domingo, 29 de noviembre de 2015

30 años de la masacre de Tacueyó

Un excombatiente del M-19 reconstruye la matanza que se originó en una presunta infiltración del Ejército en las filas guerrilleras.

Por: Diego Arias *


José Fedor Rey, alias “Javier Delgado” o “El Monstruo de los Andes”, jefe guerrillero que lideró la matanza entre noviembre de 1985 y enero del 86. / Archivo - El Espectador

El olvido y la indiferencia suelen ser un mal antídoto contra la violencia, los desastres, las tragedias y la calamidad. Nuestra propia historia es tan trágica que a un hecho se sobrepone otro sin que alcancemos a veces (casi nunca) a entender lo que pasó, menos aún a reaccionar. Entonces la apatía y la mala memoria se vuelven un recurso deliberado para evitar lo que no queremos asumir de nuestra propia realidad.

Los de finales de 1985 fueron días aciagos en los que en Colombina nada volvió a ser igual, muy a pesar de todas las tragedias precedentes de otros tiempos: ocurrió el holocausto del Palacio de Justicia, la tragedia de Armero y la llamada masacre de Tacueyó, que constituye un hecho atroz e inusual, único en su tipo, según se conoce en la historia de los conflictos armados de todo el mundo.

La barbarie

Sólo unos pocos días después de la trágica (e inadmisible) toma del Palacio de Justicia y la avalancha de Armero, ocurrió la cruenta y delirante acción en la que alrededor de 160 combatientes (hombres, mujeres e incluso niños) pertenecientes todos al grupo guerrillero Ricardo Franco, fueron asesinados en un acto de barbarie sin antecedentes.

Por aquellos días el dolor y la incertidumbre eran la cotidianidad en las filas de la numerosa fuerza militar que el M-19 tenía acampamentada en lo alto de un filo montañoso en los alrededores de Toribío, en el departamento del Cauca. Aquella fuerza era la promesa de un ideal continental de lucha revolucionaria bolivariana, por lo que decidió llamarse Batallón América.

Allí, junto a combatientes propios y de otras naciones suramericanas, estaba también buena parte de la máxima comandancia del M-19, en cabeza de Álvaro Fayad y Carlos Pizarro. Pero muy cerca acampaba también una fuerza mixta de combatientes provenientes de la ciudad y otro tanto de campesinos e indígenas reclutados por una guerrilla emergente de una división dentro de las Farc encabezada por Javier Fedor Rey (alias Javier Delgado) y Hernando Pizarro Leongómez (hermano del comandante del M-19).

Por boca de habitantes de la propia zona conocimos detalles de algo confuso y perturbador que estaba ocurriendo en el campamento de la fuerza vecina, con quien el M-19 había establecido una alianza táctica que llevó a realizar acciones militares conjuntas, como la toma del municipio de Miranda, acciones logísticas compartidas e instrucción militar.

Pese a que se hablaba de numerosos guerrilleros muertos, no habían sido escuchados disparos ni explosiones producto de algún tipo de enfrentamiento, lo cual agregó confusión a la situación.

Carlos Pizarro, dada la magnitud de lo que relataban los campesinos, dispuso de un pequeño grupo para acompañarlo hasta el campamento, donde ya estaba consumándose la tragedia. Al llegar la escena era dantesca y perturbadora. En medio de cadáveres agonizantes, combatientes encadenados a la espera de su muerte sin “fórmula de juicio” y unos comandantes guerrilleros enloquecidos y delirantes que vociferaban ser los artífices del “más grande éxito revolucionario contra la inteligencia militar colombiana”, que, según ellos, había infiltrado de manera numerosa su grupo guerrillero.

En un ritual de muerte y bajo la tortura y la amenaza de una muerte atroz e inminente, decenas de combatientes depusieron sus armas (¡extrañamente nadie se reveló!) y convinieron versiones de ser “infiltrados” del Ejército colombiano. En al menos un caso, la perturbación mental deDelgado y compañía no les permitió ver “imposibles”, como el que apenas un muchacho de 21 años fuese, a esa corta edad, un avezado coronel de la inteligencia militar.

El ritual del sacrificio llevado a la muerte era atroz. Los “comandantes” disponían la tortura y la “ejecución” de los “infiltrados” a manos de sus propios compañeros, a sabiendas de que ellos mismos serían las próximas víctimas. Invariablemente la muerte fue inducida por golpes o degüello.

Quebrantado por la situación, Carlos Pizarro increpó violentamente a su hermano, desenfundando su arma y apuntándole mientras le reclamaba por los hechos, por la indignidad que eso suponía para un “revolucionario”, pero, sobre todo, siendo su propio hermano.

La Providencia quiso que aquel momento no terminara en otra tragedia, y mientras Pizarro y su comitiva del M-19 optaron por retirarse, un combatiente adolescente intentó huir en nuestra dirección siendo asesinado de un disparo por la espalda por el propio Javier Delgado.

Un discurso de rectificación

Al regreso de nuestra difícil expedición al campamento de la guerrilla del Ricardo Franco, Carlos Pizarro convocó una formación militar, aún en la oscuridad, ya de madrugada. Un largo silencio devino luego de los protocolos que rigen lo que en términos militares se conoce como “orden cerrado”.

La formación militar estaba ya por concluir con los primeros rayos del sol que emergían en el horizonte y disipaban una espesa neblina: “Levantémonos pronto y erguidos contra cualquier injusticia y dolor que veamos perpetrar contra otro ser humano. Hagámoslo en todo tiempo y lugar en el que la historia nos encuentre. Puede que al hacerlo corramos riesgos, pero al final nuestro espíritu se regocijará en un orgullo sano, humano y dulce”, concluyó Pizarro su discurso, en medio de la vergüenza, el dolor y las lágrimas.

Una fuerza militar superior a la del Ricardo Franco, como era la del M-19 en aquella situación, no pudo impedir que se consumara la atrocidad, y sólo el azar hizo que el encuentro dramático entre dos hermanos, ambos al frente de dos grupos armados pero con una visión distinta sobre lo que es admisible y no es admisible en una guerra, no terminara en la muerte de alguno de ellos o de ambos.

Con el tiempo se documentaron muchas otras muertes que corrieron por cuenta de los comandantes del Ricardo Franco. Su trágico recorrido de muerte llegó hasta sus grupos en ciudades como Cali, Bogotá e Ibagué, en donde se encontraron cadáveres en múltiples propiedades, junto a caletas con armas y miles de dólares.

Hernando Pizarro murió baleado en un oscuro episodio en una calle de Bogotá en 1994, en el que después se supo estuvieron posiblemente involucrados miembros del CTI.

Javier Delgado fue capturado casualmente en 1995, en una taberna en Cali, junto a un pequeño grupo de escoltas que lo acompañaban, y que un grupo del Bloque de Búsqueda, en su guerra contra el cartel de Cali, confundió con el narcotraficante Francisco Pacho Herrera.

Un poco antes Delgado había publicado y distribuido una extensa argumentación con su versión de la masacre de Tacueyó. Terminó sus días recluido en la cárcel de Palmira, en donde antiguos compañeros suyos de las Farc le dieron muerte por ahorcamiento en junio de 2002.

Epílogo

Los seres humanos se han matado unos a otros por distintas razones y justificaciones, en todo tiempo de la historia y casi en todas las culturas, y es un hecho que los conflictos armados suelen tener curso, inevitablemente, en medio de reiterados actos de crueldad.

Pero ni aun en la guerra es admisible despojar al “enemigo” (menos aún a los civiles) de su condición humana. La guerra se encarga de desvirtuar en el adversario su condición humana y, en algún punto de la lucha, esto resulta ser algo inaceptable para alguien que, como revolucionario, sueñe con un mundo mejor.

En estos tiempos de intentar poner fin a nuestras violencias, mediante el ejercicio lúcido de un acuerdo político, es bueno por lo mismo mirar hacia atrás, dando cuenta con honestidad, humildad y espíritu crítico sobre lo que fue y lo que no es bueno que sea olvidado, pero mucho menos imitado, enalteciendo siempre el repudio por la violencia y la desmesura que ésta conlleva.

Que abunden el repudio a la barbarie y la violencia y que no prosperen, nunca más, ni la crueldad, ni la indiferencia, ni las justificaciones, ni la apatía, ni el olvido.

* Autor de “Memorias de abril” (Planeta Editorial).

viernes, 27 de noviembre de 2015

Los cuatro rascacielos que le cambiarán la cara a Bogotá


Marzo 2015 – "La altura de los rascacielos es un término relativo, varía según el contexto urbanístico donde se desarrolle tal construcción" explicó Juan Pablo Noriega, arquitecto colombiano.



Para Juanita Montoya, profesora de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia "un rascacielos no tiene una medida minima establecida, si hablamos de Europa una construcción de estas puede ser desde los 30 pisos porque no es normal una altura igual, mientras que para nosotros no porque es normal ver numerosas edificaciones con las mismas caracteristicas".

Estos son los rascacielos que se construirán en Bogotá en los próximos años:

Entre Calles


El proyecto tendrá lugar en la intersección de la Calle 19 con carrera 7 en el costado suroccidental y aunque no se ha conocido el monto total de inversión para su construcción si se sabe que será el rascacielos más alto que tendrá Colombia en los próximos años con cerca de 420 metros de altura en sus 96 pisos.

El diseño de Entre Calles representará elementos característicos de la ciudad como los cerros y la sabana, lo vertical y lo horizontal, la torre y la plaza. Su uso estará dirigido a los servicios bajo el modelo de fidecomiso.

Torres Atrio


En el Centro Internacional en la intersección de la calle 26 con Avenida Caracas se levantará esta construcción que busca integrar en un solo lugar oficinas, comercio y hotelería haciendo que esta zona del centro de la ciudad se revitalice, incluso durante las horas de la noche de igual forma como pasa en las grandes ciudades del mundo.

Serán dos torres una de 44 pisos con 200 metros de altura y una de 59 plantas que alcanzará los 270 metros de altura en principio, la primera de ellas con una inversión de 250 millones de dólares con entrega en 2018.

Allí se tendrá la oportunidad de alquilar espacios hasta de 1.800 metros cuadrados por piso, administrados y operados por un solo arrendador; el vidrio que se utilizará equivale a quince veces el estadio El Campín de Bogotá, así como 21 mil toneladas de acero.

Su diseñador es Richard Rogers, creador de importantes proyectos mundiales como el Centro Pompidou en París, la T4 del Aeropuerto de Barajas, entre otros.

BD Bacatá


Actualmente el proyecto ubicado en la carrera 5 con calle 19 avanza en la construcción de los acabados en la torre sur y norte respectivamente, habiendo alcanzado ya su altura máxima, el edificio del costado sur contará con 240 metros de altura en sus 67 plantas, el cual se convertirá y pasará a la historia como el primer rascacielos construido en Colombia.

El lugar está pensado para ofrecer los servicios de vivienda, oficinas, hotel, centro comercial de convivencia y parqueadero tanto privado como público.

Museo Parque Central


Aunque el edificio Colpatria mide 198 metros de altura, Museo Parque Central se convertirá en el edificio de apartamentos más alto del país con 180 metros de altura y 43 pisos.

Museo Parque Central estará ubicado en el Centro Internacional de Bogotá, entre la carrera 13 A con diagonal 28, obedece a una realidad mundial de urbanismo, en la que los centros de las grandes ciudades son tomados como una zona de vivienda privilegiada para ejecutivos, estudiantes, parejas jóvenes y familias. (Lugares para vivir con mucho estilo)

Santos le quita poder a sus ministros, salvo a Cárdenas

Ayer, en medio del ruido por la decisión de Uber, el presidente Juan Manuel Santos tomó una decisión que pasó desapercibida. Es una decisión que apunta a modernizar el Estado, pero que tiene descorazonados a muchos altos funcionarios, con la notable excepción del ministro de Hacienda,Mauricio Cárdenas, que con esto se vuelve un presidenciable aún más poderoso de lo que ya es.

Santos anunció ayer que el gobierno había decidido sacar a los ministros de las juntas directivas de las empresas públicas como parte de la estrategia de Colombia para ingresar al club de países desarrollados Ocde.

Aunque hay varios detalles que todavía no se conocen del documento Conpes que contiene la decisión, sus efectos políticos en el corto plazo y técnicos en el mediano ya son evidentes para las cuatro fuentes consultadas por La Silla.

A poner orden en las empresas

El efecto técnico de la decisión viene del proceso de ingreso a la Ocde, que recomienda mejorar el gobierno corporativo de las empresas públicas para que cuando el Estado sea accionista de compañías, lo haga de tal manera que no esté en posición de ventaja frente a los privados.

Entre las recomendaciones de la Ocde sobre ese tema, como contó La Silla hace más de un año, estaba sacar a los ministros y otros altos funcionarios de las juntas directivas de las empresas públicas.

La recomendación se sustenta en varios argumentos.


Juan Manuel Santos, el Presidente, ha adelantado el proceso de ingreso a la Ocde de la mano de su consejera María Lorena Gutiérrez

Uno es que es difícil decirle que no a un ministro en una junta directiva (lo que en la Ocde llaman el efecto yes, minister); otro, que muchas veces los ministros son quienes regulan el sector de la empresa, lo que los lleva a ser juez y parte; y uno más es que los ministros suelen tener agendas políticas, que pueden llevarlos a tomar posiciones que beneficien más esos intereses que los de la empresa.

Pero la decisión de sacar a los ministros de las juntas no necesariamente resuelve todos esos problemas, pues permite que sigan en ellas otros funcionarios de alto nivel y que pueden tener las mismas características de los ministros: podrían quedar en las juntas los directores de departamentos administrativos (como Simón Gaviria, director de Planeación Nacional, quien tiene poder y origen político) o los viceministros.

Por ejemplo, al mirar los cambios entre quienes mandan en las 50 empresas más grandes del país, solo saldrán tres ministros: el de Hacienda de la de Colombia Telecomunicaciones, el de Salud de la Nueva EPS y el de Minas de ISA.

En cambio, en las juntas directivas de esas mismas grandes empresas estarían: los ministros de Hacienda, Minas y el director de Planeación Nacional en la junta de Ecopetrol (que sería una excepción a la regla, según cuatro personas que conocen el Conpes); dos viceministros (el de Minas y el general de Hacienda) en la de Isagen; el vice general de Hacienda en la de ISA; el vice técnico de Hacienda en Positiva Compañía de Seguros; y el director general de aseguramiento del Ministerio de Salud en la de de Caprecom (que igual se va a liquidar).

En empresas más pequeñas, ya ocurre que los ministros delegan a sus vices: por ejemplo, en Comercio la ministra Cecilia Álvarez - Correa solo asiste a la junta de Bancóldex, porque tiene delegada en sus vices la presencia en las del Fondo de Garantías y Artesanías de Colombia.

Y eso por no contar otros altos funcionarios de la Nación que están sentados en empresas más pequeñas o regionales como las electrificadoras públicas, algunas plazas de abasto o terminales de transporte, o funcionarios municipales y distritales en empresas tan grandes como EPM, ETB, EEB y EAB.

“La línea se traza en los ministros porque se entiende que ellos tienen un origen político, que los viceministros en general no tienen” explicó Cárdenas a La Silla.

Aunque esto que dice el Ministro es cierto en muchos casos, la decisión ya ha generado desazón entre los altos funcionarios.

“Estoy de luto (emoticones tristes)”, nos escribe un ministro al que consultamos sobre esta medida.

La razón es que a los funcionarios les pagan por asistir a las reuniones de las juntas, que son mensuales, y con esa plata muchos redondean sus ingresos, que suelen ser más bajos de lo que ganarían en el sector privado. Aunque el monto es variable, la junta de una electrificadora regional puede pagar un millón y medio por reunión. Otras dos juntas que investigamos pagan más o menos lo mismo.

Eso quiere decir que para un ministro (incluido Cárdenas), al que le entran después de impuestos entre nueve y diez millones de pesos, su participación en dos juntas -que es más o menos el promedio- le sube los ingresos en una cuarta parte. 

Con esta medida, los vices terminarían ganando casi tanto o más que sus jefes. Pero posiblemente no por mucho tiempo: la recomendación de la Ocde es aún más amplia y busca que las juntas directivas se vuelvan más profesionales - por ejemplo, usando head hunters para elegir a los delegados de la Presidencia o de los ministros.

Según Cárdenas, hacia allá va la decisión.

La de hoy es apenas el primer paso de un camino mucho más largo que sí puede sacudir muchas más empresas y quitarle poder a decenas de funcionarios públicos. Pero mientras tanto, el Ministro quedará mucho más empoderado.

La holding del Estado recarga a Cárdenas

Mauricio Cárdenas, que poco a poco ha ido pavimentando su camino hacia la Presidencia del 2018, es el gran ganador con esta decisión Conpes, que lideró su ministerio.

Esto porque la otra gran decisión del documento Conpes es centralizar en una oficina la administración de todas las empresas del Estado para hacerla más profesional. Esta oficina estará en el Ministerio de Hacienda más o menos hasta las elecciones de 2018, cuando se convertirá -según palabras del Presidente- en “una agencia autónoma e independiente a cargo de todas las empresas donde los demás ministerios participen como accionistas, para que sean administradas con la mayor transparencia y efectividad.”

La Silla supo que el compromiso ante la Ocde es tener esa agencia creada en 2019, pero que Santos espera dejarla lista en 2018, al entregar su mandato y como uno de sus legados.

Eso quiere decir que la transición entre 2016 y 2017 estará en cabeza de un subalterno de Cárdenas.

Un nuevo poderoso

La Silla confirmó que el encargado de esa nueva dirección será Camilo Barco Muñoz, quien hoy es la cabeza de banca de inversión del banco BBVA.

Barco es un abogado rosarista especializado en derecho financiero, que hasta 2013 fue Vicepresidente Financiero de ISA y a inicios de su carrera pasó por Minhacienda.

Según Cárdenas, la idea es crear esa dirección muy pronto y que Barco ya esté en el Ministerio en unos 15 días, con funcionarios que vengan de otras direcciones del Ministerio. Mejor dicho, esto va a empezar ya.

Barco estará encargado, inicialmente, de consolidar el manejo de las 32 empresas en las que el Ministerio tiene acciones o bajo su supervisión, incluyendo algunas tan grandes como ISA o Gecelca. Seguramente Barco será el delegado de la Nación en las juntas más importantes, en lugar del Ministro.

Ese cambio se hará en las asambleas de las empresas del primer trimestre del próximo año, cuando la Nación no presentará como candidatos a las juntas a sus ministros sino a otros funcionarios, incluyendo a Barco. Y para las empresas en la que una ley dice que los ministros son miembros de las juntas, el Gobierno va a presentar un proyecto para reformarla.

De entrada, Barco entrará a supervisar el 90 por ciento de los activos que tiene la Nación en empresas. También va a tener bajo su batuta la presencia de la Nación en los sistemas masivo de transporte de las ciudades, incluyendo el futuro metro de Bogotá.

Barco también será quien reciba reportes de esas empresas, que ahora tendrán que hacer informes mucho más completos a su accionista principal, y seguramente será el delegado de la Nación en las juntas más importantes.

La idea es que las demás entren a luego a la Agencia que se creará a fines de 2017 o inicios de 2018. Esa nueva entidad tendrá por su supervisión 111 empresas, que van desde algunas pequeñas como el Club Militar, la Bolsa Mercantil o Artesanías de Colombia, pasa por otras muy regionales como las electrificadoras que no se han privatizado en muchos departamentos, y llega hasta algunas enormes en sus sectores (y que hoy no supervisa Hacienda) como el Banco Agrario, Findeter o Bancoldex.

Más adelante, también será la encargada de aterrizar la política, buscando por ejemplo, que haya procesos de selección más transparentes (con convocatorias públicas) para elegir los delegados de la Nación en las juntas, o que en ellas haya una mezcla de expertos de diferentes áreas que ayuden a las compañías, como ocurre en las de las grandes empresas.

Es decir, Barco (o quien lo reemplace en el futuro) va a ser un funcionario superpoderoso, que empezará a recoger en sus manos un poder que hoy está disgregado en todos los ministerios, tendrá información de todos los sectores y le irá quitando cuotas de poder a otros ministros.

Y todo eso lo hará como subalterno del Ministro de Hacienda, que aspira a suceder a Santos, como conservador y en coqueteos con La U.

En plata blanca, si se mantiene el cronograma actual, Cárdenas irá reuniendo bajo su supervisión un centenar de empresas más, con presencia en todo el país y una capacidad enorme de ejecutar presupuesto. Y eso, mientras el vicepresidente Germán Vargas Lleras, su rival más fijo para 2018, tieneuna chequera sobregirada.

miércoles, 18 de noviembre de 2015

La bolsa de valores vuelve al nivel de hace casi 6 años y medio

Quién hubiera imaginado que a mitad de la década se hubiera estado de nuevo en el nivel accionario de 2009 y que la bolsa de Brasil tuviese mejor desempeño que la colombiana. Además que eso se dé en un contexto en que Colombia es de los países que más crece en América Latina.



El verano fue el momento crítico del año porque identificó una mayor desaceleración de la economía china con alta influencia en las economías asiáticas y ambos aspectos pesaron en un peor desempeño de la economía mundial hasta hacer que 2015 sea el año más bajo de crecimiento desde 2009.

Sin embargo, el año que para Colombia pintaba incierto y con aires negativos resultó ir mejor en cuanto a crecimiento, especialmente por un buen desempeño del consumo. No obstante, Colombia es un país emergente que resalta por ser especialmente vulnerable a la desaceleración China y el verano vino acompañado de un fuerte efecto sobre la tasa de cambio. Aun así el país evidenció que junto con la baja demanda externa, la competitividad es un asunto de fondo que ya no se puede ocultar culpando de todos los problemas al precio del dólar.

Infortunadamente para Colombia por esa evidencia hoy no recibe los beneficios cambiarios que podrían expresarse vía mayores exportaciones como tampoco de un fuerte y evidente proceso de sustitución de importaciones. Más bien la tasa de cambio ha empezado siendo un mayor lastre para el país vía una mayor inflación, junto con el fenómeno de El Niño y ahora implica importantes aumentos en las tasas de interés.

¿Hasta dónde los problemas macroeconómicos y las evidencias de competitividad del país se reflejan en la propia Bolsa de Valores de Colombia? Es un aspecto que bien podría abordarse en una tesis de maestría. Lo cierto es que esta semana y tras no levantar cabeza en octubre y la primera quincena de noviembre, la Bolsa de Valores de Colombia ha registrado su nivel más bajo desde junio de 2009. 

Aunque la bolsa ya cumple 5 años a la baja, desde octubre de 2010, ahora se han perdido 6 años y medio de valorizaciones.


Fuente: Bloomberg, construcción Dinero.

No deja de ser paradójico que Colombia y Perú sean los países que mejor crecen entre las grandes economías de América Latina en 2015 y a su vez sean los países en que las bolsas de valores más retroceden entre los mercados accionarios de América Latina. 

Diversos aspectos económicos y la relación de precio-beneficio, al igual que otros indicadores, podrían explicar que las valoraciones sean menos atractivas para los inversionistas.


Fuente: Bloomberg, construcción Dinero.

Cuesta también aceptar que Brasil, con una economía en recesión en 2015 y 2016, donde las tasas de interés ya están en 14,25%, el déficit fiscal supera el 9% del PIB, la deuda se espera llegue en los próximos meses al 70% del PIB, la inflación ya supera el 10% y el desempleo ha aumentado más de 2 puntos porcentuales, tenga una la bolsa de valores con mejor desempeño que la bolsa colombiana. Mientras ambas estuvieron en línea en la segunda mitad de 2014, van ahora por caminos que supondrían un mayor deterioro económico en Colombia. En especial porque tras la caída del verano la bolsa en Brasil se ha estabilizado mientras la colombiana llega a mínimos del año.


Fuente: Bloomberg, construcción Dinero.

Desde 2011 los volúmenes de negociación de la bolsa de valores se afectaron y desde entonces indican un cambio de escenario. En especial cuando desde 2013 el mercado ya no es ni sombra de la actividad accionaria que venía en auge.


Fuente: Bloomberg, construcción Dinero.

Aunque la caída en los volúmenes de negociación no es exclusiva a Colombia ni a los mercados de acciones, otro aspecto debería investigarse más a fondo como son los efectos para el desarrollo del mercado de capitales que la concentración de activos administrados y gestionados puede tener y si ello afecta el apetito inversionista o la formación de precios. 

En medio de una fuerte caída de los precios del petróleo y en una industria intensiva en capital sería razonable pensar que las acciones más castigadas serían de dicha industria. En efecto la acción que más cae en 2015 es Pacific Rubiales con 69% pero hubiera sido casi impensable pensar que en una economía que crece casi 3% con un especial favorable desempeño del consumo, la segunda acción más castigada fuera Almacenes Éxito con 56% frente a 32% de Ecopetrol. Tal vez por intensiva en capital y manejar niveles de endeudamiento externo importantes la tercera acción que más cae es Avianca Holdings con 55%.


Fuente: Bloomberg, construcción Dinero.

Mientras el sector financiero es muy relevante en la bolsa de valores y es uno de los aspectos más sólidos de la economía, no deja de llamar la atención que desde hace poco más de un mes la bolsa ha perdido casi 13% y las principales acciones de al menos dos de los bancos más grandes del país están apuntando a sus niveles más bajos del año con caídas de casi 20% desde el 9 de octubre.


Fuente: Bloomberg, construcción Dinero.

martes, 17 de noviembre de 2015

Comienza nueva ola de obras 100 % financiadas por el Estado

El 15 de diciembre empezarán a ejecutarse 57 proyectos de vías en más de 300 municipios del país.


Colombia entrará a una nueva etapa en materia de obras públicas, financiadas directamente por el Estado, para mejorar carreteras estratégicas regionales que son vitales para sus habitantes, la competitividad, el desarrollo local y el crecimiento económico nacional.

Será a partir de este 15 de diciembre, cuando contratistas, con sus operarios, ingenieros, topógrafos, volquetas, retroexcavadoras, plantas trituradoras y demás equipos, iniciarán, progresivamente, en 26 departamentos del territorio, la ejecución de 57 proyectos viales que apuntan hacia estos fines. En algunos casos será el inicio de la compra de predios, para arrancar luego con los trabajos.

En esta fase no se trata de hacer grandes autopistas de cuarta generación (4G) como las que adelantará el Gobierno Nacional en las diversas regiones a través de megaconcesiones o alianzas público-privadas (APP).

La nueva etapa de obras corresponde al ambicioso plan Vías para la Equidad, en el que se harán un total de 858,7 kilómetros de corredores en la red nacional (58 por ciento) y en la red secundaria (42 por ciento).

Trabajos por cuatro años

El Gobierno Nacional invertirá alrededor de 4 billones de pesos: 3,94 billones destinados a financiar las 57 obras y los 0,6 billones restantes costearán los estudios para hacerlas.

Estos trabajos se cumplirán entre el 2015 y el 2019, y corren directamente por cuenta del Instituto Nacional de Vías (Invías). Se beneficiarán más de 300 municipios del país.

Las intervenciones se harán desde la punta norte de Colombia, en La Guajira y en las islas de San Andrés y Providencia, hasta el extremo sur, en Nariño, sin dejar el oriente, con poblaciones en departamentos como Arauca, y del occidente, como Chocó.

Algunas de las obras complementarán las grandes autopistas 4G en construcción y permitirán llegar a los municipios vecinos y fronterizos por corredores pavimentados y rehabilitados. Otras ayudarán a descongestionar áreas urbanas.

Una de estas obras se ejecutará en Nariño, en la autopista de 4G Pasto-Rumichaca. Para complementar este proyecto, se construirá un nuevo carril, con el fin de dejar de doble calzada el empalme entre el puente internacional de Rumichaca y la variante del sur o perimetral de Ipiales.

De esta forma, los vehículos y viajeros que circulen por la nueva megaautopista no se encontrarán con una mala vía para entrar a Ipiales. Además, la doble calzada ayudará a acabar con los trancones que se forman en la vía Panamericana hacia Rumichaca, y descongestionará el casco urbano de la capital nariñense al evitar el tránsito de carros pesados por allí.

También en esta segunda fase de obras se terminarán corredores inconclusos, tramos destruidos o derrumbados por los aguaceros, trochas que por décadas han padecido conductores, comerciantes y campesinos que difícilmente pueden llegar a las autopistas con la carga que llevan para otras ciudades.

Malos caminos son los que transitan habitantes, por ejemplo, entre El Crucero y El Pajarito, Boyacá, donde los carros y caminantes quedan atrapados entre el lodazal, en invierno.

En este paquete de proyectos se hallan también los que contribuirán “al turismo de paz y reconciliación”, como manifestó la alcaldesa de San Carlos (Antioquia), María Patricia Giraldo, refiriéndose a la pavimentación que se hará en la vía que hay entre San Carlos y Granada. Este último lugar sufrió la violencia del conflicto armado en la década de los 90, agudizado en el 2000.

En palabras del vicepresidente de la República, Germán Vargas, todas las obras que se van a ejecutar “son estratégicas, las de mayor impacto regional, las más sentidas en cada departamento y municipio, y que las comunidades venían reclamando”.

Son peticiones que, como le pasó a Arnoldo Chamorro, nacido hace 87 años en Sandoná (Nariño), vienen haciendo hace 30 años para que les arreglen la carretera que rodea al volcán Galeras y que conecta a las poblaciones de Yacuanquer, Consacá, Sandoná, Nariño y Pasto. Con una vía pavimentada, tendrán mejor movilidad en caso de una emergencia- “Hasta ahora, el Gobierno tenía los oídos sordos, como yo estoy”, expresó Chamorro mostrando los aparatos que utiliza para mejorar su audición.

Estado de la red

Invías tiene a su cargo 11.457 kilómetros de las vías nacionales, de las cuales un 76 por ciento (8.705 km) presenta un pavimento en buen estado, y el 23 por ciento restante (2.618 km) se halla regular o mal, según diagnóstico de la institución.

La priorización de cuáles serían los 57 proyectos viales por intervenir se dio a través de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), con aval del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para la financiación de los 4 billones, que se pagarán con vigencias futuras hasta el 2019.

Para ejecutar los trabajos se fijó un cronograma que se ha cumplido al pie de la letra. La publicación de pliegos se inició el pasado 7 de julio, y el 16 de septiembre empezaron las audiencias públicas para adjudicar las licitaciones.

El monto de cada contrato depende del tamaño de la obra y oscila entre los 10.000 millones de pesos y los 650.000 millones. Este último valor será lo que costará hacer el tercer carril entre Mosquera y Anapoima.

El director de Invías, Carlos García Montes, informó que la entidad recibió alrededor de 1.900 propuestas para hacer los trabajos viales.

La lluvia de oferentes se registró en proyectos como la construcción de la vía entre el Puente de Boyacá y el municipio de Samacá (Boyacá) donde hubo 94. Otra vía apetecida fue la de Facatativá-El Rosal, a la que se presentaron 93 proponentes. “Es la demostración de que se están haciendo licitaciones y adjudicaciones con transparencia”, manifestó García.

La maratón para las adjudicaciones de licitaciones aún no ha terminado. Concluye el 23 de noviembre, con la contratación para la vía de San Miguel a La Vega, en el Cauca.

Mientras tanto, los trabajos adjudicados en septiembre serán los que comenzarán a cumplirse desde el 15 de diciembre.

De hecho, algunos comenzarán unos días antes, como la firma Latinoamericana de Construcciones S. A. ( Latinco), que ganó la licitación para pavimentar el corredor entre Granada y San Carlos, en el oriente antioqueño.

La empresa informó que en la primera semana de diciembre comenzará con la topografía, el ajuste de diseños de la obra y la rocería (retiro de maleza sobre cunetas y otros espacios) para luego, en enero, empezar los “procesos constructivos” en la carretera y la ampliación de la banca.

Con ellos y demás firmas contratistas arrancan los trabajos viales que durante cuatro años tendrán a una tercera parte de los municipios del país con obras financiadas ciento por ciento por el Estado.

Aquí están 6 de las carreteras para mejor salida en las regiones

Corredor en el Putumayo

24 km – $ 128.000 millones

Invías hará la pavimentación y arreglo del corredor del sur, en el tramo que se extiende entre Puerto Asís, Santana, Yarumo, Orito, La Hormiga y San Miguel. Parte de esta zona ha sido afectada por el conflicto armado. Las obras se harán a través del consorcio colombiano Vías para la Equidad 060. Este proyecto es fundamental para interconectar a Putumayo, Caquetá y Huila con el centro del país. Esto contribuirá a dinamizar el comercio binacional y el turismo entre Colombia y Ecuador. También servirá para reducir tiempos que son vitales en transporte.

Vía para viaje a Antioquia

16 km - $ 31.196 millones

El proyecto incluye mejora, pavimentación, gestión predial ambiental y social en el corredor entre Granada y San Carlos. Reconstruir este corredor beneficia, sobre todo, a los usuarios que viajan por carretera de Medellín a Bogotá entre esos municipios, por donde pasa gran parte de la carga y pasajeros con destino a la capital colombiana. La obra permitirá que los tiempos de recorrido se reduzcan hasta en unos 35 minutos. Este trayecto fue contratado a la firma Latinoamericana de Construcciones S.A., que deberá ejecutarlo en un plazo de 22 meses.

La Circunvalar en Nariño

17 km - $ 60.784 millones

La Circunvalar Galeras conecta a cinco municipios del área de influencia del volcán Galeras: Cebadal, Yacuanquer, Consacá, Sandoná y Pasto. Se van a pavimentar 11 km de la vía y a rehabilitar otros 6, lo cual mejora la movilidad en esta vía en caso de emergencia por erupción del volcán, según lo venía pidiendo la comunidad. Este trabajo lo hará el consorcio colombo- costarricense Galeras 2015, junto con la atención a un sitio crítico, de 600 metros, en el sector de La Cernidera. El arreglo de la vía impulsará el turismo hacia la región y el transporte de productos.

A pavimentar, en La Guajira

33 km - $ 69.000 millones

La vía que se trabajará entre Mayapo y Manaure y que reclamaban los lugareños mejorará la calidad de vida de la población, en su mayoría indígenas wayú. Las obras serán ejecutadas por la firma Valores y Contratos S.A. y favorecerán sobre todo a los productores y los transportadores de la sal de Manaure, por cuanto les acortará los tiempos de viaje en unos 45 minutos, y, como efecto, les reducirá costos de combustible. También facilitará el tránsito de las zonas rurales a los municipios y la conectividad urbana con la zona costera para el turismo.

Más proyectos para Quibdó

23 km - $ 89.000 millones

La terminación del corredor Quibdó-La Virginia es una de las cuatro obras que el Gobierno Nacional ejecutará en el Chocó. Los 23 km de la citada vía mejorarán el acceso a hospitales, colegios y el comercio de Quibdó, así como la conexión con Risaralda. En este departamento también se ejecutarán trabajos en la carretera Quibdó-Medellín, en el sector denominado El Dieciocho, y entre Bahía Solano y el Valle. Además se contrataron obras para el mantenimiento del río Jiguamiandó. Todas las contrataciones suman cerca de $ 200.000 millones.

El puente Boyacá y Samacá

3 km - $ 15.000 millones

La vía de Samacá al puente Boyacá es estratégica para fomentar el turismo en el departamento y favorecerá a otros municipios como Sáchica, Villa de Leyva y Sutamarchán. Este corredor reconstruido podrá servir como ruta alterna para llegar al turístico lugar de Villa de Leyva. También el transporte del carbón procedente de Samacá se hará con menos contratiempos. Las obras de pavimentación y reconstrucción de la vía las realizará ICM Ingenieros, que hará también gestión social y ambiental a lo largo de los 10 kilómetros que serán rehabilitados.

EL TIEMPO

jueves, 12 de noviembre de 2015

¿En qué consiste la multimillonaria ayuda económica que le da EE.UU. a Israel?



Es de todos conocido que la relación de Barack Obama con Benjamin Netanyahu no es precisamente de mejores amigos.

Pero la de sus países, Israel y Estados Unidos, bien se podría decir que sí. Más bien de familia: uno le da dinero al otro, una multimillonaria asistencia económica, la mayoría militar, desde hace casi seis décadas.

No hay ningún país en el mundo que reciba más dinero de Estados Unidos para su seguridad que Israel.

El último acuerdo entre Washington y Tel Aviv de ayuda para la defensa de Israel fue firmado por los gobiernos de George W. Bush y Ehud Olmert en 2007.


Eran US$30.000 millones por 10 años, de 2009 a 2018, sin contar los casi US$700 millones que EE.UU. ha invertido en el "Domo de hierro", el programa antimisiles israelí.

Y Netanyahu llegó esta semana a Washington para aumentarla. Quiere ampliar la ayuda por otra década y que pase a una suma todavía no clara entre US$4.000 y US$5.000 millones anuales

"Paquete de compensación militar"

"Israel quiere esto como un 'paquete de compensación militar' por el acuerdo de Irán y así poder mantener su ventaja militar sobre los otros países de Medio Oriente", explica John Sopel, editor de la BBC para Estados Unidos.

Es decir, Israel quiere más dinero y más tiempo justo por el mismo motivo que ha tensado las relaciones entre los dos aliados durante los últimos meses: el acuerdo nuclear con Irán.

Israel se opone firmemente al acuerdo que alcanzaron en julio seis grandes potencias –EE.UU., Francia, Reino Unido, Rusia, Alemania y China– con Teherán.


Incluso Obama dijo junto a Netanyahu en la Casa Blanca que no es "ningún secreto" que ambos han tenido "fuertes desacuerdos" en el asunto del programa nuclear iraní.

Pero eso no le impidió insistir en una idea que parece inamovible en Washington: "Consideramos que la asistencia militar que proporcionamos no es sólo una importante parte de nuestra obligación con el Estado de Israel, sino que también es una parte importante de la infraestructura de seguridad de Estados Unidos en la región".

En marzo de 2013, el presidente Obama visitó Israel y corroboró la importancia de la cooperación entre las dos naciones, diciendo que aunque la aprobación de los paquetes de ayuda depende del Congreso, se mantendrá durante "varios años".

En agosto de 2014, Obama aprobó una ayuda de otros US$225 millones para que Israel continuara fortaleciendo su "Domo de hierro".

La estructura juega un papel fundamental en la defensa del país, especialmente para detectar cohetes lanzados por el grupo islamista Hamas.

No todo es ayuda militar

La asistencia militar estadounidense a Israel asciende a US$124.300 millones desde que se inició en 1962, según un reciente informe del Congreso.

El reporte fue publicado en 2015 y lo elaboró el experto en Medio Oriente Jeremy M. Sharp para el Centro de Investigación del Congreso de EE.UU. (CRS, por sus siglas en inglés).

Por el apoyo estadounidense, el ejército israelí es uno de los más sofisticados del mundo, especialmente en términos tecnológicos. Además, el país ha desarrollado una industria de defensa que está entre las diez primeras del mundo.

Sin embargo, Israel también recibe ayuda para otros sectores distintos al militar.

Entre 2000 y 2012, la ayuda para Migración y asistencia para refugiados sumó US$519 millones. Y sólo en 2015 esa ayuda fue de US$10 millones.


Esta asistencia ocurre desde 1973 y se hace a través de una organización filantrópica de EE.UU. y la Agencia Judía para Israel en EE.UU.

EE.UU. también apoya a Israel como garante de una línea de emisión de deuda pública en la que pone a disposición del país miles de millones.

En ese sentido, Washington ha destinado un promedio anual de US$3.671 millones desde 2009, cuando se hizo vigente el paquete negociado por Bush.

Salud y educación

Desde 1957, EE.UU. también financia hospitales y escuelas en Israel, a través de su Programa para Escuelas Estadounidenses y Hospitales en el Exterior, ASHA.

El programa tiene como objetivo fortalecer escuelas, librerías y centros médicos que "mejor demuestran los ideales de EE.UU. en el extranjero".

Entre 2010 y 2014, le dio a Israel casi US$42 millones, de acuerdo a la información del CRS.

Israel no sería la potencia tecnológica mundial si no fuera por el apoyo de EE.UU.

Desde la década de 1970, los dos países lanzaron diversos programas para el desarrollo del sector tecnológico, hoy uno de los motores más activos de la economía.

Las áreas de interés de esta cooperación son seguridad nacional, desarrollo electrónico, software, ciencias y energías renovables y alternativas.

Al menos se han destinado US$319 millones en becas y financiación para proyectos o individuos desde 1977.

En 2005, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Cooperación de EE.UU. e Israel para financiar diversos proyectos de nuevas energías.

De acuerdo al estudio de Sharp, entre 2010 y 2015 se han destinado más de US$11 millones para el proyecto.

Otros privilegios de Israel

Israel es el mayor receptor de ayudas internacionales de EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial.

La ayuda de EE.UU. a Israel "no está disponible para otros países", dice Sharp.

Por ejemplo, Washington le envía a Israel el total de su dinero en el primer mes del año fiscal a una cuenta en el Banco de la Reserva Federal que genera intereses, mientras otros países lo reciben en cuotas. Israel utiliza los intereses para reducir su deuda bilateral.

Por otro lado, es el único país que puede utilizar el dinero estadounidense para comprarles productos o servicios a compañías de defensa de su propio país.

La lógica para tal concesión es que le permite a Israel fortalecer su industria local y garantizar su ventaja competitiva.

En 2014, de los US$3.000 millones de la financiación anual, sólo US$15 millones fueron destinados a salud, educación y asuntos migratorios.

Ante este panorama, si bien la relación entre los dos mandatarios, salpicada de altibajos desde la llegada de Obama a la presidencia, no vive su mejor momento, la sintonía a nivel de estado parece ser inquebrantable.

martes, 10 de noviembre de 2015

Nuevo puerto de Buenaventura movería 400.000 contenedores



La construcción del proyecto portuario de Aguadulce se encuentra en su primera fase. Hasta el momento se han dejado listos los 21 kilómetros de carretera que conectan a esta terminal con Buenaventura.

De acuerdo con Miguel Abisambra, gerente de la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce, la construcción del nuevo puerto cuesta alrededor de 450 millones de dólares, lo que permitirá el desarrollo de unos 600 metros de largo (que se espera alargar hasta 900 metros) en un muelle que se convertirá en la quinta terminal de Buenaventura.

Adicional a lo anterior, se tiene contemplada la construcción de otro muelle de 250 metros de largo para el manejo de graneles y carbón.

El terminal generará más de 500 empleos y se beneficiará, incluso, por la expansión de las esclusas del Canal de Panamá, además de la Alianza del Pacífico.

Una de las principales oportunidades, según el Gobierno Nacional, tiene que ver con la capacidad para hacer negocios con Asia, a través de los nuevos terminales portuarios del país.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Javier Díaz Molina, aclara que aunque Colombia ha crecido en puertos y actualmente es mucho más competitivo que hace unos años, aún se debe enfrentar a grandes desafíos asociados con la tecnología y la conectividad entre los puertos y el resto del territorio nacional.

"De nada nos sirve que lleguen los productos al puerto si no logramos moverlos en el menor tiempo posible a las zonas de consumo, o lo contrario, producir para sacarlos, si los costos de transporte siguen siendo altos", enfatiza el ejecutivo.

Según Díaz, la salida por el Pacífico es clave en la medida que permite acercar a los países de Asia con el continente. “Chile y Perú son ejemplo de diversificación de balanza comercial pero además de capacidad de hacer negocios con China, y eso se ha logrado gracias a los puertos que tienen”, recalca.

Por ello se está apostando, desde diferentes frentes, a la mayor inversión en la zona del Pacífico.

Ese es el caso de la terminal de contenedores Tcbuen que actualmente tiene capacidad para transportar alrededor de 20 millones de toneladas, y espera seguir creciendo mediante una inversión contemplada de 150 millones de dólares.

Gabriel Corrales, gerente de la Terminal de Contenedores de Buenaventura, sostiene que la capacidad actual de los puertos es suficiente para atender la demanda creciente que genera la Alianza del Pacífico.

“Eso no significa que no haya que hacer inversiones, que se deba seguir creciendo o que no estemos interesados en mantener las expansiones. Por el contrario, los retos cada vez son mayores”, afirma.

Y es que cerca del 35 por ciento de las importaciones que entran al país lo hacen a través de los puertos del Pacífico. En palabras de la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana Espinosa, la ciudad de Buenaventura reclama mayor inversión en infraestructura, que parte de la modernización y la creación de nuevos puertos que permitan incrementar la capacidad de carga.

“La Alianza del Pacífico es el mejor termómetro para el país, en cuanto a nuestra respuesta ante los desafíos que representa la mayor apertura a mercados extranjeros”, sostiene Espinosa.

En ese sentido, la ejecutiva recuerda que el mejor camino para afrontar los retos venideros y crecer en infraestructura es el del sector privado. “Con las cifras de inversión que requiere el sector portuario no existe un mejor aliado que la empresa privada”, aclara la presidenta del gremio de los ingenieros.

HACIA LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional creada en el 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, con el fin de construir un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 

Entre sus propósitos también está el impulso al mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes, con miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes. Según el Gobierno Nacional, con la Alianza, la región se convertirá en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico.

Cifras de Analdex explican que la población de los países de la Alianza del Pacífico asciende a 210 millones, que equivalen al 35 por ciento de la población de América Latina y el Caribe (603 millones de habitantes). 

Esto ubica al área delimitada por la Alianza como la quinta subregión más poblada del mundo por encima de Brasil (194 millones). Por año, el PIB de los países de la Alianza representa el 35 por ciento del total de América Latina y el Caribe, lo que significa la octava economía del mundo. 

“El PIB por habitante en la región fue cercano a los 13.000 dólares para el mismo año y la tasa de crecimiento del PIB de esos países fue del 5 por ciento en el último año, lo cual es superior en 1,9 puntos respecto del crecimiento promedio de América Latina y el Caribe, y superior en 2,8 puntos frente al crecimiento promedio mundial (2,2 por ciento)”, sostiene el documento del gremio de los exportadores.

Y los datos en materia de inversión también representan una oportunidad para los países de esta comunidad. Mientras Brasil invierte cerca del 21 por ciento del PIB, en el conjunto de países la inversión representa cerca del 25 por ciento del PIB. 

De hecho, la tasa de desempleo en el grupo es de 7,6 por ciento y la inflación promedio de 3,2 por ciento, inferior al promedio regional de 6 por ciento.

El país cuenta con energía suficiente

A final de este año entrarán a funcionar cinco proyectos eléctricos para reforzar la oferta. Además, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, descartó un apagón e indicó que el nivel d elos embalses está en 65 %.

A pesar de que el fantasma de un racionamiento energético como el que vivió el país al comienzo de la década del noventa ha vuelto a rondar en las dependencias del Gobierno y entre los actores del sector (como los generadores), el ministro de Minas y Energía, Tomás González, afirmó que el país sí tiene energía suficiente para abastecer la demanda mientras transcurre el fenómeno de ‘El Niño’.

“Con las lluvias de los últimos días, los niveles de los embalses están por encima del 65 por ciento. Es una buena noticia, pero eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia”, explicó el jefe de la cartera energética.

Y en medio de la polémica que generó el anuncio de un incremento en las tarifas de la energía, que deberán cubrir los usuarios con cerca de $1,1 billones, González explicó que el Gobierno ha tomado medidas para asegurar que esté disponible la mayor cantidad de gas para la generación eléctrica.

Nohemi Arboleda, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM (una filial de ISA que opera el mercado mayorista de energía), detalló que la demanda del país en este momento oscila en promedio en un día entre 185 y 190 gigavatios – hora.

Para atender esos requerimientos, argumentó que el país tiene lo que está almacenado en los embalses, que equivale a 10.500 gigavatios – hora. A lo que proveen las hidroeléctricas, se suma lo que generan las plantas térmicas (son 110 gigavatios–hora).

“Lo que muestran los informes es que el requerimiento de energía proveniente de las térmicas está en 90 gigavatios – hora”, agregó Arboleda.

Asimismo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo un llamado para que en el país se ahorre energía ya que, advirtió, los meses más complicados del fenómeno de ‘El Niño’ aún no se han sentido. “Estos son noviembre, diciembre del 2015, y enero, febrero y marzo del 2016”.

Además, el mandatario pidió a los alcaldes del país que en la temporada de Navidad “cuiden la energía e implementen medidas de ahorro” sin llegar a derrochar agua y energía. “Si las entidades van a tener algún tipo de alumbrado, que sea en horas muy reducidas. Quiero invitar al comercio y al sector privado a adoptar medidas en el mismo sentido”, manifestó.

Por otra parte, el ministro González anunció que el Ministerio de Minas y Energía le pedirá a la Superintendencia de Servicios Públicos que le cuente al país cómo se han empleado los recursos del cargo por confiabilidad que han venido pagando los usuarios del sistema. “Si se ha hecho un mal uso de esos recursos, que se diga con claridad de dónde viene. No podemos estigmatizar a todo un sector”.

De acuerdo con cifras suministradas por la Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (y basadas en datos de la firma XM), entre enero y septiembre de este año los usuarios aportaron $2 billones por concepto del cargo por confiabilidad (cerca de US$668 millones).

Entretanto, desde el 2006 hasta septiembre del 2015, esa cifra llegó a cerca de $16,1 billones (US$7.838 millones).

NUEVOS PROYECTOS PARA REFORZAR LA OFERTA

Mientras el país continúa haciéndole frente a la sequía, el Gobierno recordó que se espera que a finales de este año entren a complementar el sistema cerca de 711 megavatios de generación (entre térmica e hidráulica) que provendrán de cinco centrales que están en ejecución.

Otra estrategia para reforzar el sistema, explicó González, consiste en que el Gobierno les quitará todas las restricciones a las plantas pequeñas para que estas puedan entregar toda su energía. Lo anterior también permitirá que los industriales que tengan generación propia puedan aportar.

HABRÁ INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN ALTERNA

El Gobierno anunció que se reglamentará el decreto para hacer descuentos tributarios para la inversión en fuentes no convencionales de energía (eólica, geotérmica, solar y biomasa) y en proyectos de eficiencia energética.

“Para la inversión habrá descuentos tributarios como: deducción del impuesto de renta de hasta el 50 por ciento del valor invertido; exención del IVA de todos los equipos que se compren para realizar estos proyectos; eliminación de aranceles para bienes y activos usados para estas iniciativas y la posibilidad de hacer una depreciación acelerada”, concluyó el jefe de la cartera de Minas y Energía.

UN INCENTIVO A LA EXPLORACIÓN PETROLERA COSTA AFUERA

Con el propósito de que la exploración petrolera costa afuera (‘off shore’) en Colombia no se desacelere, el Ministerio de Minas y Energía anunció que se reducirán los trámites para la creación de zonas francas costa afuera.

“Con una zona franca se podrán atender todos los bloques de una compañía. Antes, había que hacer una zona franca para cada bloque. Eso ponía trabas que iban en contravía de lo que necesitamos”, dijo el ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada.

El funcionario agregó que el futuro del suministro de gas en el país se encuentra “íntimamente ligado” con los hallazgos que en el futuro se realicen en las zonas costa afuera.


lunes, 9 de noviembre de 2015

Problemas que afectan a San Antonio y Ureña​

En esas dos poblaciones venezolanas las ventas han caído 90 %, la industria 75 %, y el 70 % de los locales comerciales ha tenido que cerrar. El desabastecimiento de productos continúa.


“Son pueblos fantasmas”, “todos los días parecen un domingo por la tarde” son las expresiones que utilizan los habitantes y dirigentes de Ureña y San Antonio para describir lo que está sucediendo en esas dos poblaciones venezolanas después de dos meses y medio de haberse cerrado la frontera con Colombia.

Domingo Teres, presidente de la Cámara de Comercio de Ureña, manifiesta que “fue como si hubieran puesto un muro de Berlín que ha afectado todas las actividades socioeconómicas de la frontera”.

El 70 % de los locales comerciales de San Antonio ha cerrado por falta de clientes y artículos para vender, “hay días que no venden ni un bolívar, y peor ahora que el Gobierno ordenó el 30 % en el aumento del salario mínimo”, explica Isabel Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de esa localidad.

El problema para el comercio de San Antonio radica en que sus principales clientes eran colombianos; para Ureña, en que en el 90 % de sus 4.000 empresas aparecen colombianos como dueños o socios y la materia prima llegaba desde este lado de la frontera, tanto que la industria de ese municipio trabaja a solo un 25 % de su potencial.

Las ventas de los comercios en estos municipios, ubicados apenas cruzando los puentes internacionales desde Cúcuta, se han reducido cerca de un 90 % y para completar el Gobierno ordenó el cierre de las casas de cambio de la zona, por lo que no hay cambio entre bolívares y pesos. “Nos quieren obligar a cambiar a una tasa de 200 bolívares por dólar cuando está a 700 bolívares”, afirma un propietario que tuvo que cerrar su negocio después de más de 30 años en la actividad.

La afectación no es solo económica, sino también social. Unos 3.000 niños y jóvenes de esas poblaciones estudian en Colombia, por lo que todos los días tienen que ir caminando hasta los puentes, cruzarlos y subir a un bus que los transporta hasta los centros educativos. “Es un caos que la población civil está padeciendo. Los estudiantes y padres ya están agotados por la situación”, complementa Teres.

Además de las miles de familias que han quedado separadas y que no han podido verse por seis semanas, muchos enfermos se han visto perjudicados, pues viajaban a Cúcuta a recibir tratamiento médico especializado o recibían cuidados en sus casas por parte de especialistas colombianos.

El cierre también afecta a los viajeros al exterior, ya que los aeropuertos de Cúcuta y Bogotá se habían convertido en los terminales alternos al de Caracas, debido a que las aerolíneas internacionales han dejado de operar en ese país.

DESABASTECIMIENTO CONTINÚA

Lo que no entienden dirigentes ni ciudadanos es que el desabastecimiento de productos de primera necesidad, la razón principal para ordenar el cierre, todavía persiste.

Aparte de que hay que comprar en un día y supermercado específicos de acuerdo al número de la cédula, no se consiguen los productos de primera necesidad. “Las filas son de cuatro y cinco cuadras para comprar dos kilos de arroz y un atún. Ya hay gente que no tiene qué comer. En San Antonio ya se han muerto tres personas de infarto en las colas por el estrés y la tensión”, revela Castillo.

Y una de las pocas formas de subsistir para los pobres consiste en comprar dos bolsas de harina y vender una en el mercado negro, asegura un habitante de Ureña.

Por esto, le solicitan al gobierno venezolano que reabra la frontera para que la situación se normalice, eso sí, atacando el contrabando y la inseguridad. “Quieren acabar una zona que a los industriales y comerciantes nos ha costado mucho construir y que le ha dado mucha riqueza a Venezuela”, finaliza Castillo.

Un comerciante de San Antonio enfatiza que el problema es cuando se acaben los ahorros y no haya nada que hacer, “mis hijos siguen comiendo, yo sigo pagando impuestos, empleados, tengo obligaciones”.

El desespero comienza a sentirse en sus voces ante un futuro incierto, y lo único que quieren es que se abra la frontera nuevamente para que todos los días dejen de parecer un domingo por la tarde.

Pedro Vargas Núñez

Especial para Portafolio

Cúcuta

De vuelta al Llano

Con el desarrollo del proyecto Concesión Vial de los Llanos, Odinsa mejorará la conexión regional de los Llanos Orientales y solucionará la congestión vehicular a las entradas de Villavicencio.


Para evitar que el tráfico pesado proveniente de los Llanos Orientales con dirección al interior del país ingrese a la capital del Meta, Odinsa construirá el anillo vial de Villavicencio.

Los trancones en Villavicencio han llegado a niveles insoportables. Entrar o salir de la capital del Meta por las carreteras que conducen hacia Puerto López y Acacías puede tardar hasta dos horas, según la hora y el flujo vehicular. A pesar de que la Alcaldía tomó medidas, la movilidad no ha mejorado ya que el número de carros que transitan por estas vías supera con creces su capacidad. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, por las carreteras que conducen a Villavicencio, en 2014 circularon en promedio 10.000 vehículos diarios entre carros particulares, carrotanques y transporte público, cifra que se incrementó a 19.000 en las temporadas de vacaciones.

Ante esta grave situación es necesario modernizar las carreteras del Meta más aún si se tiene en cuenta que, en los próximos años, el tráfico va aumentar por el desarrollo de los proyectos agroindustriales que convertirán a los Llanos Orientales en la despensa del país.

Consciente de este reto y con la experiencia de administrar durante casi 20 años, Concesión Autopista de los Llanos, Odinsa, comenzó a trabajar en 2013 en un plan para modernizar y corregir la malla vial del Meta. Según Víctor Manuel Cruz Vega, presidente de Odinsa, “este proyecto es de suma importancia para el desarrollo de la región, porque se mejora sustancialmente la conectividad de los municipios del departamento del Meta con Villavicencio y de este con el resto del país; se reducen los costos de operación de los vehículos de carga y livianos al igual que los tiempos de viaje; se comienza a dotar de una infraestructura vial hacia el oriente del país, es decir, hacia Puerto Carreño, la cual impulsará el desarrollo agroindustrial de esta zona. Por otro lado, se genera empleo en la región que compensa en algo la menor inversión en el sector de hidrocarburos por la baja del precio del petróleo”.

Luego de pasar por estudios de factibilidad, el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, adjudicó en abril pasado el proyecto, mediante la modalidad de asociación pública privada por iniciativa privada (APP-IP), a la Concesión Vial de los Llanos S.A.S, cuyo socio mayoritario es Odinsa. Esto significa que la nación no tendrá que poner ni un peso para construir la obra, pues un privado, en este caso Odinsa, correrá con todos los gastos y con la mayoría de los riesgos.

El proyecto comprende operar, intervenir y mantener el corredor GranadaVillavicencio-Puente Arimena. Se trata de un total de 354 kilómetros que incluyen construir el anillo vial de Villavicencio y 46 kilómetros de doble calzada, ampliar los accesos a la capital del Meta y pavimentar los 69 kilómetros de la carretera Puerto Gaitán-Puerto Arimena. Costará en total 1,27 billones de pesos.

Además de mejorar el tráfico de los Llanos Orientales y reducir la accidentalidad, la APP-IP Malla Vial del Meta solucionará definitivamente los trancones que se forman en las entradas de Villavicencio, pues se estima que una vez concluidas las obras dejarán de circular por la red urbana cerca de 2.000 tractocamiones al día.

El contrato durará 30 años, de los cuales uno está destinado a la reconstrucción y al cierre financiero, cinco a la construcción y 24 a la operación y mantenimiento. Por el momento, el concesionario está en conversaciones con la banca nacional para hacer el cierre financiero que se espera termine en el tercer trimestre de 2016. En cuanto a obras ya ha intervenido los corredores GrandaVillavicencio y Puerto López-Puerto Gaitán para mejorar la seguridad vial.

Con esta APP-IP, la segunda aprobada en el marco de las autopistas de Cuarta Generación desarrollados por el gobierno, Odinsa, que también tiene a su cargo las obras de la Concesión La Pintada, pone su grano de arena para la modernización vial del país.