domingo, 4 de marzo de 2018

La gran estafa que salpica al Comando General de las Fuerzas Militares

Una investigación interna corroboró un millonario desvío de dinero en el Comando General de las Fuerzas Militares. Y el tema apenas comienza. Exclusivo SEMANA.

En diciembre del año pasado SEMANA reveló que en el Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM), que es la punta de la pirámide de la fuerza pública, suboficiales y oficiales habrían desviado millonarios recursos de gastos reservados para fines personales y para engrosar sus bolsillos.

Tras esa denuncia, el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, el general Alberto Mejía, respaldado por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el presidente Juan Manuel Santos, ordenó una investigación a fondo para determinar la dimensión del problema. Asumieron la tarea la Inspección del GCFM y los mejores hombres del Batallón de Contrainteligencia del Ejército, una unidad reformada que entró en operación hace dos años como parte de la política de transformación militar y transparencia.

Después de varios meses de pesquisas, los investigadores plasmaron sus conclusiones en un documento sencillamente indignante. Entre 2012 y hasta mediados de 2017 varios oficiales y funcionarios dieron malos manejos a los recursos. Dineros de la Nación destinados para pagar a informantes terminaron desviados. La investigación preliminar señala que hasta 1.000 millones de pesos cada dos meses cayeron en manos de varios oficiales.

Durante algunas semanas los investigadores entrevistaron a medio centenar de integrantes del CGFM. Cerca de diez de ellos que estaban directamente involucrados terminaron por confesar y contaron cómo se perdieron esos recursos y cómo muchos de ellos directamente entregaban a sus superiores inmediatos sumas en efectivo.

Actuaban de una forma sencilla y efectiva: inventaban fuentes a las que había que pagarles por supuestas informaciones. Entre los casos está el de un capitán que en sus informes afirmaba que mientras viajaba a diferentes regiones del país, había conocido a una hija de un supuesto militar de un país vecino. El uniformado dijo que la había reclutado y de esa forma había logrado que entregara información sobre la frontera. A cambio había que girarle una alta suma de dinero mensual. Quienes eran sus jefes en ese momento aprobaron su ‘misión’ y el dinero quedaba en sus bolsillos cada 30 días.

El capitán presentaba unos informes falsos con los datos confidenciales que supuestamente le suministraba esa ‘fuente’. La reciente investigación descubrió que todo era una farsa, y la fuente sencillamente nunca existió. Por otra parte, los informes estaban basados en datos e información hábilmente obtenida en internet.

Este es tan solo uno de los muchos casos que la Inspección del CGFM y Contrainteligencia del Ejército documentaron recientemente. También encontraron escritos firmados por supuestos informantes de un país vecino. Al realizar los cotejos descubrieron que los nombres y las firmas efectivamente correspondían a ciudadanos de allá a quienes les hacían firmar y poner su huella en documentos en blanco a cambio de unos pocos pesos.

Los complotados posteriormente presentaban esos papeles al CGFM con declaraciones por las que había que pagar varios millones de pesos. Y las valiosas informaciones, una vez más, provenían de internet. Una vez el Comando desembolsaba el dinero, los uniformados, incluidos varios oficiales, se lo repartían.

Pero ese no era el único esquema de corrupción. Esos mismos oficiales exigían a los comandantes de unidades de inteligencia, con nombres claves como Espinal y Neiva, acudir a esos métodos como una especie de cuota que debían cumplir cada mes en beneficio de sus superiores.

En 2015 y 2016 varios suboficiales denunciaron esto y en repetidas oportunidades presentaron informes dirigidos a sus jefes inmediatos en el CGFM. Pero en respuesta por su actitud de denunciar la corrupción, estos no tenían inconveniente en castigarlos con traslados a las regiones más apartadas del país. No menos sorprendente es que varias auditorías internas detectaron las irregularidades, pero nunca adelantaron las investigaciones correspondientes.

Una decena de oficiales y suboficiales consiguieron por esta vía grandes capitales y lujosos bienes, muchos de los cuales están a nombre de familiares y testaferros. Por orden del ministro de Defensa, la Inspección y Contrainteligencia del Ejército pondrán estos primeros hallazgos en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría. Aunque el caso demuestra una capacidad de depuración institucional, ahora falta que los organismos de control castiguen a los responsables de esta enorme e indignante estafa.