La medida que busca rastrear a los evasores que esconden sus capitales en el istmo terminaría afectando a las empresas colombianas que operan legalmente.
La decisión que tomó el gobierno colombiano de declarar a Panamá un paraíso fiscal desató una gran tormenta en ambos lados de la frontera. A los panameños les pareció un acto inamistoso de parte de un país amigo y en Colombia, los empresarios que tienen negocios allá consideraron la medida muy perjudicial.
Desde que asumió su primer mandato en 2010, el presidente Santos le dio un giro al manejo diplomático del país, con el propósito de mantener unas buenas relaciones con los vecinos. La reconciliación con Venezuela y Ecuador fue la primera muestra de esta reorientación de la política internacional.
Por eso, sorprendió que por iniciativa colombiana se estuviera generando un ambiente de tensión con un vecino que no solo fue parte de Colombia en el pasado, sino que ahora es un socio comercial estratégico para muchas de las principales empresas del país.
El pasado miércoles se escucharon reacciones de indignación desde todos los sectores del istmo cuando se conoció el decreto por el cual Colombia los incluyó en la lista negra de países cuyos sistemas facilitan el ocultamiento de capitales extranjeros. El presidente Juan Carlos Varela irónicamente afirmó que su país sí es un paraíso pero no del tipo que señala el gobierno colombiano. La vicepresidenta y canciller, Isabel Saint Malo, manifestó que era un total desconocimiento de lo que es Panamá y el expresidente Ricardo Martinelli amenazó con tomar medidas de retaliación contra Colombia. El sector privado panameño fue el que más se molestó. “Panamá no es una islita del Caribe. Panamá tiene dientes, no vamos a permitir que jueguen con nosotros”, dijo el abogado y exembajador Eduardo Morgan, uno de los personajes más representativos del Establecimiento del istmo.
Pero no solo la dirigencia panameña reaccionó negativamente. Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, entidad dueña en Panamá de Banistmo, el mayor banco de ese país, se pronunció como nunca antes lo había hecho frente a una decisión del gobierno. Calificó la medida de altamente inconveniente desde el punto de vista económico y político. “No creemos que haya sido un tema bien manejado; esperamos que se recapacite y se entienda que el daño va a ser muy grande, y el beneficio muy bajo o nulo”.
El tema escaló de la esfera económica a la diplomática. Para bajar la tensión, el presidente Santos escribió en su cuenta de Twitter que había acordado con su homólogo panameño dar instrucciones a los ministros de Hacienda para solucionar el problema de flujo de información financiera. En la tarde, el ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, y de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio de la Guardia, dieron una rueda de prensa en Washington en donde afirmaron que en las próximas semanas comenzarán a trabajar en la búsqueda de un acuerdo para solucionar el problema.
Muchos se preguntan por qué Colombia tomó esta decisión, a sabiendas de que pondría en riesgo unas relaciones históricas entre dos países hermanos que han sido natural y tradicionalmente aliados. La verdad es que desde el punto de vista económico, el gobierno colombiano tenía fuerte razones para dar este paso. Ante el déficit presupuestal que enfrenta el país, en el mediano y largo plazo, la lucha contra la evasión se ha convertido en una de las prioridades del gobierno. Las autoridades creen que muchos colombianos utilizan a Panamá para esconder su dinero y no pagar impuestos en Colombia.
Para el anterior director de la Dian Juan Ricardo Ortega, la lucha contra la evasión se convirtió en una cruzada personal. A esto se suma que el presidente Santos se ha concentrado en dos metas que aspira sean el legado de su gobierno: la paz y entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Como esta última organización exige que sus miembros apliquen mejores prácticas económicas y políticas y criterios financieros y tributarios transparentes y eficaces, las obsesiones de la Dian coincidieron con las de la Casa de Nariño.
No se sabe a ciencia cierta de cuánta plata se está hablando, pero algunos afirman que la evasión tributaria de colombianos, a través de los distintos paraísos fiscales, oscila entre 4 y 15 billones de pesos. Como Panamá es el país más cercano, se presume que la mayor parte de este monto podría estar allá. Con tantas necesidades que tiene Colombia y con la limitación de recursos para atenderlas, resulta cuando menos justo rastrear esos dineros y recuperarlos para que hagan parte del torrente tributario nacional. Pero seguir la huella de esas platas nunca ha sido fácil.
Para rastrear los capitales clandestinos se requiere que Panamá firme un acuerdo de intercambio de información tributaria, que le permita a la Dian contar con más y mejores herramientas para buscar a los evasores. Esto suena tan lógico como difícil, pues la realidad es que buena parte del éxito que ha tenido Panamá, como centro financiero internacional, obedece a la reserva con que se manejan los movimientos de capitales en ese distrito bancario.
Ellos reconocen que su deber es evitar el ingreso de dineros del narcotráfico y la corrupción, pero en lo que se refiere a los capitales de origen legal consideran que las implicaciones tributarias que tengan en sus respectivos países no son su responsabilidad.
Por su parte, la ley 788 de 2002 obliga al gobierno colombiano a señalar los países que no se ajustan a estándares internacionales de transparencia, en otras palabras a señalar los paraísos fiscales.
Durante los dos gobiernos de Uribe no se aplicó esa norma por las implicaciones diplomáticas que tiene acusar a otro país. El año pasado, sin embargo, Colombia decidió coger el toro por los cuernos y definir por primera vez un listado. En este incluyó 44 paraísos fiscales, entre ellos Bahamas, Anguila, Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Hong Kong, Mónaco, Islas Maldivas, Chipre, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Yemen, Jordania, Guyana y Cabo Verde. No obstante, excluyó transitoriamente a Panamá, y para no tener que declararlo paraíso fiscal le pidió que suscribiera un acuerdo de intercambio de información tributaria. Para que la medida tuviera efecto le notificó al gobierno panameño que si en un año esto no se volvía realidad, Colombia se vería obligada a incluirlo en la lista negra.
En teoría no se estaba pidiendo que se levantara la reserva bancaria que es un tema sagrado para el sector financiero. Simplemente se trataba de que cuando en Colombia hubiera indicios de algo indebido con un contribuyente pudieran preguntarles a las autoridades de ese país y tener respuesta. El problema es que es difícil establecer una frontera entre suministrar información y violar la reserva bancaria y tributaria.
El ministro Cárdenas afirma que el único objetivo con el acuerdo es controlar la evasión y asegurar que los nacionales colombianos que están obligados a pagar impuestos en el país declaren sobre sus ingresos y activos globales.
Aunque durante el último año hubo reuniones al más alto nivel entre los dos países, las autoridades colombianas no vieron un claro interés de Panamá por avanzar en los diálogos. Ellos, sin embargo, han tenido como disculpa el cambio de gobierno y la transición natural que debía hacer el nuevo presidente Juan Carlos Varela.
Para Colombia era evidente que Panamá le estaba dando largas al asunto. Vencido el plazo, el pasado miércoles 8 de octubre el Ministerio de Hacienda expidió el decreto para declarar al vecino país un paraíso fiscal.
Pero a pesar de que Colombia tenía razones válidas para tomar la medida, también es cierto que otro compás de espera a Panamá hubiera sido una decisión más mesurada y menos traumática para el país. Y el trauma obedece a que los afectados por la medida o cualquier retaliación que esta tenga no van a ser solo los evasores de impuestos, sino las empresas que operan legalmente, que no solo son muchas, sino muy importantes.
No hay que olvidar que la inversión colombiana en Panamá es enorme. En los últimos años se ha producido un verdadero desembarco de empresas colombianas en esa economía que viene creciendo a tasas superiores al 8 por ciento. Solo el año pasado las inversiones de Colombia en el istmo ascendieron a 3.200 millones de dólares.
Según la Cámara de Integración Colombo Panameña por lo menos 150 compañías colombianas están en el vecino país. El Grupo Empresarial Antioqueño, por ejemplo, tiene una parte muy importante de su operación allá. Además de Bancolombia, que posee el banco más grande de ese país, Cementos Argos tiene plantas en ese territorio y se ha convertido en un importante proveedor de cemento para las tareas de ampliación del Canal de Panamá. El Grupo Nutresa también tiene operación directa importante allá y Celsia acaba de adquirir bienes energéticos que lo convertirán en el segundo generador en el istmo.
Por su parte, Luis Carlos Sarmiento también tiene parte de sus intereses allí. El Grupo Aval, a través del Banco de Bogotá, es el propietario del BAC-Credomatic, una red bancaria con presencia en toda Centroamérica, incluido Panamá. Davivienda, el tercer banco de Colombia, también tiene banco en ese país. Cabe señalar que el 26 por ciento de los activos de la banca panameña está en manos de colombianos.
Pero la lista de compañías es aún más larga. Empresas Públicas de Medellín (EPM), Casa Luker, Arturo Calle, Corona, Hoteles Decameron, Pedro Gómez, Conalvías, Constructora Amarilo, Terpel, Avianca, entre muchas otras, encontraron en Panamá un mercado para expandirse y el puerto de entrada a Centroamérica.
La relación entre los dos países es tan estrecha que se estima que unos 700.000 colombianos están de legal o ilegalmente en ese territorio, alrededor del 18 por ciento del total de la población de Panamá, que asciende a 3,8 millones de habitantes.
¿Retaliaciones?
La preocupación de los empresarios colombianos es que terminarán pagando justos por pecadores. Esto concretamente se refiere a dos temas. Uno tiene que ver con el tratamiento tributario a partir de la declaratoria de paraíso fiscal. Entre palabras, los costos de las operaciones con Panamá van a aumentar, no solamente en cuanto a los giros ordinarios, sino en lo que hace referencia a los descuentos en la declaración de renta.
Pero el tema que verdaderamente tiene nervioso al sector privado colombiano son las posibles retaliaciones que podría tomar Panamá por considerar que el decreto colombiano es una cachetada. En ese país existe una ley expedida en el año 2002 llamada de ‘Retorsión’, palabra poco usada en el castellano, pero que significa devolver a alguien el mismo daño que de él se ha recibido. Es decir, ojo por ojo.
En virtud de esta norma el Estado panameño puede imponer una serie de sanciones. Por ejemplo, denunciar la vigencia del Tratado de Montería mediante el cual se les otorgó el paso libre de peajes a los barcos de bandera colombiana por el canal. O negarles a las empresas colombianas la posibilidad de participar en procesos de contratación con el gobierno de Panamá, incluyendo el canal. Es decir, no podrán ejecutar obras públicas ni venderle al Estado bienes ni servicios. Algunos abogados sostienen, incluso, que el vecino país podría exigir visas para entrar a su territorio. Las medidas podrían llevar a una operación tortuga con los contenedores que vayan a Colombia con el argumento de que tienen que ser inspeccionados cuidadosamente.
En cualquiera de los casos anteriores las implicaciones son muy grandes para los intereses colombianos. Interconexión Eléctrica S.A., (ISA) está a la espera de sacar adelante el proyecto de interconexión con Panamá, proceso que se reactivó hace un par de meses. Esta iniciativa contempla una línea de transmisión de energía de 600 kilómetros desde la subestación de Cerro Matoso (Córdoba) hasta Panamá. La inversión en el proyecto asciende a 450 millones de dólares. Colombia tiene previsto exportar energía hacia el vecino país por 250 millones de dólares anuales.
También hay proyectos en el sector de hidrocarburos. Ecopetrol está interesado en desarrollar actividades de exploración en el Caribe panameño en asocio con Anadarko. Además de explorar gas en la vecina nación.
Otro de los sectores dinámicos en Panamá es el de la construcción e infraestructura. Conalvías ha ganado varios contratos para construir y mantener carreteras panameñas. Constructora Amarilo, por su parte, tiene proyectos para fortalecer su presencia en Panamá, en donde tiene varios desarrollos inmobiliarios.
El arma de la retaliación ha sido ya utilizada con otros países. En noviembre de 2011 Panamá anunció su intención de aplicar la ley de ‘Retorsión’ contra Francia, una vez que representantes del gobierno galo se refirieron a Panamá como paraíso fiscal. Francia estaba pendiente de la adjudicación de los vagones para el metro de Panamá, y este negocio estuvo a punto de ser bloqueado. Después de disculpas y reuniones, y transcurridos algunos meses, en abril de 2012, para firmar la pipa de la paz Francia sacó a Panamá del listado de paraísos fiscales y entre los dos firmaron un tratado para evitar la doble tributación.
Ecuador también fue incluido por Panamá en la lista de países de ley de ‘Retorsión’ por una medida que fue considerada discriminatoria. Por esta razón, todo proponente que aplique para venderle algún producto o servicio al Estado de Panamá, deberá presentar con su oferta una declaración juramentada en la cual certifique que no es ecuatoriano, ni controlado directa o indirectamente, ni actúa en representación de alguien de ese país.
Ahora bien, no se sabe si Panamá tomará medidas contra Colombia o esperará el resultado de los diálogos que los presidentes ordenaron a sus respectivos ministros de Hacienda. Lo que está claro es que el ambiente está caldeado.
El escenario ahora es que, como las medidas derivadas del decreto colombiano entran en vigencia el primero de enero de 2015, la expectativa es que en las próximas diez semanas se llegue a un acuerdo. Sin embargo, todo indica que el proceso no será fácil. Antes de que se venciera el plazo de un año dado por Colombia, Cárdenas llamó varias veces al ministro De la Guardia para discutir el asunto, pero ni siquiera le pasó al teléfono, lo que ilustra la molestia que este tema representa para el istmo.
Cárdenas ha dicho que mientras se encuentran mecanismos de acuerdo, el decreto que incluyó a Panamá como paraíso fiscal seguirá vigente. Esto de entrada vuelve tenso el ambiente con que se van a iniciar las negociaciones. Voces panameñas piensan que primero Colombia debe derogar el decreto para llegar a un acuerdo.
En esta relación hay roces que vienen de tiempo atrás, por las denuncias de gremios económicos colombianos sobre la masiva entrada de productos chinos a bajos precios, procedentes de la zona libre de Colón. Por eso el gobierno colombiano impuso el año pasado salvaguardas a la entrada de calzado y textiles y confecciones, medidas que causaron gran escozor en Panamá. Los dos países cerraron negociaciones para un tratado de libre comercio el año pasado, pero el acuerdo no se ha puesto en marcha. Eso demuestra el nivel de tensión que existe entre las dos naciones.
Muchos creen que será difícil que Panamá acepte todas las exigencias que haga Colombia en materia de intercambio de información. Entre otras razones, porque el propio presidente Juan Carlos Varela y su ministro de Finanzas De la Guardia vienen del sector privado, y son unos convencidos de que la forma como funciona Panamá en la actualidad es la que le conviene al país.
Esa es una economía que gira alrededor de los servicios –canal, zona libre, centro bancario, abanderamiento de naves, estructura societaria– y su estructura fiscal está basada en la territorialidad de la generación del ingreso, es decir solo se paga impuestos por las utilidades generadas en Panamá, pero no las que vienen del extranjero.
Aunque Panamá ha firmado acuerdos de intercambio de información y doble tributación con varios países, los entendidos afirman que con Colombia el asunto es menos fácil. Incluir a Panamá en la lista de paraísos fiscales no es capricho extravagante colombiano. Eso lo han hecho Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, para mencionar solo a los del continente.
Pero Colombia es diferente para Panamá porque los colombianos mueven capitales muy importantes en ese país y son por lo tanto uno de los clientes más grandes a los cuales no se debe espantar. Como el dinero es oportunista no se descarta que ante un cambio de legislación, los inversionistas recojan su plata y simplemente se vayan para otro lado.
Efectos tributarios
Los pagos que hagan compañías colombianas por servicios de consultoría o asistencia técnica a firmas ubicadas en Panamá estarán sometidos a una retención en la fuente del 33 por ciento, y no del 10 por ciento como sería para otra jurisdicción.Por regla general, los pagos que se realicen a personas ubicadas en paraísos fiscales no pueden ser deducidos como costo para determinar el impuesto sobre la renta.Toda operación que realice un residente fiscal colombiano con una persona ubicada en un paraíso fiscal –en este caso Panamá– estará sometida al régimen de precios de transferencia sin importar si son o no vinculados económicos. Y tendrá, en consecuencia, que presentar documentación comprobatoria (estudio de precios de transferencia) y declaración informativa de precios de transferencia.La tarifa general de retención en la fuente para los inversionistas de portafolio del exterior domiciliados en paraísos fiscales es del 25 por ciento, mientras que la retención en la fuente para aquellos que no están domiciliados en paraísos fiscales es del 14 por ciento.Los colombianos que tengan residencia en Panamá serán considerados residentes fiscales colombianos, por lo tanto, estarán sometidos a impuesto sobre la renta sobre sus rentas de fuente mundial. Es decir, deberán pagar impuestos por las utilidades que obtengan en Panamá y en Colombia.
Fuente: semana.com
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