contados'
Mauricio Cárdenas asegura que la migración de venezolanos hacia nuestro país está llegando al límite.El ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, explicó este viernes a la agencia de noticias EFE que Colombia acoge "con gran compromiso" a miles de venezolanos que huyen de la carestía pero advirtió que, de aumentar el fenómeno, surgirán "dificultades para enfrentarlo".
En los últimos tiempos muchos venezolanos se han aventurado a cruzar la frontera y este flujo migratorio se incrementó en un 110 % el pasado año según un informe del Ministerio de Exteriores en Bogotá, que cifra en 35.000 los venezolanos que lo hacen cada día. El ministro de Hacienda y Crédito Público se encuentra en Roma para firmar un acuerdo de doble tributación con el Gobierno italiano, y aseguró que, a raíz de ese "problema serio" en el confín este, actualmente residen en Colombia 550.000 venezolanos.
"Nosotros les hemos ofrecido acceso a los servicios más básicos de alimentación, de salud, de educación, y lo hemos hecho con gran compromiso, con los recursos del Gobierno colombiano pero por supuesto vemos con preocupación que esto siga aumentando porque ya estamos hablando de números muy altos", subrayó.
Son personas, algunas con doble nacionalidad, que suelen optar por tres opciones: quedarse en Colombia, viajar de forma puntual para obtener provisiones de comida y medicina o que cruzan el país para alcanzar otros vecinos por su frontera sur, como Ecuador.
"Una escalada en ese nivel de inmigración (...) generaría una situación insostenible y de graves consecuencias desde el punto de vista económico y fiscal. Por eso que debemos evitar y prevenir esa situación. Colombia lo ha hecho hasta ahora, pero por supuesto tiene límites", advirtió.
Un escenario que, de producirse, el ministro prevé "muy crítico porque requeriría más recursos y la capacidad de crear empleos adicionales", aunque subrayó que Colombia no ha impuesto restricciones migratorias como otros países de la región.
Colombia en cambio optó por "una política abierta, por la solidaridad" con la "hermana" Venezuela y la intención "sigue siendo la misma" pero, avanzó, si aumenta el nivel de migración "vamos a tener dificultades para enfrentarlo".
Por esa razón consideró que "es indispensable que ya se produzca una solución definitiva al problema del mal manejo económico de Venezuela", una situación que tachó de "inexplicable" al tener en cuenta la riqueza energética y el enorme potencial de este país.
Y urgió a que se empiece a planear el escenario que se abrirá tras una hipotética caída del "régimen" de Nicolás Maduro. "Es necesario que ya se empiece a planear en un escenario en el que seguramente después del cambio de régimen sea necesario darle a Venezuela un gran respaldo desde el punto de vista financiero, para volver a proveer los supermercados, para poder darle medicamentos, ínsumos y materias primas para que trabaje el sector empresarial", dijo. Cárdenas justificó su pronóstico sobre el fin del chavismo en el deterioro "realmente acelerado" que se ve en la economía venezolana, tal y como también ha manifestado el Fondo Monetario Internacional, que prevé una contracción del 15% para este año.
A su juicio, se trata de "una verdadera implosión económica que va a reventar", que crea "unas condiciones totalmente insostenibles" y que preocupa a los socios extranjeros, tal y como ha podido comprobar durante su participación en el Foro de Davos.
Por eso el ministro de Hacienda colombiano cree necesario que la comunidad internacional empiece a trabajar "desde ya" en un plan para la Venezuela que dejará Maduro y que, subrayó, deberá movilizar "una gran cantidad de recursos" para estabilizar la economía. "Hay que empezar a planear el día después que viene porque estamos convencidos de que los días de Maduro están contados", defendió.
Paralelamente Cárdenas dijo estar "muy complacido" por la revisión al alza que el FMI ha hecho para el 2018 de su economía, que crecerá un 3%, una cifra que sitúa a Colombia como "el segundo país entre las economías grandes de Latinoamérica de mayor crecimiento", después de Perú.
jueves, 14 de diciembre de 2017
Colombia tendrá autonomía satelital
La Fuerza Aérea Colombiana se prepara para poner en órbita su nanosatélite de observación FACSAT-1.

FACSAT-1, el primer satélite del Programa Espacial de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), será puesto en órbita antes del 30 de marzo de 2018. El proyecto fue presentado en el Primer Seminario de Capacidades Aeroespaciales “Segmento Satelital”, realizado a finales de septiembre en las instalaciones de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” (EMAVI) en Cali, Colombia.
“La apuesta de la Fuerza Aérea Colombiana en el tema satelital es desarrollar y emplear capacidades espaciales propias para garantizar la autonomía tecnológica y de esta manera reducir la dependencia de tecnologías extranjeras”, dijo a Diálogo el Teniente Coronel Giovanni Corredor Gutiérrez, jefe de Asuntos Espaciales de la FAC. “El efecto de esto es la reducción de la brecha socioeconómica frente a naciones desarrolladas y la optimización de los recursos disponibles”.
La EMAVI está cumpliendo con el reto de desarrollar el satélite. La escuela es la base no solo de todo el proceso de aprendizaje, sino de la sede para manejar el programa espacial, que prevé el montaje de un laboratorio de integración de tecnología satelital, de la estación terrena de control y del desarrollo de los lanzadores. El esfuerzo se traduce en un beneficio económico equivalente a US$ 582 millones anuales, un crecimiento del 0.2 por ciento en el PIB, según cálculos consignados por la FAC.
“La ciencia mi ruta, mi meta el espacio”
“El macroprograma espacial arrancó hace cinco años, con el proyecto FACSAT-1. Estos son procesos muy largos, con varias etapas de desarrollo”, dijo a Diálogo el Teniente Coronel de la FAC Fabián Andrés Salazar Ospina, jefe del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de la EMAVI. “La propiedad de los satélites permite independencia operativa y privacidad en la seguridad del país, y garantiza el servicio durante crisis y desastres nacionales e internacionales”.
Un programa espacial se divide en tres segmentos: el de tierra, el de control y el espacial. “Hace cinco años [2012] la FAC inició las acciones para el desarrollo del segmento de tierra [lanzadores], pero se presentaron limitaciones. Entonces nos concentramos en el segmento espacial con el desarrollo de nanosatélites”, aseguró el Tte. Cnel. Salazar. “No estamos interesados en desarrollar satélites de gran tamaño, peso y costo. Nos enfocamos en los nanosatélites; pequeños, eficientes, funcionales y bastante más económicos”.
Los nanosatélites, conocidos también como CubSat o satélites cubos, son unidades de menor tamaño con una vida útil de cinco años. Pueden ser de observación, de comunicación o de ambos. Cada unidad mide apenas 10 centímetros cúbicos, y tiene un peso de aproximadamente 1,5 kilogramos, pero su electrónica es capaz de realizar misiones en órbita de comunicaciones, observación de tierra o experimentación científica.
Un activo colombiano
Durante el Primer Seminario de Capacidades Aeroespaciales “Segmento Satelital”, la FAC presentó el Programa Satelital conformado por tres etapas enfocadas al diseño, fabricación, lanzamiento y control de sus propios satélites. (Foto: Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez)
FACSAT-1 es un satélite pequeño de tres cubos, diseñado con la misión de detectar y capturar imágenes de observación de la Tierra. Posee una lente con resolución de 30 metros por pixel.
“Estamos muy interesados en el lanzamiento de este nanosatélite para poder hacer cobertura del territorio nacional diariamente. Las imágenes obtenidas se podrán utilizar, por su exactitud, en desarrollo urbano, restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, atención de desastres naturales e incendios”, comentó a Diálogo el General Carlos Eduardo Bueno, comandante de la FAC. “Con este satélite entramos en una nueva era en línea con la transformación de la FAC, en donde el desarrollo tecnológico y la evolución tiene gran importancia”.
Hasta el momento, Colombia ha sido un consumidor de servicios satelitales; cliente de países y empresas que los proveen y sometido a cumplir las condiciones del mercado. Con la producción de FACSAT-1, el país espera convertirse en proveedor internacional.
“FACSAT-1 abre una nueva era en el segmento satelital. No solo seremos autosuficientes; esperamos ser proveedores”, aseguró el Tte. Cnel. Salazar. “El satélite será un activo controlado por Colombia. Con él tendremos un suministro garantizado de datos de detección remota para una amplia gama de aplicaciones, entrenamiento y desarrollo de capacidades en ciencias y tecnología a través de la transferencia de conocimientos, oportunidades de investigación académica, ahorro financiero, y cooperación internacional”.
“Este primer satélite es la apuesta de la FAC para demostrar que la tecnología satelital, si bien requiere de altos conocimientos, no es ajena a la sociedad colombiana”, agregó el Tte. Cnel. Corredor. “El país cuenta con suficiente capital intelectual para desarrollar capacidades y apropiar conocimiento que permitan un mayor aprovechamiento de la tecnología”.
FACSAT-2, la segunda etapa
El uso extendido, creciente y necesario de los satélites para operaciones militares y civiles en la producción de cartografía de precisión; en el monitoreo de los usos del suelo y subsuelo; en el análisis de cambios climáticos y previsiones meteorológicas; en el control del transporte aéreo y terrestre; la navegación marítima y fluvial y en las comunicaciones hizo que la FAC enfocara esfuerzos en su desarrollo a largo plazo. El Programa Espacial avanza con un cronograma de trabajo que prevé el lanzamiento de FACSAT-2, el segundo nanosatélite de producción nacional, en 2019.
Será un satélite dos veces más grande que su antecesor. Tendrá capacidades de observación y comunicación con imágenes más precisas. La resolución de su cámara prevista con 5 metros por pixel permitirá usarlo también en aplicaciones más especiales como cartografía y topografía. La FAC trabaja en el lanzador del segundo prototipo con el fin de cerrar la cadena de proveedores y alcanzar mayor autosuficiencia. La tercera etapa, FACSAT-3, estará conformada por el desarrollo de una constelación satelital compuesta por 18 o 20 satélites coordinados con capacidades de imágenes y comunicación.
“Estamos muy comprometidos y entusiasmados con este programa. Sabemos que la capacidad satelital nacional dedicada, como parte de una inversión sostenible en ciencia y tecnología, tiene un enorme potencial para generar muchos beneficios socioeconómicos a Colombia”, dijo el Tte. Cnel. Salazar. “Abrirá nuevas oportunidades de cooperación con otras naciones con presencia en el espacio”, concluyó.
domingo, 10 de diciembre de 2017
Espías y traición en el comando de las Fuerzas Militares
Desvíos de gastos reservados, seguimientos irregulares, uso de información secreta con fines políticos y otras actividades poco claras rondan en el comando de las Fuerzas Militares.

El tema era un secreto a voces desde hace años en los pasillos del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM). “Esta es la punta de la pirámide de la carrera militar y la cúspide de la estrategia de defensa nacional. Pero lamentablemente desde hace mucho tiempo algunos de los que llegan acá no son los mejores. En ciertos casos se trata de oficiales, suboficiales o civiles de los que sus propias fuerzas se quieren ‘desenhuesar’ por corrupción, ineficiencia, etcétera. Pero como cuentan con un padrino, no terminan por fuera, sino acomodados en el CGFM”, afirmó a SEMANA un alto oficial de la Armada que trabaja en esa alta dependencia.
Allá muchos comentan en voz baja pero con indignación lo que ocurre desde hace varios años. Aunque tienen pruebas de graves denuncias, pocos se atreven a poner la cara públicamente, y solo algunos las han hecho llegar a la Fiscalía, Procuraduría o Contraloría. La ley del miedo ronda por los pasillos y no es para menos. Todos temen represalias, que van desde traslados a zonas inhóspitas del país, apertura de investigaciones injustificadas basadas en anónimos hasta despidos fulminantes. A otros incluso los han amenazado de muerte. Se trata de un ambiente pesado que garantiza silencio e impunidad.
La mayoría de los colombianos rara vez oyen hablar del CGFM, no tienen clara la función de esa estructura que dirige a las tres fuerzas y con frecuencia la confunden con el Ejército.
Por eso, muchos se despistaron cuando hace dos semanas el gobierno nacional anunció que el comandante de este último, general Alberto Mejía, reemplazaría al también general Juan Pablo Rodríguez al frente del CGFM. A raíz de esa decisión, ocho generales, la mayoría adscritos al mismo Comando General, renunciaron y filtraron a los medios que lo hacían por estar en desacuerdo con esa medida, lo cual generó una sensación de crisis. Sin embargo, sin dudarlo, el gobierno les aceptó inmediatamente la solicitud de baja, en gran medida porque a la Casa de Nariño también habían llegado algunas informaciones inquietantes del CGFM.
A pesar de la ley del silencio, desde hace algún tiempo al menos una decena de funcionarios del CGFM empezaron a contar y documentar lo que pasaba a SEMANA, otros medios y a los organismos de control. Uno de estos temas tenía que ver con el manejo poco claro de millones de pesos de las partidas destinadas a gastos reservados. Históricamente, no solo allí, sino en la mayoría de entidades que cuentan con este tipo de rubros, ese manejo ha sido objeto de cuestionamientos. La razón es que rara vez tienen una auditoría externa seria, con el argumento justamente de que son reservados y tienen que ver con temas de seguridad nacional. No obstante, en el caso de CGFM, SEMANA logró documentar y conseguir los testigos que demuestran lo contrario.
En el CGFM conocieron uno de esos casos con la clave de “Gourmet”. Ese nombre designaba a una supuesta fuente presuntamente reclutada por uno de los oficiales más cercanos a la J-2 (Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Militar Conjunta del CGFM), que estuvo a cargo del general Martín Nieto, precisamente uno de los ocho que hace dos semanas pidió el retiro.
La supuesta fuente era un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de servicio en Fuerte Tiuna, en Caracas, Venezuela. En teoría, el oficial del CGFM lo había reclutado y este se había comprometido a entregar información sobre un plan de los venezolanos llamado “Centauro Negro”, con datos claves sobre operaciones. A cambio, el venezolano recibiría 30 millones de pesos. En sus informes, el oficial del CGFM presentó fotos del supuesto informante y algunos datos de los planes estratégicos del país vecino. Sin embargo, al comparar lo que entregó se trataba de información conseguida por un hacker amigo suyo que se hizo pasar por el integrante de la GNB. Y la plata terminó consignada en cuentas de la familia del oficial colombiano, incluida la de su novia.
Cuando descubrió el entramado del oficial, un subalterno la puso en conocimiento de sus superiores, entre ellos Nieto, y posteriormente del general Mauricio Zúñiga, justo otro de los ocho que pidieron la baja hace pocos días. Este último también recibió en mayo de 2016 informes según los cuales ese mismo oficial de la ‘fuente chimba’ había montado una pirámide y estafado a varios de sus compañeros en el CGFM. Pero nada pasó. El denunciante terminó trasladado a las selvas del Guaviare y el denunciado siguió como si nada.
Así, inventando fuentes inexistentes, algunos oficiales consiguieron millonarios recursos.“Usted consigue a cualquiera que le ponga una huella y le firme los documentos como fuente. Eso sirve, en parte como soporte para las auditorías, y el tema queda legalizado”, explicó un suboficial a quienes sus superiores le pedían realizar esas actividades.
También estafaban al fisco por medio de contrataciones o servicios de mantenimiento. Una factura da cuenta de 6 reparaciones realizadas en un solo año en vehículos en perfecto estado por valor de 52 millones de pesos.
Los implicados usaron varios millones de pesos de esos rubros para pagar abogados defensores externos en procesos de los llamados falsos positivos. Uno de ellos era la esposa de un alto oficial del CGFM. En otros casos, utilizaban los dineros para gastos personales o viajes de altos oficiales.
Non sanctas
Y lo peor es que en algunos casos servían para realizar operaciones de recolección de información o inteligencia con fines particulares, lejos de los objetivos institucionales o en beneficio de las Fuerzas Militares o del Estado.
De ese modo, por ejemplo, efectuaron labores de inteligencia contra oficiales de varias fuerzas, lo que no tendría nada de extraño si se tratara de labores de contrainteligencia. “Les escarbaban todo. Les buscaban novias, mozas o lo que fuera para tener con que pisarles la cola en caso de algún problema o para tener herramientas para chantajearlos, a fin de que, por ejemplo, no investigaran equis cosa o apoyaran la adjudicación de un contrato, etcétera. Si no encontraban nada, filtraban anónimos. Un anónimo a veces es más efectivo que una bala”, explicó a SEMANA uno de los encargados de ese tipo de acciones non sanctas.
No menos inquietante es que usaron con fines políticos mucha de la información secreta y estratégica de los temas que se manejaban en el CGFM. Datos o informes terminaron en manos de miembros de la oposición del gobierno y, obviamente, eran objeto de manipulación. En septiembre del año pasado, Alejandro Ordóñez, en una entrevista con Claudia Gurisatti, afirmó que “acudieron a mi oficina dos agentes de inteligencia militar que me manifestaron esa agenda que había entre el gobierno y las Farc para sacar al procurador”. Aunque el hoy candidato presidencial afirmó que se trataba de miembros de inteligencia militar, SEMANA estableció que en realidad eran tres integrantes del CGFM que, en efecto, lo buscaron para entregar datos para perjudicar al gobierno.
Pero Ordóñez no ha sido el único a quien le han ido a entregar datos con fines electorales. Esta fuga de información con intenciones de influir en la campaña incluye temas extremadamente sensibles. Desde el CGFM llegó a una de estas campañas nada menos que un listado con los datos y fotos de una serie de agentes de inteligencia venezolanos presentes en territorio colombiano. Esa información, clasificada como ultrasecreta, que SEMANA tiene en su poder, había sido enviada a su vez al CGFM por una agencia de inteligencia que la compartió debido a su gravedad. Sin embargo, terminó en manos de políticos.
Como si esto no resultara preocupante, ese caos y falta de control también ha dado lugar a episodios que afectan la seguridad nacional. SEMANA estableció que, durante varios meses, un oficial del CGFM entregaba a los venezolanos a cambio de dinero los reportes diarios de todas las operaciones aéreas de las aeronaves de las Fuerzas Militares y la Policía. Lo cual, claramente, configuraría el grave delito de traición a la patria.
Esto es tan solo una parte de lo que sin duda es una caja de Pandora llena de ingratas sorpresas. Por todo esto, y mucho más, el gobierno debe tomar medidas contundentes en la dependencia que, se supone, es el corazón de la defensa nacional.
martes, 5 de diciembre de 2017
lunes, 27 de noviembre de 2017
Tenemos submarinos de guerra: ¿para qué?
La Armada Nacional tiene cuatro y una historia operativa de 45 años, en los que ha evitado tragedias similares. Un debate entre la defensa de la soberanía y la carrera armamentística.
Si en algún lugar de Colombia se vive el drama de la nave argentina ARA San Juan y sus 44 tripulantes, entre ellas la primera mujer especialista a bordo, Eliana María Krawczyk, es en la Escuela de Submarinos de la Armada en Cartagena. En esas aulas y a bordo de las naves nacionales se ora por la vida de sus colegas y por la de los marinos colombianos, pues la arriesgan cada vez que se sumergen en los océanos Atlántico y Pacífico.
La emoción se resume en palabras de Roy Reason Arrieta, submarinista colombiano especializado en propulsión y electricidad. Vía Facebook mandó una carta de solidaridad con “esos 44 locos”. Cuenta lo difícil que es ejercer una de las profesiones más peligrosas. Él era un recién graduado en la época en que se produjo la tragedia del Kursk, que colapsó el 12 de agosto de 2000 en el gélido mar de Barents, al norte de Rusia, luego de que una filtración de aceite generara varias explosiones y la muerte de sus tripulantes. “Por primera y única vez sentí miedo de lo que me hacía sentir orgulloso… el imponente submarino nuclear ruso desaparecía en el fondo del océano con 118 hijos de Neptuno... En casa, el temor por el suceso inclinaba las súplicas de mi madre: ‘Mijo, sálgase de eso, andar debajo del agua es muy inseguro’”. Pero a él “jamás” se le pasó por la cabeza renunciar.
Es uno de los 300 hombres -en Colombia las mujeres no tripulan submarinos, sí corbetas- que ayudaron a convertir el submarinismo en “el arma silente” de la Armada, que el pasado 6 de noviembre celebró 45 años con la graduación de un nuevo curso de oficiales y suboficiales dispuestos, como dice Roy, “a retar a la muerte”.
Al desempolvar archivos militares sorprende saber que entre abril y septiembre de 1972 fueron los peruanos quienes enseñaron a 48 marinos colombianos las primeras lecciones de submarinismo antes de que se formaran en Alemania y Holanda para comandar por cuenta propia el ARC Intrépido y el ARC Indomable, los primeros sumergibles en llegar al país. Fabricados en el astillero Cosmos, en Livorno, Italia, eran modelo SX-506, con 24 metros de eslora -largo- y dos metros de manga -ancho-, espacio justo para 17 uniformados.
El Intrépido llegó el 7 de agosto de 1972 y el 17 de abril de 1973 fue habilitado por el presidente Misael Pastrana. Su primera inmersión fue a 30 metros de profundidad, frente a la bahía de Cartagena, el 6 de noviembre siguiente. De ahí la fecha de celebración. El 3 de julio de 1974 se sumó el Indomable.
Incluían lanchas submarinas que se acoplaban a los lados y les permitía a los comandos anfibios hacer inteligencia a baja profundidad cerca de las costas. Esto después sirvió en operaciones contra grupos armados ilegales, desde guerrilleros hasta narcotraficantes.
Sin embargo, pensando en la defensa del territorio nacional ante amenazas de otros países, el Gobierno Nacional aprobó la compra del ARC Pijao y el ARC Tayrona, los submarinos más poderosos que ha tenido la Armada y que son casi iguales al argentino San Juan: “Submarinos diésel, eléctricos, modernos y silenciosos”. Los bautizaron así en memoria de dos de las culturas indígenas del país más guerreras, sabias y valientes. Razón por la que los comandantes hablan de su tropa como “tribu”.
Tienen eslora de 56 metros, manga de seis metros y capacidad de desplazamiento de 1.200 toneladas. “Descomunales ballenas de amianto” -les cae bien la descripción de García Márquez en “El último viaje del buque fantasma”-, en las que décadas después Roy aprendió a defender “el azul de la bandera” desde las que él llama las más modernas “latas de sardinas”.
Quienes lucen en el pecho, sobre el uniforme blanco, la insignia del submarino dorado en forma de ballena, con el escudo besado por dos delfines, hablan de “la defensa de la plataforma submarina de Colombia”, mientras movimientos como Greenpeace los señalan como promotores de la carrera armamentista y contaminadores del mar.
La historia surge aquí en la transición del gobierno de Carlos Lleras Restrepo al de Misael Pastrana, finales de los años 60 y comienzos de los 70, cuando el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional decidió que, en plena Guerra Fría, Colombia no debía quedarse atrás en estrategias de protección fronteriza y política naval, y que los submarinos habían demostrado desde la II Guerra Mundial ser un “arma disuasiva indispensable”.
El 23 de octubre de 1970 el Consejo de Ministros aprobó la compra del Pijao y el Tayrona a las sociedades alemanas Ferrostaal, de Essen, y HDW, de Kiel. Mientras se construyeron en acero HY-80 (uno se terminó en mayo 1974 y el otro en junio de 1975), continuó la formación de tripulaciones en escuelas en Brasil y España, al igual que el montaje logístico, primero en Barranquilla y luego en Cartagena, a donde llegaron instructores estadounidenses, debido a que los manuales de construcción son de Estados Unidos.
Roy reconoce que el entrenamiento físico y técnico lo pueden pasar muchos, pero el psicológico no. Cualquier asomo de desubicación espacial, ansiedad o neurosis queda en evidencia en la prueba de cámara hiperbárica y el candidato es descartado, porque uno solo que falle pone en riesgo la seguridad de todos. “Se les realiza una prueba psicológica muy rigurosa por los espacios reducidos a los que se van a enfrentar y la convivencia con sus compañeros acorde al estrés de cada operación a la que se enfrenten a bordo”, explica en un video de la Armada el capitán de Navío Luis Felipe Rojas, director de la Escuela de Submarinos. Y deben superar 30 pruebas médicas más.
El perfil profesional es similar al de un astronauta. La diferencia es que el submarinista trabaja en la oscuridad de las profundidades y es entrenado para trabajar a ciegas y para hacer la labor de al menos uno de sus compañeros por si éste enfermara. Todo pensando en contingencias. No sólo leen sobre Submarinos Convencionales de Ataque (SSK), oceanografía, electrónica, motores diésel, estrategia de guerra naval, resistencia de materiales, calentamiento global, sino las 20.000 leguas de viaje submarino de Verne y el Ensayo sobre la ceguera de Saramago.
Roy explica cómo enfrentó durante nueve años la mayor situación de claustrofobia: “Escuchar antes de cada zarpe la prueba de vacío, cerrar la escotilla principal, eran para mí cucharadas de adrenalina”. Y luego vivir en carne propia, por días o semanas, las sensaciones que había imaginado en la atmósfera submarina de Julio Verne: “40 hombres en 40 metros² de forma cilíndrica, durmiendo entre torpedos, combustible, 480 baterías de 500 kilos cada una, una cocina, dos minibaños, 36 literas para dormir a veces donde otro se despertaba y mil incomodidades más. A merced de la presión del océano que hacía sonar el metal del casco con cada metro de profundidad”. La única opción es confiar en lo aprendido mientras se “comparte el mismo aire con hombres que arriesgan su vida igual que yo, por honor, por orgullo, por valor o patriotismo”. Piensa de nuevo en los submarinistas argentinos: “Seguramente son hombres altamente entrenados; su principal enemigo es el tiempo, el oxígeno escasea lentamente, las baterías se descargan, el ambiente se vicia con el olor del viejo acero, el Co² y hasta el propio olor característico del submarinista que ya impregnado no percibes, la desesperación llega cuando la impaciencia apremia”.
El submarinismo militar se hizo realidad en Colombia a través del Plan Tritón, un “secreto de Estado”, para consolidar la Fuerza Submarina de la Armada, plasmada por primera vez en un documento fechado el 5 de octubre de 1968. En más de cuatro décadas, las rutinas de soberanía no han sido cosa fácil. Han enfrentado emergencias que pudieron terminar como la vivida en Argentina.
El Pijao S-28 hizo agua en inmediaciones del islote de Malpelo en 1993. Los registros indican que se filtraron a uno de sus compartimentos el equivalente a diez toneladas de agua y la popa -cola- tendía hacia una situación crítica definida como “punta de aguja”. Si la nave llega a la posición vertical caerá por gravedad al fondo del océano e implosionará luego de los 350 metros, el límite de resistencia de materiales de estos modelos frente a la presión oceánica. La pericia de la tripulación permitió salvarla y anotar la experiencia en bitácora para aprender la lección.
También hay datos de una emergencia del ARC Tayrona del 7 de septiembre de 2014, que según el portal infodefensa.com, ameritó “intensos trabajos de reparación y revisión de sus sistemas”. Había sido enviado a participar en el ejercicio multinacional Unitas 55 en Perú y “a su paso por el Canal de Panamá, sufrió una falla de su sistema de propulsión provocando un alto total de los motores. Se vio obligado a regresar a su base en Cartagena. El día 15 ingresó en un hangar de Cotecmar para ser reparado por técnicos colombianos e ingenieros alemanes”.
La responsabilidad es grande -que lo diga Roy-, pero el adiestramiento les permite estar tranquilos y concentrados en turnos de seis horas durante las que detectan embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas, recolectan información de inteligencia en costas y mares, apoyan cruceros de investigación científica con datos meteorológicos e hidrográficos, o participan en intercambios de entrenamiento con marinas de países europeos, suramericanos y de Estados Unidos, al igual que en operaciones como Unitas y la operación Morro Castle con la OTAN.
En los últimos años, han detectado no menos de 70 semisumergibles usados por los carteles del narcotráfico para transportar cocaína hacia Centro América. En ese confinamiento tienen zona de esparcimiento y no falta oratorio y altar para la Virgen. En el Pijao también se acude a las cábalas de buena suerte: una herradura y un muñeco marinero llamado “Chafi”.
Con ese tipo de información realizan simulacros como el de febrero de este año en el que navegantes apoyados por unidades aéreas y guardacostas de la Armada rescataron un tripulante del submarino ARC Intrépido cerca de Cartagena. Maniobra similar a una real de 2014, cuando los colombianos atendieron el llamado de un submarino peruano y rescataron a un tripulante enfermo. El entrenamiento básico requiere dos años y cuatro fases desde que practican en lanchas submarinas hasta las inmersiones en los 209 vistiendo el overol antifuego. A Roy su padre y sus amigos le repetían: “Ser submarinista cuesta y es para siempre”. Hasta la muerte.
Del lado de los críticos surge la pregunta: ¿Tiene sentido asumir multimillonarios gastos operacionales para hacer presencia simbólica en la profundidad de los mares y en prevención de un conflicto? La mayor justificación para la Armada llegó hace 30 años, luego de que el 9 de agosto de 1987 se desatara una crisis con Venezuela porque la corbeta Caldas entró a aguas del golfo de Coquivacoa, frente a La Guajira, y el país vecino pensó en declarar la guerra. Los submarinos colombianos permanecieron un mes sumergidos, sigilosos, incluso bajo las corbetas venezolanas, a la espera de una orden de ataque con sus 14 torpedos de combate SST4. El incidente se salvó con diplomacia y demostró la importancia del factor submarino de las Fuerzas Militares de Colombia. Una hipotética guerra con Venezuela pasó a ser la segunda prioridad de la defensa nacional después del conflicto interno, más con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999.
Otro punto de quiebre fue el litigio marítimo con Nicaragua luego de que la Corte de La Haya le concediera en noviembre de 2012 no menos de 75 mil kilómetros cuadrados del archipiélago de San Andrés. Desde entonces el presidente Daniel Ortega intensificó su alianza militar con la Federación Rusa para crear la Armada Nacional. Luego negoció submarinos con Vladimir Putin.
Mauricio Jaramillo Jassir, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario, le había explicado a este diario: “Se trata de estrategias consistentes en acumular tal nivel de capacidades militares que el uso de la fuerza sea inviable. Es decir, cuando un Estado se arma con fines disuasivos busca convencer de que el uso de la fuerza es la más costosa de todas las opciones”. La lógica de la carrera armamentista.
Según el Plan de Defensa Nacional Orión, entre 2010 y 2013 se hizo la modernización del Pijao y el Tayrona con sistemas de combate Atlas Electronik, torpedos DM2A3 Seehecht, periscopio de búsqueda Cassidian Optronics, baterías Exide Technologies y nuevo sistema de propulsión. Implicó desarmarlos con mano de obra colombiana y asesoría alemana en el astillero de Cotecmar en Cartagena.
¿Cuánto más durarán con garantías de seguridad? Mínimo hasta 2030, año en que se completa la Fuerza Defensiva Oceánica (FDO). Esto si los ciclos de mantenimiento los siguen aprobando como “altamente operativos” y “los más modernos de Latinoamérica”. Pueden detectar a 40 o 50 millas náuticas (80 kilómetros) a la redonda motores de lanchas, buques y todo tipo de naves.
El Pijao volvió de Estados Unidos donde se actualizó en entrenamiento de guerra con la Marina de ese país como lo hace desde 2004. En promedio navega 7.000 millas náuticas por año y cuenta con 40 tripulantes como el suboficial Edwin Escobar, con 17 años de experiencia, jefe de la unidad de guerra y dos hermanos también submarinistas.
Aún así, los 209 son muy criticados en Argentina, no sólo por la tragedia del San Juan, sino porque la única vez que fueron usados en batalla, en el conflicto por las Malvinas con Inglaterra, los calificaron como “altamente deficitarios” porque atacaron tres veces blancos enemigos y fallaron. Eso fue en 1982. En Colombia han sido perfeccionados. Claro que distan mucho de los “submarinos de lanzamiento estratégico” de las potencias o de Corea del Norte, capaces de disparar misiles teledirigidos con cabezas nucleares.
Ahora están respaldados por los 206 Alpha, más pequeños y “ágiles”, bautizados como ARC Intrépido y ARC Indomable, los mismos nombres que tenían los italianos retirados del servicio en 2013. Fabricados en 1973 en Alemania, el Gobierno colombiano los compró en 2012 y los sometió a “repotenciación” de tres años en sistemas de navegación, rastreo y armamento, aparte de un proceso de “tropicalización” por haber sido fabricados pensando en los mares del norte que navega la Deutsche Marine. Cuentan con cascos amagnéticos, para no ser detectados por radares enemigos, sistemas guerra electrónica y de control de armas Atlas, ocho tubos lanzatorpedos, minas, sonares, sistemas de control de tiro, otros para extinción de fuego y última tecnología de posicionamiento satelital GPS. Costo: 110 millones de euros. Los 209 están avaluados en más de 300 millones.
El presidente Juan Manuel Santos recibió en noviembre de 2015 al Intrépido, que llegó a Cartagena luego de 17 días a bordo de un buque mercante. Con sus 500 toneladas de desplazamiento, 49 metros de largo por 4,5 de ancho, alberga 24 tripulantes. Se divide en cuatro compartimentos de proa a popa: uno de torpedos, el puesto central, el de controles y el de motores. Sobre ellos está el puente donde va la tripulación, todos con sistema de aire acondicionado. Tiene dos escotillas que le permiten al capitán navegar en superficie cuando entra o sale de un puerto. “La importancia estratégica de estos submarinos para el país es indiscutible”, dijo el jefe de Estado.
Este tipo de inversiones han generado desde los años 70 denuncias por posibles irregularidades que se han quedado en los archivos, como los 5.000 folios que permanecen en la Unidad Anticorrupción, desde que fue fiscal general (e) Guillermo Mendoza Diago, a raíz de que el semanario alemán Der Spiegel denunció sobornos millonarios en países como Colombia.
Hay otro expediente en la Contraloría General contra el Plan Orión, años 2008 y 2009. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa concluyó, para citar un caso, que la alemana Ferrostaal sí fue oferente de un contrato por 69 millones de euros para el mantenimiento de los submarinos oceánicos de la Armada, firmado en diciembre de 2008, pero que fue HDW (aliada de la primera) la que se quedó con el negocio. “Las contrataciones entre Ferrostaal y HDM, que hacen parte de la denuncia, constituyen hechos conocidos con anterioridad, sobre los cuales se adelantaron las investigaciones fiscales que concluyeron en autos inhibitorios”.
En el año 2000 la Contraloría advirtió que el Ministerio de Defensa y la Armada le pagaron a Ferrostaal AG US$7,3 millones por la entrega, montaje y mantenimiento de dos baterías principales para submarinos oceánicos tipo 209 con irregularidades como: los certificados de disponibilidad presupuestal por mil y cuatro mil millones de pesos “presentan un concepto diferente al expedido por el jefe de presupuesto”. Los bienes fueron suministrados “sin que se realizaran los informes de supervisión correspondientes, situación que refleja la falta de control por parte de la Armada”.
En todo caso, lo ocurrido en Argentina reabre el debate en Colombia para prestarle más atención a este tipo de inversiones y operaciones. Una fuente de alto nivel del sector Defensa le dijo a El Espectador: “Lo único demostrado es la eficiencia de nuestra Armada. Una vez tengamos el informe de lo que realmente ocurrió allí con el ARA San Juan, la institución estudiará el caso para prevenir cualquier tragedia similar aquí”.
Las cenizas del padre de Roy están en el fondo del Atlántico. Evoca su espíritu: “Si puedes hablar con Neptuno avísale que hay 44 tripulantes valientes, en un submarino argentino en la inmensidad del mar esperando un milagro”. Con razón al escritor colombiano Álvaro Mutis lo atraían “la gracia de medusa metálica de los submarinos” y “ la gloria de la muerte”.
viernes, 17 de noviembre de 2017
jueves, 16 de noviembre de 2017
sábado, 11 de noviembre de 2017
Una apuesta por atraer turismo de lujo se hace realidad en Cartagena
Un hotel de alto costo se prepara para abrir sus puertas. Una noche puede costar desde 248 dólares
Faltan apenas tres semanas para que Karibana, el desarrollo inmobiliario de alto nivel económico en el área de Cartagena, ponga oficialmente al servicio –con la marca Conrad, de la cadena Hilton, como operadora– su hotel de lujo, que ofrecerá 268 habitaciones con vista al mar y a un campo de golf considerado por muchos aquí y en el exterior como el mejor de Colombia y uno de los top diez del continente.
“El Conrad le va a dar a Karibana y a Cartagena un nuevo impulso hacia la conquista del turismo de lujo, que puede gastar e invertir fuerte en la economía local”, dice Joseph Mildenberg, el director comercial de Karibana y socio del grupo Megaterra Colombia, que impulsa el condominio.
Los promotores esperan tener en el primer año una ocupación del 50 por ciento en las habitaciones, lo que equivaldría a unos 110.000 huéspedes de alto poder adquisitivo, la mayoría de ellos extranjeros. El costo promedio por habitación en este periodo rondará los 248 dólares la noche.
Con el Conrad Cartagena, Karibana le apuesta a competir con destinos como Cancún, Panamá y República Dominicana, a donde van miles de turistas, especialmente de Estados Unidos, a pasar un fin de semana o sus vacaciones largas para probar suerte en diversos campos de golf.
“Solo Cancún maneja cada año alrededor de 100.000 reservas de golfistas y ofrece 15 campos”, destaca Mildenberg.
Inversión: US$ 110 millones
En todo el mundo solo hay 30 hoteles Conrad Hilton y este será el tercero en la región. Los otros están en Punta del Este (Uruguay) y San Luis Potosí (México). El de Cartagena fue construido y adecuado con las reglas establecidas por la marca.
Tiene 31 suites, balcones con vista al mar y al campo de golf diseñado por la firma de Jack Niklaus, 900 metros cuadrados de spa, 500 de gimnasio, 4 canchas de tenis, 7 restaurantes y salas de estar, 4 piscinas con vista al mar Caribe, casa de playa, sala multifuncionales y para eventos. Podrá atender recepciones hasta de 1.400 personas.
Para gerenciarlo, trajeron a Stephane Mercier, quien ya tuvo ese cargo en el Conrad Miami y el Hilton París. Varios directivos más será extranjeros, pero también reclutaron profesionales hoteleros locales. En esta primera etapa se generarán 300 empleos.
La arquitectura y la decoración del Conrad tienen el sello de Cartagena. Apenas al cruzar la inmensa puerta de estilo colonial que da entrada a la recepción se pueden ver dos enormes cabezas de mujeres afro, creadas por Ana Mercedes Hoyos y que son el primer bocado de una colección privada de arte que complementan artistas como Enrique Grau, Édgar Negret y Pedro Ruiz.
Ante las fallas del servicio eléctrico en la Costa, los promotores le crearon su propia fuente de energía, que será generada con paneles solares y una infraestructura de gas. En esto invirtieron un millón y medio de dólares, pero esperan lograr un enorme ahorro en dinero y costo ambiental.
Karibana hizo una inversión de 110 millones de dólares –300.000 millones de pesos– en el hotel y escogió a la firma Hilton tras un proceso de selección entre 15 compañías. Terminó ganando la experiencia de más de 30 años de la cadena Hilton en Cartagena. “Ellos conocen el mercado, saben todo sobre la capacitación del personal y tiene compatibilidad con los que desarrollamos en Karibana”, dice Mildenberg. El contrato será por 20 años prorrogables.
Además del Conrad Cartagena, Karibana –que surgió del rescate de un proyecto hotelero fracasado– continúa en su desarrollo de lotes y prepara el lanzamiento en diciembre de una nueva etapa del condominio Bahía, el cuarto edificio de apartamentos de alto estándar.
Ello pese a que la actividad constructora está frenada. “Confiamos en la experiencia de haber vendido siempre bien y en que el proyecto se ve como una inversión segura”, dice Mildenberg, quien calcula la finalización del desarrollo en 6 años, con una inversión total que superaría los 500 millones de dólares.
“El hotel nos traerá más clientes potenciales que se encantarán con una ciudad histórica y única como Cartagena, que sigue siendo el futuro turístico del país y nos invita a pensar con optimismo”, concluye Mildenberg.
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