La decisión del Gobierno fue interpretada como una concesión en el marco de la mesa de La Habana.
El presidente Juan Manuel Santos lleva rato impulsando un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas ilícitas, con válidos argumentos referidos al fracaso de las estrategias hasta ahora desarrolladas, que no han logrado grandes reducciones en producción ni tráfico, y menos aún en las ganas de meter cocaína de millones de consumidores en el mundo.
El lío para Santos es que la legalización integral –y no a medias– de producción, comercio y consumo, única solución que acabaría con las gigantescas ganancias que enriquecen a las mafias gracias a la ilegalidad del negocio, hoy no es viable. Y, en esa medida, cualquier concesión intermedia solo sirve a los intereses de los narcotraficantes.
Es el caso del retroceso de las autoridades colombianas en la lucha contra los cultivos de coca. Gracias, entre otras, a la muy controvertida práctica de fumigar esas siembras desde el aire con el herbicida glifosato, Colombia, que llegó a tener más de 160.000 hectáreas de matas de coca a principios de la década pasada, bajó esta superficie a menos de un tercio: 48.000 al término del 2013. En el 2014, ese marcado descenso se frenó y el área sembrada volvió a crecer de manera angustiosa.
Esta semana, Naciones Unidas reveló el informe del Simci, el mecanismo creado hace 16 años para medir –con la ayuda de imágenes satelitales– el área cultivada de coca. El resultado asusta: las hectáreas se dispararon un 44 %, al pasar de 48.000 en 2013 a más de 69.000 en el 2014. Debido a problemas logísticos y también a acuerdos con los movimientos campesinos tras el paro del 2013, la aspersión retrocedió de más de 100.000 hectáreas fumigadas en el 2012 a unas 50.000. Y aunque en el 2014 hubo un intento por relanzarla, resultó imposible frenar el impulso ganado por los sembradores.
La cosa puede empeorar tras la decisión del Gobierno de suspender la fumigación aérea con glifosato, una práctica cargada de polémica por razones medioambientales y de salud. Según el informe Simci, por culpa de esa suspensión el área fumigada apenas alcanzará las 25.000 hectáreas en el 2015, la mitad del año pasado. La lógica indica que el área sembrada volverá a crecer este año.
Como las Farc llevaban años reclamando el cese de las aspersiones aéreas con glifosato, la decisión del Gobierno fue interpretada como una concesión en el marco de la mesa de La Habana. Pero es muy probable que esa concesión, en vez de ayudar al avance de la negociación, haya contribuido a frenarla. De las cinco regiones donde se concentran las siembras, cuatro son enclaves de las Farc: Catatumbo, Nariño-Cauca, Meta-Guaviare y Caquetá-Putumayo. La excepción es el área entre Antioquia y Córdoba, dominada por bandas criminales herederas de los paramilitares.
El informe anota que, gracias al aumento de los cultivos, la producción de cocaína pudo subir de 290 toneladas en el 2013 a 442 el año pasado. Y como cerca del 90 % de esa producción beneficia a las Farc, es evidente que las arcas del grupo guerrillero –como lo advertí en esta misma columna hace mes y medio, cuando anticipé lo que ahora confirma el Simci– están popochas.
Eso explica parte de la renovada capacidad de ataque de los frentes de las Farc en esas zonas. Con los bolsillos llenos de narcodólares, esos frentes no solo están envalentonados militarmente, sino que carecen de interés en que la mesa de La Habana avance: saben que un acuerdo que acabe a las Farc como grupo armado los pondría ante la penosa obligación de abandonar semejante negocio tan lucrativo. El Gobierno tiene que alistar, a la mayor brevedad, un programa de combate frontal a los narcocultivos –con o sin fumigación aérea– si no quiere que, popochas como están, las Farc tengan un motivo más para seguir mamándole gallo a la negociación en Cuba.
MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com
