Lecciones de Ortega a Santos

RAFAEL GUARÍN La ambigüedad y la inacción del presidente Juan Manuel Santos se tradujeron en una hecatombe en política exterior cuyos efectos aún no es posible determinar plenamente.

Mientras Santos optó por la retórica destinada al consumo interno, pensando en la reelección y “la paz”, Daniel Ortega jugó magistralmente sus cartas.

Miles de dólares y un año duró el “estudio cuidadoso y profundo” de la estrategia para enfrentar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que se anunció en una pomposa intervención en televisión como el gran descubrimiento. El paso de las semanas y los meses lo único cierto que revela es que Nicaragua sí tiene estrategia ante una atolondrada contraparte.

El objetivo de aislar en la región a ese país centroamericano con el discurso de que es un “mal vecino” con “pretensiones expansionistas” se estrelló contra la realidad: los países tienen intereses, no amigos. Ortega resultó ser todo un halcón que sí entiende que no es con lamentaciones sino jugando con los intereses nacionales y geopolíticos de las potencias. Pragmático, dejó de lado sus prejuicios respecto al imperio norteamericano y profundizó su relación con Rusia para lograr algo que Santos aún parece no comprender: ambas potencias ya validaron los límites fijados por el fallo.

No obstante que el Gobierno sigue recitando que la decisión es “inaplicable”, al tiempo que afirma contradictoriamente que no se desacata la sentencia, la verdad es totalmente diferente: Nicaragua ejerce soberanía y Colombia pasivamente admite el cumplimiento de la decisión de la Corte Internacional.

La embajadora de Estados Unidos en Managua, Phyllis M. Powers, anunció el pasado 15 de noviembre que su país está trabajando “con la Fuerza Naval de Nicaragua en operaciones antinarcóticos en los nuevos territorios de zona económica que ya tiene Nicaragua después de la decisión de la Corte de la Haya” (Leer aquí). Es decir, para ese país la controversia fue resuelta por el fallo y se debe cumplir. A los gringos, tan prácticos como Ortega, les interesa enfrentar el narcotráfico y no desperdiciaron la ventana de oportunidad.

Por su parte, el gobierno Putin, en respuesta a la nota de protesta de la Cancillería colombiana, dejó claro que sus relaciones con ambos países se basan en el “reconocimiento de la invariabilidad de las normas del Derecho Internacional”, lo que “es aplicable a la decisión proferida por la Corte Internacional de Justicia acerca del asunto territorial mencionado”. Además, el general de brigada Adolfo Zepeda, inspector del Ejército de Nicaragua, reconoció que la fuerza naval ha ejecutado operaciones antinarcóticos con EE. UU. y Rusia en el mar despojado a Colombia. Es decir, las dos potencias son las que aplican el fallo, dejado en babas a Santos.

Ortega aprovechó la vacilación. Si la reacción de Santos inmediatamente después de haber dicho que no podía “aceptar” los “errores”, “omisiones” y “equivocaciones” de un fallo contrario a derecho hubiera sido la de mover la Armada al meridiano 82 y anunciar el desacato, las cosas serían diferentes. En cambio, el presidente, argumentando ser “civilizado”, salió a decir que no iba a aplicarlo “hasta garantizar” los derechos de los habitantes del archipiélago. En Nicaragua entendieron el mensaje: Colombia dudaba, no respondería con firmeza e iba a acatar. Conclusión: lo que procedía era hacer actos de soberanía en el mar que se les entregaba, mientras el gobierno colombiano con actitud de sobradez despreciaba el poder naval nicaragüense. Estupidez e ignorancia de la Cancillería y el Mindefensa. Se les olvidó que las alianzas, la diplomacia y los intereses pueden sustituir el poder militar.

A eso se agrega que en ese país también perciben que Santos simula, por lo que en este asunto carece ante sus ojos de credibilidad y respeto. El excanciller nicaragüense Norman Caldera, frente a la “inaplicabilidad” de la sentencia afirmó: “Creo que debemos de tomar esa posición como una posición electoral. En el fondo, Colombia está respetando” la decisión de la Corte Internacional.

Así las cosas, todo está consumado. No hay recursos para impugnar el fallo, no hay doble instancia y este se debe cumplir, razones por las que no era viable encontrar en los instrumentos de derecho internacional la salida. ¡Eso no logró entenderlo el Gobierno! Ahora estamos en el peor de los mundos: no se ve la solución y en cambio sí hay dos demandas más de Nicaragua que pueden aumentar la pérdida de territorio, mientras el titubeo inutilizó la posibilidad de una postura de fuerza que sirviera para enfrentar tal amenaza.

La alternativa era actuar en su oportunidad con firmeza y enfrentar el despojo. Al menos la comunidad internacional tendría que medirse en el momento de pensar en operaciones conjuntas con Nicaragua y se habría procurado obligar a ese país a un compromiso que atendiera la realidad creada con la sentencia y los intereses nacionales de Colombia. Optamos por la “prudencia” santista, las aguas tibias y el gagueo; al final sólo terminamos de pendejos y Ortega dando lecciones de política a Santos.

Nota: El “altísimo” nivel con el que se maneja la política exterior se condensa en la siguiente frase del ministro de Defensa, Pinzón: “La actitud de Nicaragua es la de un preadolescente”. ¡Con eso ¿para qué más?! Lo que falta es que nombren de embajador al Pibe en Nicaragua y en la Comisión de Relaciones Exteriores a Don Jediondo y al Cuentahuesos.

Twitter: @RafaGuarin

Fuente: http://www.semana.com

Nota: Ya mucho se ha criticado el "relativismo circunstancial" con el que el actual Gobierno maneja todos los asuntos de Estado, desde el diseño y ejecución de las Políticas Públicas, pasando por las reformas que ha pretendido hacer valer en el Congreso, hasta los asuntos más cosméticos y frívolos de la Nación. En cualquier modalidad de manifestación del alto Gobierno se nota la impronta de su naturaleza acomodada, insensata, pusilánime y en exceso prudente. Ese hecho va a torpedear o va a hacer mella en la confianza y credibilidad del pueblo Colombiano en sus Instituciones Democráticas. A la fecha, la Corte Constitucional, el Congreso y La Cancillería (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no han podido responder al sentir de las masas que claman por el desacato simple y expreso frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Sin embargo, no solo la confianza que se predica de las autoridades republicanas irá a sufrir por causa de los tonos grisáceos de este Gobierno, también la propia unidad de la cosmopolita y multicultural Colombia. desde hace meses se le ha advertido al Presidente del llamémosle "surgimiento del sentimiento emancipador del Archipiélago de San Andrés y Providencia", ese sentimiento está empezando a capitalizarlo líderes raizales y colonos en las islas, que de buena fe o no, aprovechan la indignación de la gente por el manejo poco claro que se le ha dado a la problemática desatada como caja de pandora por la prevaricadora Sentencia de este tribunal Internacional. Hay que ser claros en que proliferan las causas que alimentan el fervor por el establecimiento de un régimen autonómico en las Islas: la sobrepoblación, los problemas de alcantarillado, el desempleo, los servicios públicos deficientes, el narcotráfico que se siente mucho y muy duro allá, además de la pobreza. Incluso leí que se quiere un régimen como el de Puerto Rico, o sea, el de un Estado Libre Asociado, porque ven que copiando el modelo de Aruba, barbados o curazao pueden elevar la calidad de vida, la propia Gobernadora dice que se debe empezar a estrechar lazos con la comunidad raizal que se encuentra en la costa de mosquitia. Les duele todavía que el gobierno al ceder esa costa haya separado un pueblo, una Nación, una cultura, y algo de razón tienen. 

Todo eso es un problema de políticas públicas y de los lineamientos que rigen la administración de la cosa pública desde el orden central. Y les voy a decir el por qué. En Colombia no hay una verdadera ciudad que se proyecte al mundo desde el mar, que sea polo de desarrollo de la cultura marítima, una ciudad tipo Hamburgo, Colón en Panamá o Hong Kong. Siempre se ha visto a la Costa Pacífica o Atlántica como sinónimo de playas. Si no hubiéramos sido así de miopes de toda la vida, pues la Colombia Insular sería un paraíso.

Diagnóstico de la economía Colombiana

'El problema de Colombia es la complacencia'

Xavier Sala-i-Martín (de traje naranja), en la Bolsa de Nueva York en 2008 junto al entonces presidente del Barcelona, Joan Laporta (centro). En la foto también aparecen el capitán del equipo, Carles Puyol (der.), y el entonces técnico Josep Guardiola (izq.). / EFE

Más que un brillante economista —que se ha destacado en grandes organismos como el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— y que un notable conferencista y un distinguido catedrático que ha hecho historia en grandes universidades como Columbia, Yale y Harvard, el catalán Xavier Sala-i-Martín es un estratega por naturaleza (desde muy niño leía libros de estrategia militar). También es un amante del fútbol (en particular del Barcelona Fútbol Club, equipo en el que fue jefe de la Comisión Económica y tesorero en la época de Joan Laporta).

Xala-i-Martín —actual asesor económico en jefe del Foro Económico Mundial y autor del Índice Global de Competitividad— no sólo habla de fútbol con propiedad, sino que explica la actual dinámica económica de Colombia y del mundo en la misma forma. Y es consciente de que, al igual que en el fútbol, la única manera para poder competir es haciendo cosas nuevas (uno de sus ejemplos, fue el momento en el que Pep Guardiola —entrenador del Barcelona— puso a jugar a Lionel Messi en el centro y no a la derecha, como siempre lo había hecho).

Le dijo a El Espectador, en Cartagena durante el X Congreso Nacional de Infraestructura, que aunque el país va bien en sus asuntos macroeconómicos, reformas en fundamentos como infraestructura, educación y eficiencia del sector público no pueden dejarse de lado para tener bases sólidas de mediano y largo plazo. Y en cuanto al comportamiento del mundo, resalta que los emergentes aún son más vulnerables de lo que se cree y que las peleas del sector público estadounidense se han convertido en “una vergüenza”.

Los expertos aseguran que los indicadores macroeconómicos del país avanzan bien. ¿Cómo ve la situación?

La situación económica de Colombia en estos momentos es sana. De hecho, después del susto que el mundo emergente tuvo en el primer trimestre de este año, cuando se hizo público el tapering de Estados Unidos, Colombia ha resucitado muy rápido; otros países no tanto.

Es el manejo macroeconómico, fiscal. A diferencia de lo que pasaba en otras épocas, Colombia es de los países que están bien, incluso a nivel mundial. En el ranquin de macroeconomía está por encima de muchos países europeos (está en el puesto 33 del mundo en nuestro escalafón del Foro Económico Mundial).

Por lo tanto, en temas de macroeconomía de corto plazo va bien. Lo que pasa es que uno no debe confundir el éxito económico de corto plazo con el crecimiento y la sostenibilidad de largo plazo.

La competitividad, lo que intentamos medir en el Foro Económico Mundial, tiene que ver con la competitividad de largo plazo. Por ejemplo, cuando España iba muy bien, no era la más competitiva de Europa. El país crecía, tenía una burbuja inmobiliaria. Si tú miras el índice que hacíamos en el Foro, esto no podía durar; y no duró. Colombia se puede enfrentar a un problema parecido si no arregla los fundamentos del crecimiento de largo plazo: eso quiere decir infraestructura, educación y eficiencia del sector público.

¿Podría repetirse una situación similar a la de España?

Sí, en materia de crecimiento insostenible. A nadie se le escapa que en Colombia la mayor parte de las exportaciones son mineras y por lo tanto el precio de los recursos naturales afecta mucho el crecimiento de largo plazo. Eso es un tema peligroso. Todo el mundo está viendo que el crecimiento de China ya no es del 11 ni del 12%, ni del 9 ni del 8; ya estamos debatiendo un 6% o 7%. Discutimos si el sistema financiero chino va a aguantar, si el problema de los gobiernos locales va a resistir.

China, India, Brasil y Estados Unidos siguen demandando productos naturales y produciendo más productos naturales (como el shale gas). La pregunta es: ¿Los precios de los recursos naturales van para abajo o van a seguir a este nivel? El interrogante que uno se hace es qué pasa si el precio de los recursos se divide por dos. ¿Dónde acaba Colombia? ¿Qué hace Colombia y qué exporta? La respuesta es: si no eres competitivo, nada. Lo mismo que España.

¿Qué tan competitivo es este país?

Hablo de los números y de lo que muestra el Foro: el puesto 69 es el 4,19. ¿Cuán competitiva es Colombia? Respuesta: 4,19. ¿Qué quiere decir? La casilla 69 en el mundo está al lado de Jordania y Sri Lanka. Mirando en el tiempo no se ven visados de progreso. Insisto: en tres de las grandes áreas fundamentales, Colombia está por encima de 100 (entre 140 países). Esto significa: 40 puestos por debajo de los 40 peores del mundo, o sea, a niveles africanos.

¿En qué lugar está la infraestructura?

En infraestructuras de transporte, 110 de 140. La calidad institucional de Colombia está en posición 110. Aunque se tengan grandes infraestructuras y se decida hacer cosas eficientes, sin el capital humano el capital físico no sirve para nada.

Las compañías quieren tener infraestructuras, pero también las personas que dirijan bien la economía. Acá es donde el sistema educativo es importante. Por lo tanto, estamos hablando de la intersección educación-infraestructuras-instituciones.

Otro de los puntos críticos del país es la educación en varios niveles…

La educación es importante en todos los niveles. Primero, Colombia tiene varias universidades a nivel internacional. Yo doy clase en una de las mejores universidades del mundo y atraemos estudiantes de todos los países —algunos colombianos—. Colombia es capaz de generar grandes cerebros, pero el problema es que la competitividad no viene de ellos, de estos grandes científicos, que no van a ser ministros y presidentes de compañías.

La competitividad viene del resto de la población. Las grandes ideas empresariales de los países, en un 72%, provienen de los trabajadores. Por lo tanto, para ser un país competitivo no basta con sólo educar a las élites, que acá en Colombia son bien educadas. Los grandes directores de las empresas, los ministros, tienen educación de primer nivel. Esto no te hace competitivo.

Lo que se quiere es que la gente normal, la de la calle, los niños del país, puedan competir con los chinos, con los coreanos; estos chavales que reciben una educación de primera línea y con los cuales tendrán que competir nuestros niños.

La idea es que los niños colombianos puedan competir con los chinos. Ellos están haciendo los deberes. Estos países que están haciendo los grandes cambios —Singapur, Hong Kong, Corea, China— han invertido enormes cantidades en educación, sobre todo en las mujeres.

¿La ‘bonanza’ latinoamericana está llegando a su fin?

El susto de abril de este año, Estados Unidos anuncia su tappering (la política monetaria laxa se va a acabar; sin embargo, aún no se ha acabado). El mero hecho de anunciarlo significó que la gente dijera: los tipos de interés van para arriba, EE. UU. empieza a ir bien. Por lo tanto, el dólar sube y los capitales van para allá.

Esto hunde las bolsas de todo el mundo emergente. Las tasas de crecimiento tienen un susto en el mes de abril acá en Colombia; el Producto Interno Bruto deja de crecer al 4,7%. Esto me demuestra que hay una gran vulnerabilidad del mundo emergente.

El crecimiento del mundo emergente es como si se estuviera beneficiando, primero del commodities super boom (materias primas caras) y segundo, de que el capital en Europa y en Estados Unidos sale en estado de pánico por la crisis de 2008. Está de manera temporal acá. En el momento en que se enteran de que EE. UU. se recupera, se van para allá.

El crecimiento del mundo emergente no es tan sólido como pensábamos. Aquí es donde un país, sin una sólida base competitiva, tiene que ponerse nervioso. Colombia puede estar haciendo lo mismo que hizo España. Todo el boom de la burbuja española se podía haber aprovechado para hacer reformas educativas e infraestructuras serias y no dilapidar dinero en aeropuertos que no sirvieron.

El problema de Colombia es la complacencia. El hecho de que te vaya bien no te está llevando a hacer los deberes. No puedes hacer los deberes sólo cuando estás contra la pared. ¿Por qué Colombia está muy bien ahora a nivel macroeconómico? Porque ha sufrido bastante en el pasado. No se puede aprender sólo de cuando las cosas están mal. Cuando las cosas van mal, las reformas hacen sufrir más.

Lo que se necesita es hacerlo cuando las cosas van bien. Lo que se está viendo en Colombia es que en esta época de bonanza no se están haciendo los deberes. Por lo tanto, a lo que bajen los precios de las materias primas, Colombia tiene un problema.

Es preocupante decir que nos dedicamos a la complacencia, pero sin hacer los deberes…

Es preocupante, pero es lo que está pasando. Si miras el índice del Foro Económico, ninguno de los tres grandes factores ha subido. El único que mejora es la macroeconomía.

Explicaba una simulación y pongo en mi computador: ¿Qué pasaría si Colombia tuviera las mejores infraestructuras del continente (infraestructura de Panamá o Barbados), la educación de estos dos países y factores institucionales de Barbados? Automáticamente salta 33 posiciones. Pasa del 69 al puesto 36. En lugar de que tus vecinos sean Sri Lanka o Ruanda, pueden serlo España o Italia, o Chile. No es descabellado. No hay razones para que Colombia no tenga uno de los mejores sistemas educativos de América Latina.

Yendo al otro lado del Atlántico, ¿hacia dónde va Europa?

Europa tiene un problema: el agregado está creciendo, la media está creciendo. La media es como si tú pones los pies en el microondas y la cabeza en el refrigerador; la temperatura media del cuerpo es correcta, pero el cuerpo está muerto.

Y en Europa pasa esto. Una parte está creciendo mucho, que es el norte, pero el sur es un desastre. En promedio estamos creciendo 0 o a 0,1%. Y Europa está mal porque el sistema financiero no ha arreglado sus problemas, a diferencia del americano. Es decir, se ha hecho un gran rescate bancario que ha costado a los contribuyentes decenas de millones de euros con el objetivo de que fluyera el crédito. Pero el crédito no ha fluido.

¿Han servido de algo los rescates financieros?

No han sido nada efectivos. En España no hay crédito a las empresas, pero sí existe para el gobierno. Hay un déficit público brutal y los bancos están prestando al gobierno. Por lo tanto, no hay inversión, no hay consumo. No hay crecimiento. Lo único positivo en España son las exportaciones, que están concentradas en muy pocas empresas. Sin embargo, no se ha ampliado la base de compañías exportadoras.

¿Qué tan preocupados hay que seguir por Estados Unidos?

Estados Unidos tiene otro problema y es que es un poco esquizofrénico. Hizo una gran reforma bancaria —los bancos están más saneados que los europeos—, las empresas hicieron grandes ajustes en endeudamiento y esto ha sido positivo. Son compañías innovadoras, flexibles.

El gran problema que tiene Estados Unidos es público. El Congreso y el gobierno son incapaces de ponerse de acuerdo para reducir el déficit. Vamos espectáculo tras espectáculo (peleas del ‘Obamacare’, fiscal cliff y demás).

El sector público norteamericano es un drama y una vergüenza. Silicon Valley y sus innovadores hacen grandes trabajos, pero con un gobierno ineficiente como ese no van a salir tampoco.

La deuda es brutalmente alta, junto a un déficit que no se puede cerrar y se proyecta hasta el infinito en el horizonte y no da visos de arreglarse. Otra incertidumbre es Janet Yellen. Para algunos del sistema financiero, es una paloma muy débil. Desde lo académico es impecable.

¿Y hacia dónde va China con sus reformas económicas?

El crecimiento chino basado en la inversión y la exportación ha llegado a su fin. Los chinos han sido incapaces de sustituir ese modelo con un aumento del consumo interno. El nuevo presidente cuando fue elegido dijo que su nueva política económica sería intentar cambiar el modelo. Está por verse si las reformas tienen éxito.

Fuente: http://www.elespectador.com

Reflexiones sobre el Estado Argentino

¿Qué modelo de Estado queremos?

A 30 años de la vuelta a la democracia, en 1983, no logramos definir qué rol debe tener el Estado argentino. En los años 90, durante la gestión del justicialista Carlos Menem, se implementó una drástica política de reducción del tamaño del Estado y eliminación de subsidios mediante privatizaciones, desregulaciones, desmonopolizaciones, tercerizaciones y descentralizaciones, financiadas por organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional). Se buscaba transformar ese Estado grande en uno más chico en el supuesto de que tal reducción nos conduciría a un Estado mejor, más eficiente.

De la mano de estas ideas, acciones y omisiones, el Estado argentino (a nivel federal) redujo su planta de personal -pasó de aproximadamente 1.000.000 de empleados, en 1989, a 298.000, en 1999, (casi el 70 % de reducción en 10 años)- y privatizó todas las empresas públicas. Ese Estado reformado, que perdía capacidad de control, mostraba un contexto social preocupante, con una desocupación del 13,8 % en 1999 (con un pico del 18,3 % en 2001), y un endeudamiento externo que asfixiaba nuestra economía. El creciente conflicto social no presagiaba un desenlace moderado. Este tobogán descendente terminaría en el default de 2001, que puso al país frente a una de las crisis más profundas de su historia. Este Estado chico terminaba siendo incapaz de regular la vida social y económica de los argentinos. Era débil para asegurarnos el cumplimiento de la ley. Terminaba siendo un Estado "enano" para tratar con las magnitudes inmensas de los problemas que se avecinaban.

Desde 2003, con la opinión pública a favor, comenzó un ciclo de crecimiento del Estado mediante una mayor intervención pública, una drástica reducción del endeudamiento externo y una serie de reestatizaciones, además de una política de subsidios estatales más activa que en la década anterior. Podemos decir que este Estado grande fue producto de una sociedad que demandaba "mayor presencia estatal" en su vida cotidiana, en la regulación de la economía, en la búsqueda de una mayor inclusión social y en el mercado de trabajo. Pero ese Estado grande no es, necesariamente, sinónimo de capaz. En el caso de la tragedia ferroviaria de Once, encontramos un ejemplo dramático de esta falencia. El Estado había otorgado (e incrementado respecto de los años 90) subsidios al transporte ferroviario, pero el control que se había hecho del destino de esos fondos por parte de las concesionarias privadas era, por lo menos, defectuoso.

Es evidente que tanto para un Estado chico como para uno grande el problema está relacionado con la capacidad institucional, es decir, el grado de eficacia (la capacidad de una organización para conseguir los objetivos que se le trazan) y eficiencia (el costo en tiempo y recursos que insumen los objetivos) de la organización estatal para obtener los fines que la política y la opinión pública le trazan al Estado a través de las elecciones. Desde los años 90 hasta hoy, el problema del Estado argentino está dado por la baja capacidad institucional o de gobernabilidad.

No es pecado dar subsidios estatales. De hecho, los países desarrollados tienen fuertes políticas en este sentido. La administración Obama ha dado billonarios subsidios a bancos, corporaciones y financieras que tuvieron mucho que ver con la crisis de 2007. El problema está dado por el control del subsidio otorgado. Dar subsidios sin controles relativamente eficaces y eficientes por parte del Estado es casi tan peligroso como negarlos por una cuestión de simple ideología antiestatal. Los subsidios, orientados por una política pública democrática, son una valiosa herramienta del sector público. No tenemos por qué descartarlos, pero sí orientarlos, mejorarlos, transparentarlos y controlarlos. Por ejemplo, el Estado actual ha sido eficiente en la reducción del desempleo. Desde 2003 a 2013, el desempleo ha bajado del 17,3 % al 7,2 %.

Otra cuestión que aparece en el horizonte del Estado achicado y agrandado de las últimas dos décadas es la de la heterogeneidad. Nuestra organización estatal ha incrementado sus niveles de heterogeneidad en virtud de sus sucesivas reformas y reconstrucciones producto de la dinámica política democrática. La capacidad no es pareja en todas las organizaciones del Estado. Existe un Estado que tiene sectores que exhiben capacidades estatales aceptables para un contexto latinoamericano y otras áreas que están muy por debajo de lo esperado. Pero los promedios son tiranos: la capacidad estatal es justamente el punto medio que obtiene ese Estado entre sus partes más eficientes y las que no lo son, frente al cada tanto implacable juicio de la opinión pública.

El Estado no surge del vacío. Es un producto del juego político democrático entre los políticos y los ciudadanos. Es la organización que construimos y conseguimos entre todos. El perfil del Estado necesario se construye de acuerdo al clima de época. Es inevitable que en la vida democrática de una nación exista cierta oscilación en cuanto al rol del Estado. El punto aquí es cómo evitar la variación extrema (tan argentina). Aunque no tan fácil de implementar, la respuesta es muy sencilla: discutir un modelo de país de una forma democrática. No tiene que ser para todas las áreas del Estado al mismo tiempo, pero tenemos que trazar, como sociedad, horizontes de largo plazo en políticas fundamentales, como por ejemplo, la educativa, la energética, la social, la industrial, la impositiva, la agraria, y ver qué sectores subsidiar y con qué objetivos.

Algunos puntos de partida para este modelo de país pueden ser encontrados en el Diálogo Argentino o en el Plan Fénix de la UBA, que son excelentes primeros pasos para tener proyectos y borradores para la necesaria discusión legislativa de alguna de estas cuestiones. El futuro ya empezó.

© LA NACION.

Fuente: www.lanacion.com.ar

Peligra el futuro de la industria petrolera de Venezuela

Pese a haber atravesado por la mayor bonanza petrolera de su historia, Venezuela enfrenta un futuro económico sombrío y la calidad de vida en el país podría venirse abajo severamente para finales de la presente década dados los grandes cambios sistémicos que se vislumbran en el mercado de mundial de crudos y la incoherente administración del chavismo.

Según un informe de la firma de asesores Interamerican Trends, Venezuela debe abandonar urgentemente las políticas que han propiciado el deterioro de su industria petrolera y realizar las inversiones necesarias para aumentar significativamente su producción de crudo si no quiere volver a ver los índices de pobreza y retraso que registraba hace 100 años.

De no realizarse los cambios, “Venezuela tendrá una economía muy débil similar a la que tuvo la nación a principios del siglo XX, [cuando era] un país endeudado y pobre, con ingresos insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de la nación”, declaró el estudio elaborado por la firma de asesores con sede en Washington.

El informe está realizado con base en la yuxtaposición de los pronósticos del mercado petrolero para las próximas tres décadas con lo que ha sido el patrón de comportamiento de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), encontrando que la industria – sobre la que descansa en casi su totalidad la economía del país – sólo tiene una ventaja de entre cinco y seis años para evitar un previsible colapso económico. 

Para conseguirlo, Venezuela debe invertir cuanto antes en aumentar la producción de petróleo, por un lado para contrarrestar el gradual declive de la oferta petrolera venezolana por deficiencia en las obras de mantenimiento, y por el otro para compensar el pronunciado endeudamiento del país con China a través de mecanismos que, al ser pagaderos con petróleo, están mermando significativamente la facturación de la estatal venezolana, dijo. 

De hecho, PDVSA ya enfrenta una aguda crisis de liquidez que pone en riesgo su operatividad, en parte debido a las gigantescas exigencias impuesta sobre ella por el chavismo, obligándole a asumir obras sociales de costos atrofiantes, subsidiar el crudo del mercado interno así como los despachos a Cuba y a otros países aliados del chavismo y a enviar crudo a China que el país asiático ya pagó. 

La crisis de liquidez se produce pese a que el país ha registrado una de las más extraordinarias bonanzas petroleras de su historia, con proyecciones de que los altos precios del crudo le han brindado cerca de un billón de dólares a lo largo de sus 14 años en el poder. 

Pero muy poco de ese dinero fue utilizado en mejorar la industria. 

Analistas han señalado, que una política petrolera coherente en Venezuela hubiera llevado al país a estar produciendo actualmente cerca de los cinco millones de los barriles diarios, en vez de los 2.8 millones que está sacando del subsuelo, según los números de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

Por otro lado, Venezuela también debe invertir en el desarrollo de estrategias que le permitan buscar nuevos mercados ante los profundos cambios por los que atraviesa la industria. 

Uno de esos cambios es el sostenido incremento de la producción de crudo en Estados Unidos, situación que a la vuelta de pocos años podría poner fin en ese país a las importaciones del crudo venezolano. 

Pese a la hostil retórica del chavismo, Estados Unidos sigue siendo el mejor cliente de Venezuela y la pérdida de ese mercado -de producirse antes de que se abran nuevos mercados- tendría serias y duraderas repercusiones para la economía venezolana, resaltó el informe. 

Según Interamerican Trends, las mejoras tecnológicas están impactando negativamente al crudo venezolano por dos vías diferentes. Por un lado, al aumentar la eficiencia de los motores de combustión, fenómeno que está desacelerando el ritmo de crecimiento de la demanda, y por el otro al permitir a Estados Unidos incrementar sus niveles de producción. 

Estados Unidos podría dejar de importar totalmente el crudo en menos de 20 años, si las actuales tendencias continúan, señaló. 

El informe sobre el panorama energético mundial para el año 2030 de la firma British Petroleum, augura que Estados Unidos superará este año a Arabia Saudita en la producción de “energía líquida”, termino que incluye la producción de crudo y biocombustibles, y que se mantendrá en el primer puesto hasta el año 2023. 

La razón de ese esperado incremento se debe en gran parte a la evolución de la producción de hidrocarburos no convencionales, el gas y el petróleo de esquisto, así como en los reservorios de “tight oil” (petróleo de formaciones compactas), cuya extracción fue muy difícil durante mucho tiempo y considerada muy costosa. 

La evolución tecnológica está creando un auge petrolero en estados como Dakota del Norte, Montana, Texas y Louisiana. Para este año, la producción de petróleo en Estados Unidos tiene previsto aumentar en 490,000 barriles diarios, para alcanzar un promedio de 10.4 millones de barriles diarios, según un estudio de la OPEP. 

El gradual incremento en la producción de crudo ha llevado a Estados Unidos a recortar a la importación de petróleo desde un 60 por ciento del crudo que consumía en el 2006 a solo un 33 por ciento, estimado para el 2014. 

Según cálculos de la Agencia Internacional de Energía, Estados Unidos está en vías de convertirse en el primer productor mundial de petróleo a la vuelta de cinco años. 

Y en lo que complica aún más el escenario, los próximos años también verán un fortalecimiento en la producción de jugadores que previamente tenían una operación mucho más pequeña, incluyendo a Brasil y Canadá. 

El crudo canadiense, por cierto, es muy similar al venezolano y un incremento significativo de la producción allí podría acelerar aún más la perdida de los segmentos del mercado estadounidense que aún controla PDVSA. 

Fuente: http://www.elnuevoherald.com

Mercosur se convirtió en club de segunda de la izquierda: Luis Lacalle

El expresidente uruguayo aseguró que Venezuela entró ilegalmente al bloque.

El expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle (1990 - 1995) visitó al país esta semana para dar una serie de conferencias, invitado por la Universidad Sergio Arboleda. El dirigente del Partido Nacional, de centroderecha, abordó varios temas de la región.

¿Cómo ve los diálogos de paz que en La Habana?

Yo diría que ojalá finalice este medio siglo de violencia (...) Esperemos que se llegue de la manera más aceptable, bajo lo que es el concepto de legalidad, que es lo que tiene que primar.

El presidente José Mujica ha hablado con las partes, e incluso está la posibilidad de que se realicen los diálogos con el Eln en Uruguay…

El presidente Mujica por supuesto es el Presidente de nosotros, pero me parece que a veces es muy espontáneo en las cosas que dice y no sé si esa oferta fue algo que se le ocurrió en el momento o es una decisión política trabajada, madurada y pensada como una movida de política exterior. Así que dejémoslo como anécdota.

¿Cómo ve el proyecto de legalización de la marihuana en su país?

No me gusta salir de mi país y hablar mal del gobierno, porque me parece que no corresponde, pero legalizar la marihuana es una decisión muy equivocada que cuenta con la oposición del 60 por ciento de la población. Además, el concepto del Gobierno de Mujica, de ‘vamos a hacer un experimento’, me resulta ofensivo. Mi país no es un conejillo de Indias.

¿La inflación de Argentina afecta a su país?

Sí, nos afecta mucho porque es un socio comercial privilegiado, igual que Brasil, con una balanza comercial favorable a la Argentina, pero además nos afecta porque se han dedicado en la crisis a hacer escarmiento del Uruguay. La última medida del Gobierno argentino es prohibirles a los barcos argentinos, brasileños y de quien sea, que si cargan en ese país no pueden parar en puertos uruguayos. Esas son medidas casi de agresión.

¿Con Brasil cómo están las relaciones?

Es un país muy particular y admirable, aunque es difícil para negociar, porque siempre tiene cambios de 180 grados. No se da cuenta de que el liderazgo que aspira ya no se puede imponer.

¿Cuál es el estado del Mercosur hoy?

El Mercosur que iniciamos en el 91 era algo parecido a lo que es la Alianza del Pacífico, es decir, libre tránsito de personas, bienes y servicios, sin connotación política y sin importar que el Gobierno era tal o cual. Una cosa era tratar de achicar las diferencias de un sistema económico comercial, a convertirlo en un club político de segunda de la izquierda, donde ni siquiera hay identidad y la parte comercial no sirve y no funciona.

¿Qué opina de la presencia de Venezuela?

Venezuela entró por la ventana. Está ilegalmente en el Mercosur, no ha sido aprobado por el Parlamento.

¿Cómo ve los nuevos 'superpoderes' del presidente Maduro?

Maduro tiene fecha de vencimiento, es terminal lo que está pasando en Venezuela. Tenemos que preguntarnos es cómo se sale de esa situación terminal.

FELIPE CASTRO CERVANTES

Redacción Política

Fuente: http://www.eltiempo.com

Empresa Colombo-Venezolana

Monómeros, parábola del chavismo

La empresa que jugó un papel importante en la guerra fría Chávez-Uribe está en crisis. ¿Por qué?

Monómeros, durante muchos años, ha sido la segunda o tercera empresa en importancia de Barranquilla, después de Olímpica y Gases del Caribe. Por muchos años también fue símbolo de la cooperación entre Venezuela y Colombia. Creada por los presidentes Raúl Leoni y Carlos Lleras, en 2005 tenía una participación del 60 por ciento en el mercado latinoamericano. 

Sin embargo, en 2007 quedó atrapada en el huracán que produjo la crisis entre Caracas y Bogotá. Y ahora está en su peor momento, tuvo que cerrar una de sus líneas más importantes, la que producía la materia prima para el nylon, y tiene hoy con los brazos cruzados al 40 por ciento de sus trabajadores.

¿Qué pasó? ¿Qué tanto tuvo que ver la política con el destino de la empresa?

La planta que produce fertilizantes y fibras que sirven para confeccionar, entre otros, vestidos de baño fue inaugurada en 1972 y desde ese momento se convirtió en líder del sector. Sin embargo, en 2005, Hugo Chávez lanzó Petroamérica, una estrategia que en teoría consistía en integrar en términos de energía a América Latina teniendo como centro de operaciones a Venezuela, pero que en la práctica era también un plan de expansión del socialismo.

Dentro de ese esquema, según los cables de WikiLeaks, en 2006, el entonces presidente Álvaro Uribe vendió la participación que el gobierno colombiano tenía de Monómeros quedando como único dueño el gobierno de Hugo Chávez, a través de Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

Lo que SEMANA pudo establecer ahora, gracias a cientos de folios de la compañía a los que tuvo acceso, es que a partir de 2007 Monómeros en efecto se convirtió en una de las puntas de lanza de la ofensiva de Chávez en el continente. 

En su momento se supo que Monómeros le giró a la entonces senadora Piedad Córdoba 135.000 dólares. Aunque hubo quienes dijeron que podía ser un apoyo del gobierno de Venezuela a la campaña de la senadora, ella explicó después que estaban destinados a eventos para promover el acuerdo humanitario entre las Farc y el gobierno de Colombia. 

Llama la atención que el 4 de noviembre de ese entonces se abrió la cuenta en la que se hicieron los giros y, dos semanas después, el presidente Uribe canceló de manera unilateral la mediación que estaban llevando a cabo tanto la senadora como el presidente Chávez entre el gobierno de Colombia y las Farc.

(Esas fechas, cabe anotar, son cercanas a las del escándalo de la valija de Argentina, que se dio luego de que en un vuelo chárter llegó en agosto de ese mismo año a Buenos Aires un maletín con 790.000 dólares que, según las investigaciones periodísticas, venían de Caracas dirigidos a la campaña de Cristina Fernández).

Lo nuevo que revelan los documentos a los que tuvo acceso esta revista es que para llevar a cabo el plan de Petroamérica se constituyó el Fondo Petroquímico Latinoamericano. Y durante varios meses, entre septiembre y octubre de 2008, desde las cuentas de Monómeros Internacional en Islas Vírgenes, fueron girados 7,6 millones de dólares a dos proyectos: la construcción de 100 casas en República Dominicana y la construcción de vías y urbanizaciones en la vereda Chincha, en Perú.

Para ese entonces los colombianos ya habían salido de los cuadros directivos de Monómeros y habían llegado dos connotados chavistas. A la presidencia de la junta directiva llegó Fernando Toro, uno de los ideólogos del socialismo del siglo XXI, quien participaba como representante de Chávez en reuniones bolivarianas por todo el continente. Y como gerente fue nombrado Germán Paredes, quien había sido integrante del cuerpo de seguridad de Chávez.

Dos informes de auditoría interna, uno de 2008 y otro de 2010, dicen que no existe o se desconoce la naturaleza del proyecto del Fondo Petroquímico. Y en el único documento que existe sobre el fondo (Procedimiento para Manejo del Fondo Petroquímico Latinoamericano) no aparece la firma de ninguno de los responsables. 

La única evidencia de que los giros fueron aprobados son las copias de correos electrónicos entre Toro, el gerente financiero Jesús Linares y Pedro Lugo, a quien anunciaron como nuevo gerente de Monómeros.

Pero el desangre de Monómeros no solo se debió al uso de utilidades para el plan expansionista de Chávez. En una cadena de mensajes por Twitter, Daniel Barrientos, el anterior gerente de Monómeros, se preguntaba el pasado 1 de octubre “¿quién va a rendir cuentas por la debacle que hoy vive la empresa?” Barrientos, que está acusado por hurto calificado, fue gerente hasta enero de 2011 cuando lo reemplazó Eduardo Casañas, un exmilitar también venezolano.

Barrientos lanzó una andanada de trinos contra su sucesor y denuncia que la crisis de Monómeros se debe también a los excesivos privilegios laborales para los amigos del gerente, los regalos y bonos millonarios, el nombramiento de personas no idóneas, así como el despido de quienes tenían el conocimiento y no estaban de acuerdo con la administración.

Se habla, por ejemplo, de casos como el de una joven que entró en septiembre de 2011 a ganarse 2,5 millones de pesos y nueve meses después tuvo un ascenso que le significó un aumento de salario a 18 millones de pesos. Un hijo de Casañas, Erick, acaba de ser contratado como analista de mercado. “Los gerentes creen que vienen a un cargo diplomático pero no entienden que se trata de una empresa”, dice una persona que conoce el problema.

En diálogo con SEMANA el presidente del sindicato, Víctor Antequera, sostiene que en la parte administrativa hay exceso de personal con sueldos muy altos: en producción hay 333 empleos directos y en la administración 427 funcionarios. “A la gerencia llegaron personas que no conocían el negocio o si sabían hicieron todo al revés”, dice.

Otra fuente que conoce a Monómeros sostiene que la causa principal de la crisis es que la empresa ha estado vendiendo a pérdida. Mientras el precio internacional es de 2.508 dólares por tonelada de la materia prima para el nylon, con tendencia a la baja, a Monómeros le cuesta 3.000 dólares producir cada tonelada.

En los últimos siete años Monómeros ha dejado de producir caprolactama, sulfato de amonio, metilsetoxina y también dejó de ser comercializador de carbonato de sodio y soda cáustica, de donde se derivaban unas utilidades importantes.

Los directivos de la empresa les han dicho a los empleados que no los van a despedir, que irán dando por terminados los contratos con las empresas proveedoras y que están buscando un socio estratégico o un cliente que compre la línea de caprolactama, pero mantiene su producción de fertilizantes.

Todavía no se ha dicho todo sobre la crisis de Monómeros. Pero si la empresa quiere seguir adelante debe despedir a 320 empleados fijos y esa indemnización vale 20 millones de dólares, más los 25 millones de dólares de pérdidas acumuladas en el último año, a razón de 3 millones mensuales. Nadie sabe de dónde va a salir toda esa plata, porque en Venezuela tienen los dientes apretados.

Fuente: http://www.semana.com

Nota: Esta es otra de las tantas perlitas Castro-Chavistas. Una lástima que una Empresa que lleva envuelta una importancia estratégica tan importante para Suramérica esté en franco declive. Los paradigmas, los principios que guían el manejo de la cosa pública en Venezuela deben cambiar, deben ser apolíticos. Un gran yerro del ex-presidente Colombiano al vender la participación que se tenía en la Empresa.

'Colombia, con millonaria revolución en su infraestructura'

La joya de la corona de esta iniciativa es la "Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G)", que consta de 47 proyectos por un total de 25.000 millones de dólares en el transcurso de ocho años.

De esta manera el Gobierno aspira a sacar a Colombia del puesto 126 que ocupa a nivel mundial en calidad de vías, según el Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial.

La primera parte de ese ambicioso programa fue lanzada esta semana por el presidente Juan Manuel Santos y el titular de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, con la apertura de nueve procesos de licitación para construir un total de 1.234 kilómetros de carreteras cuyo valor asciende a 11 billones de pesos (unos 5.840 millones de dólares).

"Eso constituye, sin duda alguna, el proyecto más ambicioso que ha tenido el país en toda su historia y por mucho. Tal vez es el proyecto más grande y más ambicioso que se está poniendo en marcha en América Latina", manifestó Santos en el lanzamiento de estas concesiones en la que han manifestado interés en participar 69 empresas, cerca de la mitad de ellas colombianas pero también de España, Brasil, Chile, México y Estados Unidos.

En este modelo tendrán especial importancia las asociaciones público-privadas pues los contratistas primero elaborarán los diseños de la vías y recibirán las licencias ambientales para luego sí poder construirlas y empezar a cobrar peajes.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, subrayó esta semana en un foro en Bogotá que para que Colombia sea un país exitoso en los próximos 20 años debe ver la competitividad a largo plazo con una visión que integre la participación público-privada.

Un reciente estudio de la consultora Serfinco señaló que la participación de la inversión privada en la construcción de infraestructura se ha incrementado en los últimos diez años, pasando de 0,1 % en el 2000 al 1% en el 2011, pero para que sea más dinámica se necesita una mayor eficiencia del Estado en temas como agilidad de las entidades contratantes para la adjudicación de concesiones y los tiempos para la entrega de licencias ambientales, entre otros.

En cualquier caso, el objetivo del Gobierno con esta revolución en las carreteras es superar el rezago en infraestructuras que afecta negativamente la competitividad del país, inmerso en un proceso de conquista de mercados.

Esa política ha tomado fuerza durante el actual Gobierno con los acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Corea del Sur, Panamá, Costa Rica, Canadá e Israel, entre otros, así como con la creación de la Alianza del Pacífico de la que forman parte Colombia, Perú, México y Chile.

El atraso de Colombia en infraestructuras no se da sólo con países desarrollados sino con sus propios vecinos, pues en un cálculo de Serfinco sobre vías pavimentadas por cada 100 kilómetros cuadrados, el resultado de Colombia fue 1,2, menos de la mitad del promedio de América Latina, que alcanzó 2,5, y a años luz de distancia de la media de 50,3 de los países de Asia del este y del Pacífico.

Las consecuencias del "cuello de botella", como ha llamado Santos al atraso del país en su red de carreteras las ha constatado la Cámara Colombiana de la Infraestructura, según la cual el costo de transportar un contenedor por tierra desde Bogotá hasta el puerto de Cartagena, ciudades distantes unos mil kilómetros, es de 3.200 dólares, mientras que llevarlo de Cartagena a Shangai (China), en el otro lado del mundo, cuesta la tercera parte.

De concretarse este plan de transformación de las carreteras el beneficio no será sólo para el comercio internacional del país sino para el conjunto de la economía, pues además de la ganancia en competitividad, el Gobierno calcula que durante la fase de construcción se generarán cerca de 400.000 empleos en zonas rurales de 24 de los 32 departamentos del país.

En el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB), estas millonarias inversiones aportarán el 1,5 % durante la fase de construcción de las vías y cerca del 1 % cuando entren en operación, un resultado nada despreciable para un país que este año aspira a crecer más del 4 %.

Fuente: http://www.portafolio.co

Mensaje de los jefes del cartel de Cali al expresidente Pastrana

La carta bomba guardada 13 años

Ésta es la carta que desde el año 2000 guarda el expresidente Pastrana en su caja fuerte y que publica ahora, trece años más tarde, en el libro Memorias Olvidadas que lanzó ayer y que ha generado un revuelo en el mundo político.

La misiva le llegó en el segundo año de su gobierno y venía firmada por los jefes del cartel de Cali, que desde la prisión de máxima seguridad de Cómbita, y años antes de ser extraditados a los Estados Unidos, le escribieron este mensaje, que para Pastrana representa “la prueba reina” de que el expresidente Ernesto Samper estuvo al tanto de la financiación de los narcos a su campaña entre la primera y segunda vuelta presidencial en 1994. 

Fue Santiago Rojas, el reconocido médico que trabaja con pacientes en situaciones extremas, que en año 2000 desarrollaba en las cárceles un programa de reducción de la violencia y veía allí a los hermanos Rodríguez. Un día los capos le entregaron a Rojas, que fue siempre muy cercano al presidente de Pastrana, la carta para que la llevara al palacio presidencial.

El facsímil de la carta está inserto en el libro y aunque es un testimonio de dos narcotraficantes condenados por la ley, se constituye en una pieza fundamental para completar la historia del proceso 8mil ya que en pocas ocasiones los responsables del envío del dinero a la campaña Samper presidente han sido explícitos en decir que Ernesto Samper estaba enterado y por tanto que si tuvo responsabilidad en la financiación ilegal que lo llevó a ser presidente de la república.

Fuente: http://confidencialcolombia.com

Para construir la paz hay que esclarecer el pasado

Por David Tolbert*

COLUMNISTA INVITADO Debemos analizar por qué las comisiones de la verdad emanadas de procesos de paz se han estancado o fracasado, y qué puede hacerse para minimizar el riesgo de fracaso

Poner fin a un conflicto armado es una labor ímproba. Los negociadores y los mediadores no sólo se enfrentan al desafío de convencer a los contendientes de que depongan las armas, sino que también deben conseguir que el conflicto no se reanude. 

Las comisiones de la verdad comenzaron a ser un importante elemento de las negociaciones de paz allá por la década de 1980, cuando en toda América Latina se alcanzaron acuerdos de paz. En países como El Salvador y Guatemala, comisiones de la verdad emanadas de esa clase de acuerdos, con frecuencia bajo la supervisión de la ONU, han intentado proporcionar datos e informar de las causas profundas y el coste social de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Quizá en la actualidad el ejemplo más conocido sea el de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, creada después del apartheid. Todas esas comisiones partieron de la base de que afrontar la desagradable verdad sobre los crímenes cometidos por regímenes represivos serviría para recuperar los derechos ciudadanos, contribuyendo quizá a la reconciliación.

Desde entonces, los países que dejan atrás conflictos o regímenes autoritarios han recurrido cada vez más a las comisiones de la verdad y a sus recomendaciones, viendo en ellas un método esencial para reparar los abusos pasados y prevenir nuevas violaciones de derechos. Puede que esas elevadas expectativas expliquen que en los últimos 20 años haya aumentado exponencialmente el número de comisiones de la verdad, pasando de las siete únicas que se crearon antes de 1990, a las 11 de la década siguiente y a las 22 que comenzaron a trabajar entre el 2000 y 2010, muchas de ellas emanadas de negociaciones de paz.

Desde Nepal a Kenia, pasando por las Islas Salomón y Sierra Leona, los negociadores de paz han recurrido a esas comisiones para responder a las demandas de las víctimas y los defensores de los derechos humanos, que exigían con determinación situar la justicia en los planes de paz. Sin embargo, en ocasiones su inclusión en los acuerdos finales se ha considerado una mera estratagema, que buscaba “marcar la casilla de la justicia” sin comprometerse verdaderamente con ella. 

De hecho, en algunos países la posible creación de una comisión de la verdad, abandonada por los responsables políticos, se ha estancado.

Algunas comisiones no han logrado responder adecuadamente a los derechos de las víctimas, en tanto que la constitución de otras se ha propuesto con la esperanza de que evitara juzgar a los verdugos. Ese ha sido el caso de Nepal, donde un decreto presidencial permite que se recomienden amnistías para autores de flagrantes violaciones de los derechos humanos, algo que va en contra de los principios internacionales. 

En otros casos, como el de Costa de Marfil, se han creado comisiones sin las necesarias consultas previas, ni la planificación y el compromiso político precisos para garantizar su eficacia. Hay otras, sobre todo la de Kenia, que, adoleciendo de mandatos excesivamente ambiciosos, han sufrido también a causa de conflictos de intereses políticos. A las comisiones les ha costado evitar las injerencias políticas en el proceso de esclarecimiento de la verdad y aplicar sus propias recomendaciones.

Las lecciones que hemos aprendido ponen claramente de relieve que ya es hora de observar con mirada crítica los desafíos a los que se enfrentan los negociadores y mediadores de paz cuando incorporan al proceso una comisión de la verdad. Esto es algo especialmente pertinente hoy en día, ya que se están constituyendo más comisiones de la verdad que en ningún otro momento histórico y países como Colombia ven en ese mecanismo un posible método de desarrollo de una paz sostenible. Debemos analizar por qué las comisiones de la verdad emanadas de procesos de paz se han estancado o fracasado, y qué puede hacerse para minimizar el riesgo de fracaso, con el fin de que las comisiones puedan contribuir eficazmente a la consolidación de la paz.

La inclusión de comisiones de la verdad en acuerdos de paz exige diligencia y buen juicio. Esos organismos no pueden constituirse por razones cosméticas, sin tener en cuenta las lecciones del pasado y los principios de respeto a los derechos humanos. Más bien deben enraizarse profundamente en el reconocimiento de que las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y sus sociedades tienen derecho a saber la verdad, por incómoda y preocupante que ésta sea para las élites gobernantes. 

Al mismo tiempo, el esclarecimiento de la verdad debe responder a las necesidades concretas y propias de cada situación: es imposible aplicar un mismo modelo a todas. Los mediadores, los sectores que negocian y sus sociedades necesitan trabajar con imaginación para crear mandatos eficaces.

Para fijar objetivos claros de esclarecimiento de la verdad, evitar falsas expectativas y no caer en la ilusión de que existe una “varita mágica” para la reconciliación automática, es preciso un auténtico diálogo social. Las comisiones de la verdad no son meros instrumentos para develar hechos, sino que movilizan a la sociedad para establecerlos y explicarlos; proporcionan una plataforma de expresión a los marginados e incluyen sus voces en la agenda nacional, cuestionando inevitablemente el statu quo a través del poder colectivo de las voces oprimidas.

Las comisiones de la verdad necesitan contar con trabajadores bien formados, recursos materiales y una financiación bien canalizada. Los participantes en el proceso de paz deben asegurar el apoyo nacional e internacional para esa labor. Las comisiones de la verdad precisan de cooperación y de un marco legal que les permita acceder a la información, aunque esté en archivos sensibles que los interesados en boicotear el proceso quieran ocultar.

Las comisiones de la verdad también necesitan líderes de intachable integridad, hombres y mujeres que, avalados por un patente compromiso con los derechos humanos, sean capaces de inspirar confianza, involucrar al mayor número posible de comunidades y desarrollar trabajo en equipo. Comisiones como la de Kenia se han visto paralizadas por polémicas relativas a la idoneidad de presidentes cuyos intereses entraban en conflicto con las pesquisas del organismo.

Hemos recorrido un largo camino desde el histórico informe Nunca más, redactado hace treinta años por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de Argentina. Ahora sabemos que las comisiones de la verdad tienen una relación simbiótica con la justicia penal, las reparaciones para las víctimas y la reforma institucional, elementos cruciales para mantener la paz a largo plazo y la confianza ciudadana en países que dejan atrás conflictos y periodos de represión estatal. En sociedades divididas y enfrentadas a la difícil verdad de un pasado turbulento, sus informes pueden servir para cimentar un relato común. 

No son varitas mágicas, pero sí pueden ser catalizadores de un auténtico cambio social. Para que puedan verdaderamente materializar ese potencial, es fundamental que los mediadores de paz y todos nosotros aprendamos tanto de los fracasos como de los éxitos. Y, sobre todo, que renovemos nuestro compromiso con las víctimas y con su voz, mostrando hasta dónde puede llegar el sufrimiento humano, pero sin dejar de proclamar los frutos que la justicia y la esperanza pueden dar.

*Presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). 

Fuente: http://www.semana.com

En manos de las FARC

Ahora tienen en sus manos al Presidente – candidato. La reelección de Santos depende de que se llegue a un “Acuerdo de Paz” con ellos.

Desde que el Partido Comunista decidió en su Congreso de 1980 formular la “solución política negociada” como una forma de lucha revolucionaria, las FARC se convirtieron en un elemento determinante en las elecciones presidenciales. Con la consigna de la “paz” y cabalgando sobre el ambiente generado por el M19 al plantear el “Diálogo Nacional”, luego de la toma de la Embajada de República Dominicana, Jacobo Arenas y Manuel Marulanda tuvieron la suficiente destreza para conseguir que en 1982 la disputa se tradujera en dos lemas: “la paz es liberal” y “la paz es nacional”.

La historia se repitió en 1998. Con habilidad pusieron a competir a Andrés Pastrana y a Horacio Serpa en quien ofrecía más a la organización. Ambos coincidieron en desmilitarizar los cinco municipios que reclamaban para sentarse en la mesa. La angustia electoral marcó los anuncios de campaña y el desarrollo del fracasado proceso de El Caguán.

Cuando se habla de FARC lo primero que se debe entender es que se trata de una organización con más de 60 años de historia y cuyos cabecillas han sido protagonistas de 30 años de conversaciones con el Estado. Timochenko y Márquez estaban sentados al lado de Arenas y Tirofijo desde el primer “proceso” y militaban en el Partido Comunista cuando se hizo de “la paz” su “táctica y estrategia de lucha”, en el marco de una guerra irregular que es por la legitimidad.

El Estado y la sociedad colombiana hoy se enfrentan con ese acumulado de experiencia y formación criminal, con el agravante de que nunca antes habían estado en una mejor posición para conseguir su propósito revolucionario, a pesar de la candidez de Betancur y el poder militar que precedió a El Caguán.

Las FARC han planeado el escenario actual demostrando enorme capacidad. Inicialmente, dividieron al establecimiento político y con ello hicieron que Juan Manuel Santos rompiera con la base uribista que lo eligió, dando paso al desmonte de la política de seguridad que durante ocho años redujo en más de 60% su aparato encuadrillado, los aisló políticamente y cohesionó a la sociedad en su contra.

Quien no lo crea, le sugiero ver el video de Alfonso Cano publicado una semana antes de la posesión del presidente. 

Su experiencia les enseñó que el péndulo en materia de seguridad y paz va y viene, así que su estrategia fue simple: “aguantar” y trabajar en las condiciones propicias para que con la excusa de la “solución política negociada” se rompiera el mayor esfuerzo estatal en su contra. Lo lograron y las cifras del Ministerio de Defensa lo comprueban: detuvieron el ritmo constante de reducción del número de sus integrantes. En julio de 2010 era de cerca de 7.800, 3 años después es casi el mismo, 7.200.

Escalaron las acciones violentas y se adaptaron perfectamente a la asimetría militar en su contra. Esa cifra oficial testimonia que el gobierno no puede ocultar la dimensión del fracaso del Plan Espada de Honor que tenía el objetivo de reducir a diciembre de 2013 en 50% las estructuras de las FARC. 

Además, la estrategia les permitió destruir por completo el “aislamiento político”, al punto que llevaron a Santos a reformar la Constitución para posibilitar el derecho a gobernar a quienes sean responsables de crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanos, actos de terrorismo y crímenes trasnacionales, entre ellos el narcotráfico. 

Como si fuera poco, consiguieron que el propio Presidente fuera a la Corte Constitucional a defender dicha reforma que también permite la renuncia a la persecución penal a la mayoría de los crímenes pasados, presentes y futuros que perpetren sus integrantes, mientras dure el “conflicto armado”.

Ahora tienen en sus manos al Presidente – candidato. La reelección de Santos depende de que se llegue a un “Acuerdo de Paz” con las FARC y a que este sea creíble para los ciudadanos. Es lo mismo que decir que la continuidad de Santos depende de las FARC y su cúpula lo sabe. No gratuitamente en entrevista publicada en El Espectador, el 18 de mayo pasado, Pablo Catatumbo vaticinó: “A Santos le falta gobernabilidad. No se puede negar. Necesita una mayoría fuerte para poder firmar la paz y nosotros estamos dispuestos a ayudar a construirla siempre y cuando tenga ese único objetivo: la paz”.

El escenario se cumplió perfectamente. Un Santos con más de 58% de imagen desfavorable según la encuesta Gallup de octubre y respecto del cual el 73% de los encuestados por DATEXCO, en el mismo mes, dicen que no votarían su reelección. Es la presa débil y dependiente que querían Cano, Timochenko y Márquez. Un presidente – candidato inviable que, según las mismas encuestas, se raja en el manejo de todos los temas importantes para los ciudadanos: lucha contra la corrupción, salud, seguridad, guerrilla, desempleo, economía para reducir la pobreza, etc., terminó secuestrado por las FARC en su aspiración a seguir gobernando.

Lo grave de todo esto es que la urgencia electoral terminará redactando el hipotético “Acuerdo de Paz”, precisamente el escenario “construido” pacientemente por las FARC para obtener la mayor ventaja y alcanzar un pacto político que sirva de plataforma para seguir avanzando a la toma del poder. Un peligro para la democracia, la justicia y el estado de derecho y una demostración no sólo de que “la combinación de todas las formas de lucha” existe, sino que es efectiva.

Twitter: @RafaGuarin

Fuente: http://m.semana.com

Revolución Cubana

OPPENHEIMER: La ‘tristeza’ de la juventud cubana

Escuchando al rapero cubano “Silvito el libre”—el hijo del prominente trovador oficialista Silvio Rodríguez— uno no puede más que concluir que los nietos de la Revolución Cubana son escépticos con respecto a las últimas reformas económicas de la dictadura de la isla.

Estuve con “Silvito el libre” la semana pasada, durante una visita del joven rapero a Miami, y le pregunté sobre una de las canciones de su grupo, titulada “Háblame”. La canción dice, entre otras cosas, que Cuba es un país sumido en la tristeza, donde la seguridad del estado persigue a los ciudadanos, y donde el comunismo sirve a los intereses de unos pocos.

“Definitivamente, la mayoría del pueblo cubano está sumido en la tristeza”, me dijo Silvito. “Porque el cubano ha cambiado mucho del cubano de antes. El cubano ha perdido la alegría, muchos han perdido la esperanza”.

Yo esperaba que Silvito agregara que el estado de desesperanza en Cuba se debe al embargo comercial de Estados Unidos —la muletilla del régimen cubano para explicar todos los males de la isla—, pero Silvito ni siquiera lo mencionó. Dijo que los cubanos son un pueblo triste porque “se sienten pisoteados todos los días por la policía, por el gobierno, por las leyes, por todo”.

Cuando le pregunté qué dice su padre sobre sus opiniones políticas, Silvito me dijo que Silvio Rodríguez “es una persona muy libre y muy abierta”. Silvito agregó que su padre “siempre me apoyó en todo momento... El profesa su sentimiento, y yo profeso el mío”.

Silvito me contó que tanto su madre como muchos de sus amigos han sido acosados por la policía secreta. Por no ser miembro del sindicato oficial de artistas, no puede cantar en conciertos masivos, y solo puede presentarse en conciertos alternativos “una vez cada seis meses, más o menos”, me dijo.

¿Tú eres una excepción entre los jóvenes cubanos?, le pregunté, refiriéndome a su postura política.

“No, para nada. La juventud cubana completa, o casi completa, piensa igual que yo”, respondió Silvito. “La juventud cubana completa, o casi completa, es víctima del abuso de la policía, de la separación de sus familias por esto de Cuba y (el exilio de) Florida, y sabe lo que es vivir en Cuba y salir para la calle sin desayunar, y montarte en una guagua (bus) para llegar a un trabajo donde alguien te maltrata, para cobrar prácticamente nada”.

Le comenté que, después de 54 años de gobierno totalitario y con una de las censuras de prensa más rígidas del mundo, uno podría suponer que la mayoría de los cubanos —especialmente los nacidos después de la revolución de 1959— ya estarían bien adoctrinados. ¿Por qué no funcionó el adoctrinamiento gubernamental?, le pregunté.

“Hasta hace un tiempo yo creo que sí (que funcionó,) porque todavía hay personas que creen en esa revolución. Pero desde hace un tiempo para acá la gente se ha ido despertando. Porque ya ha sido mucho, ¿entiendes?”.

Cuando le pregunté sobre las últimas reformas económicas del gobernante Raúl Castro, que ha flexibilizado las restricciones para viajar afuera de la isla y ha autorizado a alrededor de 435,000 personas a trabajar en el sector privado, Silvito se encogió de hombros, como diciendo que no estaba muy impresionado por las medidas. Cuba ha autorizado en el pasado algunas reformas en el sector privado, solo para revertirlas más tarde.

“Han habido algunos cambios, positivos algunos, pero yo personalmente no veo ningún cambio”, respondió. Tras una pausa, agregó: “Yo veo las cosas cada día más mal. No veo ningún cambio positivo”.

El escepticismo de Silvito —que según dicen otros visitantes cubanos es un fenómeno generalizado entre los jóvenes de la isla— contrasta con el optimismo de algunos recientes estudios académicos realizados en Estados Unidos, que consideran que en la isla están ocurriendo cambios positivos de importancia.

Un nuevo informe de Brookings Institution, titulado “¿Aterrizaje suave en Cuba?”, escrito por el ex asesor de asuntos latinoamericanos de la Casa Blanca durante el gobierno de Clinton, Richard Feinberg, dice que “un dinámico sector privado” de más de dos millones de personas está emergiendo en la isla, y agrega que en Cuba se están produciendo “cambios tectónicos”.

Mi opinión: Es difícil decir desde lejos si las reformas económicas de Cuba son cambios cosméticos, o si representan el principio de una apertura económica. Lo más probable es que hayan sido concebidas por el régimen como una política de control de daños para apaciguar a una población cada vez más impaciente y crítica.

Los nietos de la revolución cubana están hartos de que les mientan, los repriman y los censuren, y cuanto más se demoren los hermanos Castro en permitir que Cuba se abra al mundo, tanto más anticomunista se hará la juventud cubana. Tal como me dijo Silvito: “Ya ha sido mucho, ¿entiendes?”.

Fuente: http://www.elnuevoherald.com

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Colombia vs Nicaragua

Nicaragua arremete por tercera vez contra Colombia

RELACIONES INTERNACIONALES El país vecino presenta otra demanda ante la CIJ, esta por “amenaza de uso de fuerza”.

Desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso de territorio entre Colombia y Nicaragua, estos dos países han mantenido una relación de tire y afloje, pero esta semana se tensiona un poco más luego de la segunda demanda de la nación centroamericana ante La Haya.

En varias ocasiones, la canciller María Ángela Holguín ha expresado que las relaciones con el país vecino son cordiales y que el canciller de ese país, Samuel Santos, ha sido amable con ella. 

Sin embargo, Holguín quedó atónita ante la nueva acción de Nicaragua, que demandó a Colombia por “amenazas con el uso de la fuerza” y “violaciones” en los 75.000 kilómetros cuadrados de territorio que fue concedido al país vecino. “Nicaragua es un pésimo vecino con el que no se puede conversar”, declaró la canciller.

Pero no paró allí, en entrevista con Caracol Radio, Holguín opinó que le parece increíble que Nicaragua quiera solucionar los problemas bilaterales sin conversar con Colombia sino acudiendo en primera instancia a una institución internacional. “Nicaragua no nos ha hecho ningún tipo de manifestación”, pero aun así demandó al país, como explicó la diplomática. 

La pretensión de ese país es que se juzgue y se declare que Colombia viola las obligaciones de la decisión que tomó La Haya hace un año, y que el país debe “abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza bajo la Carta de la ONU y el derecho consuetudinario”, como se indica en el recurso presentado el pasado martes 26 de noviembre. Este se suma a la demanda que hizo Nicaragua contra Colombia en septiembre pasado por la plataforma continental extendida.

El nuevo alegato se llevó ante La Haya el mismo día en el que el parlamento de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves militares de Estados Unidos y Rusia a los espacios marítimos delimitados por la CIJ, en el fallo que Colombia asegura que es inaplicable.

Daniel Ortega, presidente nicaragüense, le propuso con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional de ese país que aprobara el ingreso de las dos potencias mundiales para realizar operaciones antinarcóticos en los espacios marítimos. Otra decisión que no cayó del todo bien en Colombia. 

Así las cosas, cambia el panorama que la misma canciller Holguín había descrito hace una semana como amable. Colombia todavía no sabe cuándo responderá a la nueva acción de Nicaragua y se limita a decir que lo hará “cuando corresponda”, mientras que el país vecino autoriza el paso de embarcaciones y lleva diferentes pleitos ante La Haya. Con este, ya suman tres golpes jurídicos que tiene que enfrentar el equipo colombiano de juristas: el fallo del 19 de diciembre del 2012, la demanda de septiembre pasado y este nuevo recurso. 

Fuente: http://www.semana.com

Nota: La directriz que impulsa toda acción de este gobierno es "el relativismo circunstancial". Es sumamente decepcionante esa actitud timorata, pusilánime, acomodada y poco firme del señor Santos prácticamente en todo asunto de Estado, máxime, cuando esa actitud pone en peligro el sustento, los usos, las costumbres, el acervo cultural y la propia supervivencia de todo un grupo étnico estrechamente ligado con la pezca artesanal y el mar. Y se pone en riesgo todo ese patrimonio inmaterial Colombiano que es irreemplazable, solo por querer quedar bien al mismo tiempo con la opinión pública, con Nicaragua y sus aliados (China, Rusia y el ALBA) y con la CIJ de la Haya, para posteriormente como ha demostrado, engañarlos a todos.

Que alguien escriba en las puertas del Palacio de San Carlos (Cancillería) o le diga a la señora Holguín, por favor, que las sentencias se acatan o NO, y punto. Considero que el celebre fallo es de verdad inaplicable porque es anti-jurídico, es injusto, es contrario a la historia, es prevaricador. Además, rompe la unidad económica y física de la Colombia Insular, o en otras palabras, la integridad geográfica del archipiélago no existe más con esa providencia, no olvidemos que afecta y altera derechos de terceros Países, lo que es inadmisible a la luz del propio reglamento de la Corte. Pero esconderse detrás de puras obviedades jurídicas para sustentar la cacareada inaplicabilidad es un escandaloso y grosero error que surje de bulto, Es un engaño!. Es decir, aseverar que se necesita de un tratado entre las dos partes para modificar los límites del Estado aduciendo que nuestra Constitución dice que los tratados sobre límites los debe aprobar el Congreso, significa, nada más y nada menos, que aceptar implícitamente que se alteren los limites de la Nación.

Lo que debemos exigir tal cual lo propuso el politólogo Alfredo Rangel en su columna del Espectador es que el gobierno nos diga "claramente si sus argumentos sobre la inaplicabilidad del fallo de La Haya son relativos o absolutos, para saber a qué atenernos. Si los argumentos son relativos, esto implica aceptar el fallo y la pérdida del mar, pero con la condición de que, por ejemplo, nuestros pescadores puedan seguir realizando sus faenas en el mar que aceptamos ceder, o de que las actividades de Nicaragua en las aguas que nos ha quitado no pongan en peligro el equilibrio ecológico de nuestro entonces recortado mar territorial. Así lo sugiere Santos al decir que el fallo es inaplicable (...) hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos (...). Entonces tiene sentido aceptar la invitación del gobierno nicaraguense para sentarnos a acordar las condiciones concretas para aplicar el fallo que aceptamos. 

Pero si el argumento es que el fallo es absolutamente inaplicable porque recorta nuestro mar territorial de una forma injusta y en contra de todos los principios del derecho internacional, y no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro cuadrado de ese mar, entonces no tiene sentido que invitemos a Nicaragua a hablar sobre unos límites que nosotros consideramos inmodificables."

A estas alturas, es muy fácil deducir que la dinámica del problema del Fallo de la Corte Internacional de Justicia va a un ritmo y el Gobierno va a otro mucho más lento. Es más, este asunto empieza a tomar otros alcances y dimensiones, generado por la aparición de ingredientes insospechados como el claro apoyo de los Rusos a Ortega, y, entre tanto, este señor Santos callado, inactivo, incólume, casi distraído, casi apático al tema.

Está claro que el argumento de la "inaplicabilidad" se está desmoronando de a poco, ya que los hechos superan o desbordan la estrategia medias tintas que pretendió hacer valer nuestro Presidente Santos, entonces mientras allá agotan todos los recursos jurídicos, diplomáticos, retóricos, mediáticos e incluso fácticos, acá el gobierno y la política casi que en pleno se engancha en el circo de la Habana defendiéndola a ultranza, vendiendo cuentos de hadas de una Colombia sin Narcotráfico, sin cultivos de coca. Tal vez Ortega no esta derribando el muro Colombiano con dinamita o con una porra, pero sí con un cincel. 

Sorprende mucho que algunos vendan la idéa de que el problema que se ha desprendido por causa de la Sentencia de la CIJ de la Haya es más retórico, más mediático, más demagógico que práctico. Sin embargo, yo veo que con esa decisión judicial prevaricadora se abrió una verdadera caja de pandora. San Andrés, Providencia y Santa Catalina sufre y va a sufrir la postura ambigua e irresponsable del Presidente. Esa forma de ser de quedar bien con todo el mundo va a hacer que una Isla sobrepoblada, pobre y aislada arraigue en la conciencia colectiva de su pueblo un sentimiento anti-Colombiano y autonómico.

Ahí se ven, y ya son palpables las consecuencias de todo esto, en un año la desaparición real de la pesca como industria, la convocatoria de una consulta que indague acerca de la conveniencia de un régimen autónomo para las Islas, la denuncia pública de la Gobernadora de las Islas que dice que en sus visitas, reclamos, solicitudes, y propuestas formuladas a Bogotá no tienen eco, son ignoradas y no la tienen en cuenta.