martes, 31 de mayo de 2016
lunes, 30 de mayo de 2016
domingo, 29 de mayo de 2016
sábado, 28 de mayo de 2016
Fortines isleños anclados en la guerra fría de Corea
El descolorido monolito, escondido en una de las callejuelas del pequeño puerto pesquero, relata una historia anclada en los anales de la Guerra Fría.
Ocurrió a las 11 de la noche del 9 de julio de 1970 a pocos kilómetros de la Línea Límite del Norte (LLN), como dice la placa.
"Un barco de guerra de Corea del Norte apareció súbitamente y abordó el pesquero surcoreano", asegura la inscripción.
Uno de los pescadores, San gil Choi, se resistió a ser secuestrado añade el relato y lo asesinaron a tiros. De los otros cuatro nunca más se supo.
Los nombres de Chun Bin Jang, Gyung Sun Min, Ho Shin Byun y Myung Nam Sa se unieron a la larga lista de pescadores surcoreanos -cientos de ellos- que desaparecieron en el particular Triángulo de las Bermudas en el que se convirtió el Mar Amarillo y las aguas que se disputan las dos Coreas.
"Eran tiempos muy peligrosos. Los barcos se movían a remos y no tenías tiempo de reaccionar. Por eso, desde la década de los 70, el Gobierno nos prohíbe salir a pescar por la noche", afirma Bong Yul Yu, otro marinero de la isla Baengyeongdo.
La guerra abierta que enfrentó a las dos naciones de la Península coreana concluyó hace décadas pero Baengyeongdo y las otras cuatro islas surcoreanas ubicadas en torno a la LLN permanecen atrapadas en la dinámica bélica.
El pequeño monumento dedicado a los pescadores raptados no es una rareza en Baengyeongdo. En el enclave surcoreano más alejado del territorio continental de su país, más aislado, y a sólo 16 kilómetros de la costa norcoreana, las alusiones a la pugna que mantienen ambas naciones son tan recurrentes como la presencia de parafernalia militar.
Playa de la isla Baengyeongdo, protegida con alambradas anti-desembarco
La imagen de calma aparente que recibe al visitante que acude desde el puerto de Incheon -a casi cuatro horas de viaje- se resquebraja al recorrer el territorio. Baengyeongdo es una auténtico fortín repleto de refugios anti-bombardeos, bases militares, túneles horadados en las montañas, posiciones de artillería, campos minados y trincheras ocultas en la maleza.
La escalada de tensión que enfrenta a los dos países desde hace meses parece haber reforzado el recelo de las autoridades de Seúl, que han decidido reforzar la protección del islote. La construcción de nuevas fortificaciones militares son una constante. Lo mismo que las patrullas de los buques de guerra surcoreanos, que no cesan de recorrer las aguas circundantes.
La transformación de lo que antaño debió ser un destino paradisiaco se justifica por los atribulados avatares que han sacudido a esta región marítima.
La disputa sobre la LLN comenzó en el mismo instante en el que fue delineada por Naciones Unidas en agosto de 1953, justo tras el alto el fuego que puso fin a la confrontación bélica en la Península de Corea. Pyongyang nunca reconoció esa demarcación marítima y comenzó a traspasarla abiertamente en la década de los 70.
Desde hace 18 años, el Mar Amarillo se ha convertido en el escenario de las principales confrontaciones bélicas que han protagonizado ambos países. Unas refriegas que han provocado encontronazos navales, hundimientos de buques de guerra, decenas de muertos en ambos lados y el trágico bombardeo que sufrió la isla de Yeongpyeong en 2010, que costó la vida a otras cuatro personas.
La memoria de estos altercados se mantiene viva en la llamada Torre del Deseo de Unificación, un pequeño centro de exhibición situado en el mismo promontorio desde el que se puede apreciar, sin necesidad de binoculares, las cercanas colinas del norcoreano Cabo de Jangsan. Junto a la colina se encuentra la playa de Hani, bloqueada por obstáculos anti desembarco al estilo de Normandía, otro recurso habitual de una isla donde resulta casi imposible disfrutar del litoral, acotado por barreras y alambre de espino.
El edificio acoge una gran maqueta que recuerda la localización de los choques entre los navíos de guerra de 1999, 2002 y 2010, el hundimiento de la corbeta surcoreana Cheonan en ese mismo año -que Seúl achaca a Pyongyang-, fotos de los incendios que causó el ataque contra Yeongpyeong y hasta dos de los obuses que usó Corea del Norte en esa acción.
"Las provocaciones de Corea del Norte que nunca terminan", se lee en uno de los paneles.
Bajo esta atmósfera de incertidumbre latente, no es extraño que al margen de los 5.500 habitantes de Baengyeongdo -algunos atraídos del territorio continental por las ayudas oficiales para estos enclaves- la mayoría de los viajeros que acuden desde Incheon sean o bien soldados o lo que Dazi No llama "turistas de la guerra".
"Son veteranos [ex militares] o simpatizantes de la derecha que vienen a rendir homenaje a los muertos de estas guerras", asevera.
La señora de 65 años se ha acostumbrado a la rutina de vivir siempre en la primera línea hasta el punto que reconoce que ya no obedece a las alertas que provocan las habituales maniobras de la artillería norcoreana.
"Sí, nos dicen que nos escondamos en los refugios -hay 28 en toda la isla- pero yo no voy. Total, si hay guerra de verdad, vamos a morir todos, dentro o fuera de los refugios", añade.
Los islotes surcoreanos del Mar Amarillo llevan años siendo el objetivo de la retórica amenazante norcoreana, que se ha acrecentado tras el acceso al poder de Kim Jong-un.
En una jornada de 2013, Baengyeongdo apareció alfombrado con miles de panfletos de propaganda norcoreana que amenazaba con arrasarla y transformarla en "un gran cementerio".
Ese mismo año, el propio Kim Jong-un instó a sus militares a convertir ese territorio en un "mar de fuego".
En otras ocasiones, Pyongyang pidió a los habitantes de las cinco islas que las "evacuaran" si querían conservar la vida, ante una guerra que anunciaban inminente.
"No hace más que hablar. Ya no le hacemos caso", apunta Dazi No.
Sin embargo, para Hwang Hae Do, otro pescador local, es cierto que "Kim Jong-un ha complicado la situación. Este hace más locuras. Estamos más preocupados".
Maqueta de la isla de Baengyeongdo. La tierra al fondo es Corea del Norte
El espíritu marcial y la cercanía del frente son también un referente omnipresente en Yeongpyeong. Las autoridades locales han construido un moderno museo dedicado al ataque que sufrió la isla en noviembre de 2010. Las instalaciones albergan hasta las ruinas ennegrecidas y los escombros de media docena de viviendas asoladas por los obuses norcoreanos en esa jornada.
Aquí también se están erigiendo más parapetos militares y se ha aumentado la dotación de marines. Aunque está prohibido el acceso, el norte de la isla semeja ser un conglomerado de barracones y posiciones de cañones hundidos en las profundidades de los montes.
"Hasta 2010 nunca pensamos que esto era peligroso. Cuando era niño me parecía hasta divertido ver a todos estos soldados, helicópteros y tanques. Pero el bombardeo cambió todo. Es obvio que no es un lugar seguro", afirma un residente de 56 años que no quiere dar su nombre.
"El problema es que los barcos norcoreanos no respetan la LLN y suelen rebasarla a menudo. Entonces los navíos surcoreanos tiene que bloquearles el paso. Pasa cinco o seis veces al año. Se quedan frente a frente y a nosotros nos obligan a evacuar la zona y navegar hacia el Sur", explica Sung do Kyung, un pescador de Yeongpyeong, de 49 años.
La actual escalada que se registra en la Península, tras la prueba nuclear norcoreana de enero, azuzada por la proximidad del congreso del Partido de los Trabajadores del país comunista -que comienza el día 6- ha reforzado la alerta máxima que mantienen las tropas surcoreanas en estos enclaves insulares..
El propio jefe del Estado Mayor del ejército surcoreano, el general Lee Sun-ji, declaró días atrás que "si Corea del Norte lleva a cabo cualquier otra provocación, será en la LLN, donde estamos en la temporada alta de la pesca del cangrejo azul".
La captura de este codiciado marisco ha sido durante décadas otro motivo de disputa entre los países vecinos y el origen de algunos de los enfrentamientos navales. Para Corea del Norte, la exportación de estos cangrejos constituye una lucrativa manera de obtener divisas extranjeras.
La tradicional tensión que se registra en estas aguas se ha visto agravada como cada año por la aparición de toda una flotilla de pesqueros chinos, que aprovechan la incertidumbre que rige en torno a la LLN para introducirse en el espacio marítimo reclamado por Seúl y huir al que controla Pyongyang cuando aparecen los guardacostas surcoreanos arriesgándose al mismo tiempo a provocar un malentendido entre las dos marinas.
"Es como un juego del gato y el ratón, y no podemos hacer nada una vez que se refugian del lado norcoreano", admite el responsable de los guardacostas en Baengyeongdo, Park Minseok.
Sus subalternos inmovilizaron a 45 pesqueros chinos 'ilegales' tan sólo el pasado año y en lo que va de 2016 han capturado otros 15.
Patrullera surcoreanas vigilando las aguas de la isla de Baengnyeong
Desde los montículos de Yeongpyeong se puede ver claramente la aglomeración de decenas de pequeñas embarcaciones que hacen ondear la bandera roja de la República China, que se concentran justo en los cuatro kilómetros de mar que separan el territorio surcoreano del primer peñasco norcoreana.
"A veces pienso que los pescadores ilegales chinos son un problema más grande que Corea del Norte", opina Park Minseok.
El diferendo se complicó si cabe aún más a principios del presente mes cuando los barcos pesqueros locales se vieron afectados por la interferencia de los sistemas de GPS que usan para navegar, una anomalía que Corea del Sur achaca a su rival norteño.
Seúl afirmó que cientos de pesqueros tuvieron que regresar a sus puertos ante el peligro que entraña desplazarse sin conocer su posición exacta en un área tan delicada.
En Yeongpyeong, el bloqueo de los GPS duró casi una semana, aunque los pescadores sólo se mantuvieron inactivos durante una jornada, según relató uno de los marineros.
Pese a la tirantez y la rivalidad militar obvia en estos parajes, los múltiples monumentos y salas de exposición de Baengyeongdo y Yeongpyeong coinciden en reclamar la "unificación pacífica" de las dos Coreas.
Para Sung Jin Kim, un granjero de 74 años de la segunda isla, se trata de un mero "sueño, muy distante".
El granjero de 74 años de Yeongpyeong recuerda el "miedo" que sintió cuando se produjo la primera batalla naval en torno a esa isla en 1999. "Durante la guerra de Corea me evacuaron así que no vi combates. Aquel fue mi primer contacto con la guerra. Comprendí que vivimos en la primera línea", dice.
"Todos queremos la unificación pero soy consciente de que no sucederá mientras que yo viva", concluye.
viernes, 27 de mayo de 2016
Los retos del Derecho administrativo contemporáneo.
El derecho administrativo fue concebido en sus orígenes por el derecho francés, como un régimen exorbitante del derecho privado
Dolly Pedraza de Arenas
El derecho administrativo fue concebido en sus orígenes por el derecho francés, como un régimen exorbitante del derecho privado, que provenía de la preeminencia del interés social sobre el interés privado colocando a la administración en una situación de privilegio con prerrogativas de autoridad sobre los administrados. Tales prerrogativas comprenden una gama de potestades jurídicas que niegan la relación conmutativa entre el ente estatal y los particulares.
El eje alrededor del cual se crea el derecho administrativo es el acto administrativo como expresión de voluntad unilateral del Estado, expedido por la Administración desde su pedestal de príncipe con superioridad jerárquica sobre el administrado.
Esta concepción del derecho administrativo hoy ha pasado a ser solo un referente histórico, en la media en que el derecho ha instituido garantías a favor de los particulares que atemperan el poder estatal y armonizan el interés social que encarna el Estado, con el interés particular de los asociados.
El Estado de Derecho impone a la administración el sometimiento al ordenamiento jurídico y el respeto de los derechos fundamentales y las garantías de los particulares.
A partir de la primera guerra mundial surge el intervencionismo del Estado y con él el Estado servidor que orienta toda su actividad al bienestar de la comunidad procurando corregir las desigualdades sociales a través de la prestación de los servicios.
Luego con el auge de los derechos fundamentales del hombre el derecho administrativo contemporáneo pasa reconocer al individuo como el objeto natural de la actividad estatal.
En palabras del exconsejero de Estado Augusto Hernández Becerra, nuestro tiempo ha propiciado un fructífero debate a la democracia desde la perspectiva de los derechos humanos. Una sociedad más dueña de sus libertades, mejor informada y más exigente, pugna por desmitificar el Estado y replantear el derecho público a partir de reglas igualitarias de relación e interlocución entre el gobierno y los gobernados, y confiere protagonismo al ser humano como persona, como ciudadano, como individuo titular de derechos, como usuario de servicios, como “cliente” de la administración pública. El concepto “sociedad civil” resulta ser demasiado abstracto para esta época de demandas ciudadanas y participación, en la cual los actores sociales son personas concretas, que deben ser consideradas en sus condiciones reales y actuales de existencia, con sus ideas, sentimientos, necesidades y expectativas específicas
No puede afirmarse sin embargo que el derecho administrativo contemporáneo niegue absolutamente las potestades unilaterales de la administración y establezca una relación conmutativa entre éste y los particulares. Tampoco que el acto administrativo como manifestación unilateral de la administración haya desaparecido o que haya perdido sus características de legitimidad, ejecutividad y ejecutoriedad. No es acertado el concepto que se ha emitido sobre la crisis o la quiebra del derecho administrativo. La realidad es que el derecho administrativo ha evolucionado para acomodarse a las nuevas realidades históricas del mundo contemporáneo.
Es inocultable que los poderes exorbitantes del Estado se han flexibilizado. El régimen exorbitante del derecho privado hoy se aleja de su significado original. Los gobiernos democráticos en estos tiempos buscan su legitimación en el pueblo y establecen o modifican sus políticas y derroteros en los resultados de las encuestas populares.
Del acto administrativo unilateral que somete a los particulares, hoy se ha pasado en muchos casos al acto administrativo concertado, o a los mecanismos de refrendación de las actuaciones del gobierno mediante consultas populares, plebiscitos, referendos.
Y este nuevo orden ha promovido la evolución del derecho administrativo para introducir procedimientos administrativos más incluyentes en la producción del acto administrativo, y en general en el actuar de la administración.
En Colombia esta evolución que ya venía percibiéndose, fue acelerada de manera importante por la Constitución de 1991 en cuyo texto se proclamaron valores y principios constitucionales centrados en la persona humana. La Constitución de 1991, consagró a Colombia como un estado social de derecho, la definió como una democracia participativa y proclamó principios y valores como la primacía del interés general, el principio democrático y de libertad, el pluralismo, la igualdad, la dignidad, y la buena fe.
Igualmente denominó la Carta como servidores públicos a quienes cumplen función pública afirmando que están al servicio del Estado y de la comunidad, e involucró a los particulares en las tareas del Estado.
Pero lo más significativo, fue que estableció un catálogo de derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales, y colectivos y del ambiente, de todas las personas residentes en Colombia.
Estas innovaciones constitucionales han obligado a dar un giro al derecho administrativo colombiano, que ha venido siendo desarrollado por el mismo legislativo, con la expedición de varias leyes, entre ellas, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, la ley estatutaria del derecho de petición, el llamado estatuto anti trámites.
Mención especial merece el Cpaca, que en su primera parte, art. 1°, señala que la “Finalidad de la Parte Primera”, el procedimiento administrativo, es “proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares”.
Según este precepto, es objetivo primordial del procedimiento administrativo la protección de la persona humana vista no como anteriormente se le denominaba, administrado, sino como sujeto de derechos. Y este objetivo al igual que los principios consagrados en la Constitución Política, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, deben impregnar la interpretación de todos los trámitesyactuaciones realizadospor laAdministración, tal como se ordena en el mismo código.
El Cpaca trae igualmente todo un catálogo de derechos de las personas ante las autoridades y señala los deberes de las autoridades en la atención al público, otorgando importantes instrumentos a la administración para que pueda proteger directamente a las personas, sin que éstas tengan necesidad de acudir a la intervención judicial.
El objeto de la ritualidad de la actividad jurídica y de la actuación material de la administración ya no está orientada solamente a la comunidad en general, sino principalmente a la dignidad de la persona humana, con lo cual se redefine la relación autoridad - individuo, dándole un nuevo sentido humanístico.
El desarrollo y el dinamismo de esta nueva realidad es el reto del derecho administrativo contemporáneo y su amplitud y complejidad, un reto para todos los operadores jurídicos y desde luego para las escuelas de enseñanza del derecho.
“No quiero una papayera sino una orquesta sinfónica”: General Mejía
El general Alberto José Mejía le explicó a La Silla de qué se trata la transformación al Ejército y los efectos que ésta tendrá sobre sus roles.
El martes, el comandante del Ejército, el general Alberto José Mejía, anunció la transformación del Ejército que entrará a regir a partir del próximo 7 de agosto. Es una reforma grande que busca preparar el Ejército para la eventual firma de la paz con las Farc y los retos que implica la salida de ese grupo armado del conflicto y el crecimiento de otros, como las bandas criminales.
La Silla entrevistó al General Mejía para entender de qué se trata este cambio.
La Silla Vacía: Leyendo sus declaraciones, pareciera que le están apuntando a un Ejército multipropósito
Alberto José Mejía: Hay una política en el Plan de Desarrollo del Gobierno sobre la seguridad y la defensa que fue elaborada durante el período del exministro Juan Carlos Pinzón. Y ahora el ministro Villegas ha llegado a hacer un proceso de refinamiento de esa política para hacerla mucho más adaptable a la situación. Tenemos muy claro que esa política rige lo que nosotros hacemos: proteger la soberanía del territorio.
Pero el Gobierno nos ha dicho que nosotros no vamos a hacer solo eso, sino que vamos a seguir participando en el nivel interno hasta que se alcance una paz estable y duradera. Y vamos a tener que involucrarnos en el desarrollo del país, vamos a tener que participar en misiones internacionales (que es una orden del Presidente), y que tenemos que estar preparados para atender temas de desastres, medio ambiente y gestión del riesgo.
¿Cuál es la lógica detrás de esto?
AJM: Ese un portafolio muy amplio, son muchos roles. Y realmente, si Colombia tuviera instituciones muy fuertes para atender cada uno de esos temas no habría razón para estar nosotros involucrados. Pero es un toque de realismo.
¿En qué sentido?
AJM: Nosotros tenemos unas capacidades. Por ejemplo, en temas de desminado, llevamos 30 años desminando y tenemos una experiencia muy grande: ya despejamos cinco municipios completos que nos tomó cinco años hacerlo según estándares internacionales. Entonces, [nos han dicho] usen esta capacidad para seguir apoyando al país.
Este ejército multiroles no es solo en el caso de Colombia. Es el de Brasil, el de Chile, el de México, son los ejércitos de la Otan y de todo el mundo a los cuales sus países los están llevando al máximo desempeño de su capacidad.
Esta estructuración crea nuevas armas y además cambia la estructura del Estado mayor y lo divide. ¿Usted qué le diría a la gente que piensa que esto es una manera de ocupar a los coroneles y a los generales que sienten que se van a quedar sin puesto con el proceso de paz?
AJM: La verdad es que el Ejército actual es una pirámide muy cerrada. Los ejércitos modernos son como una meseta. Eso facilita los procesos de toma de decisiones. Aquí la carga laboral de comandante del Ejército es brutal. Usted tiene que tomar diez mil decisiones al día, firmar 20 mil papeles y al hacer esto usted no pocas veces termina enfocándose en lo táctico y no en lo estratégico.
Entonces lo que queremos es, a través de tres jefaturas de estado mayor, encargar a unos tomadores de decisiones de procesos. Uno que planea, otro que produce poder de combate y otro que pelea.
No estamos creando más puestos sino modernizandonos.
¿Es decir que el Estado Mayor se queda con el mismo número de personas pero especializadas?
AJM: Se mantiene igual pero con mayor talento. Hay un cambio fundamental en la administración del talento humano. No quiero una papayera sino una orquesta sinfónica en la que cada especialista toca perfecto un instrumento por 20 años. Si usted es un suboficial experto en ciberdefensa, usted tiene que especializarse en eso 20 años hasta que usted sea el más hiper mega crack en ese tema.
¿Y para qué crear cuatro nuevas armas?
AJM: Mire lo que pasa: Por ejemplo, a Fuerzas Especiales llega gente super talentosa y la entrenamos para cumplir cierto tipo de misiones. Por ejemplo, infiltraciones a gran altura. La inversión en ese tipo de capacidad vale plata. Y la persona, por ejemplo, es de caballería.
Esta persona después tiene que ir a hacer su curso, especializarse en caballería porque si no va a trabajar en caballería no puede ser comandante de una unidad de caballería. Entonces esa persona se sentía relegada, cuando es un super Mcgyver. Entonces se creó el arma de fuerzas especiales y todos estos talentos se mantienen en su capacidad. El máximo puesto de esa pirámide es ser comandante del comando conjunto de operaciones de las fuerzas militares con todo un plan de carrera para llegar allá.
Lo mismo pasa con Policía Militar y Acción Integral. Aplica para los que manejan máquinas, pavimentan, perforan pozos en La Guajira. Se necesita tener una preparación y no puedo graduarlo y decirle “usted va a ser panadero”.
¿Cómo van a preparar a la tropa para poder cumplir con estos propósitos?
AJM: En la planificación militar trabajamos por esfuerzos: principales, de apoyo y de contribución. La transformación está dividida en tres espacios de tiempo: la 1.0 que es del 2014 al 2018. La 2.0 que es del 2018 al 2022 y la 3.0 que va del 2022 al 2030.
El esfuerzo principal es que el acuerdo de paz sea exitoso. Desde que yo llegué a este cargo he establecido la máxima estratégica de que este proceso de paz no se vaya a caer por culpa del Ejército.
El 20 de julio vamos a cumplir un año de mostrarle al país que hemos sido los grandes protectores del proceso de paz. Ha sido dificilísimo. Con una operación mal concebida nos podemos tirar el proceso de paz en tres segundos.
¿Está diciendo que ha habido un cese bilateral de facto?
AJM: Hemos tenido una gran responsabilidad en cumplir la misión teniendo el absoluto cuidado de no afectar el proceso de paz, de respetar los compromisos que ha adquirido nuestro gobierno
¿Cómo podría una operación militar haber dañado el proceso?
AJM: Por ejemplo, el Presidente dice que no se pueden bombardear los campamentos de las Farc pero nosotros también tenemos artillería de campaña que produce mayores efectos. Es decir, cañones que tienen una potencia inmensa. Hemos sido cuidadosos de no emplear este tipo de capacidades contra estos campamentos con el propósito de evitar que el proceso se pueda afectar.
Lo que sí hemos hecho es darle muy duro al enemigo en lo que tiene que ver con narcotráfico: llevamos récord de erradicación, récord de destrucción de laboratorios de base de coca y de destrucción de cristalizaderos, récord de incautación de insumos sólidos y líquidos, récord en minería ilegal, en atacar la extorsión y el contrabando que nosotros nunca habíamos estado metidos en temas de contrabando y estamos haciendo un esfuerzo extraordinario.
Pero también hay un récord en aumento de cultivos
AJM: En erradicación, la meta impuesta el año pasado por el sector este año la doblamos. Y de haberla doblado, la meta del año la vamos a cumplir el primero de julio. Pero ante el aumento de los cultivos de droga eso es un rasguño.
Hoy hay unos 100 mil soldados regulares y de esos, según un estudio de la Defensoría, el 81 por ciento de ellos vienen de familias en situación de pobreza y hay altos niveles de analfabetismo en la tropa. ¿Cómo reeducar al Ejército para cumplir esta cantidad de labores adicionales?
AJM: El Ejército tiene unos pilares, que yo llamo subsistemas de talento humano, de inteligencia, operaciones, logística, etc. Hemos hecho una evaluación que empezó en el 2011 que nos permite saber en cada subsistema cuáles son las debilidades, las fortalezas y las amenazas. Eso nos ha permitido orientar la estrategia y crear matrices de prioridades que nos permiten establecer qué debemos hacer primero.
Por supuesto que está el tema de entrenamiento, de educación, de doctrina. Ha sido un proceso de sacarle radiografías al Ejército. Y durante todo este tiempo yo he estado personalmente en este trabajo sin pensar que iba a llegar a esta posición.
¿Cuál es la inversión en educación que están haciendo, van a crear nuevas escuelas?
AJM: Tiene que ser un Ejército más preparado, más educado. Uno de mis libros de cabecera se llama El Soldado y el Estado, del profesor Samuel Huntington de la Universidad de Harvard. Él hace un análisis que dice que los más altos niveles de relación civiles y militares están dados de acuerdo al nivel de profesionalismo del Ejército. Entre más profesional sea, las relaciones con las instituciones democráticas y con el país son más fuertes. No es un descubrimiento de la Nasa pero sí soporta la importancia de la inversión en educación.
¿Y cuánto tienen previsto para eso?
AJM: Tenemos unos planes articulados. El Plan Diamante, que nace en el 2011 del Presidente Santos y el ministro Pinzón, y que inyecta una cantidad de recursos para que todas las fuerzas puedan capacitar a sus individuos, hombres y mujeres, en temas que son fundamentales para la construcción del futuro. Así como cuando Chile estaba en la dictadura y mandó a sus army boys a Chicago para prepararse, acá hicimos algo parecido de mandar nuestros army boysal exterior a prepararse y a adquirir una cantidad de conocimientos para llegar acá a ser una influencia transformadora dentro del ejército. Este proceso inicial fue una inversión de 20 mil millones de pesos que nos dio la capacidad de acceder a una cantidad de sitios.
¿Cuáles son los planes para los soldados rasos?
AJM: Estamos presentado una ley que ya pasó el primer debate para la unificación de un solo tipo de soldado. Yo digo, y de pronto no es políticamente correcto, que tal vez el único requisito para prestar el servicio militar es ser pobre. Eso a mi me atormenta. Queremos un servicio más universal.
Por eso, para ellos, los menos privilegiados, se reduce de 2 años a 18 meses. A los que prestan 12 meses se aumenta a 18 y queda estandarizado. Pero, más importante que eso, la idea es que ellos pasen de ganar 90 mil pesos al mes (de los cuales muchas veces le giran 50 mil a la mamá, ese es el nivel de pobreza) a que pasen a ganar 240 mil pesos con el objetivo de que lleguemos a un salario mínimo.
Parece que en toda esta reestructuración ustedes entran a hacer inclusive más labores que en principio son de la policía. ¿A qué se debe eso?
AJM: Sin saber si se firman los acuerdos, sin saber si el ELN entra al proceso, sin saber qué va a pasar con las banda criminales, tenemos que ser muy desconfiados porque la misión es proteger al pueblo colombiano.
Pero en la medida en que se va construyendo una paz estable y duradera, la aguja de esos roles y la de la organización va cambiando y por eso damos el salto a 2.0.
El 2.0 es un Ejército que deja de hacer unas tareas un poco de guerra no convencional y empieza a asumir otras tareas y en esa transición nosotros tenemos muy claro para qué está hecha cada fuerza.
Siempre pensé que al llegar a esta época tan cercana a la paz la extorsión iba a bajar y resulta que es todo lo contrario. Ahora, en vez de pensar en tener menos grupo anti extorsión y secuestro, necesitamos más. Pero eso no va a ser para siempre. Ese rol, en la etapa 2 o 3, según el escenario, debe pasar a la Policía Nacional.
¿Por qué es tan difícil decidir que la policía tenga la primacía como en toda sociedad sin guerra?
AJM: El país no puede esperar que esta transición sea así, que se firmó la paz y al otro día el cielo es rosado y solo pasan palomas blancas volando sobre Bogotá y todo es espectacular. Realmente vamos a tener que seguir confrontando un sistema de amenaza insistente.
La coca está creciendo, pésima noticia para el proceso de paz. Estos grupos se seguirán alimentando de estos cultivos. Debemos ser muy cuidadosos en los cambios pero cada grupo de planificación está en otro escenario. Por ejemplo el 3.0 es solamente el Ejército del futuro, es otro nivel.
¿La directiva 15 que permite bombardear bacrim es la aceptación de que fracasó la Policía y les toca a ustedes?
AJM: La asistencia a la Policía es hoy más clara y evidente que nunca. La verdad es que esta directiva 15 lo que hace es formalizar. Para grupos armados de tipo A, la prioridad es de la Policía y ésta podrá usar a las Fuerzas Militares en apoyo para atacarlos e, incluso, si se cumplen los protocolos del DIH, se puede emplear la capacidad militar: bombardear, entrar artillería, etc. Las tipo B y C, que son muchas más, siguen siendo esfuerzo principal de la Policía. Seguimos siendo un gran apoyo y tenemos la apertura mental para estar con ellos. Esto no los hace sentir a ellos menos o a nosotros más.
¿Usted no teme que esa militarización de la lucha contra las organizaciones criminales, que por ejemplo en México ha tenido unos efectos nefastos, vaya a terminar también cooptando a la Fuerza Pública acá?
AJM: Indudablemente, todo esto son riesgos que ya hemos vivido. El Estado colombiano no puede tener una caja de herramientas con el cuchillo, el martillo, la llave inglesa, con todos los juguetes y esta gente tomándose veredas, sembrando el pánico y aterrorizando a la población civil y el Estado con la caja guardada. Si no se aplica esa quimioterapia, puede fracasar el proceso de paz. Recordemos que el 50 por ciento de los procesos del mundo fracasan post acuerdo. Nosotros no podemos permitir eso. Los que son muy bravos y quieren que la guerra siga no van a dar a sus hijos para el servicio militar.
Uno tiene la sensación de que la función más básica de control territorial no está asegurada. ¿Tiene sentido dispersarse y abarcar mucho cuando lo más esencial no está asegurado?
AJM: Excelente pregunta. Nuestra respuesta, casi que de cajón, es que todo es diferencial. Cada región y cada sector es diferente. Lo que sí está claro es que si se firman los acuerdos, nosotros vamos a poder utilizar algunas tropas en regiones que hoy nos presentan el mayor reto.
¿Por ejemplo?
AJM: Mientras no se firme, yo no puedo dejar el Caquetá sin tropas. Allá no hay ELN pero yo no puedo sacar las tropas del Caquetá y llevármelas para Arauca porque allá tengo narcotráfico, extorsión, minería criminal, usurpación de tierras y una cantidad de temas que aún tenemos que atender. Pero el postacuerdo nos obliga a un nuevo concepto operacional.
Por eso está reunido ahora el Comité de Revisión Estratégica e Innovación CREI número 5, produciendo un nuevo plan de campaña. Termina Espada de Honor que era un concepto más de fuerza y entra a regir un nuevo plan que es más de estabilización y consolidación.
Esas regiones donde no hay un fuerte control territorial como Arauca, El Catatumbo, el sur de Bolívar, Chocó, Cauca y Nariño, van a recibir todo el empeño. Es más, ya lo empezamos a hacer por orden el Presidente.
¿Qué han comenzado a hacer?
AJM: En los últimos meses hemos movido cuatro batallones más -2 mil hombres- a Arauca precisamente, porque somos conscientes de que se necesita un mayor control territorial. El control territorial no es parar un soldado cada metro porque es imposible, Colombia es inmenso. Hay que cubrirlo con inteligencia, con apoyo de la red de cooperantes, aviones no tripulados, con combinación de medios y esfuerzos para poder tener un control militar de área efectivo.
En términos de la doctrina, ¿qué estrategias hay para hacer que el chip mental cambie para dejar de ver el enemigo interno en cada movilización social?
AJM: En el tema de doctrina es bien importante decirles que, incluso he sido citado al Congreso y he recibido cuestionarios de congresistas que son de la izquierda colombiana, que preguntan sírvase informar dónde está y cómo está el manual de la doctrina de seguridad nacional y de la doctrina del enemigo interno.
Sabemos que es una herramienta política decir eso pero hemos revisado los manuales desde 1958 y no hay un solo manual que menciona enemigo interno o que mencione doctrina de seguridad nacional o cualquier cosa brutal, manual de desapariciones, manual de tortura. Nada de esas cosas existen.
Pero la idea del enemigo interno existen en la cultura institucional...
AJM: Yo no me atrevería a decir que existen en la cultura institucional pero claramente hay personas nuestras que simplemente han violado la ley. Y al violar la ley, han confirmado que estas apreciaciones de esas personas pueden tener algún asidero.
De todos modos es bien importante decirles que en la revisión de la doctrina que se está haciendo y que, a veces me han criticado incluso algunos retirados, está transversalizada con todo el tema de derechos humanos y el DIH. El Ejército ha dado saltos impresionantes.
¿Existe una doctrina contrainsurgente hoy en día?
AJM: Nosotros tenemos una doctrina de combate irregular. No se usa el término contraguerrilla ni contrainsurgencia ni se les llama con algún adjetivo como bandolero o bandido o zarrapastroso. Es una doctrina de combate irregular que es el producto de toda la experiencia de estos años de guerra. Sería una pérdida si hubiésemos hecho toda esta lucha y no tuviésemos manuales que nos digan cómo hacer la acción integral.
¿Y eso termina con la desaparición de la guerrilla?
AJM: No. Nosotros tenemos un concepto muy fuerte, muy interiorizado de que no podemos abandonar los territorios, de que tenemos que estar con la población, porque si hay espacios no gobernados, allí va a haber alguien, un señor de la guerra que va a estar allí tratando de vulnerar a las comunidades a través de la droga, la minería criminal, la extorsión, tratar de ponerlos contra la pared. El reto está en cómo cubrir todo. Por eso el Presidente ha dicho que el Ejército no se va a reducir en tamaño y presupuesto porque los números que tenemos están por debajo de lo requerido para tener un control del territorio.
Desapareciendo la guerrilla, ¿no sería lógico disminuir el número de soldados?
AJM: Fíjate que desaparece la guerrilla como marca, como las Farc, pero me estás diciendo que aumentó la coca. ¿Qué significa eso? Hoy hay más cocaína colombiana en Estados Unidos y volvimos a cifras del 2002. Eso quiere decir que hay más minicarteles, más bandidos, más tráfico de armas. Es todo un fenómeno que tiene nexos con el crimen transnacional y son vistos con una visión de negocio impresionante.
¿Cómo, dentro de esta estructuración, entra la parte de prepararse para la justicia transicional?
AJM: Es una línea estratégica de las Fuerzas Militares la transición a la paz. Se creó una empresa dedicada a la transición a la paz, se llama el Comando Estratégico de Transición que es lo que comanda mi general Flórez. Ese Coed tiene cuatro generales del Ejército, almirantes, generales de la Fuerza Aérea y de la Policía. Tiene coroneles de todas las fuerzas y un equipo multidisciplinario con abogados, economistas, antropólogos, sociólogos, politólogos, etc. Son un staff de 100 personas dedicado a construir la política en cada tema.
Está la política para la desmovilización, para el desarme, la reinserción, para una cantidad de temas que hacen parte del proceso como víctimas, memoria histórica, Comisión de la Verdad, todos estos temas. Estamos trabajando en todo este universo que es nuevo para nosotros.
¿Cómo se sienten frente a la Justicia Transicional?
AJM: En ese tema el Presidente ha sido muy generoso con nosotros porque nos da el trato de un Ejército que hizo la guerra dentro de la democracia. Las camisas de los ejércitos de dictaduras no nos sirven. Por eso es que tenemos plenipotenciarios como el general Mora y el general Naranjo y está la subcomisión técnica en Cuba. Por eso estamos en el proceso de toma de decisiones y hemos estado en cada letra y sílaba del acuerdo de justicia transicional.
Hay quienes no están de acuerdo, muy respetable, pero nosotros hemos trabajado bajo un principio muy claro y es que no vamos a repetir la historia de lo que nos pasó con el M19, así de sencillo.
Fíjense que es un Ejército que da un salto al fortalecimiento prioritario de las relaciones civiles y militares. En vez de estar criticando desde la última esquina de un cuartel, está entregando fuentes para pensar.
En todos estos campos lo que estamos es apoyando y participando con una visión absolutamente constructiva porque no le tenemos miedo a la paz. No podemos matar el tigre y asustarnos con el cuero. Ganar la guerra y asustarnos con la paz.
Motivo del secuestro de Salud Hernández
Dos días antes que empezara la marcha por los dos jóvenes desaparecidos en el Tarra, a la que viajó Salud Hernández para participar, asistió a una reunión en la plaza central de El Tarra. Testigos afirman que las duras palabras con las que Hernández-Mora se refirió a la Asociación de Campesinos del Catatumbo (ASCAMCAT) incomodaron a los asistentes que inicialmente no la identificaron y se extrañaron por su acento. Finalmente milicianos del ELN, que estaban entre los asistentes, la recordaron por la columna publicada en El Tiempo del 10 de mayo del 2015 titulada “¿Ratas humanas?”.
Horas después la periodista desapareció.
“Ratas humanas” llamó Pinzón al Eln tras la macabra exhibición de las piernas mutiladas del valeroso cabo Ávila. Pero son palabras vanas. El Ministro, al que le asignaron en el Ejecutivo el papel de halcón, sabe que con esas ratas que no representan a nadie y que los colombianos detestan, su jefe Santos negociará intereses claves del país.
Sería bueno que ‘Gabino’ y sus secuaces no olvidaran jamás que si todos los gobiernos buscaron una salida política con ellos no es por su ideario o porque tengan una mínima legitimidad política, sino por la imposibilidad de derrotarlos en un país con instituciones débiles, corrupción rampante, cultura de la ilegalidad enquistada y geografía endemoniada. Si el Estado pudiera acabarlas, la mayoría de ciudadanos no aceptaría otro circo como el de Cuba.
Y no crea el lector el cuento de que existen fisuras en la manada de roedores ‘elenos’. ‘Pablito’ y ‘Gabino’ son lo mismo, se necesitan, porque las matanzas, atentados contra la infraestructura, secuestros y extorsiones que ejecuta el primero cuentan con el absoluto respaldo del segundo. Sin ‘Pablito’ y otros comandantes igual de sanguinarios, ‘Gabino’ sería un vulgar delincuente sin peso alguno. Ningún gobierno le rendiría pleitesía, no perderían años (yo sumé 16) conversando con él sobre la posibilidad de buscar una salida negociada de su terrorismo, se limitarían a perseguirlos como a cualquier plaga delincuencial.
Por cierto que ‘Pablito’ vive fresco en el estado Apure, Venezuela, ordenando crímenes en Arauca, tras una fuga de prisión que le costó en sobornos unos 4.000 millones de pesos. Nunca escuché a Santos o al Fiscal General presionar al Gobierno venezolano para capturarlo ni a Montealegre anunciar, con bombos y platillos, que asignará varios fiscales a fin de descubrir a los cómplices de la escapada y someterlos a juicio.
Si hacemos un rápido repaso por el país, vemos que el Eln es fuerte en Arauca porque delinque a sus anchas al contar con el santuario venezolano. En el sur de Bolívar cada vez son más ricos con la expansión de la minería ilegal de oro, igual que en Chocó. En Nariño llenan las arcas con sus alianzas con ‘los Rastrojos’ para narcotraficar, pero donde más plata ganan ahora es en Norte de Santander. Gracias a la concesión de no erradicar cultivos ilícitos en el Catatumbo que hizo el Gobierno a los movimientos satélites de las Farc para conjurar el paro agrario del 2013, se triplicaron los sembrados de coca de los que también come el Eln.
En esa región, el gobierno Santos tendrá que decidir más adelante a qué grupo terrorista favorece. Los pupilos de ‘Timochenko’, de la mano de su organización Ascanca, la piden como zona de reserva campesina, mientras que los de ‘Gabino’, con su Cisca, quieren que sea zona de reserva forestal. Parece igual, pero nada es más distinto y ninguno cederá. Recuerden que entre el 2010 y el 2012 las dos agrupaciones criminales se enzarzaron en una guerra cruenta en Arauca que dejó cientos de muertos, y ya en el pasado las Farc intentaron aniquilar al Epl porque les resultaba molesto.
Como Farc y Eln han advertido que no entregarán las armas, la violencia en ese posconflicto que Santos vende está garantizada.
NOTA. ¿Tendrá el Presidente un segundo para interesarse por la vereda San Ignacio, de Puerto Rondón (Arauca)? Los campesinos viven aburridos del Eln, dueño de sus vidas y sus bienes. Matan, ‘vacunan’, deciden cuándo pueden vender sus productos y les prohíben deshacerse de sus tierras.
jueves, 26 de mayo de 2016
El magnate colombiano que está detrás del negocio del siglo
El empresario colombiano Jaime Gilinski está construyendo un megadesarrollo inmobiliario en Panamá, avaluado en US$3.600 millones. Ya se ha ganado US$1.400 millones y el proyecto apenas está comenzando.
Hace 9 años, Jaime Gilinski anunció en Panamá lo que muchos consideraban un verdadero proyecto de “castillos en el aire”. Se trataba de construir en un área de 1.800 hectáreas (casi 16 veces el tamaño del Parque Simón Bolívar de Bogotá, el parque público más grande del país) un desarrollo inmobiliario que incluiría espacios para oficinas y bodegas, además de 22.000 viviendas y muchos centros comerciales, colegios, parques, hospitales y droguerías, entre otros. Era realmente una nueva ciudad justo al pie de la capital del istmo.
Hoy, casi una década después, el proyecto ya tomó forma y empezó a dejar perplejos a propios y extraños. Según la revista Forbes, se trata del más ambicioso plan inmobiliario del planeta.
Las razones de las sorpresas son claras: Panamá Pacífico, como se llama el desarrollo, alberga ya a casi 300 multinacionales y da vivienda a más de 2.600 familias. Pero esta es apenas la cuota inicial. El proyecto ha desarrollado 176 hectáreas, apenas 15% del área por construir, si se tiene en cuenta que del total solo 1.096 hectáreas tendrán construcciones, pues el resto serán zonas verdes.
El negocio ha sido un éxito para el magnate colombiano, si se tiene en cuenta que empezó en 2007 y que el proyecto va hasta 2047: en apenas una cuarta parte del tiempo, el magnate colombiano no solo ya recuperó su inversión, sino que logró convocar a nuevos inversionistas que le dieron músculo financiero para muchas de sus nuevas apuestas. Aunque él dice que no tiene pensado abandonar sus inversiones en banca o industria, es claro que estamos ahora ante un magnate cuyo brazo fuerte está en el terreno del real estate. Es un billonario de la construcción.
La historia
Los vínculos de Gilinski con Panamá son de vieja data. Está casado con Raquel Kardonski, quien pertenece a una tradicional familia panameña representativa en varios negocios. Esto le ha permitido mantener presencia en ese país y, como hombre de negocios, estar alerta frente a nuevas posibilidades de inversión. Inicialmente incursionó en el sector financiero.
Pero como es un hombre con visión, esto hizo que advirtiera que se abría una nueva opción en real estate gracias a un hecho: las fuerzas militares estadounidenses abandonaron la base de Howard en 1999, dejando unas instalaciones, infraestructura para el alojamiento de soldados y un gran terreno baldío.
Fue entonces cuando apareció Gilinski, acompañado de un nuevo amigo, Ian Livingstone, quien se convirtió (junto con su hermano Richard) en uno de los 10 hombres más ricos de Inglaterra desarrollando proyectos inmobiliarios. Entre los dos idearon un plan maestro para construir en esa gran área una nueva ciudad justo al lado de la capital panameña.
Los compañeros de aventura conformaron una exitosa pareja de negocios: los Livingstone, además de capital, pusieron su experticia en el sector de la construcción de vivienda y centros comerciales y empresariales, y Gilinski su músculo financiero y su directorio de contactos en todas partes del mundo.
El primer paso para tratar de sacar adelante el proyecto fue contactar al gobierno panameño, que “le cogió la caña” a Gilinski, pero puso como condición que los socios deberían dar la pelea por el proyecto y por eso abrió una licitación pública internacional para adjudicarlo.
Al proceso se inscribieron 10 consorcios, pero solo dos pasaron la precalificación y llegaron a la ronda final. Gilinski y Livingstone pusieron una oferta insuperable sobre la mesa: US$705 millones en inversiones para desarrollar el proyecto a 40 años. Y en 2007, con la presencia del entonces primer Mandatario de los panameños, Martín Torrijos Espino, se firmó el contrato y empezó oficialmente la etapa de construcción.
El contrato de concesión le permite a Gilinski y sus socios “comprar, arrendar y/o subarrendar bienes requeridos para el desarrollo del área”, explica la Agencia Panamá Pacífico, la entidad pública con la que fue firmado el contrato.
Desde entonces y hasta la fecha han buscado empresas interesadas en operar allí, han mejorado la infraestructura básica de servicios públicos, vendido terrenos para construcción de viviendas e invertido adicionalmente US$80 millones.
Ya en los primeros años dio algo de utilidades, pero todo parece indicar que eso no es ni una milésima parte de lo que se viene. Mientras más avance el proyecto, Gilinski va a tener un flujo de caja creciente que se convertirá en un músculo para nuevos desarrollos.
“Ciento dieciocho millones de pies cuadrados (1.096 hectáreas), vendidos a un promedio de utilidad de US$90, suman más de US$10.000 millones”, señala la revista Forbes en el artículo que le dedicó a Gilinski en su última edición de abril.
Problemas y soluciones
Es obvio que un proyecto de esta magnitud no se puede sacar adelante sin uno que otro problema. Lo que no se esperaba Gilinski era que el desafío que se le iba a poner al frente, apenas un año después de iniciado el proceso, sería de enormes magnitudes: se trataba de la gran crisis financiera mundial de 2008, que prácticamente cerró los flujos de capital, especialmente hacia los proyectos inmobiliarios.
Incluso así, el compromiso que había adquirido lo llevó a sacar dinero de sus propios recursos por la necesidad de continuar con las obras básicas de infraestructura y cumplir con lo pactado.
Pero aún así el riesgo era enorme, si no conseguía un socio que le inyectara más capital a la empresa, empezaría a tener problemas de equity. En esa instancia, el inversionista colombiano puso todas sus cartas sobre la mesa, destacándose una: toda su red de contactos que se extiende no solo en América, Europa, sino también en Oriente Medio. Allí advirtió una gran oportunidad para conseguir un socio inversionista que le inyectara recursos al proyecto. Se trató de Qatari Diar, un fondo de inversiones de Qatar, nación que cuenta con una enorme riqueza petrolera y más en esa época cuando se daba un boom petrolero con precios del crudo por encima de los US$100 por barril.
Forbes relata que el fondo compró la mitad del proyecto por US$1.000 millones. De acuerdo con la revista “la venta hizo inmediatamente a Gilinski multimillonario. Y aunque retuvo solo 25% de la participación en el proyecto, él se mantiene como presidente de la junta y su cuñado (Henry Kardonsky) como el CEO. Junto con Gilinski y Livingstone, dos qataríes ahora se sientan en la junta conformada por cuatro. Gilinski y Livingstone hablan todas las semanas para repasar los detalles del proyecto y los qataríes vuelan para las reuniones de junta dos veces al año”.
Si la mitad del proyecto les costó tanto a los qataríes, eso significa que todo el proyecto vale US$2.000 millones, aunque otros dicen que en los últimos años el valor ya se acerca a los US$3.200 millones. Así, la cuarta parte con la que permanece Gilinski tiene un precio mínimo de US$500 millones y hasta de US$800 millones. Esto es igual o superior a lo que ya se llevó a sus arcas luego del negocio con Qatari Diar. Desde donde se le mire, ha sido la mejor movida de negocios para el magnate colombiano en su vida.
El proyecto es una máquina de oportunidades. Como el contrato ofrece distintas formas de explotación, el inversionista colombiano se hizo a 50 hectáreas dentro del área y la mitad de esa tierra la vendió a su vez a la multinacional cervecera SABMiller, que construirá allí una de sus plantas de producción más grandes en el mundo, que le representa inversiones por US$400 millones. Todos estos anuncios han hecho que el interés por el proyecto aumente en todo el mundo.
El propio Gilinski explicó a Dinero que “del total de hectáreas comprometidas se han desarrollado unas 200 hasta la fecha, lo que corresponde a cerca de 15% del proyecto. En este momento hay en la zona cerca de 270 compañías multinacionales más que todo alquilando espacios. Ocupamos unas 11.000 personas que trabajan en el desarrollo. Básicamente hoy está Dell, 3M, Carterpillar, VF corporation, y se encuentran muchas de las grandes multinacionales que operan en Panamá, que se han ubicado dentro del proyecto, bien sea alquilando oficinas o bodegas. Sin lugar a dudas hemos visto un desarrollo muy importante con todas esas empresas apostando por el proyecto”.
A esto hay que sumarle las viviendas que se están desarrollando. Ya van 2.000 construidas, este año aumentaría ese número en 600 y eso no representa ni siquiera 12% de la meta en materia habitacional, pues el objetivo es construir 22.000 viviendas en toda la zona.
revolución inmobiliaria
El caso Gilinski muestra un cambio estructural en el negocio de proyectos inmobiliarios multipropósito. No en vano es considerado como el más ambicioso de este tipo en el planeta.
La primera lección clara es que para esta clase de proyectos no basta con el músculo financiero. Gilinski mostró una gran perspicacia al invitar a su socio Ian Livingstone, quien aportó la experticia en el mundo de construir bodegas, edificios empresariales, casas y centros comerciales.
En este negocio “idear” las cosas es fundamental. Y eso es un asunto de expertos. Por eso, haber convencido a Livingstone de que participara en Panamá Pacífico, que hasta hace nueve años era apenas un enorme terreno baldío y “soñar” con que allí se podría construir algo fue el paso inicial hacia el éxito.
Livingstone vive en el mundo inmobiliario. No solo quiere aprovechar la apertura en Cuba para construir un resort de lujo con inversiones por US$500 millones, sino que se está moviendo todo el tiempo en este tipo de proyectos en todo el planeta y comprando hoteles y otros edificios.
Bloomberg reportó en abril pasado que London & Regional, la firma de los Livingstone, está en conversaciones para hacerse a 47 hoteles en el Reino Unido pertenecientes a la firma Lone Star Funds y que han sido avaluados en US$800 millones. Así que no podía haber mejor socio si se trataba de un desarrollo urbanizador.
El otro gran logro que Panamá le está mostrando al mundo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios es que se puede hacer este tipo de apuestas a gran escala y de manera integral, lo que representa ahora un gran polo de crecimiento para ese país. La clave es la concepción “total” de las iniciativas. Mientras que tradicionalmente los desarrollos urbanísticos avanzan por separado (por un lado viviendas, por otro lado industria y comercio y por otro servicios), Panamá apostó por avanzar en todos los frentes a la vez y en una misma zona.
En Colombia hay pocos casos de este tipo. Lo más cercano es el proyecto La Felicidad, en Bogotá, y Serena del Mar, en Cartagena. Sin embargo, estos desarrollos no incluyen soluciones empresariales e industriales, que es lo que más ha llamado la atención de Panamá Pacífico, que prácticamente les está ofreciendo lugar a las empresas, y sitios dónde vivir a sus trabajadores: esa zona es vista por las grandes multinacionales como un lugar donde se pueden hacer economías de escala, al quedar prácticamente integrados a una zona con puerto y canal interoceánico propio. Así, todo resulta muy interesante para compañías que ven el mundo como un único mercado.
Desarrollar infraestructura empresarial, conjuntamente con infraestructura de vivienda y servicios permite no solo impulsar la valorización de los terrenos y proyectos, sino eliminar el caos en el desarrollo inmobiliario, como ocurre hoy en muchas ciudades de Latinoamérica y ofrecer oportunidades de aumentar la productividad para las firmas.
Finalmente, hay dos aspectos claves: primero, el papel del Estado en impulsar este tipo de iniciativas con incentivos fiscales agresivos, lo que permite, en segunda instancia, la llegada de importantes capitales para financiar las obras.
Que haya sido capital del Oriente Medio el que llegó a fortalecer a Panamá Pacífico demuestra que ya no hay fronteras para que el dinero vuele entre países ubicados en los extremos del mundo.
En general, el caso de Gilinski en Panamá demuestra que los planes ambiciosos, bien diseñados y con apuestas de largo plazo pueden ser fuente de éxitos comerciales y de desarrollo para los países.
No paran los proyectos
A pesar de la magnitud de Panamá Pacífico, Gilinski continúa moviéndose. Además de mantener 5% del capital de Sabadell y haber adquirido los hoteles Charleston y Santa Clara en Colombia, sigue haciendo apuestas, pues en este momento tiene mucho músculo financiero para apostar.
El último envión fue por el hotel Villa Magna en España, una compañía avaluada en más de US$200 millones. Sin embargo, en esta ocasión fue derrotado por la firma turca Dogus Holding.
Esto, sin embargo, pone en evidencia que Gilinski sigue en el campo de juego, dando la pelea por las buenas opciones que aparezcan en cualquier parte del mundo.
“Estamos siempre mirando oportunidades en diferentes partes”, aseguró el inversionista a Dinero. Con lo que ya le ha dejado el desarrollo de Panamá y con todo lo que le va a dejar, es claro que el magnate colombiano va a seguir dando de qué hablar en el mundo de los negocios en los próximos años. En materia de inversión, para Gilinski aún queda mucha tierra por conquistar.
martes, 24 de mayo de 2016
El gran canal de Nicaragua podría dañar para siempre el mar
Por Cristina Castro, Editora De SEMANA*
Colombia sostiene ante la Corte IDH que la megaobra que piensa construir el presidente Ortega tiene consecuencias ambientales nefastas y pidió una opinión consultiva a ese organismo. ¿Qué significa?
El litigio entre Colombia y Nicaragua tendrá un nuevo frente de batalla. Hace unos meses, en la más absoluta reserva, la Cancillería envió una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interceda en la disputa que tienen ambos países. Se trata de una petición de opinión consultiva, un mecanismo judicial alterno que tiene ese alto tribunal con el fin de pronunciarse sobre temas de gran relevancia para el continente.
Colombia radicó una comunicación ante el secretario general de la CIDH, Pablo Saavedra Alessandri, el 14 de marzo del 2016. En términos generales la consulta que hace el Estado ante ese organismo es de qué forma se debe interpretar el Pacto de San José cuando existe el riesgo de que la construcción de grandes obras de infraestructura “afecte de forma grave el medio ambiente marino de la región del Gran Caribe”.
La pregunta tiene bastante peso y lo que señale la Corte podrá ser determinante para el futuro del Caribe. En el 2012, Nicaragua ganó el pleito que tenía con Colombia en la Corte Internacional de Justicia. El resultado fue la adjudicación de 75.000 kilómetros de mar a ese país centroamericano.
A principios de este año, el vecino país notificó que va por más y que también tiene aspiraciones de obtener en ese mismo una extensión aún mayor de plataforma continental hasta 350 millas. La Corte de la Haya se declaró competente en marzo pasado para estudiar otras dos demandas.
La tierra prometida
El presidente Daniel Ortega ha apostado su futuro político a esta pelea. El pleito con Colombia no sólo le ha hecho ganar puntos en la política interna, sino que tiene en el mar Caribe su principal proyecto económico. Ortega quiere construir allí un “gran canal interoceánico” en alianza con empresarios chinos.
El proyecto es muy ambicioso. Se calcula que tendría 278 kilómetros de extensión y afectaría 277 poblados. Se sabe que está contemplado que tenga aeropuerto, centros comerciales, zonas francas, entre otras cosas. El presidente se ha referido a esta idea muchas veces como la Tierra Prometida.
Según contó al diario madrileño El País el poeta y exministro nicaragüense Ernesto Cardenal, Ortega hizo que el Congreso aprobara en un día una ley para construir ese canal. El empresario chino a cargo de esa megaobra es Wang Jing. Según denuncia Cardenal, como quedó aprobada la concesión no se requerirán permisos, licencias o estudios previos.
La megaobra ha despertado una enorme polémica en especial respecto a sus impactos ambientales. Cardenal señala que “el afamado Centro Humboldt ha declarado que la construcción de este canal y sus proyectos asociados son la mayor amenaza para las condiciones ambientales del país en toda su historia”.
La mayoría apunta a que si el canal se construye, Nicaragua podría destruir su Gran Lago, el segundo más grande de América Latina después del Titicaca. La razón sería que este espejo de agua dulce recibiría el agua salada del mar, pues el canal lo atravesarían para los barcos. “Todas nuestras aguas, superficiales y subterráneas, serán entregadas a un chino”, denunciaba el exministro.
La consulta verde
Ese megaproyecto es la principal razón de la petición de Colombia ante la Corte Interamericana. En el documento, los abogados sostienen que la opinión de ese organismo será vital para determinar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de ambos Estados. Agrega que es necesario fortalecer una “conciencia universal” respecto a la importancia de cuidar regiones valiosas ambientalmente. Y le pide a la Corte que puntualice sobre cuáles son los compromisos que tienen los países en la protección de la naturaleza y la importancia de los estudios ambientales para determinar los impactos que podría producir una megaobra de esa dimensión en el mundo marino.
En el documento dice que “esta problemática es de interés no sólo de los Estados de la región del Gran Caribe –cuya población isleña y costera se puede ver directamente afectada por los daños ambientales que sufra esa región–, sino también de la comunidad internacional”.
Colombia argumenta que el mar Caribe es considerado “el corazón de la biodiversidad del Atlántico” y la “fuente de recursos que sustenta el medio de vida de las poblaciones costeras y contribuye al crecimiento económico de la región”. Citando estudios científicos, se desprende que una intervención de gran magnitud podría poner en riesgo los 110 millones de personas que viven en esas zonas y la pesca, que representa no sólo la forma de vida de sus habitantes, sino el 6 % de esa industria en el mundo.
La Cancillería explica que la región marina se compone de tres ecosistemas principales: los arrecifes de coral, los manglares y los lechos de algas marinas. Todos albergan especies de fauna y flora excepcionales, pero se caracterizan por ser muy frágiles frente a la irrupción del hombre. En ese sentido, advierte que un proyecto de esa naturaleza podría generar daños irreversibles en ese patrimonio natural de la humanidad.
Efecto dominó
Si el canal interoceánico se llegara a construir, uno de los mayores tesoros de los colombianos también sufriría. Según la petición del país ante la Corte Interamericana, se afectaría gravemente la reserva Sea Flower. En el año 2000, por su riqueza natural, la Unesco le otorgó a una porción del mar del país la mayor categoría de protección que tienen los ecosistemas marinos. La reserva ocupa 300.000 km², lo cual la convierte en una de las más grandes del mundo.
Colombia sostiene que la construcción del Gran Canal arrasaría con esa riqueza. Está comprobado que este tipo de obras aumentan los sedimentos y la contaminación, lo que genera la asfixia de los corales, lechos de algas y manglares. Si eso sucede, el efecto en cadena que se produce es letal. Muchos peces mueren y la vegetación marina se deteriora.
Eso a la larga lo que termina produciendo son enormes daños para las poblaciones que habitan cerca del mar. Por un lado, porque las aguas pueden ser navegables pero no hay vida dentro de estas. La pesca disminuiría. Y los ecosistemas serían cada vez más frágiles. Es decir, menos resistentes a soportar los embates del clima, en un momento en que el calentamiento global y fenómenos como el del Niño y la Niña producen grandes estragos. Si el mar no está saludable, las zonas costeras se vuelven vulnerables y cada vez más propicias a sufrir por inundaciones o sequías.
Un caso histórico
La petición de Colombia en la Corte Interamericana ha producido gran expectativa. Semana.com se comunicó con altos funcionarios de esa entidad quienes confirmaron que no existen antecedentes de una consulta de este tipo.
Si el alto tribunal se pronuncia, y se sabe ya que lo hará, este sería el primer estudio ambiental de un litigio entre dos países. Sería la primera vez también que ese organismo daría directrices sobre la construcción de proyectos de infraestructura transfronterizos que puedan afectar el medio ambiente, una situación que cada vez más común.
Hay un punto concreto sobre el cual la Corte podría pronunciarse: la obligatoriedad de hacer estudios de impacto ambiental previos antes de ejecutar grandes obras. Como Nicaragua se ha negado a presentar este requisito, Colombia pide a la Corte que deje claro que los Estados tienen la obligación de asegurarse de que sus proyectos no van a tener graves implicaciones en el medio ambiente y la seguridad de los Estados vecinos.
La semana pasada, el tribunal hemisférico hizo pública la solicitud de Colombia. La primera medida fue abrir un espacio para que todos los interesados puedan presentar su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Esa fase estará disponible hasta el próximo 19 de septiembre.
Seguramente muchos participarán. En un momento en que la protección del medio ambiente es una de las principales preocupaciones de la humanidad, estos debates que aterrizan en la práctica el concepto de desarrollo sostenible despiertan gran interés y expectativa. El concepto que emita ese organismo podrá hacer girar el rumbo de lo que ha sido una de las discusiones más apasionadas de la política internacional del país.
*Editora de Medio Ambiente
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
