Cientos de fusiles, una ametralladora M60 y tres toneladas de explosivos, muestran que algo anda mal en la custodia del arsenal incautado.
El Batallón Landazábal, al sur de Bogotá, el San Mateo en Pereira, la tercera brigada en Cali y el fuerte de Tolemaida son algunas de las unidades en donde se han perdido armas y explosivos.
Que un delincuente cometa crímenes usando armas de fuego ilegales adquiridas en el mercado negro es de por sí un problema grave; pero que el arma que use para asesinar, secuestrar o extorsionar provenga del arsenal incautado custodiado en guarniciones militares es una vergüenza trágica.
Eso es lo que venía ocurriendo en dos de las unidades castrenses más importantes del suroeste colombiano, que tienen más de 22.000 armas incautadas en sus depósitos. La Fiscalía y la unidad de contrainteligencia del Ejército investigaron los casos y salpicaron a la Tercera Brigada con sede en Cali, Valle, y el Batallón San Mateo de Pereira, Risaralda. Solo en esas dos guarniciones los faltantes suman 869 armas entre pistolas, revólveres, escopetas y fusiles.
Y como si esos escándalos no fueran suficientes, en los últimos meses el país supo de otras armas perdidas en la Policía y el Congreso, y de tres toneladas de explosivos desaparecidas de un depósito militar en Bogotá. Es decir, en menos de dos años se han extraviado 957 armas de fuego pese a que estaban bajo la custodia de una autoridad.
Para empeorar las cosas, todo indica que buena parte de ese arsenal perdido fue a parar a manos de temidos delincuentes y hay serios indicios que estos las usaron para cometer homicidios, con lo que configuraron un perverso carrusel de la muerte. Preocupa, además, que el fenómeno se esté repitiendo en otras regiones, sobre todo porque no existe un inventario real de las armas incautadas y en custodia en las 31 brigadas que hay en todo el país.
Se estima que más del 80 por ciento de los asesinatos cometidos cada año (en 2014 fueron 13.258) involucran armas de fuego. Y el panorama empeora si se tiene en cuenta que según un estudio de la Universidad del Rosario, si en Colombia hay por lo menos 1.800.000 armas de fuego legales, las ilegales duplicarían ese monto. Porque pese al esfuerzo que hacen las autoridades por sacar de las calles ese arsenal, estas retornan a manos criminales en complicidad con algunos agentes del Estado.
También causa alarma que hasta ahora el problema se concentre en guarniciones localizadas en el suroeste del país, una región con serios problemas de seguridad debido a la influencia del narcotráfico, bandas criminales y el conflicto armado. Por ejemplo, entre 2011 y 2012 en Cali se incautaron 4.615 armas ilegales, de las cuales 143 eran fusiles. Todo ese arsenal a cargo de la Brigada.
Según un investigador de la Policía experto en el tema, “no es fortuito que el carrusel se presente justamente en la zona donde se mueven toda clase de organizaciones delictivas”. El general William Torres, comandante del Comando Conjunto Suroccidente del Ejército, comparte esa tesis: “Donde hay demanda, aparece la oferta y en esa tentación criminal han caído algunos de nuestros hombres”, dice, y hace énfasis en que se trata de algunas manzanas podridas.
Pero la verdad es que en no pocos casos las autoridades documentan la participación de miembros de la fuerza pública. El 29 de abril, en el caso más reciente y doloroso para las Fuerzas Militares por el grado de infiltración, la Policía y la Fiscalía descubrieron en una operación conjunta un complot que involucró a uniformados de la base de Tolemaida y otras seis guarniciones del país.
Como consecuencia fueron detenidos ocho militares activos (siete suboficiales y un soldado profesional) vinculados a una red que hurtaba material de guerra que iba a parar a los frentes 6, 10 y la columna móvil Teófilo Forero de las Farc. Según reconoció el Ejército en un comunicado, la red estaba integrada por 20 personas y durante dos años “logró comercializar cien mil cartuchos de diferentes calibres, mil granadas y diferentes armas, entre las que se destacan 30 fusiles y 10 ametralladoras M-60”.
Tres meses atrás el propio Ejército había dado otro golpe a otra red que abastecía a la Teófilo Forero, en Florencia, Caquetá. Pero lo que realmente sorprendió a las autoridades es que al frente de esa banda estaba un mayor del Ejército.
En los escándalos de Cali y Pereira que investigó la Fiscalía, los militares implicados son de bajo rango. El proceso judicial de la Tercera Brigada involucra a seis personas (dos militares, un exsuboficial y tres civiles). El caso estalló cuando el Gaula del Ejército capturó, en agosto de 2013, a una mujer que salía de la guarnición con siete revólveres en su cartera. Lo particular del asombroso hallazgo es que se las habían entregado en el armerillo, donde el inventario extraviado asciende a 466 armas.
En el caso de Pereira, el proceso, conocido en enero de este año, se documentó con audios gracias a la interceptación de 52 líneas celulares, lo que permitió establecer que algunas de las 403 armas robadas terminaron en manos de una red criminal del Eje Cafetero y del norte del Valle vinculada a la temida banda La Cordillera.Lo insólito de ese escándalo es que un año atrás el defensor del pueblo de Risaralda, Freddy Plazas, había denunciado el problema en un comité de Policía judicial, “allí conté que un arma incautada tiempo atrás apareció nuevamente en otro allanamiento”, confirmó el funcionario a SEMANA.
Hace unos días esta revista denunció la insólita desaparición de tres toneladas de explosivo Anfo de un depósito del Batallón Fernando Landazábal del Cantón Sur en Bogotá. De esa misma bodega se perdieron 4.500 estopines usados para activar las cargas explosivas. Todo quedó registrado en un artículo titulado ‘La caja de pandora’, que narra la historia del oficial que denunció esos hechos de corrupción, pero irónicamente terminó amenazado y en el exilio.
El 5 diciembre pasado la Policía sufrió una vergüenza similar cuando descubrió que 17 armas de fuego (14 pistolas y tres fusiles) desaparecieron del depósito de la Escuela de Carabineros de la institución en Bogotá. La indignación por ese hecho fue tal que la cúpula de la entidad montó una operación que dio frutos y las armas aparecieron 18 días después en una bodega de la ciudad.
En julio de 2014 el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, reportó la pérdida de 31 armas de fuego asignadas a esquemas de seguridad de los congresistas. La entidad maneja un inventario de 148 pistolas y el tema está en investigación.
Para rematar, días antes que estallara el escándalo por las armas perdidas en el batallón de Pereira, un pelotón reportó que un grupo de indígenas embera chamí los agredió con palos y piedras mientras cumplían labores de registro y control en los municipios de Condono y Brisas de Bagadó, zona fronteriza entre Chocó y Risaralda, y que en ese incidente “fue hurtada un arma larga de dotación de la unidad militar”. El arma perdida era una ametralladora M60 y todo indica que está en poder de la guerrilla, porque la robó un miliciano que aprovechó un descuido del soldado.
Otro aspecto a tener en cuenta es que las armas que llegan a los depósitos militares permanecen allí varios años a la espera de que avancen las investigaciones judiciales en las que están implicadas, “y eso hace que los inventarios se acumulen en los armerillos y no se puedan desechar como sería lo debido”, señaló el general William Torres.
El oficial también explicó que uno de los problemas del sistema de custodia de armas es que llegan de la Fiscalía en cajas cerradas y no se pueden abrir para verificar el contenido, “por eso decidimos que no se recibirán embaladas, sino visibles para que se puedan contar”.
Por todo ello, los esfuerzos que las autoridades hacen por controlar el tráfico ilegal de armas a través de las fronteras son insuficientes frente a lo que realmente se mueve en el mercado negro local. Un fiscal que investigó esos casos dijo jocosamente que en materia de custodia de amas incautadas en el país, “pareciera que el ratón es quien cuida el queso”.
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