Tras el escándalo de corrupción en Odebrecht, los proyectos de 4G que aún no tienen cierre financiero podrían retrasarse. En manos de Luis Andrade, presidente de la ANI, está recuperar la confianza, pero deberá hacerlo en medio de su defensa.
Para Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los últimos días no han sido fáciles. La Procuraduría General de la Nación le abrió indagación preliminar –junto con otros funcionarios investigados– por el contrato Ruta del Sol 2 y los otrosí que se firmaron –en especial el de la adición de la vía Ocaña-Gamarra–, al tiempo que ha tenido que atender entrevistas con la Fiscalía para aclarar su participación en estos casos.
Pero no son los únicos temas que debe enfrentar Andrade, tras develarse el caso de
corrupción de Odebrecht en el país, que tiene en jaque varios proyectos emblemáticos, como la Ruta del Sol 2 y la navegabilidad del Río Magdalena.
En este último caso, al cierre de la edición, se conoció que el banco Sumitomo decidió no financiar la obra. Navelena tiene hasta el 22 de febrero para conseguir los recursos o ceder el contrato, de lo contrario se declararía la caducidad.
El panorama para Andrade y el Gobierno es cada vez más retador. El año pasado 8 proyectos tuvieron cierre financiero por un valor de $13 billones, pero están pendientes por cerrar otros 24 que combinan la segunda y tercera ola de concesiones de cuarta generación (4G) y las iniciativas privadas.
Tras las denuncias, los bancos y entidades de financiación han extremado las alertas y el programa de
infraestructura más ambicioso del país está en jaque:
ya no solo se habla de riesgos ambientales o del impacto en las comunidades o sobre los descubrimientos arqueológicos, sino de un riesgo que no se había materializado, el reputacional.
Fuentes del sector financiero coincidieron en advertir que los cierres financieros pendientes –algunos programados para el primer trimestre y el resto a lo largo de 2017– se van a demorar y a complicar.
Foto: Juan Manuel Santos, Pesidente de la República, Clemente del Valle, Presidente de la FDN, Santiago Castro, Presidente de Asobancaria
En entrevista concedida a Dinero en el marco de la Convención Anual de Tesorería, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, advirtió con respecto a los cierres de 4G: “(los bancos)
van a extremar medidas en los préstamos, pero más allá de las 4G que son mejor estructuradas con perfiles de riesgo más bajos, que contemplan más contingencias que una vía como la Ruta del Sol, que era de primera generación, yo creo que no se van a frenar los proyectos, pero se van a demorar más los cierres y creo que van a hacer una segunda revisión”.
Otra fuente asegura que “algunos de los proyectos no se habían cerrado por un problema eminentemente financiero, pues las cuentas en el retorno de inversión y las tasas se dificultaba. La tasa debe ser compensatoria del riesgo. Y a los riesgos ambientales y sociales les llegan ahora los reputacionales”.
En el corto plazo, Andrade y el equipo del
Gobierno deben destrabar uno de los temas más complejos: el futuro del tramo 2 de Ruta del Sol, donde Odebrecht tiene 62,01% de participación; Episol –firma de Corficolombiana– posee 33%, y el Grupo Solarte cuenta con 4,99%.
Con deudas por cerca de $2 billones, el sistema financiero –que casi en su totalidad participó en la financiación de esta obra– está alerta por lo que le pueda pasar con estos recursos, tras la solicitud de nulidad del contrato por parte de la ANI ante el tribunal de arbitramento que está cursando en ese proyecto.
La situación de Ruta del Sol 2 con la declaratoria de nulidad del contrato genera una profunda controversia jurídica. Primero, porque declarado nulo se considera que el contrato mismo ni siquiera existió. Y segundo, porque aunque las normas han previsto la nulidad frente a casos de corrupción, ahora se materializó y no había precedentes de esta magnitud. Los financiadores hoy están preguntando cómo y cuál es el marco legal en el que les van a pagar y qué procede ahora en la medida en que hay un limbo jurídico complejo en el cual es el Gobierno el que tiene que entrar a generar una solución.
Todo indica que de la solución a esta situación dependerá en parte de que los bancos sigan participando en los cierres financieros de los proyectos de 4G e iniciativas privadas que aún están pendientes, especialmente después del golpe que recibieron los bancos a finales del año pasado, tras la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, y la deuda de la empresa con el sector financiero, que supera los $1,7 billones que, si bien está provisionada, sigue congelada. Eso sin perder de vista que en 2016 se produjo uno de los descalabros más grandes del sector infraestructura: Conalvías, donde los bancos renegociaron las deudas. Al cierre de esta edición, a Andrés Jaramillo, expresidente de la firma, se le imputaban cargos en el proceso del carrusel de contratos en Bogotá.
Además, Andrade debe cumplir la instrucción del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que no se pueden dejar de construir las obras fundamentales para el crecimiento de largo plazo, el empleo y la
competitividad.
En el caso de Ruta del Sol tramo 2, Dinero conoció el esquema en el que se está trabajando y su filosofía es clara: darle una solución rápida al asunto, que permita pagarles a los bancos y liquidar el proyecto lo más pronto posible, para adjudicar rápidamente con el fin de continuar con la construcción. De lo contrario, si los bancos no obtienen respuesta, se dificultaría su relación con el sector de infraestructura.
De hecho, Corficolombiana expidió en la noche del pasado viernes 27 de enero un comunicado en el que advertía que: “ante el eventual escenario de la liquidación anticipada del proyecto Ruta del Sol Sector 2, Corficolombiana se encuentra trabajando intensamente en la búsqueda de soluciones que permitan salvaguardar los intereses de la Nación, de sus ciudadanos, del sistema financiero colombiano y extranjero, y de cualquier otro grupo de interés involucrado en el proyecto, entre estos, los de los accionistas minoritarios, como es el caso de Episol”.
Allí, el papel de Andrade, al frente de la ANI, será fundamental para destrabar el proceso, garantizarles a los bancos sus recursos y, tal vez lo más importante, recuperar la confianza del sector financiero en la infraestructura –considerado como el motor de la economía–.
Sin duda, Andrade, exdirector de la consultora McKinsey y uno de los asesores más respetados por el sector empresarial, es la persona capaz de encontrar una salida para este tema.
La propuesta
Tras su retiro de McKinsey, Andrade llegó al antiguo Inco, con el objetivo de darle al sector de la infraestructura una mejor institucionalidad, al transformarlo en la ANI. Dos de sus principios rectores fueron la eliminación de los anticipos en las obras –que había anunciado el entonces ministro de Transporte Germán Cardona– para que los privados entraran con mayores apuestas a los proyectos, y la limitación a las adiciones de los contratos, de tal manera que la estrategia perversa de presentar en las licitaciones valores menores para luego ajustarlos en adiciones posteriores quedara limitada.
Eso le generó a Andrade tensiones en el sector e incluso algunos pronunciamientos en su contra de las empresas. Sin embargo, logró no solo consolidar estas iniciativas, sino estructurar el proyecto de infraestructura más grande del país por un valor cercano a los $40 billones, representado en tres olas de 4G, más los proyectos de iniciativa privada.
Si bien la realización de los contratos fue compleja y presentó retrasos, se convirtió en un referente para el sector de infraestructura. Andrade ha sido el encargado de darle vida a esta nueva etapa de la infraestructura en el país, no solo desde el punto de vista vial, sino también en puertos, aeropuertos y en otras iniciativas como la de los accesos a Bogotá.
Para algunos expertos lo que indica la ley frente a la nulidad del contrato en Ruta del Sol 2 es que las cosas se deben restablecer al estado anterior a la firma del contrato. Pero no se puede, después de declarar nulo el contrato, deshacer la inversión que se hizo.
“Pareciera que quedan en el limbo unos terceros de buena fe que, ajenos a los actos que llevaron a la nulidad del contrato –en este caso un acto de corrupción– otorgaron un financiamiento. No hay un marco legal que cobije o prevea frente a la nulidad del contrato cómo se liquida de cara a que el Gobierno pague por las obras ejecutadas y con el producto de sus pagos se les pueda pagar a los financiadores”, advierte el experto, para quien esta situación debe llevarse al Congreso y buscar una solución por vía de ley.
La ANI viene trabajando en un esquema que busca precisamente pagarles a los bancos por los créditos desembolsados y tranquilizar al sistema financiero para que se retomen los cierres financieros pendientes.
La idea es lograr un acuerdo entre el Gobierno y el consorcio para liquidar el contrato sin necesidad de reconocer la proyección en el tiempo de las utilidades y con la prerrogativa de pagar de manera inmediata las deudas al sector financiero. Una de las fuentes para ese pago sería una fiducia del proyecto cuyos recursos llegan a $1,5 billones. El plazo de negociación entre las partes está fijado en 2 meses y de tener éxito, permitiría no solo agilizar los procesos de contratación de las obras que hacen falta sino calmar los ánimos del mercado.
El plan de la ANI prevé que una vez se logre este acuerdo se entregue la operación de los peajes al Invías, entidad que adelantará algunas obras en ese corredor hasta 2018. Entre 2019 y 2020 se estaría licitando una nueva APP para terminar con el proyecto.
El acuerdo también dejaría sin piso las millonarias demandas que interpuso
Odebrecht contra el Gobierno, derivadas de problemas con comunidades y licencias ambientales.
Allí las pretensiones de la constructora eran de $700.000 millones. Un eventual acuerdo contaría con el aval de la Procuraduría, el tribunal de arbitramento y los bancos.
Los cálculos del Gobierno prevén que, si todo sale bien, en el segundo semestre de este año se estarían reactivando los frentes de obra. Si esto se logra, los bancos van a quedar más tranquilos y eso ayudará a que no haya sobrerreacciones de cara a la financiación de los proyectos que aún están pendientes.
Pero, en paralelo, los esfuerzos de Andrade no solo se deberán enfocar en este proceso sino también en su defensa, tras la apertura de investigación que le inició la Procuraduría por la firma de la adición de la vía Ocaña-Gamarra a Ruta del Sol 2 (ver recuadro) y que ha sido uno de los coletazos del escándalo de
Odebrecht en el país, con acusaciones de la oposición a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, pues la obra al parecer beneficiaría un puerto en Gamarra en el que tendría participación la familia de la exministra Parody.
El panorama
Financiar una iniciativa de más de $40 billones es una tarea sin antecedentes en la historia del país. Ese nuevo escenario ha producido lecciones y aprendizajes, y un nuevo modelo de estructuración, donde para cada proyecto, en promedio, 70% es deuda y 30% es equity de los concesionarios.
Aunque los cronogramas de algunos de los cierres financieros se dificultaron, el esquema de financiación de las obras ha sido destacado. Por ejemplo, el año pasado ‘barrieron’ en los premios de infraestructura que entregó la revista LatinFinan- ce.
Sin embargo,
el escándalo de Odebrecht llega en el peor momento y ha puesto a los bancos en una posición más defensiva.
“Lo que va a pasar es que se van a demorar mucho más los cierres pendientes. Si el escándalo aumenta y las presiones son mayores, la posibilidad de que algunos proyectos queden huérfanos (sin financiamiento) también crece”, agrega otro empresario.
Además, para algunos analistas la preocupación es todavía mayor, no solo con los cierres financieros por venir, sino con los que ya se han adjudicado; es decir, los que tienen contratos de crédito firmados o próximos a serlo, pero no están desembolsados. ¿Por qué? Los bancos también van a querer ver que el riesgo reputacional se cubra para los proyectos que ya se financiaron.
En el frente regulatorio, los bancos no pueden tener más de 25% de su cartera en negocios de infraestructura, pues sería una sobreexposición sectorial.
De hecho, antes de 4G era de 17% y se corrió a 25% para darles cabida a estos proyectos de infraestructura. Esto tiene implicaciones en varios sentidos; por ejemplo, si el Grupo Aval aumenta su participación para cerrar Ruta del Sol 2, luego de los procesos de liquidación y ajustes, podría quitarles oxígeno a otros proyectos en los que quiera participar. Hoy ya hay
bancos internacionales con presencia en Colombia que llegaron a su tope.
A la suma de estos hechos se agrega que en los próximos días deberá conocerse el futuro del proyecto del Río Magdalena, a través del consorcio Navelena, en donde Odebrecht tiene la mayor participación y está asociado con Valorcon. Este proyecto tuvo inicialmente el apoyo del banco Sumitomo para su cierre financiero, pero al cierre de esta edición se conoció que no participaría. Sin cierre financiero, el contrato sería caducado y generaría inhabilidades para los socios de la concesión, según explica un abogado.
Foto: Nestor Humberto Martínez, Fiscal General, Edgardo Maya, Contralor General, Fernando Carrillo, Procurador General.
El efecto Odebrecht no solo está sacudiendo a Colombia, sino también a la región e incluso con más fuerza. En Perú, por ejemplo, el papel de las constructoras brasileñas en obras públicas y concesiones ha sido mucho mayor que en nuestro país y la exposición de la banca es muy grande. Uno de los casos más importantes es el gasoducto que estaba construyendo Odebrecht en asocio con Graña y Montero. La obra vale US$4.000 millones y el contrato tiene una garantía de cumplimiento por US$260 millones que, al cierre de esta edición, estaba por ejecutarse.
El futuro
El caso Odebrecht podría tener efectos colaterales en distintos campos. Uno, por ejemplo, es un mercado secundario más activo, con la venta de participaciones en proyectos y concesiones ya adjudicadas para jugadores y nuevos
inversionistas.
La pregunta es qué tipo de compradores habrá en este nuevo contexto.
El otro es en los llamados fondos de deuda, vehículos con los que los fondos de pensiones –especialmente– y algunas aseguradoras participan en la financiación de las obras. Dos ya tienen los recursos y cerraron financieramente –el de Credicorp, Sura y Sumatoria, y el de Ashmore y CAF–, pero se estaba pendiente de la estructuración de dos más: Blackrock y Sumitomo y uno más de BTG Pactual.
También se espera cuál va a ser la movida del sector público en la financiación y en el desarrollo de proyectos, por ejemplo con el Banco Agrario, en el ojo del huracán por el crédito a Navelena por $120.000 millones, y la Financiera de Desarrollo Naciona (FDN), que administra los recursos de la venta de Isagen que llegaron al Fondes, que se habían convertido en complemento de los cierres financieros, pero no deberían ser sustitutos.
A su vez, las recientes declaraciones que le entregó a El Tiempo Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en el sentido de que “las regiones están llenas de grupos Nule”, muestran que el sector privado, al menos en el campo local, está lejos de una depuración.
En el caso de la investigación judicial, si bien la Fiscalía avanza en los procesos, la agenda en el tema Odebrecht, como en el caso de los actos de corrupción de la Fifa, viene de Estados Unidos y allí falta ver qué otras denuncias podrían estar en camino.
Recobrar la confianza en el corto plazo será fundamental para el desarrollo de las obras. Más allá del caso puntual de Ruta del Sol 2, hay tareas pendientes por hacer: para la FDN, la labor será no solo buscar y desarrollar instrumentos y mecanismos que faciliten la llegada del sector financiero y del mercado de capitales a los cierres financieros, sino también –junto con la ANI y la institucionalidad del sector– mostrar ante los bancos locales e internacionales las bondades de los contratos de 4G que, a diferencia de esquemas anteriores –como Ruta del Sol–, tiene ajustes importantes, como un mecanismo para que los bancos se puedan tomar un proyecto cuando el sponsor está fallando y sustituir al consorcio. También tiene fortalezas en la terminación anticipada y hay una fórmula de cómo calcularla.
La infraestructura es el sector llamado a darle una nueva dinámica a la economía en Colombia. En el tercer trimestre de 2016, respecto al inmediatamente anterior, la rama de la construcción tuvo un crecimiento en su valor agregado de 2,8%, debido al crecimiento en la construcción de obras de ingeniería civil en 3,9% y de edificaciones de 2,2%.
La expectativa está en que con los cierres financieros de los primeros 8 proyectos, la maquinaria empiece a moverse y a darle impulso al crecimiento del país.
De hecho, para Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, el sector de obras civiles tendrá un importante crecimiento en 2017 con el desarrollo de proyectos como vías 4G, construcción de obras con recursos de regalías y propios de los entes territoriales. “Un año importante para el crecimiento del sector de infraestructura, los proyectos de las vías 4G que están llegando a sus cierres financieros entran en la etapa de construcción plena… este año se espera más ejecución”, resaltó el funcionario durante el Foro Colombia 2017.
El futuro del país está en el sector, no solo por lo que representan el desarrollo y construcción de las obras en materia de economía y crecimiento, sino porque el posconflicto pasa por la infraestructura. En el mundo los procesos de paz estuvieron acompañados del desarrollo de las obras que han acercado regiones y les han dado nuevos esquemas de competitividad.
Por ahora, la estrategia debe estar enfocada en tres pilares: sancionar los casos de corrupción, garantizar que las obras que están en marcha pero se han contaminado terminen a la luz de la ley y con procesos expeditos, y recuperar la confianza en el sector de infraestructura.
