sábado, 30 de noviembre de 2013

Peligra el futuro de la industria petrolera de Venezuela

Pese a haber atravesado por la mayor bonanza petrolera de su historia, Venezuela enfrenta un futuro económico sombrío y la calidad de vida en el país podría venirse abajo severamente para finales de la presente década dados los grandes cambios sistémicos que se vislumbran en el mercado de mundial de crudos y la incoherente administración del chavismo.


Según un informe de la firma de asesores Interamerican Trends, Venezuela debe abandonar urgentemente las políticas que han propiciado el deterioro de su industria petrolera y realizar las inversiones necesarias para aumentar significativamente su producción de crudo si no quiere volver a ver los índices de pobreza y retraso que registraba hace 100 años.

De no realizarse los cambios, “Venezuela tendrá una economía muy débil similar a la que tuvo la nación a principios del siglo XX, [cuando era] un país endeudado y pobre, con ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la nación”, declaró el estudio elaborado por la firma de asesores con sede en Washington.

El informe está realizado con base en la yuxtaposición de los pronósticos del mercado petrolero para las próximas tres décadas con lo que ha sido el patrón de comportamiento de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), encontrando que la industria – sobre la que descansa en casi su totalidad la economía del país – sólo tiene una ventaja de entre cinco y seis años para evitar un previsible colapso económico. 

Para conseguirlo, Venezuela debe invertir cuanto antes en aumentar la producción de petróleo, por un lado para contrarrestar el gradual declive de la oferta petrolera venezolana por deficiencia en las obras de mantenimiento, y por el otro para compensar el pronunciado endeudamiento del país con China a través de mecanismos que, al ser pagaderos con petróleo, están mermando significativamente la facturación de la estatal venezolana, dijo. 

De hecho, PDVSA ya enfrenta una aguda crisis de liquidez que pone en riesgo su operatividad, en parte debido a las gigantescas exigencias impuesta sobre ella por el chavismo, obligándole a asumir obras sociales de costos atrofiantes, subsidiar el crudo del mercado interno así como los despachos a Cuba y a otros países aliados del chavismo y a enviar crudo a China que el país asiático ya pagó. 

La crisis de liquidez se produce pese a que el país ha registrado una de las más extraordinarias bonanzas petroleras de su historia, con proyecciones de que los altos precios del crudo le han brindado cerca de un billón de dólares a lo largo de sus 14 años en el poder. 

Pero muy poco de ese dinero fue utilizado en mejorar la industria. 

Analistas han señalado, que una política petrolera coherente en Venezuela hubiera llevado al país a estar produciendo actualmente cerca de los cinco millones de los barriles diarios, en vez de los 2.8 millones que está sacando del subsuelo, según los números de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Por otro lado, Venezuela también debe invertir en el desarrollo de estrategias que le permitan buscar nuevos mercados ante los profundos cambios por los que atraviesa la industria. 

Uno de esos cambios es el sostenido incremento de la producción de crudo en Estados Unidos, situación que a la vuelta de pocos años podría poner fin en ese país a las importaciones del crudo venezolano. 

Pese a la hostil retórica del chavismo, Estados Unidos sigue siendo el mejor cliente de Venezuela y la pérdida de ese mercado -de producirse antes de que se abran nuevos mercados- tendría serias y duraderas repercusiones para la economía venezolana, resaltó el informe. 

Según Interamerican Trends, las mejoras tecnológicas están impactando negativamente al crudo venezolano por dos vías diferentes. Por un lado, al aumentar la eficiencia de los motores de combustión, fenómeno que está desacelerando el ritmo de crecimiento de la demanda, y por el otro al permitir a Estados Unidos incrementar sus niveles de producción. 

Estados Unidos podría dejar de importar totalmente el crudo en menos de 20 años, si las actuales tendencias continúan, señaló. 

El informe sobre el panorama energético mundial para el año 2030 de la firma British Petroleum, augura que Estados Unidos superará este año a Arabia Saudita en la producción de “energía líquida”, termino que incluye la producción de crudo y biocombustibles, y que se mantendrá en el primer puesto hasta el año 2023. 

La razón de ese esperado incremento se debe en gran parte a la evolución de la producción de hidrocarburos no convencionales, el gas y el petróleo de esquisto, así como en los reservorios de “tight oil” (petróleo de formaciones compactas), cuya extracción fue muy difícil durante mucho tiempo y considerada muy costosa. 

La evolución tecnológica está creando un auge petrolero en estados como Dakota del Norte, Montana, Texas y Louisiana. Para este año, la producción de petróleo en Estados Unidos tiene previsto aumentar en 490,000 barriles diarios, para alcanzar un promedio de 10.4 millones de barriles diarios, según un estudio de la OPEP. 

El gradual incremento en la producción de crudo ha llevado a Estados Unidos a recortar a la importación de petróleo desde un 60 por ciento del crudo que consumía en el 2006 a solo un 33 por ciento, estimado para el 2014. 

Según cálculos de la Agencia Internacional de Energía, Estados Unidos está en vías de convertirse en el primer productor mundial de petróleo a la vuelta de cinco años. 

Y en lo que complica aún más el escenario, los próximos años también verán un fortalecimiento en la producción de jugadores que previamente tenían una operación mucho más pequeña, incluyendo a Brasil y Canadá. 

El crudo canadiense, por cierto, es muy similar al venezolano y un incremento significativo de la producción allí podría acelerar aún más la perdida de los segmentos del mercado estadounidense que aún controla PDVSA. 

Mercosur se convirtió en club de segunda de la izquierda: Luis Lacalle

El expresidente uruguayo aseguró que Venezuela entró ilegalmente al bloque.


El expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle (1990 - 1995) visitó al país esta semana para dar una serie de conferencias, invitado por la Universidad Sergio Arboleda. El dirigente del Partido Nacional, de centroderecha, abordó varios temas de la región.

¿Cómo ve los diálogos de paz que en La Habana?

Yo diría que ojalá finalice este medio siglo de violencia (...) Esperemos que se llegue de la manera más aceptable, bajo lo que es el concepto de legalidad, que es lo que tiene que primar.

El presidente José Mujica ha hablado con las partes, e incluso está la posibilidad de que se realicen los diálogos con el Eln en Uruguay…

El presidente Mujica por supuesto es el Presidente de nosotros, pero me parece que a veces es muy espontáneo en las cosas que dice y no sé si esa oferta fue algo que se le ocurrió en el momento o es una decisión política trabajada, madurada y pensada como una movida de política exterior. Así que dejémoslo como anécdota.

¿Cómo ve el proyecto de legalización de la marihuana en su país?

No me gusta salir de mi país y hablar mal del gobierno, porque me parece que no corresponde, pero legalizar la marihuana es una decisión muy equivocada que cuenta con la oposición del 60 por ciento de la población. Además, el concepto del Gobierno de Mujica, de ‘vamos a hacer un experimento’, me resulta ofensivo. Mi país no es un conejillo de Indias.

¿La inflación de Argentina afecta a su país?

Sí, nos afecta mucho porque es un socio comercial privilegiado, igual que Brasil, con una balanza comercial favorable a la Argentina, pero además nos afecta porque se han dedicado en la crisis a hacer escarmiento del Uruguay. La última medida del Gobierno argentino es prohibirles a los barcos argentinos, brasileños y de quien sea, que si cargan en ese país no pueden parar en puertos uruguayos. Esas son medidas casi de agresión.

¿Con Brasil cómo están las relaciones?

Es un país muy particular y admirable, aunque es difícil para negociar, porque siempre tiene cambios de 180 grados. No se da cuenta de que el liderazgo que aspira ya no se puede imponer.

¿Cuál es el estado del Mercosur hoy?

El Mercosur que iniciamos en el 91 era algo parecido a lo que es la Alianza del Pacífico, es decir, libre tránsito de personas, bienes y servicios, sin connotación política y sin importar que el Gobierno era tal o cual. Una cosa era tratar de achicar las diferencias de un sistema económico comercial, a convertirlo en un club político de segunda de la izquierda, donde ni siquiera hay identidad y la parte comercial no sirve y no funciona.

¿Qué opina de la presencia de Venezuela?

Venezuela entró por la ventana. Está ilegalmente en el Mercosur, no ha sido aprobado por el Parlamento.

¿Cómo ve los nuevos 'superpoderes' del presidente Maduro?

Maduro tiene fecha de vencimiento, es terminal lo que está pasando en Venezuela. Tenemos que preguntarnos es cómo se sale de esa situación terminal.

FELIPE CASTRO CERVANTES
Redacción Política

Empresa Colombo-Venezolana


Monómeros, parábola del chavismo

La empresa que jugó un papel importante en la guerra fría Chávez-Uribe está en crisis. ¿Por qué?

Monómeros, durante muchos años, ha sido la segunda o tercera empresa en importancia de Barranquilla, después de Olímpica y Gases del Caribe. Por muchos años también fue símbolo de la cooperación entre Venezuela y Colombia. Creada por los presidentes Raúl Leoni y Carlos Lleras, en 2005 tenía una participación del 60 por ciento en el mercado latinoamericano. 

Sin embargo, en 2007 quedó atrapada en el huracán que produjo la crisis entre Caracas y Bogotá. Y ahora está en su peor momento, tuvo que cerrar una de sus líneas más importantes, la que producía la materia prima para el nylon, y tiene hoy con los brazos cruzados al 40 por ciento de sus trabajadores.

¿Qué pasó? ¿Qué tanto tuvo que ver la política con el destino de la empresa?

La planta que produce fertilizantes y fibras que sirven para confeccionar, entre otros, vestidos de baño fue inaugurada en 1972 y desde ese momento se convirtió en líder del sector. Sin embargo, en 2005, Hugo Chávez lanzó Petroamérica, una estrategia que en teoría consistía en integrar en términos de energía a América Latina teniendo como centro de operaciones a Venezuela, pero que en la práctica era también un plan de expansión del socialismo.

Dentro de ese esquema, según los cables de WikiLeaks, en 2006, el entonces presidente Álvaro Uribe vendió la participación que el gobierno colombiano tenía de Monómeros quedando como único dueño el gobierno de Hugo Chávez, a través de Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

Lo que SEMANA pudo establecer ahora, gracias a cientos de folios de la compañía a los que tuvo acceso, es que a partir de 2007 Monómeros en efecto se convirtió en una de las puntas de lanza de la ofensiva de Chávez en el continente. 

En su momento se supo que Monómeros le giró a la entonces senadora Piedad Córdoba 135.000 dólares. Aunque hubo quienes dijeron que podía ser un apoyo del gobierno de Venezuela a la campaña de la senadora, ella explicó después que estaban destinados a eventos para promover el acuerdo humanitario entre las Farc y el gobierno de Colombia. 

Llama la atención que el 4 de noviembre de ese entonces se abrió la cuenta en la que se hicieron los giros y, dos semanas después, el presidente Uribe canceló de manera unilateral la mediación que estaban llevando a cabo tanto la senadora como el presidente Chávez entre el gobierno de Colombia y las Farc.

(Esas fechas, cabe anotar, son cercanas a las del escándalo de la valija de Argentina, que se dio luego de que en un vuelo chárter llegó en agosto de ese mismo año a Buenos Aires un maletín con 790.000 dólares que, según las investigaciones periodísticas, venían de Caracas dirigidos a la campaña de Cristina Fernández).

Lo nuevo que revelan los documentos a los que tuvo acceso esta revista es que para llevar a cabo el plan de Petroamérica se constituyó el Fondo Petroquímico Latinoamericano. Y durante varios meses, entre septiembre y octubre de 2008, desde las cuentas de Monómeros Internacional en Islas Vírgenes, fueron girados 7,6 millones de dólares a dos proyectos: la construcción de 100 casas en República Dominicana y la construcción de vías y urbanizaciones en la vereda Chincha, en Perú.

Para ese entonces los colombianos ya habían salido de los cuadros directivos de Monómeros y habían llegado dos connotados chavistas. A la presidencia de la junta directiva llegó Fernando Toro, uno de los ideólogos del socialismo del siglo XXI, quien participaba como representante de Chávez en reuniones bolivarianas por todo el continente. Y como gerente fue nombrado Germán Paredes, quien había sido integrante del cuerpo de seguridad de Chávez.

Dos informes de auditoría interna, uno de 2008 y otro de 2010, dicen que no existe o se desconoce la naturaleza del proyecto del Fondo Petroquímico. Y en el único documento que existe sobre el fondo (Procedimiento para Manejo del Fondo Petroquímico Latinoamericano) no aparece la firma de ninguno de los responsables. 

La única evidencia de que los giros fueron aprobados son las copias de correos electrónicos entre Toro, el gerente financiero Jesús Linares y Pedro Lugo, a quien anunciaron como nuevo gerente de Monómeros.

Pero el desangre de Monómeros no solo se debió al uso de utilidades para el plan expansionista de Chávez. En una cadena de mensajes por Twitter, Daniel Barrientos, el anterior gerente de Monómeros, se preguntaba el pasado 1 de octubre “¿quién va a rendir cuentas por la debacle que hoy vive la empresa?” Barrientos, que está acusado por hurto calificado, fue gerente hasta enero de 2011 cuando lo reemplazó Eduardo Casañas, un exmilitar también venezolano.

Barrientos lanzó una andanada de trinos contra su sucesor y denuncia que la crisis de Monómeros se debe también a los excesivos privilegios laborales para los amigos del gerente, los regalos y bonos millonarios, el nombramiento de personas no idóneas, así como el despido de quienes tenían el conocimiento y no estaban de acuerdo con la administración.

Se habla, por ejemplo, de casos como el de una joven que entró en septiembre de 2011 a ganarse 2,5 millones de pesos y nueve meses después tuvo un ascenso que le significó un aumento de salario a 18 millones de pesos. Un hijo de Casañas, Erick, acaba de ser contratado como analista de mercado. “Los gerentes creen que vienen a un cargo diplomático pero no entienden que se trata de una empresa”, dice una persona que conoce el problema.

En diálogo con SEMANA el presidente del sindicato, Víctor Antequera, sostiene que en la parte administrativa hay exceso de personal con sueldos muy altos: en producción hay 333 empleos directos y en la administración 427 funcionarios. “A la gerencia llegaron personas que no conocían el negocio o si sabían hicieron todo al revés”, dice.

Otra fuente que conoce a Monómeros sostiene que la causa principal de la crisis es que la empresa ha estado vendiendo a pérdida. Mientras el precio internacional es de 2.508 dólares por tonelada de la materia prima para el nylon, con tendencia a la baja, a Monómeros le cuesta 3.000 dólares producir cada tonelada.

En los últimos siete años Monómeros ha dejado de producir caprolactama, sulfato de amonio, metilsetoxina y también dejó de ser comercializador de carbonato de sodio y soda cáustica, de donde se derivaban unas utilidades importantes.

Los directivos de la empresa les han dicho a los empleados que no los van a despedir, que irán dando por terminados los contratos con las empresas proveedoras y que están buscando un socio estratégico o un cliente que compre la línea de caprolactama, pero mantiene su producción de fertilizantes.

Todavía no se ha dicho todo sobre la crisis de Monómeros. Pero si la empresa quiere seguir adelante debe despedir a 320 empleados fijos y esa indemnización vale 20 millones de dólares, más los 25 millones de dólares de pérdidas acumuladas en el último año, a razón de 3 millones mensuales. Nadie sabe de dónde va a salir toda esa plata, porque en Venezuela tienen los dientes apretados.


Nota: Esta es otra de las tantas perlitas Castro-Chavistas. Una lástima que una Empresa que lleva envuelta una importancia estratégica tan importante para Suramérica esté en franco declive. Los paradigmas, los principios que guían el manejo de la cosa pública en Venezuela deben cambiar, deben ser apolíticos. Un gran yerro del ex-presidente Colombiano al vender la participación que se tenía en la Empresa.

viernes, 29 de noviembre de 2013

'Colombia, con millonaria revolución en su infraestructura'

La joya de la corona de esta iniciativa es la "Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G)", que consta de 47 proyectos por un total de 25.000 millones de dólares en el transcurso de ocho años.


De esta manera el Gobierno aspira a sacar a Colombia del puesto 126 que ocupa a nivel mundial en calidad de vías, según el Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial.

La primera parte de ese ambicioso programa fue lanzada esta semana por el presidente Juan Manuel Santos y el titular de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, con la apertura de nueve procesos de licitación para construir un total de 1.234 kilómetros de carreteras cuyo valor asciende a 11 billones de pesos (unos 5.840 millones de dólares).

"Eso constituye, sin duda alguna, el proyecto más ambicioso que ha tenido el país en toda su historia y por mucho. Tal vez es el proyecto más grande y más ambicioso que se está poniendo en marcha en América Latina", manifestó Santos en el lanzamiento de estas concesiones en la que han manifestado interés en participar 69 empresas, cerca de la mitad de ellas colombianas pero también de España, Brasil, Chile, México y Estados Unidos.

En este modelo tendrán especial importancia las asociaciones público-privadas pues los contratistas primero elaborarán los diseños de la vías y recibirán las licencias ambientales para luego sí poder construirlas y empezar a cobrar peajes.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, subrayó esta semana en un foro en Bogotá que para que Colombia sea un país exitoso en los próximos 20 años debe ver la competitividad a largo plazo con una visión que integre la participación público-privada.

Un reciente estudio de la consultora Serfinco señaló que la participación de la inversión privada en la construcción de infraestructura se ha incrementado en los últimos diez años, pasando de 0,1 % en el 2000 al 1% en el 2011, pero para que sea más dinámica se necesita una mayor eficiencia del Estado en temas como agilidad de las entidades contratantes para la adjudicación de concesiones y los tiempos para la entrega de licencias ambientales, entre otros.

En cualquier caso, el objetivo del Gobierno con esta revolución en las carreteras es superar el rezago en infraestructuras que afecta negativamente la competitividad del país, inmerso en un proceso de conquista de mercados.

Esa política ha tomado fuerza durante el actual Gobierno con los acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Corea del Sur, Panamá, Costa Rica, Canadá e Israel, entre otros, así como con la creación de la Alianza del Pacífico de la que forman parte Colombia, Perú, México y Chile.

El atraso de Colombia en infraestructuras no se da sólo con países desarrollados sino con sus propios vecinos, pues en un cálculo de Serfinco sobre vías pavimentadas por cada 100 kilómetros cuadrados, el resultado de Colombia fue 1,2, menos de la mitad del promedio de América Latina, que alcanzó 2,5, y a años luz de distancia de la media de 50,3 de los países de Asia del este y del Pacífico.

Las consecuencias del "cuello de botella", como ha llamado Santos al atraso del país en su red de carreteras las ha constatado la Cámara Colombiana de la Infraestructura, según la cual el costo de transportar un contenedor por tierra desde Bogotá hasta el puerto de Cartagena, ciudades distantes unos mil kilómetros, es de 3.200 dólares, mientras que llevarlo de Cartagena a Shangai (China), en el otro lado del mundo, cuesta la tercera parte.

De concretarse este plan de transformación de las carreteras el beneficio no será sólo para el comercio internacional del país sino para el conjunto de la economía, pues además de la ganancia en competitividad, el Gobierno calcula que durante la fase de construcción se generarán cerca de 400.000 empleos en zonas rurales de 24 de los 32 departamentos del país.

En el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB), estas millonarias inversiones aportarán el 1,5 % durante la fase de construcción de las vías y cerca del 1 % cuando entren en operación, un resultado nada despreciable para un país que este año aspira a crecer más del 4 %.

Mensaje de los jefes del cartel de Cali al expresidente Pastrana

La carta bomba guardada 13 años

Ésta es la carta que desde el año 2000 guarda el expresidente Pastrana en su caja fuerte y que publica ahora, trece años más tarde, en el libro Memorias Olvidadas que lanzó ayer y que ha generado un revuelo en el mundo político.

La misiva le llegó en el segundo año de su gobierno y venía firmada por los jefes del cartel de Cali, que desde la prisión de máxima seguridad de Cómbita, y años antes de ser extraditados a los Estados Unidos, le escribieron este mensaje, que para Pastrana representa “la prueba reina” de que el expresidente Ernesto Samper estuvo al tanto de la financiación de los narcos a su campaña entre la primera y segunda vuelta presidencial en 1994. 

Fue Santiago Rojas, el reconocido médico que trabaja con pacientes en situaciones extremas, que en año 2000 desarrollaba en las cárceles un programa de reducción de la violencia y veía allí a los hermanos Rodríguez. Un día los capos le entregaron a Rojas, que fue siempre muy cercano al presidente de Pastrana, la carta para que la llevara al palacio presidencial.


El facsímil de la carta está inserto en el libro y aunque es un testimonio de dos narcotraficantes condenados por la ley, se constituye en una pieza fundamental para completar la historia del proceso 8mil ya que en pocas ocasiones los responsables del envío del dinero a la campaña Samper presidente han sido explícitos en decir que Ernesto Samper estaba enterado y por tanto que si tuvo responsabilidad en la financiación ilegal que lo llevó a ser presidente de la república.


Para construir la paz hay que esclarecer el pasado

Por David Tolbert*

COLUMNISTA INVITADO Debemos analizar por qué las comisiones de la verdad emanadas de procesos de paz se han estancado o fracasado, y qué puede hacerse para minimizar el riesgo de fracaso


Poner fin a un conflicto armado es una labor ímproba. Los negociadores y los mediadores no sólo se enfrentan al desafío de convencer a los contendientes de que depongan las armas, sino que también deben conseguir que el conflicto no se reanude. 

Las comisiones de la verdad comenzaron a ser un importante elemento de las negociaciones de paz allá por la década de 1980, cuando en toda América Latina se alcanzaron acuerdos de paz. En países como El Salvador y Guatemala, comisiones de la verdad emanadas de esa clase de acuerdos, con frecuencia bajo la supervisión de la ONU, han intentado proporcionar datos e informar de las causas profundas y el coste social de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Quizá en la actualidad el ejemplo más conocido sea el de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, creada después del apartheid. Todas esas comisiones partieron de la base de que afrontar la desagradable verdad sobre los crímenes cometidos por regímenes represivos serviría para recuperar los derechos ciudadanos, contribuyendo quizá a la reconciliación.

Desde entonces, los países que dejan atrás conflictos o regímenes autoritarios han recurrido cada vez más a las comisiones de la verdad y a sus recomendaciones, viendo en ellas un método esencial para reparar los abusos pasados y prevenir nuevas violaciones de derechos. Puede que esas elevadas expectativas expliquen que en los últimos 20 años haya aumentado exponencialmente el número de comisiones de la verdad, pasando de las siete únicas que se crearon antes de 1990, a las 11 de la década siguiente y a las 22 que comenzaron a trabajar entre el 2000 y 2010, muchas de ellas emanadas de negociaciones de paz.

Desde Nepal a Kenia, pasando por las Islas Salomón y Sierra Leona, los negociadores de paz han recurrido a esas comisiones para responder a las demandas de las víctimas y los defensores de los derechos humanos, que exigían con determinación situar la justicia en los planes de paz. Sin embargo, en ocasiones su inclusión en los acuerdos finales se ha considerado una mera estratagema, que buscaba “marcar la casilla de la justicia” sin comprometerse verdaderamente con ella. 

De hecho, en algunos países la posible creación de una comisión de la verdad, abandonada por los responsables políticos, se ha estancado.

Algunas comisiones no han logrado responder adecuadamente a los derechos de las víctimas, en tanto que la constitución de otras se ha propuesto con la esperanza de que evitara juzgar a los verdugos. Ese ha sido el caso de Nepal, donde un decreto presidencial permite que se recomienden amnistías para autores de flagrantes violaciones de los derechos humanos, algo que va en contra de los principios internacionales. 

En otros casos, como el de Costa de Marfil, se han creado comisiones sin las necesarias consultas previas, ni la planificación y el compromiso político precisos para garantizar su eficacia. Hay otras, sobre todo la de Kenia, que, adoleciendo de mandatos excesivamente ambiciosos, han sufrido también a causa de conflictos de intereses políticos. A las comisiones les ha costado evitar las injerencias políticas en el proceso de esclarecimiento de la verdad y aplicar sus propias recomendaciones.

Las lecciones que hemos aprendido ponen claramente de relieve que ya es hora de observar con mirada crítica los desafíos a los que se enfrentan los negociadores y mediadores de paz cuando incorporan al proceso una comisión de la verdad. Esto es algo especialmente pertinente hoy en día, ya que se están constituyendo más comisiones de la verdad que en ningún otro momento histórico y países como Colombia ven en ese mecanismo un posible método de desarrollo de una paz sostenible. Debemos analizar por qué las comisiones de la verdad emanadas de procesos de paz se han estancado o fracasado, y qué puede hacerse para minimizar el riesgo de fracaso, con el fin de que las comisiones puedan contribuir eficazmente a la consolidación de la paz.

La inclusión de comisiones de la verdad en acuerdos de paz exige diligencia y buen juicio. Esos organismos no pueden constituirse por razones cosméticas, sin tener en cuenta las lecciones del pasado y los principios de respeto a los derechos humanos. Más bien deben enraizarse profundamente en el reconocimiento de que las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y sus sociedades tienen derecho a saber la verdad, por incómoda y preocupante que ésta sea para las élites gobernantes. 

Al mismo tiempo, el esclarecimiento de la verdad debe responder a las necesidades concretas y propias de cada situación: es imposible aplicar un mismo modelo a todas. Los mediadores, los sectores que negocian y sus sociedades necesitan trabajar con imaginación para crear mandatos eficaces.

Para fijar objetivos claros de esclarecimiento de la verdad, evitar falsas expectativas y no caer en la ilusión de que existe una “varita mágica” para la reconciliación automática, es preciso un auténtico diálogo social. Las comisiones de la verdad no son meros instrumentos para develar hechos, sino que movilizan a la sociedad para establecerlos y explicarlos; proporcionan una plataforma de expresión a los marginados e incluyen sus voces en la agenda nacional, cuestionando inevitablemente el statu quo a través del poder colectivo de las voces oprimidas.

Las comisiones de la verdad necesitan contar con trabajadores bien formados, recursos materiales y una financiación bien canalizada. Los participantes en el proceso de paz deben asegurar el apoyo nacional e internacional para esa labor. Las comisiones de la verdad precisan de cooperación y de un marco legal que les permita acceder a la información, aunque esté en archivos sensibles que los interesados en boicotear el proceso quieran ocultar.

Las comisiones de la verdad también necesitan líderes de intachable integridad, hombres y mujeres que, avalados por un patente compromiso con los derechos humanos, sean capaces de inspirar confianza, involucrar al mayor número posible de comunidades y desarrollar trabajo en equipo. Comisiones como la de Kenia se han visto paralizadas por polémicas relativas a la idoneidad de presidentes cuyos intereses entraban en conflicto con las pesquisas del organismo.

Hemos recorrido un largo camino desde el histórico informe Nunca más, redactado hace treinta años por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina. Ahora sabemos que las comisiones de la verdad tienen una relación simbiótica con la justicia penal, las reparaciones para las víctimas y la reforma institucional, elementos cruciales para mantener la paz a largo plazo y la confianza ciudadana en países que dejan atrás conflictos y periodos de represión estatal. En sociedades divididas y enfrentadas a la difícil verdad de un pasado turbulento, sus informes pueden servir para cimentar un relato común. 

No son varitas mágicas, pero sí pueden ser catalizadores de un auténtico cambio social. Para que puedan verdaderamente materializar ese potencial, es fundamental que los mediadores de paz y todos nosotros aprendamos tanto de los fracasos como de los éxitos. Y, sobre todo, que renovemos nuestro compromiso con las víctimas y con su voz, mostrando hasta dónde puede llegar el sufrimiento humano, pero sin dejar de proclamar los frutos que la justicia y la esperanza pueden dar.

*Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). 

jueves, 28 de noviembre de 2013

En manos de las FARC

Ahora tienen en sus manos al Presidente – candidato. La reelección de Santos depende de que se llegue a un “Acuerdo de Paz” con ellos.


Desde que el Partido Comunista decidió en su Congreso de 1980 formular la “solución política negociada” como una forma de lucha revolucionaria, las FARC se convirtieron en un elemento determinante en las elecciones presidenciales. Con la consigna de la “paz” y cabalgando sobre el ambiente generado por el M19 al plantear el “Diálogo Nacional”, luego de la toma de la Embajada de República Dominicana, Jacobo Arenas y Manuel Marulanda tuvieron la suficiente destreza para conseguir que en 1982 la disputa se tradujera en dos lemas: “la paz es liberal” y “la paz es nacional”.

La historia se repitió en 1998. Con habilidad pusieron a competir a Andrés Pastrana y a Horacio Serpa en quien ofrecía más a la organización. Ambos coincidieron en desmilitarizar los cinco municipios que reclamaban para sentarse en la mesa. La angustia electoral marcó los anuncios de campaña y el desarrollo del fracasado proceso de El Caguán.

Cuando se habla de FARC lo primero que se debe entender es que se trata de una organización con más de 60 años de historia y cuyos cabecillas han sido protagonistas de 30 años de conversaciones con el Estado. Timochenko y Márquez estaban sentados al lado de Arenas y Tirofijo desde el primer “proceso” y militaban en el Partido Comunista cuando se hizo de “la paz” su “táctica y estrategia de lucha”, en el marco de una guerra irregular que es por la legitimidad.

El Estado y la sociedad colombiana hoy se enfrentan con ese acumulado de experiencia y formación criminal, con el agravante de que nunca antes habían estado en una mejor posición para conseguir su propósito revolucionario, a pesar de la candidez de Betancur y el poder militar que precedió a El Caguán.

Las FARC han planeado el escenario actual demostrando enorme capacidad. Inicialmente, dividieron al establecimiento político y con ello hicieron que Juan Manuel Santos rompiera con la base uribista que lo eligió, dando paso al desmonte de la política de seguridad que durante ocho años redujo en más de 60% su aparato encuadrillado, los aisló políticamente y cohesionó a la sociedad en su contra.

Quien no lo crea, le sugiero ver el video de Alfonso Cano publicado una semana antes de la posesión del presidente. 

Su experiencia les enseñó que el péndulo en materia de seguridad y paz va y viene, así que su estrategia fue simple: “aguantar” y trabajar en las condiciones propicias para que con la excusa de la “solución política negociada” se rompiera el mayor esfuerzo estatal en su contra. Lo lograron y las cifras del Ministerio de Defensa lo comprueban: detuvieron el ritmo constante de reducción del número de sus integrantes. En julio de 2010 era de cerca de 7.800, 3 años después es casi el mismo, 7.200.

Escalaron las acciones violentas y se adaptaron perfectamente a la asimetría militar en su contra. Esa cifra oficial testimonia que el gobierno no puede ocultar la dimensión del fracaso del Plan Espada de Honor que tenía el objetivo de reducir a diciembre de 2013 en 50% las estructuras de las FARC. 

Además, la estrategia les permitió destruir por completo el “aislamiento político”, al punto que llevaron a Santos a reformar la Constitución para posibilitar el derecho a gobernar a quienes sean responsables de crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanos, actos de terrorismo y crímenes trasnacionales, entre ellos el narcotráfico. 

Como si fuera poco, consiguieron que el propio Presidente fuera a la Corte Constitucional a defender dicha reforma que también permite la renuncia a la persecución penal a la mayoría de los crímenes pasados, presentes y futuros que perpetren sus integrantes, mientras dure el “conflicto armado”.

Ahora tienen en sus manos al Presidente – candidato. La reelección de Santos depende de que se llegue a un “Acuerdo de Paz” con las FARC y a que este sea creíble para los ciudadanos. Es lo mismo que decir que la continuidad de Santos depende de las FARC y su cúpula lo sabe. No gratuitamente en entrevista publicada en El Espectador, el 18 de mayo pasado, Pablo Catatumbo vaticinó: “A Santos le falta gobernabilidad. No se puede negar. Necesita una mayoría fuerte para poder firmar la paz y nosotros estamos dispuestos a ayudar a construirla siempre y cuando tenga ese único objetivo: la paz”.

El escenario se cumplió perfectamente. Un Santos con más de 58% de imagen desfavorable según la encuesta Gallup de octubre y respecto del cual el 73% de los encuestados por DATEXCO, en el mismo mes, dicen que no votarían su reelección. Es la presa débil y dependiente que querían Cano, Timochenko y Márquez. Un presidente – candidato inviable que, según las mismas encuestas, se raja en el manejo de todos los temas importantes para los ciudadanos: lucha contra la corrupción, salud, seguridad, guerrilla, desempleo, economía para reducir la pobreza, etc., terminó secuestrado por las FARC en su aspiración a seguir gobernando.

Lo grave de todo esto es que la urgencia electoral terminará redactando el hipotético “Acuerdo de Paz”, precisamente el escenario “construido” pacientemente por las FARC para obtener la mayor ventaja y alcanzar un pacto político que sirva de plataforma para seguir avanzando a la toma del poder. Un peligro para la democracia, la justicia y el estado de derecho y una demostración no sólo de que “la combinación de todas las formas de lucha” existe, sino que es efectiva.

Twitter: @RafaGuarin

Revolución Cubana

OPPENHEIMER: La ‘tristeza’ de la juventud cubana

Escuchando al rapero cubano “Silvito el libre”—el hijo del prominente trovador oficialista Silvio Rodríguez— uno no puede más que concluir que los nietos de la Revolución Cubana son escépticos con respecto a las últimas reformas económicas de la dictadura de la isla.

Estuve con “Silvito el libre” la semana pasada, durante una visita del joven rapero a Miami, y le pregunté sobre una de las canciones de su grupo, titulada “Háblame”. La canción dice, entre otras cosas, que Cuba es un país sumido en la tristeza, donde la seguridad del estado persigue a los ciudadanos, y donde el comunismo sirve a los intereses de unos pocos.

“Definitivamente, la mayoría del pueblo cubano está sumido en la tristeza”, me dijo Silvito. “Porque el cubano ha cambiado mucho del cubano de antes. El cubano ha perdido la alegría, muchos han perdido la esperanza”.

Yo esperaba que Silvito agregara que el estado de desesperanza en Cuba se debe al embargo comercial de Estados Unidos —la muletilla del régimen cubano para explicar todos los males de la isla—, pero Silvito ni siquiera lo mencionó. Dijo que los cubanos son un pueblo triste porque “se sienten pisoteados todos los días por la policía, por el gobierno, por las leyes, por todo”.

Cuando le pregunté qué dice su padre sobre sus opiniones políticas, Silvito me dijo que Silvio Rodríguez “es una persona muy libre y muy abierta”. Silvito agregó que su padre “siempre me apoyó en todo momento... El profesa su sentimiento, y yo profeso el mío”.

Silvito me contó que tanto su madre como muchos de sus amigos han sido acosados por la policía secreta. Por no ser miembro del sindicato oficial de artistas, no puede cantar en conciertos masivos, y solo puede presentarse en conciertos alternativos “una vez cada seis meses, más o menos”, me dijo.

¿Tú eres una excepción entre los jóvenes cubanos?, le pregunté, refiriéndome a su postura política.

“No, para nada. La juventud cubana completa, o casi completa, piensa igual que yo”, respondió Silvito. “La juventud cubana completa, o casi completa, es víctima del abuso de la policía, de la separación de sus familias por esto de Cuba y (el exilio de) Florida, y sabe lo que es vivir en Cuba y salir para la calle sin desayunar, y montarte en una guagua (bus) para llegar a un trabajo donde alguien te maltrata, para cobrar prácticamente nada”.

Le comenté que, después de 54 años de gobierno totalitario y con una de las censuras de prensa más rígidas del mundo, uno podría suponer que la mayoría de los cubanos —especialmente los nacidos después de la revolución de 1959— ya estarían bien adoctrinados. ¿Por qué no funcionó el adoctrinamiento gubernamental?, le pregunté.

“Hasta hace un tiempo yo creo que sí (que funcionó,) porque todavía hay personas que creen en esa revolución. Pero desde hace un tiempo para acá la gente se ha ido despertando. Porque ya ha sido mucho, ¿entiendes?”.

Cuando le pregunté sobre las últimas reformas económicas del gobernante Raúl Castro, que ha flexibilizado las restricciones para viajar afuera de la isla y ha autorizado a alrededor de 435,000 personas a trabajar en el sector privado, Silvito se encogió de hombros, como diciendo que no estaba muy impresionado por las medidas. Cuba ha autorizado en el pasado algunas reformas en el sector privado, solo para revertirlas más tarde.

“Han habido algunos cambios, positivos algunos, pero yo personalmente no veo ningún cambio”, respondió. Tras una pausa, agregó: “Yo veo las cosas cada día más mal. No veo ningún cambio positivo”.

El escepticismo de Silvito —que según dicen otros visitantes cubanos es un fenómeno generalizado entre los jóvenes de la isla— contrasta con el optimismo de algunos recientes estudios académicos realizados en Estados Unidos, que consideran que en la isla están ocurriendo cambios positivos de importancia.

Un nuevo informe de Brookings Institution, titulado “¿Aterrizaje suave en Cuba?”, escrito por el ex asesor de asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca durante el gobierno de Clinton, Richard Feinberg, dice que “un dinámico sector privado” de más de dos millones de personas está emergiendo en la isla, y agrega que en Cuba se están produciendo “cambios tectónicos”.

Mi opinión: Es difícil decir desde lejos si las reformas económicas de Cuba son cambios cosméticos, o si representan el principio de una apertura económica. Lo más probable es que hayan sido concebidas por el régimen como una política de control de daños para apaciguar a una población cada vez más impaciente y crítica.

Los nietos de la revolución cubana están hartos de que les mientan, los repriman y los censuren, y cuanto más se demoren los hermanos Castro en permitir que Cuba se abra al mundo, tanto más anticomunista se hará la juventud cubana. Tal como me dijo Silvito: “Ya ha sido mucho, ¿entiendes?”.

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Colombia vs Nicaragua

Nicaragua arremete por tercera vez contra Colombia

RELACIONES INTERNACIONALES El país vecino presenta otra demanda ante la CIJ, esta por “amenaza de uso de fuerza”.


Desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso de territorio entre Colombia y Nicaragua, estos dos países han mantenido una relación de tire y afloje, pero esta semana se tensiona un poco más luego de la segunda demanda de la nación centroamericana ante La Haya.

En varias ocasiones, la canciller María Ángela Holguín ha expresado que las relaciones con el país vecino son cordiales y que el canciller de ese país, Samuel Santos, ha sido amable con ella. 

Sin embargo, Holguín quedó atónita ante la nueva acción de Nicaragua, que demandó a Colombia por “amenazas con el uso de la fuerza” y “violaciones” en los 75.000 kilómetros cuadrados de territorio que fue concedido al país vecino. “Nicaragua es un pésimo vecino con el que no se puede conversar”, declaró la canciller.

Pero no paró allí, en entrevista con Caracol Radio, Holguín opinó que le parece increíble que Nicaragua quiera solucionar los problemas bilaterales sin conversar con Colombia sino acudiendo en primera instancia a una institución internacional. “Nicaragua no nos ha hecho ningún tipo de manifestación”, pero aun así demandó al país, como explicó la diplomática. 

La pretensión de ese país es que se juzgue y se declare que Colombia viola las obligaciones de la decisión que tomó La Haya hace un año, y que el país debe “abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza bajo la Carta de la ONU y el derecho consuetudinario”, como se indica en el recurso presentado el pasado martes 26 de noviembre. Este se suma a la demanda que hizo Nicaragua contra Colombia en septiembre pasado por la plataforma continental extendida.

El nuevo alegato se llevó ante La Haya el mismo día en el que el parlamento de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves militares de Estados Unidos y Rusia a los espacios marítimos delimitados por la CIJ, en el fallo que Colombia asegura que es inaplicable.

Daniel Ortega, presidente nicaragüense, le propuso con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional de ese país que aprobara el ingreso de las dos potencias mundiales para realizar operaciones antinarcóticos en los espacios marítimos. Otra decisión que no cayó del todo bien en Colombia. 

Así las cosas, cambia el panorama que la misma canciller Holguín había descrito hace una semana como amable. Colombia todavía no sabe cuándo responderá a la nueva acción de Nicaragua y se limita a decir que lo hará “cuando corresponda”, mientras que el país vecino autoriza el paso de embarcaciones y lleva diferentes pleitos ante La Haya. Con este, ya suman tres golpes jurídicos que tiene que enfrentar el equipo colombiano de juristas: el fallo del 19 de diciembre del 2012, la demanda de septiembre pasado y este nuevo recurso. 


Nota: La directriz que impulsa toda acción de este gobierno es "el relativismo circunstancial". Es sumamente decepcionante esa actitud timorata, pusilánime, acomodada y poco firme del señor Santos prácticamente en todo asunto de Estado, máxime, cuando esa actitud pone en peligro el sustento, los usos, las costumbres, el acervo cultural y la propia supervivencia de todo un grupo étnico estrechamente ligado con la pezca artesanal y el mar. Y se pone en riesgo todo ese patrimonio inmaterial Colombiano que es irreemplazable, solo por querer quedar bien al mismo tiempo con la opinión pública, con Nicaragua y sus aliados (China, Rusia y el ALBA) y con la CIJ de la Haya, para posteriormente como ha demostrado, engañarlos a todos.

Que alguien escriba en las puertas del Palacio de San Carlos (Cancillería) o le diga a la señora Holguín, por favor, que las sentencias se acatan o NO, y punto. Considero que el celebre fallo es de verdad inaplicable porque es anti-jurídico, es injusto, es contrario a la historia, es prevaricador. Además, rompe la unidad económica y física de la Colombia Insular, o en otras palabras, la integridad geográfica del archipiélago no existe más con esa providencia, no olvidemos que afecta y altera derechos de terceros Países, lo que es inadmisible a la luz del propio reglamento de la Corte. Pero esconderse detrás de puras obviedades jurídicas para sustentar la cacareada inaplicabilidad es un escandaloso y grosero error que surje de bulto, Es un engaño!. Es decir, aseverar que se necesita de un tratado entre las dos partes para modificar los límites del Estado aduciendo que nuestra Constitución dice que los tratados sobre límites los debe aprobar el Congreso, significa, nada más y nada menos, que aceptar implícitamente que se alteren los limites de la Nación.

Lo que debemos exigir tal cual lo propuso el politólogo Alfredo Rangel en su columna del Espectador es que el gobierno nos diga "claramente si sus argumentos sobre la inaplicabilidad del fallo de La Haya son relativos o absolutos, para saber a qué atenernos. Si los argumentos son relativos, esto implica aceptar el fallo y la pérdida del mar, pero con la condición de que, por ejemplo, nuestros pescadores puedan seguir realizando sus faenas en el mar que aceptamos ceder, o de que las actividades de Nicaragua en las aguas que nos ha quitado no pongan en peligro el equilibrio ecológico de nuestro entonces recortado mar territorial. Así lo sugiere Santos al decir que el fallo es inaplicable (...) hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos (...). Entonces tiene sentido aceptar la invitación del gobierno nicaraguense para sentarnos a acordar las condiciones concretas para aplicar el fallo que aceptamos. 

Pero si el argumento es que el fallo es absolutamente inaplicable porque recorta nuestro mar territorial de una forma injusta y en contra de todos los principios del derecho internacional, y no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro cuadrado de ese mar, entonces no tiene sentido que invitemos a Nicaragua a hablar sobre unos límites que nosotros consideramos inmodificables."

A estas alturas, es muy fácil deducir que la dinámica del problema del Fallo de la Corte Internacional de Justicia va a un ritmo y el Gobierno va a otro mucho más lento. Es más, este asunto empieza a tomar otros alcances y dimensiones, generado por la aparición de ingredientes insospechados como el claro apoyo de los Rusos a Ortega, y, entre tanto, este señor Santos callado, inactivo, incólume, casi distraído, casi apático al tema.

Está claro que el argumento de la "inaplicabilidad" se está desmoronando de a poco, ya que los hechos superan o desbordan la estrategia medias tintas que pretendió hacer valer nuestro Presidente Santos, entonces mientras allá agotan todos los recursos jurídicos, diplomáticos, retóricos, mediáticos e incluso fácticos, acá el gobierno y la política casi que en pleno se engancha en el circo de la Habana defendiéndola a ultranza, vendiendo cuentos de hadas de una Colombia sin Narcotráfico, sin cultivos de coca. Tal vez Ortega no esta derribando el muro Colombiano con dinamita o con una porra, pero sí con un cincel. 

Sorprende mucho que algunos vendan la idéa de que el problema que se ha desprendido por causa de la Sentencia de la CIJ de la Haya es más retórico, más mediático, más demagógico que práctico. Sin embargo, yo veo que con esa decisión judicial prevaricadora se abrió una verdadera caja de pandora. San Andrés, Providencia y Santa Catalina sufre y va a sufrir la postura ambigua e irresponsable del Presidente. Esa forma de ser de quedar bien con todo el mundo va a hacer que una Isla sobrepoblada, pobre y aislada arraigue en la conciencia colectiva de su pueblo un sentimiento anti-Colombiano y autonómico.

Ahí se ven, y ya son palpables las consecuencias de todo esto, en un año la desaparición real de la pesca como industria, la convocatoria de una consulta que indague acerca de la conveniencia de un régimen autónomo para las Islas, la denuncia pública de la Gobernadora de las Islas que dice que en sus visitas, reclamos, solicitudes, y propuestas formuladas a Bogotá no tienen eco, son ignoradas y no la tienen en cuenta.

¿Un nuevo Panamazo, con respaldo de La Haya?

Por: Sergio Ocampo Madrid

Colombia, mirando sólo hacia dentro olvida su riqueza

Opinión

El colombiano es un pueblo de espaldas al mar y a la historia. Con 3 mil kilómetros de costa en dos océanos, no existe en el país un solo puerto de gran envergadura donde se sienta la fuerte cultura marinera de comercio, de conexión con el mundo, que se respira en ciudades portuarias como Colón, Santos, por no mencionar a Rotterdam o Hamburgo. Tampoco existe un gran proyecto nacional de explotación marítima como el que muestran Perú o Chile. Para los colombianos el mar es básicamente un sinónimo de playa.

Las dos últimas semanas han entregado elementos para reafirmar que somos un pueblo que desconoce la historia y desdeña el mar. Hablo de los últimos cuestionamientos que han surgido sobre el fallo de la Corte de la Haya que despojó al país de 70 mil kilómetros en el Caribe.

El caso empieza a tener un mal sabor y un parecido inquietante con la pérdida de Panamá en 1903. Baste empezar diciendo que para comienzos del siglo XX buena parte de la apuesta de expansión y desarrollo de Estados Unidos estaba cifrada en controlar un canal interoceánico, en el istmo. La eventual supremacía china del siglo XXI parece apuntar también al control de otro canal, esta vez en Nicaragua.

Lo lamentable es que el gran perdedor de esos sueños hegemónicos tenga que ser Colombia en ambos casos.

Recuerdo que cuando en 1977 se firmó el tratado Torrijos-Carter por el cual se comenzó a devolver el canal a los panameños, yo tenía 13 años y le escuché decir a mi papá: “Si la historia fuera justa, los gringos deberían devolverle el canal pero a Colombia”. Con el paso de los años, ahora que mi padre ya no está, he empezado a entender la enorme lucidez de esa sentencia, y cómo el tema Panamá nunca constituyó una herida para el orgullo nacional.

Pocos recuerdan que Colombia comenzó a construir el canal con Fernando de Lesseps, y que éste se quebró por maniobras muy dudosas. Entonces, los gringos asumieron el proyecto. Tampoco, que el gobierno conservador de Marroquín le pidió al de Teodoro Roosevelt intervenir con sus marines en el istmo para desalojar a los liberales, en plena guerra de los Mil Días. Que una ley del Congreso de EE UU de 1902 (ley Spooner) le exigía a Colombia la cesión absoluta y perpetua de la franja del canal. Que Colombia decidió negociarlo por 10 millones y una renta anual de US$250 mil, en el tratado Hay-Herrán, el cual Marroquín pretendía desconocer luego de firmado. Roosevelt, déspota, racista y belicoso, no se detuvo en pendejadas, independizó a Panamá y formó una república ficticia que solo hasta hace poco empezó a sentirse seria. Y detrás de todo, como lo confirma el excelente libro de Ovidio Díaz Espino, “El país creado por Wall Street”, lo que hubo fueron millones de dólares y los intereses de banqueros neoyorquinos, con J P Morgan de primero. La diabólica combinación de política y dinero le amputó a Colombia su presencia en Centroamérica.

Para reafirmar la desvergüenza, el país aceptó en 1914 una indemnización de US$25 millones y la promesa de nunca reclamar.

Luego del fallo de La Haya, el 19 de noviembre de 2012, nos hemos venido enterando de algunas cosas que tienden un manto de duda muy serio sobre la plena independencia de la Corte Internacional e inclusive de las actuaciones colombianas. Es muy extraño, por ejemplo, que dos meses antes de ser conocida la sentencia, el gobierno nicaragüense hubiera firmado un tratado con un empresario chino, Wang Jing, para construir su canal. Sin el mar colombiano esa obra era imposible.

Noemí Sanín reveló que una de las jueces en La Haya, Xue Hanqin, es de nacionalidad china y antes fue embajadora de su país cinco años en Holanda, con lo cual debió compartir muchas veces con el embajador de Nicaragua, Carlos Argüello, quien lleva 23 años en el cargo. En ese tiempo, Colombia tuvo 13 diplomáticos distintos. La juez Hanqin debió declararse impedida para juzgar en este caso.

Casi inmediato al fallo, el presidente Santos convocó a una comisión de expertos sobre los pasos a seguir. Entre ellos está el reputado jurista Rafael Nieto Navia. Hace poco, nos enteramos por Semana que su yerno es socio y gerente de la compañía Mac Larty, que asesora al chino Wang Jing, eventual constructor del canal en Nicaragua. Preguntado por María Isabel Rueda, Nieto Navia respondió que no lo sabía cuando aceptó el encargo de Santos y que su yerno tampoco sabía lo que hacía el suegro en Bogotá con el Gobierno.

Es difícil no creerle; es su palabra; pero también es imposible desconocer que se trata de un episodio de muy fea presentación y una gran torpeza del Gobierno.

Habrá que ver en caso de que Colombia no acate el fallo, si China se moverá, diplomática o hasta militarmente, para defender intereses económicos privados. Roosevelt lo hizo hace 110 años contra esta republiquita bananera.

Así es el Supertucano A-29B de la Fuerza Aérea Colombiana


Fuente: http://www.elcolombiano.com

Proceso de paz


miércoles, 27 de noviembre de 2013

El papa Francisco: “La economía de la exclusión y la inequidad mata”



Bergoglio traza su hoja de ruta en el primer gran documento de su pontificado: acabar con la desigualdad y reformar las estructuras de la Iglesia


El papa Francisco deja claro que la Iglesia actual, su Iglesia, no le gusta, pero tampoco el mundo que la rodea. Una Iglesia, según Jorge Mario Bergoglio, salpicada de envidias, celos y guerras, preocupada excesivamente por sí misma, y un mundo donde triunfa “una economía que mata” a través de la exclusión y la inequidad. De ahí que el Papa fije el horizonte de su papado sobre dos raíles paralelos. Una reforma de la Iglesia, que incluya una conversión del propio papado, y un llamamiento urgente a los políticos para que luchen contra “la tiranía” del sistema económico: “No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos”.

Durante las 142 páginas de la exhortación apostólica Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio), su primer gran documento, Francisco dibuja de forma muy nítida la hoja de ruta de su pontificado: “Es necesaria una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están”. El Papa anuncia una “reforma de las estructuras” de la Iglesia y “una conversión del papado” para que sea “más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle”. Hay una frase, muy del estilo Bergoglio, que resume muy bien el espíritu de los tiempos que vienen: “Prefiero una Iglesia herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos”.

» No a la economía de la exclusión.“Así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la inequidad’. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la Bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. (…) Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. (...) Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz”. 

Estas son las grandes guías del documento:

» Un mensaje a políticos y financieros. “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados (...). Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas (…). La ética—–una ética no ideologizada— permite crear un equilibrio y un orden social más humano. En este sentido, animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: ‘No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos”.

» No a las mujeres sacerdotes, pero más presencia en la Iglesia.“Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. El sacerdocio reservado a los varones, como signo de Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder (…). Aquí hay un gran desafío para los pastores y para los teólogos, que podrían ayudar a reconocer mejor lo que esto implica con respecto al posible lugar de la mujer allí donde se toman decisiones importantes, en los diversos ámbitos de la Iglesia”.

» No al aborto, pero sí comprensión a las mujeres que abortan. “Precisamente porque es una cuestión que hace a la coherencia interna de nuestro mensaje sobre el valor de la persona humana, no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al respecto. Este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o ‘modernizaciones’. No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana. Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación o en un contexto de extrema pobreza”.

» El Papa no tiene el monopolio.“Hay normas o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida. Santo Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y los Apóstoles al Pueblo de Dios ‘son poquísimos’. Citando a san Agustín, advertía que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con moderación ‘para no hacer pesada la vida a los fieles’ y convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando ‘la misericordia de Dios quiso que fuera libre’. Esta advertencia, hecha varios siglos atrás, tiene una tremenda actualidad. Debería ser uno de los criterios a considerar a la hora de pensar una reforma de la Iglesia y de su predicación que permita realmente llegar a todo. (…) Además, ni el Papa ni la Iglesia tienen el monopolio en la interpretación de la realidad social o en la propuesta de soluciones para los problemas contemporáneos. (...) Tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y al mundo. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable descentralización. (...) Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como Obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten en un ejercicio de mi ministerio (...). También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia universal necesitan escuchar el llamado de una conversión pastoral. Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera”.

martes, 26 de noviembre de 2013

Así será el cambio que tendrá el Centro Administrativo Nacional



La firma del holandés Rem Koolhaas y dos colombianos harán la renovación urbana del CAN.

Una de las firmas de arquitectos más importantes del mundo, OMA, del holandés Rem Koolhaas, acaba de ganar el concurso para el diseño urbano del plan maestro del Centro Administrativo Nacional (CAN), considerado el proyecto institucional más grande en América Latina después de Brasilia.


La oficina en Nueva York de OMA, liderada por el japonés Shohei Shigematsu, se asoció con los colombianos Lorenzo Castro y Julio César Gómez, ambos con reconocidas trayectorias en Colombia, para presentar un proyecto de renovación urbana que le cambiará, a lo largo de 87 hectáreas, no solo la cara, sino los usos al CAN.

“Esta obra es la operación más importante de Colombia desde el punto de vista urbanístico y de integración internacional. La renovación del CAN afecta el PIB, la población, el desarrollo, la movilidad e incluso la identidad del país. Es única”, dice Julio César Gómez, consultor independiente y excoordinador del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá entre 1998 y 2003.

Literalmente, se volverá a hacer el CAN, que se extiende de la carrera 50 a la 60, entre las calles 26 y 44. El proceso durará unos 25 años. Se construirán 120 edificios para 70 entidades –40 de ellas del Gobierno Nacional– y 11.000 viviendas, sin contar con oficinas y comercio.

Para que su presencia sea más potente y simbólica en la ciudad, los edificios gubernamentales se ubicarán cerca de la avenida El Dorado y tendrán una altura de 20 pisos; la excepción es el Ministerio de Defensa, que se construirá muy cerca del parque Simón Bolívar y tendrá una nueva Plaza de Los Caídos (el monumento se queda en su sitio original) que sirva para múltiples actividades.

Pero esta es solo la punta del iceberg. De lo que se trata, dice Lorenzo Castro –quien trabajó en el Gobierno Peñalosa en la formulación del Plan de Parques y la Red de Alamedas y de Ciclorrutas–, es de producir una estructura urbana de altísima calidad que se comporte como una pieza articuladora entre la ciudad y la sabana. “Uno de los aportes más importantes del proyecto es que resuelve la mala relación territorial del CAN con la sabana a través de una conexión medioambiental entre los cerros Orientales, el parque Nacional, el río Arzobispo, la Universidad Nacional, el CAN, el parque Simón Bolívar, la alameda Jaboque y el parque La Florida, en Cota”, dice.

Basados en una idea de Rogelio Salmona que buscaba revitalizar el campus de la Nacional, los autores del proyecto plantearon traer un largo hilo de agua del río Arzobispo –que hoy se desvía por el canal Salitre y termina en el humedal Juan Amarillo– para que se integre con el CAN y termine en el Jaboque. El hilo creará dos espacios: uno de mayor actividad, en el que habrá ciclorrutas y locales comerciales (que ocuparán el primer piso de los edificios), y el otro, de carácter más contemplativo, que tiene espejos de agua.

OMA N. Y. y Gómez + Castro también plantean conectar, con un corredor verde de 30 hectáreas y en forma de arco, la Ciudad CAN, como se llamará, con el parque Simón Bolívar, la avenida El Dorado y la Universidad Nacional. Para Andrés Escobar, gerente de Renovación Urbana Nacional –la institución que convocó el concurso– ese es uno de los aportes del proyecto.

La idea es darle vida al CAN. Que deje de ser un lugar solitario, casi que inhóspito, después de las 6:30 de la tarde. Habrá, entonces, un eje cultural. Se plantean un teatro, un Centro de Memoria Histórica (ese sí pedido por Renovación Urbana), una biblioteca, guarderías, etc., y también podrían quedar sedes de instituciones como la Galería Santa Fe, la Fundación Corazón Verde, el Festival Iberoamericano de Teatro o para un Museo de Ciudad. Quedarían muy cerca de la Nacional. “La idea sería abrir la Universidad otra vez”, dice Castro refiriéndose a quitarle los cerramientos.

La transformación del CAN podría costar 4.000 millones de dólares, que según Escobar no correrán por cuenta de Bogotá: “Los costos de infraestructura los financia el proyecto por medio de la subasta de lotes para la vivienda y otros mecanismos. Los costos de los edificios de Gobierno, los financiará también este proyecto urbanístico y mediante Asociaciones Público-Privadas. Y los de los otros edificios, el sector privado, así como se desarrolló Ciudad Salitre”.

Pero lo primero que tiene que ocurrir para que esta megaobra sea una realidad es que se apruebe el POT, que hoy está empantanado en el Concejo. Sin embargo, Escobar cree que las condiciones están dadas: “Este es tal vez el único proyecto en el que están de acuerdo el Presidente, el Alcalde y el Gobernador. Pero depende también de que la comunidad lo apoye”.

La Universidad Nacional ha manifestado su oposición a la renovación del CAN, por considerar que “arruina la estructura ecológica de Bogotá”, según publica Unimedios, porque interviene 29 hectáreas (de la Gobernación de Cundinamarca) que servirán para prolongar el parque Simón Bolívar –hoy, no habilitadas para el público y cerradas con alambre de púas–; a lo que Castro responde que le serán devueltas a la ciudad con el corredor verde y que esta es un área que ha permanecido como un lote baldío por 25 años.

Por ahora, OMA N. Y. y Gómez + Castro esperan la aprobación del POT para empezar a hacer los diseños finales. Sería la primera vez que el gran Koolhaas, que ha diseñado ciudades enteras, desarrolle un proyecto en Colombia.

Entrevista

‘Nos emociona estar en Colombia’

Shohei Shigematsu, socio de la firma OMA en N.Y.

¿Qué hace a Colombia interesante para OMA?

Sus largas ambiciones cívicas, caracterizadas por una rica historia de espacio público y arquitectura moderna. Nos emociona participar en este momento de economía veloz y de crecimiento de la población.

¿Cómo describe el espíritu del proyecto del CAN?

Pensamos que un fuerte carácter urbano era importante para un nuevo centro cívico como este. Nuestra propuesta provee una curva que domina el espacio público y que conecta el parque Simón Bolívar, la Universidad Nacional y la Calle 26. Con un gesto simple, el arco logra una clara identidad urbana.

¿Qué tan común es que OMA trabaje con equipos de países donde va a realizar sus proyectos?

Siempre trabajamos con equipos locales para proyectos en el extranjero. Para el CAN fue fundamental integrar la experiencia y el conocimiento de Julio César Gómez y Lorenzo Castro (arquitectos), Carlos Moncada (consultor de movilidad), Òscar Borrero (consultor financiero) y Esteban Martínez (sostenibilidad). Gómez y Castro incluso trabajaron con nosotros en Nueva York.

Koolhaas y su compañía

OMA tiene cinco sedes en el mundo

El holandés Rem Koolhaas –ganador del Premio Pritzker en el 2000– es una de las vacas sagradas de la arquitectura contemporánea. Su firma, OMA, realiza proyectos en todo el mundo y de escalas e impactos muy variados: desde locales comerciales –Prada es uno de sus grandes clientes– pasando por bibliotecas públicas, casas unifamiliares o sedes de canales de televisión hasta grandes planes urbanísticos (en el 2007 creó el plan maestro para el nuevo centro de la ciudad holandesa de Almere). Se acaban de ganar el concurso para renovar el Centro de Convenciones de Miami. Su firma tiene sedes en cinco ciudades: Pekín, Abu Dabi, Londres, Róterdam y Nueva York.

PAOLA VILLAMARÍN
Editora Redacción Domingo


Nota: Acá les traigo lo que sería un proyecto transformador no solo de Bogotá, sino para el País. Estas son las obras a través de las cuales afianzamos nuestra identidad, cultura y costumbres como Nación, la creación de este tipo referentes urbanísticos redunda en un Estado de verdad Democrático, moderno, competitivo, incluyente y comprometido con el desarrollo sostenible. Solo así, afianzamos nuestra posición de Grande Suramericano y de potencia emergente.