Sí, no hay otra manera de calificar lo que sucedió en Brasilia. Cuando Colombia disponía de las pruebas más contundentes para demostrar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, a excepción de la guerrillera Irma Franco, no hubo desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia, el Gobierno se declaró responsable de varias de ellas y pidió perdón.
Vale la pena seguir la pista de tal desafuero. La primera acusación en contra del Estado colombiano fue presentada hace quince años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, cuyo perfil ideológico de extrema izquierda lo convierte en un arma más letal que los fusiles de las Farc.
Pero algo más lo mueve. Una condena al Estado por desapariciones y torturas tendría una indemnización que alcanzaría la nada menospreciable suma de 24 millones de dólares.
En un voluminoso documento de 414 páginas, este colectivo de abogados acusó al Estado colombiano de doce desapariciones por cuenta del Ejército, del asesinato de un magistrado y de la tortura de cuatro civiles. Nada efectivo contra estas acusaciones hizo en Washington el defensor de Colombia, Jorge Enrique Ibáñez. Se limitó a señalar los desafueros del M-19. Tan frágil defensa permitió que la mencionada Comisión acusara a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Tuvimos entonces la suerte de contar inicialmente con un mejor defensor de Colombia: Rafael Nieto Loaiza, quien luego de un detenido trabajo reveló a la prensa que disponía de pruebas para rebatir la acusación contra el Estado. Fuera de Irma Franco –dijo–, no había desaparecidos y el supuesto magistrado (Carlos Horacio Urán) que el colectivo Alvear Restrepo presentó como rescatado con vida y luego asesinado, había muerto dentro del Palacio de Justicia, según el testimonio de dos magistrados. Y aquí viene el gran escándalo. Impugnadas las declaraciones de Nieto Loaiza en los medios de comunicación con el argumento de que eran contrarias a sentencias judiciales (cuando el propio Tribunal Superior de Bogotá había anulado nueve de las once supuestas desapariciones), el joven abogado nunca pudo llevar sus argumentos a Costa Rica. Fue abruptamente sustituido por orden de Adriana Guillén, directora de la Agencia para la Defensa del Estado. En su remplazo fue nombrado el abogado Julio Sampedro. Y, ¡oh sorpresa!, este se dirigió a la CIDH, reunida en Brasilia, retirando tres vitales pruebas periciales y nueve testimonios claves para nuestra defensa.
¿Quiénes fueron eliminados por Sampedro como testigos y quiénes quedaron vigentes? Pues bien, vigente quedó la exfiscal Ángela María Buitrago, propuesta por el colectivo Alvear Restrepo, pese a haber sido acusada de servirse de una falsa prueba para hacer condenar al coronel Plazas Vega. Y eliminado quedó nadie menos que Édgar Villamizar, quien el 23 de mayo del 2011 declaró ante el Procurador que nunca había conocido al coronel Plazas, que nunca había estado presente en los sucesos del Palacio de Justicia y que jamás firmó la declaración presentada con su nombre y falsa firma por la fiscal Buitrago. También fueron eliminados como testigos tres altos comandantes del Ejército que confirmaron el desmentido de Villamizar.
Ahora bien, gracias a Adriana Guillén y al perdón que pidió a los familiares de los supuestos desaparecidos, el Estado se declaró culpable, pasando por encima de la Corte Suprema de Justicia y de los recursos de casación pendientes de su fallo. Para júbilo del colectivo Alvear Restrepo, estos recibirán millonarias indemnizaciones que saldrán del bolsillo de los contribuyentes. ¿Será que el Gobierno tiene interés en repartir culpas para facilitar un acuerdo con las Farc?
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