lunes, 8 de febrero de 2016

Crece la marea por el escándalo de Reficar

De resultar culpable y tener que pagar al Estado por los sobrecostos, CB&I, la firma estadounidense que estuvo a cargo de la obra, se iría a la quiebra. Warren Buffet, el millonario norteamericano, en el medio de la controversia.


La Refinería de Cartagena tendrá capacidad de procesar 165 mil barriles diarios. / Óscar Güesguán - El Espectador

Únicamente falta que los organismos de investigación y control comiencen a determinar responsabilidades individuales, porque ya es evidente que el proyecto de ampliación de la refinería de Cartagena (Reficar) terminó en un escándalo. Hoy, mientras la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades toman cartas en el asunto, y en el plano político se hacen señalamientos, siguen apareciendo evidencias de que el asunto tiene graves ingredientes de corrupción y derroche.

“Esta vaina terminó siendo una estructura delincuencial muy compleja. Es una red de contratos que se desarrolló como un virus. Había relaciones entre dueños de consorcios. En la medida en que avanzan las averiguaciones va quedando claro cómo fue el hamaqueo entre empresas”, comentó una fuente de los organismos de control que ha tenido acceso a las primeras conclusiones del caso Reficar. Un tema de sobrecostos y anomalías de contratación con alta incidencia para las arcas del Estado.

Aunque la historia de la refinería de Cartagena data de 1957, cuando fue inaugurada por la International Petroleum Co, y está claro que a partir de 1974 pasó a ser propiedad de Ecopetrol, fue a partir de 2001 cuando nació la idea de ampliar su capacidad productiva. No obstante, esta idea empezó a tomar forma a partir de 2006, cuando entró la firma de origen suizo Glencore como socia del proyecto, a pesar de que no contaba con experiencia en la materia, al punto que pronto se retiró del negocio.

En efecto, en 2009, tres años después de haberse ganado la joya de la corona, la minera Glencore constató que económicamente no tenía cómo mantenerse en la sociedad y Ecopetrol tuvo que recomprar su participación en medio del forcejeo, porque pretendía un reconocimiento mayor a su inversión original. Entonces apareció en el escenario la firma norteamericana Chicago Bridge & Iron Company (CB&I), especializada en la construcción de obras de infraestructura energética, y empezaron los desajustes.

En medio de la nueva configuración de la refinería, empezaron a incrementarse en diversos escenarios los valores de la obra. Se disparó la subcontratación, crecieron los reclamos laborales, poco a poco se fue incumpliendo el cronograma original, y la consecuencia fue lógica: la inyección de recursos por parte de Ecopetrol creció sensiblemente. Desde entonces, a través de permanentes modificaciones, se fueron sumando múltiples otrosíes, y quedó en evidencia la errónea planeación contractual.

Esta semana se conoció la petición del contralor Edgardo Maya a la Fiscalía para que le ayude a determinar las líneas de responsabilidad en el escándalo, pues las evidencias probatorias estarían contenidas en comunicaciones electrónicas. Otra fuente consultada observó que esa alianza es clave, porque buena parte de la información sigue oculta. La idea es detectar archivos digitales claves en medio de innumerables contratos, muchos de ellos asociados con reconocidas empresas.

“Hemos encontrado que hay activos que se hicieron dos o tres veces, es decir, que muchos trabajos había que repetirlos por problemas de calidad y que todo se reprocesaba. Por ahora, se habla de que el proyecto tuvo sobrecostos que superan los US$4 mil millones, pero esta cifra puede aumentar en la medida en que se evalúan contratos de manera individual”, manifestó la fuente. Por eso, la evolución de la investigación depende de las bases de datos porque son múltiples los errores logísticos detectados.

Según el informe de la Contraloría que prendió las alarmas de las autoridades, son más de 1.800 contratos con adiciones, el 17% de ellos con incrementos superiores al 100%. Con una particularidad: la concentración de muchos negocios en contratistas comunes a las empresas CB&I y Foster Wheeler. Precisamente, la primera de estas empresas fue sometida a máximo grado de control esta semana por la Superintendencia de Sociedades, sobre todo después de que se rumorara que la firma trataba de irse del país sin entregar información.

Aunque el escándalo Reficar ha comenzado a suscitar un capítulo adicional de acusaciones políticas, ya está documentado que se trataba de un descalabro anunciado. Por ejemplo, en 2012, una auditoría de la entonces contralora delegada para el sector de minas y energía, Ana María Silva, concluyó que eran evidentes las falencias e inconsistencias en las actividades de gestión documental, interventoría y supervisión de los contratos, con múltiples inconsistencias que tarde o temprano iban a derivar en los ámbitos penal, fiscal y disciplinario.

En dicho documento, fechado en diciembre de 2013, se establecieron 41 hallazgos administrativos, cinco con alcance fiscal, cuatro con alcance disciplinario y uno penal. Desde el incumplimiento de las metas, la aplicación inadecuada y desactualización de las cuentas por pagar, hasta la deficiente planeación, costos por conflictos laborales, sobrecostos administrativos o incluso el extravío de materiales, generando un alto impacto económico negativo a la refinería, con el consecuente presunto detrimento al patrimonio público.

Uno de los aspectos detectados en la auditoría de 2012 tiene que ver con denuncias que en su momento se hicieron por irregularidades en el valor de los andamios, la inutilización de tornillos de estabilización, los sobrecostos por la compra y venta de una planta de hidrógeno, la existencia de máquinas remarcadas o la indebida facturación de elementos por parte de Reficar y CB&I. Una sucesión de anomalías que hoy tienen a los investigadores sorprendidos por el tamaño de los derroches y las deficiencias.

“Por ejemplo, la firma Andamios Anderson tuvo incrementos del 37.000%. Empezaron a duplicar el valor de los andamios y los requerimientos. Cuando uno de los investigados regresó de la inspección su conclusión fue haber encontrado mucho material oxidado y oliendo a orín. Un solo contrato de $327 mil millones fue drenado en 25 adiciones. Por ahora se estima que apenas el 50% de esos andamios fueron productivos”, puntualizó una fuente con acceso a las primeras pesquisas penales.

La auditoría de 2012 dio cuenta adicionalmente de cómo un millón doscientos cincuenta mil tornillos de estabilización fueron encontrados abandonados. La fuente consultada agregó que otra de las ferias de contratación la caracterizó la firma GMP Ingenieros. “Cada vez que se quedaban sin plata y alzaban la mano, aparecían las adiciones. En términos generales, con ese tipo de circunstancias la refinería nunca tuvo una productividad superior al 1% semanal. Todo fue desorden logístico”.

En 2014 hubo otro informe de auditoría, esta vez suscrito por el delegado del sector de minas y energía, Ricardo Rodríguez, quien detectó 40 hallazgos administrativos, dos de ellos con alcance fiscal. Entre los aspectos claves de dicho informe se encontraron incumplimiento de metas, actividades no ejecutadas, deficiente seguimiento a los procesos de subcontratación, acciones que fueron pagadas varias veces, anomalías de carácter ambiental y crecimiento en las denuncias ciudadanas.

“Hay de todo en Reficar y definitivamente el tema es de alcances penales”, puntualizó la fuente de la Fiscalía consultada. Los organismos de control apenas se asoman a un asunto que tiene mucho de qué hablar. “Gente que la pagaban hasta US$400 la hora, exigencias de aumento en cantidades de insumo innecesarias o más de trescientos contratos con personal extranjero. Un abanico de problemas que se agrava con el hecho de que Reficar planteaba dificultades en los procesos de auditoría”.

Por ahora el escándalo destapa las anomalías más evidentes y crecen las especulaciones sobre los directivos que podrían estar implicados. La firma CB&I está en el ojo del huracán y esta semana se supo que sus accionistas se reunirán en Nueva York para tratar el asunto. Sin embargo, uno de sus más importantes accionistas, Warren Buffet, a través de su fondo de inversión Berkshire Hathaway, súbitamente decreció su inversión en la firma. No se sabe si advertido por lo que está sucediendo.

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