Minhacienda pondrá en funcionamiento, a más tardar en agosto, sistema de seguimiento a finanzas de estatales. Nuevo paso para lograr acceso a la Ocde.
El gobierno nacional no debe mantener la propiedad sobre activos cuyos rendimientos son bajos, negativos o que no cumplen con los objetivos de la propiedad estatal. Cuando esto suceda, es necesario que el sector público se desvincule de su participación accionaria en dichas empresas para enfocar los recursos en inversión social con un mayor retorno para la sociedad”.
Así lo señala el Documento Conpes 3851, cuyas primeras tareas deberán estar listas en junio próximo, y que hacen parte del interés del país por ingresar a la Ocde.
La idea es que el Gobierno diseñe, coordine y ejecute actividades de enajenación, democratización de capital, adquisición, fusión, escisión, entre otras, asociadas a la gestión del portafolio de participaciones estatales. Cuando la inversión pública sea pequeña, es necesario realizar estudios sobre la conveniencia de mantener esas participaciones minoritarias. Este trabajo de depuración debe estar listo en el primer trimestre del 2017. Las inversiones accionarias que no superen el 10%, si dichas participaciones no han sido producto de un acto en el que no haya mediado la voluntad expresa de la nación, deberán trasladarse al Cisa. El Ministerio de Hacienda reglamentará tal decisión en el primer semestre de 2016.
El documento Conpes señala que si los intereses del Estado en una de sus empresas son únicamente de rentabilidad comercial, esto debe quedar explícito en su declaración de objetivos. Igual sucederá cuando los intereses sean netamente de desarrollo de política pública.
NUEVA ENTIDAD
El Gobierno tramitará ante el Congreso de la República la creación de una nueva entidad nacional encargada de ejercer de manera centralizada las funciones de propiedad para todas las empresas del Estado actuales o creadas con posterioridad.
La nueva institución deberá tener autonomía administrativa y presupuestal, y representará a la Nación en todas sus participaciones estatales (salvo las empresas excluidas por realizar actividades asociadas a la seguridad nacional).
Será responsabilidad del Gobierno establecer la naturaleza legal y el código de gobierno corporativo de la entidad, así como garantizar que esta tenga los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para adelantar sus funciones de manera idónea. “La entidad nacional de empresas estará encargada de ejercer las funciones de propietario del orden nacional, implementando la política de propiedad consignada en este documento”.
Durante el plan piloto, los ministerios y departamentos administrativos mantendrán su autonomía en el ejercicio de la propiedad sobre sus empresas actuales.
La nueva dirección general deberá evaluar el portafolio actual de participaciones de ese Ministerio y establecer una estrategia global que busque mejorar la eficiencia de los recursos invertidos, de acuerdo a los objetivos generales de propiedad estatal que desarrolla o no cada empresa.
El documento Conpes aprobado establece las razones por las que el Estado mantiene propiedad sobre algunas empresas:
1. Participar en sectores estratégicos para la economía y el desarrollo del país.
2. Adelantar política de desarrollo productivo.
3. Resolver fallas y distorsiones de mercado.
4. Crear mercados ausentes pero necesarios.
5. Proveer servicios públicos y sociales en casos donde el mercado no los provea satisfactoriamente, o por consideraciones de seguridad nacional.
6. Mantener participaciones accionarias de alta rentabilidad como fuente de ingresos fiscales.
La dirección general gestionará el sistema de monitoreo y liderará la preparación y publicación anual del reporte sobre el desempeño de las empresas del Estado.
LOS PUNTOS CLAVES QUE MOTIVARON LA APROBACIÓN DEL CONPES 3851
Establecer una estrategia global de activos empresariales.
Comunicar mandatos claros y explícitos a las empresas estatales.
Formalizar procesos estructurados y transparentes de identificación, evaluación y recomendación de candidatos para la nominación de los miembros de junta directiva de empresas estatales.
Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación continuo del desempeño de las empresas públicas.
Crear un marco institucional para ejercer las funciones de propiedad.
Mejorar el gobierno corporativo y el marco regulatorio de las empresas estatales.
Lograr un funcionamiento robusto de las juntas directivas de las empresas del Gobierno.
Ajustar las normas aplicables que minan su habilidad para competir en igualdad de condiciones con el sector privado.
SIN MINISTROS EN JUNTAS DIRECTIVAS
El documento Conpes aprobó la disminución de la presencia directa de ministros y funcionaros de rango ministerial en las juntas directivas de las empresas del Estado.
El primer paso en este esfuerzo es descontinuar la participación de ministros y funcionarios de rango ministerial en juntas directivas que no estén consignadas en la Ley, remplazándolos por otros miembros de junta patrimoniales. Específicamente, esto se refiere a las juntas directivas del Banco Agrario, Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y Colombia Telecomunicaciones.
En el caso de las juntas directivas de Artesanías de Colombia, Bancóldex, Colpensiones, Finagro, el FNA, Findeter e Icetex, donde diferentes leyes establecen la participación de uno o más ministros o sus delegados, los respectivos funcionarios deberán nombrar delegados que los representen en lugar de asistir personalmente a las reuniones de las juntas. Esto evitará algunos de los problemas, como su tiempo invertido en dicha función y el factor inhibidor de debate abierto por el poder que representa un ministro o funcionario de rango ministerial. Las delegaciones deben hacerse por un periodo fijo de mínimo un año.
Así, el Gobierno Nacional, liderado por la Presidencia de la República, deberá descontinuar la presencia directa de ministros y funcionarios de rango ministerial en las juntas directivas de estas diez empresas durante el primer semestre de 2016.
El Gobierno Nacional debe evitar involucrarse en las funciones diarias de las juntas directivas y la gestión cotidiana de las empresas. Lo anterior, dándoles, en la medida de lo posible, autonomía operativa para ejercer sus funciones.
Así mismo, deberá desarrollar un código de buen gobierno corporativo para las empresas del Estado que contenga reglas puntuales respecto a las prácticas de gobierno corporativo mínimas que todas las juntas directivas de las empresas estatales deben aplicar. Dicho código deberá publicarse antes de finalizar el presente año.
El Conpes estableció que, en el 2019, el Gobierno impulsará un proyecto de ley que permita cambiar la composición de estas juntas, conservando la potestad del Gobierno Nacional de nombrar representantes suyos en las juntas directivas de dichas empresas según su participación accionaria.
Las decisiones de nombramiento y remoción de los miembros de las juntas directivas de las empresas estatales deben estar precedidas por procesos competitivos, estructurados y transparentes de identificación y evaluación de candidatos. Se debe fortalecer la política de remuneración de las empresas estatales, con el fin de que estas puedan atraer y retener profesionales del nivel adecuado. Para lograrlo, el DNP y el Ministerio de Hacienda realizarán un estudio que evalúe el conjunto de políticas actuales de remuneración enfocado en las empresas estatales no listadas en la bolsa de valores y los diferentes sectores económicos donde estas actúan, presentando recomendaciones. A manera de ilustración, se puede establecer que una determinada junta directiva debe tener mínimo una persona con cierta experiencia financiera, una persona con alguna experiencia jurídica, una cuota mínima de mujeres y al menos un miembro independiente.
El Conpes aprobó que la reforma a la junta directiva de Ecopetrol se realizará en último lugar, con el fin de evaluar primero el éxito de las medidas adoptadas en las demás juntas directivas. El documento señala que “dado que el impacto de las decisiones de la junta directiva de Ecopetrol va más allá de la empresa, es prudente poder aplicar cualquier lección aprendida durante las experiencias en las demás empresas”.
COMPROMISOS EN LA NUEVA ESTRATEGIA DE MANEJO DE LA PROPIEDAD ESTATAL
Al 31 de diciembre de 2019, se espera que la implementación de la política llegue al 100%, dando cumplimiento a las siguientes acciones:
Ejecución de al menos el 15% de las actividades de enajenación, democratización de capital, fusión, capitalización y demás operaciones establecidas en la estrategia global de activos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Ejecutar actividades de entrenamiento para todos los miembros de junta directiva nominados por el Gobierno Nacional.
Elección de al menos 50% de los nuevos miembros de junta elegidos por Ministerio de Hacienda.
Radicación ante el Congreso de la República de un proyecto de ley que elimine los requerimientos legales para la participación directa de ministros en juntas directivas.
Radicación en el Congreso de un proyecto de ley para crear la entidad nacional de empresas estatales, en la cual se centralice el ejercicio de la propiedad para todas las empresas con participación accionaria de la Nación. Realización de cambios de naturaleza legal al 30% de las empresas estatales para las cuales el estudio del DAFP concluya que son necesarios.
Efectuar los cambios administrativos, regulatorios o de ley en los asuntos presupuestales, de vigencias futuras, de endeudamiento y cambios de planta que se concluya sean necesarios con base en los estudios previamente realizados.
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