NICARAGUA, ¿Cómo SECUESTRAR un PAÍS?

El gran canal de Nicaragua podría dañar para siempre el mar

Por Cristina Castro, Editora De SEMANA*

Colombia sostiene ante la Corte IDH que la megaobra que piensa construir el presidente Ortega tiene consecuencias ambientales nefastas y pidió una opinión consultiva a ese organismo. ¿Qué significa?

El litigio entre Colombia y Nicaragua tendrá un nuevo frente de batalla. Hace unos meses, en la más absoluta reserva, la Cancillería envió una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interceda en la disputa que tienen ambos países. Se trata de una petición de opinión consultiva, un mecanismo judicial alterno que tiene ese alto tribunal con el fin de pronunciarse sobre temas de gran relevancia para el continente.

Colombia radicó una comunicación ante el secretario general de la CIDH, Pablo Saavedra Alessandri, el 14 de marzo del 2016. En términos generales la consulta que hace el Estado ante ese organismo es de qué forma se debe interpretar el Pacto de San José cuando existe el riesgo de que la construcción de grandes obras de infraestructura “afecte de forma grave el medio ambiente marino de la región del Gran Caribe”.

La pregunta tiene bastante peso y lo que señale la Corte podrá ser determinante para el futuro del Caribe. En el 2012, Nicaragua ganó el pleito que tenía con Colombia en la Corte Internacional de Justicia. El resultado fue la adjudicación de 75.000 kilómetros de mar a ese país centroamericano. 

A principios de este año, el vecino país notificó que va por más y que también tiene aspiraciones de obtener en ese mismo una extensión aún mayor de plataforma continental hasta 350 millas. La Corte de la Haya se declaró competente en marzo pasado para estudiar otras dos demandas.

La tierra prometida

El presidente Daniel Ortega ha apostado su futuro político a esta pelea. El pleito con Colombia no sólo le ha hecho ganar puntos en la política interna, sino que tiene en el mar Caribe su principal proyecto económico. Ortega quiere construir allí un “gran canal interoceánico” en alianza con empresarios chinos.

El proyecto es muy ambicioso. Se calcula que tendría 278 kilómetros de extensión y afectaría 277 poblados. Se sabe que está contemplado que tenga aeropuerto, centros comerciales, zonas francas, entre otras cosas. El presidente se ha referido a esta idea muchas veces como la Tierra Prometida.

Según contó al diario madrileño El País el poeta y exministro nicaragüense Ernesto Cardenal, Ortega hizo que el Congreso aprobara en un día una ley para construir ese canal. El empresario chino a cargo de esa megaobra es Wang Jing. Según denuncia Cardenal, como quedó aprobada la concesión no se requerirán permisos, licencias o estudios previos. 

La megaobra ha despertado una enorme polémica en especial respecto a sus impactos ambientales. Cardenal señala que “el afamado Centro Humboldt ha declarado que la construcción de este canal y sus proyectos asociados son la mayor amenaza para las condiciones ambientales del país en toda su historia”.

La mayoría apunta a que si el canal se construye, Nicaragua podría destruir su Gran Lago, el segundo más grande de América Latina después del Titicaca. La razón sería que este espejo de agua dulce recibiría el agua salada del mar, pues el canal lo atravesarían para los barcos. “Todas nuestras aguas, superficiales y subterráneas, serán entregadas a un chino”, denunciaba el exministro.

La consulta verde

Ese megaproyecto es la principal razón de la petición de Colombia ante la Corte Interamericana. En el documento, los abogados sostienen que la opinión de ese organismo será vital para determinar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de ambos Estados. Agrega que es necesario fortalecer una “conciencia universal” respecto a la importancia de cuidar regiones valiosas ambientalmente. Y le pide a la Corte que puntualice sobre cuáles son los compromisos que tienen los países en la protección de la naturaleza y la importancia de los estudios ambientales para determinar los impactos que podría producir una megaobra de esa dimensión en el mundo marino.

En el documento dice que “esta problemática es de interés no sólo de los Estados de la región del Gran Caribe –cuya población isleña y costera se puede ver directamente afectada por los daños ambientales que sufra esa región–, sino también de la comunidad internacional”.

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Colombia argumenta que el mar Caribe es considerado “el corazón de la biodiversidad del Atlántico” y la “fuente de recursos que sustenta el medio de vida de las poblaciones costeras y contribuye al crecimiento económico de la región”. Citando estudios científicos, se desprende que una intervención de gran magnitud podría poner en riesgo los 110 millones de personas que viven en esas zonas y la pesca, que representa no sólo la forma de vida de sus habitantes, sino el 6 % de esa industria en el mundo.

La Cancillería explica que la región marina se compone de tres ecosistemas principales: los arrecifes de coral, los manglares y los lechos de algas marinas. Todos albergan especies de fauna y flora excepcionales, pero se caracterizan por ser muy frágiles frente a la irrupción del hombre. En ese sentido, advierte que un proyecto de esa naturaleza podría generar daños irreversibles en ese patrimonio natural de la humanidad.

Efecto dominó

Si el canal interoceánico se llegara a construir, uno de los mayores tesoros de los colombianos también sufriría. Según la petición del país ante la Corte Interamericana, se afectaría gravemente la reserva Sea Flower. En el año 2000, por su riqueza natural, la Unesco le otorgó a una porción del mar del país la mayor categoría de protección que tienen los ecosistemas marinos. La reserva ocupa 300.000 km², lo cual la convierte en una de las más grandes del mundo. 

Colombia sostiene que la construcción del Gran Canal arrasaría con esa riqueza. Está comprobado que este tipo de obras aumentan los sedimentos y la contaminación, lo que genera la asfixia de los corales, lechos de algas y manglares. Si eso sucede, el efecto en cadena que se produce es letal. Muchos peces mueren y la vegetación marina se deteriora.

Eso a la larga lo que termina produciendo son enormes daños para las poblaciones que habitan cerca del mar. Por un lado, porque las aguas pueden ser navegables pero no hay vida dentro de estas. La pesca disminuiría. Y los ecosistemas serían cada vez más frágiles. Es decir, menos resistentes a soportar los embates del clima, en un momento en que el calentamiento global y fenómenos como el del Niño y la Niña producen grandes estragos. Si el mar no está saludable, las zonas costeras se vuelven vulnerables y cada vez más propicias a sufrir por inundaciones o sequías.

Un caso histórico

La petición de Colombia en la Corte Interamericana ha producido gran expectativa. Semana.com se comunicó con altos funcionarios de esa entidad quienes confirmaron que no existen antecedentes de una consulta de este tipo.

Si el alto tribunal se pronuncia, y se sabe ya que lo hará, este sería el primer estudio ambiental de un litigio entre dos países. Sería la primera vez también que ese organismo daría directrices sobre la construcción de proyectos de infraestructura transfronterizos que puedan afectar el medio ambiente, una situación que cada vez más común.

Hay un punto concreto sobre el cual la Corte podría pronunciarse: la obligatoriedad de hacer estudios de impacto ambiental previos antes de ejecutar grandes obras. Como Nicaragua se ha negado a presentar este requisito, Colombia pide a la Corte que deje claro que los Estados tienen la obligación de asegurarse de que sus proyectos no van a tener graves implicaciones en el medio ambiente y la seguridad de los Estados vecinos.

La semana pasada, el tribunal hemisférico hizo pública la solicitud de Colombia. La primera medida fue abrir un espacio para que todos los interesados puedan presentar su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Esa fase estará disponible hasta el próximo 19 de septiembre.

Seguramente muchos participarán. En un momento en que la protección del medio ambiente es una de las principales preocupaciones de la humanidad, estos debates que aterrizan en la práctica el concepto de desarrollo sostenible despiertan gran interés y expectativa. El concepto que emita ese organismo podrá hacer girar el rumbo de lo que ha sido una de las discusiones más apasionadas de la política internacional del país.

*Editora de Medio Ambiente

Fuente: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-gran-canal-de-nicaragua-podria-danar-el-mar/474954

Los empresarios colombianos juegan de local en Nicaragua

¿Cuál es la actual situación de los empresarios colombianos en Nicaragua? Una mirada a las inversiones nacionales en el país que tiene un diferendo limítrofe con Colombia.

Cualquier observador podría concluir que las relaciones entre Colombia y Nicaragua están hoy más tensas que nunca. Sin embargo, por lo menos en el frente de la inversión, las diferencias diplomáticas y políticas entre las dos naciones no han afectado la actividad de las empresas colombianas en ese país centroamericano.

En los últimos años las organizaciones nacionales han encontrado en ese mercado posibilidades de expansión y crecimiento mediante la compra de empresas o de inversiones directas.

Organizaciones como Grupo Aval (a través del Banco de Bogotá), Ingenio Mayagüez, Corona, Mineros y GHL, entre otras, han decidido apostarle a una economía que ha mostrado crecimiento sostenido de más de 4% en los últimos cinco años.

Factores como el bajo costo de la tierra, mano de obra barata, los acuerdos comerciales que tiene ese país con Estados Unidos, Europa, México y Suramérica, que le brindan ventajas competitivas a la hora de hacer negocios, son algunas de las razones por las cuales los inversionistas ven allí una buena oportunidad.

Lo anterior, aunado a la estabilidad jurídica y el buen clima para los negocios, además de su crecimiento económico.

El año pasado la actividad económica de Nicaragua creció 4,9%, frente a 4,6% registrado en 2014, desempeño impulsado por la demanda interna, que se ha mostrado sólida en la última década.

Hace cinco años no existían las inversiones colombianas en Nicaragua, pero en las últimas vigencias se han convertido en una fuente de inversión.Según datos de la Cámara de Industrias de Nicaragua, entre 2010 y 2014 los recursos provenientes de firmas colombianas en ese país totalizaron la nada despreciable suma de US$2.500 millones.

Una de las primeras organizaciones colombianas en llegar a ese país fue el Grupo Aval que, a través del Banco de Bogotá, concretó en 2010 la compra a General Electric de todas las acciones de BAC Credomatic, con sede en Managua, por un monto de US$1.920 millones.

A partir de allí otras firmas también decidieron invertir. Mineros fue una de ellas. En 2013 adquirió la compañía minera Hemco, que estaba en manos de capital canadiense y nicaragüense, por una suma cercana a los US$100 millones.

El presidente de la minera, Andrés Restrepo, señala que el balance en ese mercado ha sido positivo, además de que allí los tratan como “locales”.Cuando Mineros adquirió Hemco, su producción era cercana a las 50.000 onzas y este año tiene presupuestado cerrar con cerca de 77.000, lo que evidencia un crecimiento cercano a 50%.

La firma antioqueña cuenta con 95% de participación en esta empresa, mientras el restante 5% está en manos de accionistas minoritarios.Restrepo dice que, en general, se visualiza un mercado tranquilo y por eso precisamente la empresa realiza inversiones de exploración. El año pasado los recursos destinados a este propósito alcanzaron US$4 millones y para este año proyectan una cifra similar.

“Esto se hace cuando se siente que el ambiente es propicio para la inversión”, dice, al aclarar que es importante tener en cuenta que el negocio minero es diferente a los demás, pues una mina no se puede trasladar, lo que indica que estas inversiones son de largo plazo y para ello las reglas de juego tienen que ser muy estables. “Esto indica que la industria extractiva es más sensible al clima de los negocios y al comportamiento histórico de los países y Nicaragua nos brinda estabilidad”, señaló.

La operación de Mineros en ese país representa 40% de la producción total de la compañía y la proyección es que llegue a 50% en cuatro años.

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Inversión azucarera

El Ingenio Mayagüez también decidió invertir en ese mercado. A finales de 2014 esta organización vallecaucana compró 60% de las acciones de Casur Sugar Holdings, propietaria del Ingenio Casur en Nicaragua, por un monto de US$100 millones.

El objetivo de la firma colombiana era fortalecer sus planes de crecimiento a nivel nacional e internacional. En su momento, las directivas de la firma –liderada por Mauricio Iragorri– señalaron que la adquisición respondía a las atractivas oportunidades de inversión y crecimiento del mercado nicaragüense y centroamericano en los renglones de azúcar y energía.

Allí el objetivo de Mayagüez es ampliar su potencial en el mercado de energía mediante la producción de etanol a partir de la caña de azúcar.

El sector hotelero tampoco se queda atrás. El Grupo GHL comenzó a operar –hace un mes– su primer hotel en ese país. Andrés Sánchez, director de Desarrollo de la empresa, precisa que este proyecto, que operará bajo la franquicia de Hyatt Place en Managua, hace parte del desarrollo de un proyecto de cinco hoteles que tendrá la empresa en Centroamérica.

La organización comenzó a hacer presencia en Nicaragua a través de GHL Investment, el fondo de inversión del Grupo, que le apostó al desarrollo del proyecto, en asocio con el Grupo Latam, y GHL Hoteles, que operará el mencionado establecimiento, en el que se invirtieron en total US$20 millones.

La cadena también está evaluando un segundo hotel con facilidades para convenciones. Si bien aún no tiene claro qué marca operaría en el mismo, ya se están comenzando a realizar los estudios que permitan llevar a cabo el proyecto.

Según Sánchez, este es un país que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años y la realidad para los empresarios es que hay una apertura del Estado a la atracción de la inversión extranjera. “El Estado trabaja en el desarrollo de proyectos de infraestructura, genera confianza y brinda algunas exenciones y estímulos fiscales a la inversión”, señala.

En conclusión, los empresarios han encontrado un país que es cuidadoso con la inversión extranjera y entiende que en la economía cada uno tiene su papel y que es muy importante la generación de riqueza y de empleo. Ojalá que el litigio fronterizo no vaya a cambiar estas condiciones favorables para la inversión colombiana.

Sanitarios y lavamanos

Corona es otra de las grandes organizaciones con presencia en Nicaragua. Santiago Cárdenas, vicepresidente de Acabados de Corona y gerente de Colcerámica, manifiesta que la presencia de Corona en Centroamérica es un componente fundamental de su estrategia de internacionalización y diversificación.

“En 2013 adquirimos las operaciones de Incesa, el principal productor de sanitarios y lavamanos en Centroamérica, con tres plantas de manufactura en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua y la marca American Standard para América Latina, excluyendo Brasil y México”.En Nicaragua, específicamente, la empresa cuenta con un equipo de más de 280 personas que apoyan las operaciones de manufactura y distribución de sanitarios y lavamanos.

Fuente: http://www.dinero.com/edicion-impre...resarios-colombianos-en-nicaragua-2016/222408

El renacer del problema de San Andrés, lo que le faltaba a Santos

Por: Juan Esteban Lewin, Jue, 2016-03-17 15:22

Hace dos semanas la revista Semana dijo que la imagen del Presidente Juan Manuel Santos estaba muy caída por cuenta de una “tormenta perfecta”. Pero parece que esa tormenta podría ser aún más perfecta: la decisión de la Corte de La Haya de hoy de estudiar dos demandas de Nicaragua, a lo que se había opuesto Colombia, es la última plaga que le faltaba a Santos.

Y, aunque faltan años para una decisión de fondo y hay muchas voces en el país que piden no reconocerla, sea cual sea, se despertó el fantasma del fallo de 2012, cuando la Corte tumbó el límite del meridiano 82 y le dio un golpe duro a la imagen del Gobierno: según Ipsos - Napoleón Franco en ese momento, la favorabilidad de Santos cayó 15 puntos y se puso en un 45 por ciento, el punto más bajo hasta entonces.

Antes del anuncio de hoy la favorabilidad de Santos ya estaba mucho más abajo que en 2012: está en un 25 por ciento según Ipsos, en 24 por ciento según Gallup y en 30 por ciento según Cifras y Conceptos.

Además, según esas mismas encuestas el país está muy pesimista en general, por una combinación de factores que van desde el aumento de la inflación y el frenazo en el crecimiento económico hasta escándalos como los de la comunidad del anillo o el sobrecosto de Reficar, pasando por el rechazo a la venta de Isagén, la posibilidad de un apagón o el proselitismo armado de las Farc en Conejo. Efectivamente, toda una tormenta.

Con el antecedente de 2012 y el estado de opinión actual, el fantasma de la pérdida de San Andrés tiene todo para ser otro golpe a la confianza en el país y a la imagen de Santos. Sobre todo porque la derrota de hoy fue doble.

La doble ofensiva nica

La Corte Internacional de Justicia tomó hoy dos decisiones contrarias a los intereses de Colombia, aunque con mayorías muy distintas.

Después del fallo del 2012 y el fuerte rechazo en Colombia, Nicaragua planteó dos nuevas demandas en 2013.

Una era que Colombia ha violado los derechos que esa decisión la dio a Nicaragua. Para ello señaló que Santos ha dicho que no va a aplicar ese fallo, ha rechazado dialogar con el presidente de Nicaragua Daniel Ortega y ha tomado decisiones como la decreto de 2013 que creó una “zona contigua integral” a las islas y cayos que creó un choque frente al fallo de la Corte.

En ese proceso está en juego la posibilidad de que Colombia no aplique el fallo de 2012, por lo que su derrota era previsible: no es fácil que una Corte acepte que no se apliquen sus fallos porque debilitaría su legitimidad.

El otro proceso, en cambio, es un debate más de fondo y que podría terminar con Colombia perdiendo aún más mar: Nicaragua dice que su plataforma continental (una formación geológica que sirve, en derecho internacional, para determinar hasta dónde llegan los derechos económicos de los países) debía ir más allá de una franja de 200 millas náuticas de distancia desde su costa, que es la que se da a todos los países por principio.

Además, pedía que la Corte de una vez creara un régimen provisional para que usara esa zona extra desde ahora.

Ante esas dos pretensiones, Colombia reaccionó asistiendo a la Corte pero solo para decirle que no podía pronunciarse. Y lo hizo con argumentos similares en los dos casos, que giraban alrededor de una decisión de Santos justo después del fallo de 2012: renunciar a un tratado internacional llamado el Pacto de Bogotá, que fue el que permitió que la Corte sí tuviera competencia para esa primera decisión.

¿Indemnización en camino?

La Corte se pronunció primero sobre la demanda por la aplicación del fallo de 2012.

Frente a ella, Colombia había presentado cinco objeciones, alegando que la Corte ya no tenía competencia porque cuando Nicaragua demandó Colombia ya no estaba en el Pacto de Bogotá. Además, dijo que el país centroamericano había demandado sin antes mostrar que había una controversia legal con Colombia y tampoco había tratado de resolver esa controversia por otras vías, que son requisitos para que la Corte admita una demanda.

La Corte rechazó esos argumentos por una mayoría muy amplia, que en una de las objeciones fue de 14 magistrados contra 2, en tres de 15 a 1 y en otra fue unánime. Los que votaron en contra de la mayoría fueron el brasilero Antônio Cancado Trinidade, el indio Dalveer Bhandari y el británico David Caron, magistrado ad hoc elegido por Colombia para este caso.

El argumento central de la decisión fue que, como la discusión gira alrededor de la aplicación de su fallo en 2012, sí puede pronunciarse. De lo contrario, abriría la puerta para que cualquier estado que pierda un litigio decida renunciar a la competencia de la Corte e ignorar el fallo, sin ninguna consecuencia.

Eso quiere decir que en los años que vienen la Corte podrá terminar condenado a Colombia porque, al no aplicar el fallo de 2012, estaría violando los derechos de Nicaragua. Es decir, podríamos terminar pagándole a los centroamericanos una sanción millonaria que resarza esa posible violación, pero no perdiendo más mar.

El mar en juego

Juan Manuel Santos presentó su paquete de medidas para enfrentar el fallo de noviembre de 2012 en septiembre de 2013. Dos meses después, Nicaragua usó esas medidas para demandar a Colombia.

Como la demanda de la plataforma continental podría terminar con otra pérdida de mar, tiene un mayor calado. Pero, sobre ella ha pasado desapercibido que Colombia estuvo muy cerca de lograr que la Corte la rechazara, lo que habría sido una victoria.

Para eso bastaba que la Corte le diera la razón a Colombia en una de sus cinco objeciones, y casi lo hace en una.

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En ella, Colombia argumentó que el fallo de 2012 ya se había pronunciado sobre esta pretensión de Nicaragua de tener más plataforma continental. La respuesta de Nicaragua es que en ese fallo la Corte decidió no pronunciarse sobre el tema, no negar su pretensión, y por lo tanto sí puede pronunciarse ahora .

En su decisión sobre este punto la Corte empató 8 votos contra 8. Pero en esos casos el desempate lo determina el voto del presidente, que es el francés Ronny Abraham, que votó en contra de la objeción.

Para el presidente Abraham y otros 7 magistrados, el fallo de 2012 no decidió sobre ese punto.

Lo que ocurrió es que en esa fecha Nicaragua no había enviado las pruebas geológicas de que su plataforma continental sí iba más allá de las 200 millas a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, una entidad de la ONU que es experta en esos temas y a la que Nicaragua le debía enviar las pruebas antes de que la Corte decidiera.

Para esos magistrados, como Nicaragua envió la información después del fallo de 2012, la Corte ahora sí se puede pronunciar a partir de esos datos.

Para la otra mitad de la Corte, que resultó derrotada, en el fallo de 2012 sí se analizaron las pruebas de Nicaragua, que aportó lo que llamó “datos tentativos”. Para esos magistrados, al estudiar esas pruebas, la decisión sí selló el litigio y por lo tanto no se podía reabrir.

Pero sí se reabrió y ahora el debate no girará alrededor de si la Corte se puede pronunciar o no, sino de las pruebas nicaragüenses sobre la extensión de su plataforma continental. SI decide que tienen razón y la plataforma si va más allá de las 200 millas náuticas, Colombia podría perder más mar.

Santos uribista, parte 2

Santos dijo que la Corte incurrió en contradicciones y que Colombia no va a seguirse defendiendo en ese caso pues insistió en que la Corte no es competente.Esa posibilidad de que la Corte le quite más mar al país fue objeto de una dura respuesta de Santos al medio día de hoy, apenas minutos después de que se conociera la decisión de la Corte.

“Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho, y eso es lo que NO ha ocurrido hoy”, dijo.

Con esa decisión, Santos reforzó un giro que dio en 2013, y que lo llevó de proyectarse como un líder regional que estaba más allá de las peleas entre países a un jefe de estado que rechaza cualquier decisión contra el territorio de su país, aun si eso le cuesta en el campo de la diplomacia.

Ese giro se dio tras la caída de su imagen: en 2012 Santos renunció al Pacto de Bogotá para que la Corte no pudiera volver a fallar contra Colombia y para proyectar una imagen más fuerte que evitaba que Álvaro Uribe quedara como único abanderado de la indignación nacional.

El cambio fue aún más notorio porque era uno de los aspectos en que Santos más se había distinguido de su antecesor. Y se reforzó después de que Álvaro Uribe regresó a la política activa como opositor de Santos y usó la sentencia para criticarlo.

En 2013, Santos tomó varias medidas endureciendo aún más su posición: dijo que no iba a incumplir el fallo sino a "inaplicarlo", decidió no negociar con Nicaragua y sacó el decreto que declaró una “zona contigua integral” que incorpora todas las islas y cayos

Como contó La Silla en ese momento, ese endurecimiento traía riesgos, porque alejaba una negociación directa con Nicaragua y, además, la zona contigua integral era una figura sin precedentes -y por ende más difícil de defender - que le daba argumentos a Nicaragua para eventualmente decir que Colombia estaba incumpliendo el fallo.

Justamente eso fue lo que argumentó Nicaragua en su primera demanda, lo que dio pie a la derrota más fuerte de hoy en la Corte y lo que podría terminar con una sentencia que obligue a Colombia a indemnizar a Nicaragua. Es decir, ya se está empezando a ver el costo en la Corte de la actitud desafiante de Santos.

Algo parecido podría ocurrir con la decisión de hoy de no comparecer más ante la Corte en el proceso por la plataforma continental. Al no asistir, no habrá cómo presentar pruebas científicas sobre la extensión de las plataformas continentales para hacerle contrapeso a las que presente Nicaragua.

“En lo jurídico, si Colombia no se presenta para su defensa, el proceso seguirá su curso. Esta vez los argumentos están más a su favor que en el pasado, y nadie los hará por ella. Nicaragua tendrá las cartas servidas y Colombia podrá arrastrar el peso de una decisión judicial que se tomó en su ausencia por décadas”, escribió la internacionalista Laura Gil sobre esa decisión.

A pesar de que costos estaban tan claros que el escrito de Gil es de ayer, Santos decidió dar ese paso. Un paso que podría evitar, una vez más, que el uribismo se quede con la bandera de la defensa del país.

De hecho, lo que dijeron hoy el presidente y el ex presidente muestra que están muy cerca en esa postura, aunque cada uno lo haga en el lenguaje que le es más usual.

"Es mejor soportar un siglo de dificultades diplomáticas que ceder un milímetro de la Patria“, fue la primera frase de la declaración de Uribe. 

“Los colombianos pueden estar tranquilos de que Colombia preservará hasta el último centímetro de nuestro territorio”, fue el cierre de la intervención de Santos. 

Falta ver si esa similitud ayuda a que la decisión de hoy no golpee la diezmada popularidad de Santos, o lo haga menos. No va a ser fácil saberlo: las encuestas volverán a salir en un par de meses y mientras tanto habrá otros factores que incidan, como lo que se anuncie en La Habana el próximo miércoles, las próximas noticias económicas, la decisión sobre si habrá apagón, e incluso los resultados de la selección, que en una semana jugará contra Ecuador.

En todo caso, aún si Santos logra el milagro de evitar que golpee su popularidad, de lo que no hay duda es de que las noticias de hoy son malas para el país.

Fuente: http://lasillavacia.com/historia/el-renacer-del-problema-de-san-andres-lo-que-le-faltaba-santos-53388

Declaración del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya

La Corte Internacional de Justicia acaba de hacer públicas las decisiones sobre su competencia para conocer de dos nuevas demandas presentadas por Nicaragua contra Colombia en el año 2013, a pesar de que Colombia se retiró definitivamente de la jurisdicción de la Corte en noviembre de 2012.

Por una parte, Nicaragua pidió a este tribunal que declarara a nuestro país responsable de haber incumplido el fallo del año 2012, y de haber amenazado con el uso de la fuerza.

La Corte se declaró competente, NO para verificar si Colombia está incumpliendo el fallo de 2012 –como pretendía Nicaragua–, sino sólo si había desconocido los derechos de Nicaragua, a la luz del derecho consuetudinario.

Y reconoció que la presencia de Colombia en las aguas internacionales NO significaba una amenaza del uso de la fuerza.

Por otra parte, en su segunda demanda, Nicaragua solicitó extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, hasta llegar a las proximidades de nuestra propia costa continental en el Caribe.

Esta es una pretensión que ya había planteado antes a la Corte, y que este tribunal había negado en su fallo del año 2012.

Es decir, ese tema ya era cosa juzgada.

Con base en esto, Colombia se opuso de manera tajante a esta pretensión nicaragüense, pues la Corte NO podía volver a conocer de un tema sobre el cual ya había fallado.

No obstante, el tribunal internacional –en un empate pocas veces visto en la Corte– se declaró competente para tramitar esta demanda.

En este pronunciamiento –que es de forma– la Corte de La Haya ha incurrido en unas contradicciones de fondo:

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Primero, no respetó su propia sentencia del año 2012.

Segundo, desconoció su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado.

Y tercero, pretende aplicar a Colombia un tratado del que NO hacemos parte, como es la Convención del Mar.

Por lo mismo –y frente a tales contradicciones–, he decidido que Colombia NO seguirá compareciendo, en este asunto, ante la Corte Internacional de Justicia.

He tomado esta determinación luego de un profundo análisis y diálogo con los expertos que hacen parte del equipo de defensa de Colombia, y luego de haber escuchado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y a los sectores políticos.

Tenemos claro que –cualquiera que sea el resultado final– los límites marítimos de nuestro país sólo pueden ser establecidos o modificados mediante un tratado internacional, como lo dispone el Artículo 101 de nuestra Constitución, y como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional en reiteradas ocasiones.

Los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia NO van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes, de conformidad con el derecho internacional.

Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho, y eso es lo que NO ha ocurrido hoy.´

Los colombianos pueden estar tranquilos de que Colombia preservará hasta el último centímetro de nuestro territorio.

Invito a los colombianos –a todos sin excepción, de todos los sectores políticos y ciudadanos– a unirnos y hacer un frente común, firme, inquebrantable, para proteger los más altos intereses de Colombia en nuestro mar Caribe.

http://es.presidencia.gov.co/discursos/Declaracion-del-Presidente-de-Colombia-Juan-Manuel-Santos-sobre-decisiones-de-la-Corte-Internacional-de-Justicia-de-La-Haya ;

¿San Andrés a la deriva?

La violencia, la corrupción y la demora en varios de los megaproyectos tienen en una difícil situación el archipiélago.

“¡No más parce, no más! ¡Esto no puede seguir así! ¡Tenemos que reaccionar!”. El grito de un joven sanandresano vestido de luto es estridente, seco, cargado de dolor. Resuena en el templo New Life Tabernacle en San Andrés, en medio de llantos y gemidos de los familiares y amigos de Marcos Quintana, asesinado en la madrugada del sábado pasado cuando volvía de su puesto de comidas rápidas. Este hombre, de 31 años, padre de tres niños, se convirtió en la última víctima de una ola de violencia que tiene a la isla contra las cuerdas.

En lo que va del año ya van 11 homicidios, una cifra enorme para una isla que tiene menos de 100.000 habitantes y tan solo 27 kilómetros cuadrados de superficie; en donde hay 600 policías y varias bases militares. Hace dos semanas un joven torturado y asesinado estremeció la pacífica isla de Providencia. El 27 de agosto un grupo de atracadores baleó a Richard Marsiglia en la tienda donde trabajaba. Y un día después, a solo noventa pasos de la Gobernación, un hombre le disparó en el abdomen y en el hombro al turista argentino Luciano Narcisi cuando trató de evitar que le robaran el bolso a su mujer embarazada. 

La situación es grave y el miedo ahora ronda por este paraíso. En el sepelio, una cuñada de Marcos Quintana protegida por gafas de sol que esconden sus ojos enrojecidos, exclama que “acá hay temporadas en las que matan seis meses, la Policía se alborota, vienen los generales y ponen retenes. Cuando los quitan, vuelve el plomo”. Edinson, que trabaja con turistas, lanza con rabia que “San Andrés es una caja de fósforos, en donde todo se sabe. Hay pánico, nadie sale en las noches. Esto no está en alerta roja, está vino tinto desde hace rato”. 

Pocos se imaginaron que casi dos años después del fallo adverso de La Haya, cuando el gobierno se volcó a reafirmar su apoyo a San Andrés, la situación del archipiélago iba a empeorar hasta este nivel. El propio presidente Juan Manuel Santos lanzó un ambicioso plan para “rediseñar el futuro de la isla” y anunció inversiones por más de 1 billón de pesos. Pero si bien el gobierno ha cumplido muchas de las promesas, los problemas más graves que tienen los sanandresanos no se han solucionado y ahora se ven agravados por los problemas de violencia y la corrupción. 

Desde hace años hay un diagnóstico claro sobre la seguridad isleña, pero el paciente sigue igual de grave. Todos saben que San Andrés es una plataforma del tráfico de cocaína entre Colombia y Centroamérica, además de ser una ruta del contrabando. En los barrios más pobres, como La Zona, decenas de jóvenes esperan su oportunidad “para darle una puñalada a la miseria”, como le dijo un periodista local a los enviados de SEMANA. Buscan embarcarse en una lancha rápida repleta de droga o en su defecto de gasolina, para retanquear los barcos de los traficantes en alta mar.

No es una coincidencia que los cursos del Sena que tienen más demanda son los de navegación marítima. En los viajes de vuelta traen dinero y armas cortas, que pululan en Nicaragua, Honduras o Guatemala como herencia de las guerras civiles. El coronel Luis Aníbal Gómez, comandante de la Policía en el departamento, dijo que en la isla no hay “bandas criminales como tal, sino pandillas ligadas a los clanes en Colombia, que cobran cuotas a los narcotraficantes. Hace unos años gente del continente vino a organizarlos y con ellos llegó la violencia”.

Pero la Policía enfrenta un enemigo más huidizo que el peor de los criminales: la falta de confianza. La comunidad no cree en ellos. Un funcionario de la Gobernación le dijo a SEMANA que “nadie confía en la Policía porque se dice que está infiltrada por los bandidos”. Comerciantes, hoteleros y taxistas repitieron esa queja a esta revista. Un profesor dijo que “la isla tiene 27 kilómetros cuadrados, 20 uniformados por kilómetro, pero nunca capturan a nadie. Eso tiene una explicación lógica: no hacen nada para encontrarlos”. La suspicacia es tan grande, que un grupo de ciudadanos quiere manejar directamente las cámaras de seguridad. 

Para el coronel Gómez, “ese es un tema fundado en situaciones que se presentaron años atrás”, pues en 2011 se desmanteló una banda dirigida por exagentes de la institución. Incluso, en agosto le entregaron a la Fiscalía dos funcionarios que trabajaban con los ‘narcos’. Entre tanto la gobernadora, Aury Guerrero, le dijo a SEMANA que “la cuestión no es el número de policías. Necesitamos un buen laboratorio, fiscales de cada una de las áreas, investigación”.

El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, estuvo esta semana en la isla. Anunció la llegada de 50 uniformados más, que reforzará las capacidades investigativas y que le dará un vuelco al mando, pues la inseguridad afecta el turismo, pilar de la economía local.

El factor Hommes

Por otro lado, los grandes anuncios y programas que el gobierno impulsó desde el fallo de La Haya se han visto afectados negativamente en los últimos meses. El primer cañonazo ocurrió en julio, cuando la Corte Constitucional tumbó los artículos de la Reforma tributaria con los cuales se iba a financiar la estrategia estatal. Y hace dos semanas el exministro de Hacienda Rudolf Hommes renunció a seguir siendo asesor del Plan Archipiélago.

En una carta al presidente, Hommes mostró el panorama complicado que vive el departamento debido a la tardanza en mejorar los servicios de acueducto y alcantarillado, en diversificar las fuentes de energía a través de un parque eólico o la planta incineradora de basuras, y en recuperar las playas. También porque aún no se han ejecutado algunos proyectos ya diseñados, como el sistema de transporte, la universidad de la comunidad bautista o los proyectos de maricultura y acuaponía. 

De forma más inquietante reveló que no fue posible nombrar un médico en Providencia a pesar del “compromiso formal del ministerio para hacerlo” y que no hubo “un esquema institucional adecuado ni el apoyo del municipio” para elevar el nivel académico de estudiantes y maestros. Y remató con una fuerte alarma sobre la seguridad del departamento que “decae progresivamente, a medida que las bandas criminales amedrentan a la población y aumentan inexplicablemente su control territorial y su poder político”.

María Lorena Gutiérrez, ministra consejera del Gobierno, viajó esta semana a la isla y dijo a SEMANA que “es evidente que San Andrés lleva décadas de retraso. Sin embargo, ningún otro gobierno ha invertido tanto en el archipiélago. Estamos cumpliendo los compromisos y le vamos a meter el acelerador a fondo”. Indicó que en estos tres años la inversión ha alcanzado los 1,2 billones de pesos y que no hay que preocuparse con la sentencia de la Corte pues ya están en ejecución 94.000 millones de pesos. 

Frente a la renuncia y a las críticas de Hommes, anunció que el jueves se reunió con él y no solo acordaron que seguirá haciendo parte del grupo de trabajo sino que definieron los cuatro proyectos prioritarios: crear un sistema de buses, con pasaje subsidiado, que le darán la vuelta a San Andrés, crear una línea de ferry entre la isla y Providencia y darle fuerza a la universidad y a la enseñanza del lenguaje creole. 

Es evidente que el gobierno tiene la voluntad de sacar adelante el archipiélago, pero en San Andrés hay una fuerte sensación de letargo, con bloqueos a todos los niveles y megaproyectos encallados en discusiones interminables y afectados por la corrupción. Por ejemplo, la planta incineradora de basura, que desde hace un año está lista para generar energía y reducir el costo del servicio, el más caro del país, inexplicablemente no arranca en medio de todo tipo de especulaciones.

SEMANA también visitó la cárcel de menores, cuya obra está parada por problemas en la contratación y la compra del lote. Los edificios tienen vidrios, puertas, inodoros y hasta bombillos, pero la maleza carcome desde hace dos años la construcción. Otra obra en suspenso es la nueva sede de la corporación ambiental local. La Contraloría General le tiene la lupa puesta y ya abrió varios procesos de responsabilidad fiscal. 

A estos graves bloqueos administrativos se añaden las tensiones permanentes con las comunidades raizales, que tienen en jaque varios proyectos como el dragado del puerto o la ampliación del aeropuerto, debido a las consultas previas. Para un periodista que vive hace décadas en la isla, “los fundamentalistas no dejan hacer nada, ni una obra, bloquean todo”. Se refiere al rechazo, cada vez más grande de los raizales, por todo lo que viene de Colombia.

“Nos dicen que acá la consulta previa es una extorsión. ¿Pero, para quién es el progreso? Para los gremios que quieren explotar el territorio”, dice Corrinne Duffis, líder de la comunidad, que cada vez se exaspera más con las políticas trazadas desde Bogotá y su convivencia con los residentes continentales, conocidos como ‘pañas’. Otro raizal, Albert Howard, dijo que “siempre hay muchos roces entre nosotros y los colombianos que nos roban y nos roban las tierras. Somos afrocaribeños, de otra cultura, otra religión. Aquí no es Colombia, aquí es nuestra casa y ahora somos minoría en nuestra propia tierra. Nos invadieron y ahora nos quieren sacar, pero nos van a tener que matar”.

A la tardanza en resolver problemas históricos y de seguridad se suma la ausencia de nuevas inversiones en la isla. Los hoteleros dicen que es difícil atraer socios sin agua potable, con energía cara y problemas de basuras. “No hay un ambiente propicio”, dijo uno de ellos. Entre tanto, varios hoteles piden a gritos una renovación y aunque por ahora viven llenos gracias a las aerolíneas de bajo costo, eso no es sostenible a mediano plazo. 

Por eso muchos sienten que un huracán amenaza al departamento insular. Se requiere tomar acciones urgentes que destraben los proyectos que ayudarían a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y que permitan reestablecer la confianza de los isleños. Hay sectores que están reaccionando, que están hablando fuerte y que quieren dejar de callarse con la excusa de no “dañar la imagen de la isla”. Porque lo único cierto es que el archipiélago colombiano no puede seguir por ese camino de deterioro y decadencia. 

Fuente: http://www.semana.com/

Defensa de San Andrés debe apoyarse en derechos étnicos

Este es un momento para dar un timonazo y corregir las relaciones con la gente del archipiélago.

San Andrés isla está en el foco de las noticias en estos últimos días por el impacto de hechos violentos contra personas, que afecta el turismo, columna de la economía insular.

La situación en las islas necesita ser examinada con detenimiento y profundidad para poder garantizar la seguridad, y para la continuidad en el establecimiento de acciones y medidas gubernamentales que conduzcan efectivamente “a un desarrollo acelerado que no solamente traerá consigo beneficios a la población del archipiélago, sino que es la pieza esencial de una estrategia de afirmación de la soberanía colombiana en el Caribe. No hay razón para que las islas colombianas en el Caribe sean las que tienen el ingreso más bajo por habitante y la peor calidad de servicios públicos en la región”, como lo consignó el exministro Rudolf Hommes.

Sin embargo, la nueva demanda de Nicaragua por derechos sobre una plataforma continental extendida ha reactivado la disputa sobre zonas del mar de las islas que, consideramos, deben ser reivindicadas a favor de los raizales como originarios que tienen el uso, la dependencia alimentaria, económica, cultural y espiritual como su hábitat por más de dos siglos.

Creemos que la defensa del mar también debe apoyarse en derechos étnicos, que son fundamentales y están en el Convenio 169 de la Conferencia General de la OIT, adoptado por Colombia mediante la Ley 21, del 4 de marzo de 1991, también en el Convenio Americano de Derechos Humanos y en las declaraciones de los derechos étnicos de Naciones Unidas.

La soberanía colombiana sobre las islas y los accidentes geográficos que componen el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está reconocida en instrumentos válidos y en decisiones de los tribunales internacionales, pero no así las aguas que nos corresponden.

Además de las islas mayores, son colombianas las de Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, cayos Bolívar y cayos Alburquerque.

Esos territorios constituyen, en su mayoría, atolones, que son un conjunto de una o varias islas protegidas por arrecifes de coral, con laguna interior, con bancos y bajos que son unos criaderos, unas nodrizas, y a medida que van creciendo los peces y las especies en el mar emigran a bancos y bajos en aguas más profundas que están localizadas por fuera de las 12 millas del mar territorial.

La zona contigua, que son 12 millas adicionales al mar territorial, es un área de patrullaje para la protección del país, pero no concede derechos sobre los recursos vivos y del fondo marino.

Con el fallo del Tribunal de La Haya del 19 de noviembre del 2012, nuestros atolones que están en enclave no tienen sobre zona económica exclusiva, o sea que los peces por fuera del mar territorial están por fuera del territorio.

Los pescadores de las islas, acostumbrados por más de 200 años a pescar en sitios y espacios determinados, ya no tienen garantías. Además, las áreas protegidas establecidas bajo la Reserva Mundial de la Biosfera Seaflower por la Unesco, cuya jurisdicción y competencia eran ejercidas por Colombia para la sostenibilidad y protección de los recursos vivos en una gran extensión del mar en torno al archipiélago, ya no se tiene.

Nosotros no tenemos control sobre el mar de las islas, por fuera del mar territorial, para ejercer protección de los ecosistemas marinos y de las especies marinas amenazadas.

Después del fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno visitó en Nueva York al Secretario General de las Naciones Unidas con una delegación del pueblo raizal de las islas, para destacar su existencia y, obviamente, para la reclamación de sus derechos ancestrales. Lo mismo aconteció ante la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).

Creemos en ese camino para recuperar los derechos aborígenes y tribales sobre el mar de uso tradicional del pueblo raizal.

Igualmente, en varias declaraciones públicas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha manifestado el reconocimiento a los derechos a la pesca de los originarios del archipiélago.

Este es un momento para dar un timonazo y corregir las relaciones con la gente del archipiélago, en muchos frentes, de manera integral. Errores históricos han postrado injustamente a los habitantes de las islas en condiciones culturales, sociales y económicas que han deteriorado su situación.

Basta mencionar cómo en solo 50 años la población ha pasado de menos de 400 habitantes por kilómetro cuadrado a más de 3.000 hoy en la isla de San Andrés, y tienen menos del 50 por ciento de la tierra.

KENT FRANCIS-JAMES

Exgobernador del archipiélago y exembajador

Fuente: http://www.eltiempo.com/

Lecciones de Ortega a Santos

RAFAEL GUARÍN La ambigüedad y la inacción del presidente Juan Manuel Santos se tradujeron en una hecatombe en política exterior cuyos efectos aún no es posible determinar plenamente.

Mientras Santos optó por la retórica destinada al consumo interno, pensando en la reelección y “la paz”, Daniel Ortega jugó magistralmente sus cartas.

Miles de dólares y un año duró el “estudio cuidadoso y profundo” de la estrategia para enfrentar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que se anunció en una pomposa intervención en televisión como el gran descubrimiento. El paso de las semanas y los meses lo único cierto que revela es que Nicaragua sí tiene estrategia ante una atolondrada contraparte.

El objetivo de aislar en la región a ese país centroamericano con el discurso de que es un “mal vecino” con “pretensiones expansionistas” se estrelló contra la realidad: los países tienen intereses, no amigos. Ortega resultó ser todo un halcón que sí entiende que no es con lamentaciones sino jugando con los intereses nacionales y geopolíticos de las potencias. Pragmático, dejó de lado sus prejuicios respecto al imperio norteamericano y profundizó su relación con Rusia para lograr algo que Santos aún parece no comprender: ambas potencias ya validaron los límites fijados por el fallo.

No obstante que el Gobierno sigue recitando que la decisión es “inaplicable”, al tiempo que afirma contradictoriamente que no se desacata la sentencia, la verdad es totalmente diferente: Nicaragua ejerce soberanía y Colombia pasivamente admite el cumplimiento de la decisión de la Corte Internacional.

La embajadora de Estados Unidos en Managua, Phyllis M. Powers, anunció el pasado 15 de noviembre que su país está trabajando “con la Fuerza Naval de Nicaragua en operaciones antinarcóticos en los nuevos territorios de zona económica que ya tiene Nicaragua después de la decisión de la Corte de la Haya” (Leer aquí). Es decir, para ese país la controversia fue resuelta por el fallo y se debe cumplir. A los gringos, tan prácticos como Ortega, les interesa enfrentar el narcotráfico y no desperdiciaron la ventana de oportunidad.

Por su parte, el gobierno Putin, en respuesta a la nota de protesta de la Cancillería colombiana, dejó claro que sus relaciones con ambos países se basan en el “reconocimiento de la invariabilidad de las normas del Derecho Internacional”, lo que “es aplicable a la decisión proferida por la Corte Internacional de Justicia acerca del asunto territorial mencionado”. Además, el general de brigada Adolfo Zepeda, inspector del Ejército de Nicaragua, reconoció que la fuerza naval ha ejecutado operaciones antinarcóticos con EE. UU. y Rusia en el mar despojado a Colombia. Es decir, las dos potencias son las que aplican el fallo, dejado en babas a Santos.

Ortega aprovechó la vacilación. Si la reacción de Santos inmediatamente después de haber dicho que no podía “aceptar” los “errores”, “omisiones” y “equivocaciones” de un fallo contrario a derecho hubiera sido la de mover la Armada al meridiano 82 y anunciar el desacato, las cosas serían diferentes. En cambio, el presidente, argumentando ser “civilizado”, salió a decir que no iba a aplicarlo “hasta garantizar” los derechos de los habitantes del archipiélago. En Nicaragua entendieron el mensaje: Colombia dudaba, no respondería con firmeza e iba a acatar. Conclusión: lo que procedía era hacer actos de soberanía en el mar que se les entregaba, mientras el gobierno colombiano con actitud de sobradez despreciaba el poder naval nicaragüense. Estupidez e ignorancia de la Cancillería y el Mindefensa. Se les olvidó que las alianzas, la diplomacia y los intereses pueden sustituir el poder militar.

A eso se agrega que en ese país también perciben que Santos simula, por lo que en este asunto carece ante sus ojos de credibilidad y respeto. El excanciller nicaragüense Norman Caldera, frente a la “inaplicabilidad” de la sentencia afirmó: “Creo que debemos de tomar esa posición como una posición electoral. En el fondo, Colombia está respetando” la decisión de la Corte Internacional.

Así las cosas, todo está consumado. No hay recursos para impugnar el fallo, no hay doble instancia y este se debe cumplir, razones por las que no era viable encontrar en los instrumentos de derecho internacional la salida. ¡Eso no logró entenderlo el Gobierno! Ahora estamos en el peor de los mundos: no se ve la solución y en cambio sí hay dos demandas más de Nicaragua que pueden aumentar la pérdida de territorio, mientras el titubeo inutilizó la posibilidad de una postura de fuerza que sirviera para enfrentar tal amenaza.

La alternativa era actuar en su oportunidad con firmeza y enfrentar el despojo. Al menos la comunidad internacional tendría que medirse en el momento de pensar en operaciones conjuntas con Nicaragua y se habría procurado obligar a ese país a un compromiso que atendiera la realidad creada con la sentencia y los intereses nacionales de Colombia. Optamos por la “prudencia” santista, las aguas tibias y el gagueo; al final sólo terminamos de pendejos y Ortega dando lecciones de política a Santos.

Nota: El “altísimo” nivel con el que se maneja la política exterior se condensa en la siguiente frase del ministro de Defensa, Pinzón: “La actitud de Nicaragua es la de un preadolescente”. ¡Con eso ¿para qué más?! Lo que falta es que nombren de embajador al Pibe en Nicaragua y en la Comisión de Relaciones Exteriores a Don Jediondo y al Cuentahuesos.

Twitter: @RafaGuarin

Fuente: http://www.semana.com

Nota: Ya mucho se ha criticado el "relativismo circunstancial" con el que el actual Gobierno maneja todos los asuntos de Estado, desde el diseño y ejecución de las Políticas Públicas, pasando por las reformas que ha pretendido hacer valer en el Congreso, hasta los asuntos más cosméticos y frívolos de la Nación. En cualquier modalidad de manifestación del alto Gobierno se nota la impronta de su naturaleza acomodada, insensata, pusilánime y en exceso prudente. Ese hecho va a torpedear o va a hacer mella en la confianza y credibilidad del pueblo Colombiano en sus Instituciones Democráticas. A la fecha, la Corte Constitucional, el Congreso y La Cancillería (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) no han podido responder al sentir de las masas que claman por el desacato simple y expreso frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Sin embargo, no solo la confianza que se predica de las autoridades republicanas irá a sufrir por causa de los tonos grisáceos de este Gobierno, también la propia unidad de la cosmopolita y multicultural Colombia. desde hace meses se le ha advertido al Presidente del llamémosle "surgimiento del sentimiento emancipador del Archipiélago de San Andrés y Providencia", ese sentimiento está empezando a capitalizarlo líderes raizales y colonos en las islas, que de buena fe o no, aprovechan la indignación de la gente por el manejo poco claro que se le ha dado a la problemática desatada como caja de pandora por la prevaricadora Sentencia de este tribunal Internacional. Hay que ser claros en que proliferan las causas que alimentan el fervor por el establecimiento de un régimen autonómico en las Islas: la sobrepoblación, los problemas de alcantarillado, el desempleo, los servicios públicos deficientes, el narcotráfico que se siente mucho y muy duro allá, además de la pobreza. Incluso leí que se quiere un régimen como el de Puerto Rico, o sea, el de un Estado Libre Asociado, porque ven que copiando el modelo de Aruba, barbados o curazao pueden elevar la calidad de vida, la propia Gobernadora dice que se debe empezar a estrechar lazos con la comunidad raizal que se encuentra en la costa de mosquitia. Les duele todavía que el gobierno al ceder esa costa haya separado un pueblo, una Nación, una cultura, y algo de razón tienen. 

Todo eso es un problema de políticas públicas y de los lineamientos que rigen la administración de la cosa pública desde el orden central. Y les voy a decir el por qué. En Colombia no hay una verdadera ciudad que se proyecte al mundo desde el mar, que sea polo de desarrollo de la cultura marítima, una ciudad tipo Hamburgo, Colón en Panamá o Hong Kong. Siempre se ha visto a la Costa Pacífica o Atlántica como sinónimo de playas. Si no hubiéramos sido así de miopes de toda la vida, pues la Colombia Insular sería un paraíso.

Colombia vs Nicaragua

Nicaragua arremete por tercera vez contra Colombia

RELACIONES INTERNACIONALES El país vecino presenta otra demanda ante la CIJ, esta por “amenaza de uso de fuerza”.

Desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso de territorio entre Colombia y Nicaragua, estos dos países han mantenido una relación de tire y afloje, pero esta semana se tensiona un poco más luego de la segunda demanda de la nación centroamericana ante La Haya.

En varias ocasiones, la canciller María Ángela Holguín ha expresado que las relaciones con el país vecino son cordiales y que el canciller de ese país, Samuel Santos, ha sido amable con ella. 

Sin embargo, Holguín quedó atónita ante la nueva acción de Nicaragua, que demandó a Colombia por “amenazas con el uso de la fuerza” y “violaciones” en los 75.000 kilómetros cuadrados de territorio que fue concedido al país vecino. “Nicaragua es un pésimo vecino con el que no se puede conversar”, declaró la canciller.

Pero no paró allí, en entrevista con Caracol Radio, Holguín opinó que le parece increíble que Nicaragua quiera solucionar los problemas bilaterales sin conversar con Colombia sino acudiendo en primera instancia a una institución internacional. “Nicaragua no nos ha hecho ningún tipo de manifestación”, pero aun así demandó al país, como explicó la diplomática. 

La pretensión de ese país es que se juzgue y se declare que Colombia viola las obligaciones de la decisión que tomó La Haya hace un año, y que el país debe “abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza bajo la Carta de la ONU y el derecho consuetudinario”, como se indica en el recurso presentado el pasado martes 26 de noviembre. Este se suma a la demanda que hizo Nicaragua contra Colombia en septiembre pasado por la plataforma continental extendida.

El nuevo alegato se llevó ante La Haya el mismo día en el que el parlamento de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves militares de Estados Unidos y Rusia a los espacios marítimos delimitados por la CIJ, en el fallo que Colombia asegura que es inaplicable.

Daniel Ortega, presidente nicaragüense, le propuso con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional de ese país que aprobara el ingreso de las dos potencias mundiales para realizar operaciones antinarcóticos en los espacios marítimos. Otra decisión que no cayó del todo bien en Colombia. 

Así las cosas, cambia el panorama que la misma canciller Holguín había descrito hace una semana como amable. Colombia todavía no sabe cuándo responderá a la nueva acción de Nicaragua y se limita a decir que lo hará “cuando corresponda”, mientras que el país vecino autoriza el paso de embarcaciones y lleva diferentes pleitos ante La Haya. Con este, ya suman tres golpes jurídicos que tiene que enfrentar el equipo colombiano de juristas: el fallo del 19 de diciembre del 2012, la demanda de septiembre pasado y este nuevo recurso. 

Fuente: http://www.semana.com

Nota: La directriz que impulsa toda acción de este gobierno es "el relativismo circunstancial". Es sumamente decepcionante esa actitud timorata, pusilánime, acomodada y poco firme del señor Santos prácticamente en todo asunto de Estado, máxime, cuando esa actitud pone en peligro el sustento, los usos, las costumbres, el acervo cultural y la propia supervivencia de todo un grupo étnico estrechamente ligado con la pezca artesanal y el mar. Y se pone en riesgo todo ese patrimonio inmaterial Colombiano que es irreemplazable, solo por querer quedar bien al mismo tiempo con la opinión pública, con Nicaragua y sus aliados (China, Rusia y el ALBA) y con la CIJ de la Haya, para posteriormente como ha demostrado, engañarlos a todos.

Que alguien escriba en las puertas del Palacio de San Carlos (Cancillería) o le diga a la señora Holguín, por favor, que las sentencias se acatan o NO, y punto. Considero que el celebre fallo es de verdad inaplicable porque es anti-jurídico, es injusto, es contrario a la historia, es prevaricador. Además, rompe la unidad económica y física de la Colombia Insular, o en otras palabras, la integridad geográfica del archipiélago no existe más con esa providencia, no olvidemos que afecta y altera derechos de terceros Países, lo que es inadmisible a la luz del propio reglamento de la Corte. Pero esconderse detrás de puras obviedades jurídicas para sustentar la cacareada inaplicabilidad es un escandaloso y grosero error que surje de bulto, Es un engaño!. Es decir, aseverar que se necesita de un tratado entre las dos partes para modificar los límites del Estado aduciendo que nuestra Constitución dice que los tratados sobre límites los debe aprobar el Congreso, significa, nada más y nada menos, que aceptar implícitamente que se alteren los limites de la Nación.

Lo que debemos exigir tal cual lo propuso el politólogo Alfredo Rangel en su columna del Espectador es que el gobierno nos diga "claramente si sus argumentos sobre la inaplicabilidad del fallo de La Haya son relativos o absolutos, para saber a qué atenernos. Si los argumentos son relativos, esto implica aceptar el fallo y la pérdida del mar, pero con la condición de que, por ejemplo, nuestros pescadores puedan seguir realizando sus faenas en el mar que aceptamos ceder, o de que las actividades de Nicaragua en las aguas que nos ha quitado no pongan en peligro el equilibrio ecológico de nuestro entonces recortado mar territorial. Así lo sugiere Santos al decir que el fallo es inaplicable (...) hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos (...). Entonces tiene sentido aceptar la invitación del gobierno nicaraguense para sentarnos a acordar las condiciones concretas para aplicar el fallo que aceptamos. 

Pero si el argumento es que el fallo es absolutamente inaplicable porque recorta nuestro mar territorial de una forma injusta y en contra de todos los principios del derecho internacional, y no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro cuadrado de ese mar, entonces no tiene sentido que invitemos a Nicaragua a hablar sobre unos límites que nosotros consideramos inmodificables."

A estas alturas, es muy fácil deducir que la dinámica del problema del Fallo de la Corte Internacional de Justicia va a un ritmo y el Gobierno va a otro mucho más lento. Es más, este asunto empieza a tomar otros alcances y dimensiones, generado por la aparición de ingredientes insospechados como el claro apoyo de los Rusos a Ortega, y, entre tanto, este señor Santos callado, inactivo, incólume, casi distraído, casi apático al tema.

Está claro que el argumento de la "inaplicabilidad" se está desmoronando de a poco, ya que los hechos superan o desbordan la estrategia medias tintas que pretendió hacer valer nuestro Presidente Santos, entonces mientras allá agotan todos los recursos jurídicos, diplomáticos, retóricos, mediáticos e incluso fácticos, acá el gobierno y la política casi que en pleno se engancha en el circo de la Habana defendiéndola a ultranza, vendiendo cuentos de hadas de una Colombia sin Narcotráfico, sin cultivos de coca. Tal vez Ortega no esta derribando el muro Colombiano con dinamita o con una porra, pero sí con un cincel. 

Sorprende mucho que algunos vendan la idéa de que el problema que se ha desprendido por causa de la Sentencia de la CIJ de la Haya es más retórico, más mediático, más demagógico que práctico. Sin embargo, yo veo que con esa decisión judicial prevaricadora se abrió una verdadera caja de pandora. San Andrés, Providencia y Santa Catalina sufre y va a sufrir la postura ambigua e irresponsable del Presidente. Esa forma de ser de quedar bien con todo el mundo va a hacer que una Isla sobrepoblada, pobre y aislada arraigue en la conciencia colectiva de su pueblo un sentimiento anti-Colombiano y autonómico.

Ahí se ven, y ya son palpables las consecuencias de todo esto, en un año la desaparición real de la pesca como industria, la convocatoria de una consulta que indague acerca de la conveniencia de un régimen autónomo para las Islas, la denuncia pública de la Gobernadora de las Islas que dice que en sus visitas, reclamos, solicitudes, y propuestas formuladas a Bogotá no tienen eco, son ignoradas y no la tienen en cuenta.

¿Un nuevo Panamazo, con respaldo de La Haya?

Por: Sergio Ocampo Madrid

Colombia, mirando sólo hacia dentro olvida su riqueza

Opinión

El colombiano es un pueblo de espaldas al mar y a la historia. Con 3 mil kilómetros de costa en dos océanos, no existe en el país un solo puerto de gran envergadura donde se sienta la fuerte cultura marinera de comercio, de conexión con el mundo, que se respira en ciudades portuarias como Colón, Santos, por no mencionar a Rotterdam o Hamburgo. Tampoco existe un gran proyecto nacional de explotación marítima como el que muestran Perú o Chile. Para los colombianos el mar es básicamente un sinónimo de playa.

Las dos últimas semanas han entregado elementos para reafirmar que somos un pueblo que desconoce la historia y desdeña el mar. Hablo de los últimos cuestionamientos que han surgido sobre el fallo de la Corte de la Haya que despojó al país de 70 mil kilómetros en el Caribe.

El caso empieza a tener un mal sabor y un parecido inquietante con la pérdida de Panamá en 1903. Baste empezar diciendo que para comienzos del siglo XX buena parte de la apuesta de expansión y desarrollo de Estados Unidos estaba cifrada en controlar un canal interoceánico, en el istmo. La eventual supremacía china del siglo XXI parece apuntar también al control de otro canal, esta vez en Nicaragua.

Lo lamentable es que el gran perdedor de esos sueños hegemónicos tenga que ser Colombia en ambos casos.

Recuerdo que cuando en 1977 se firmó el tratado Torrijos-Carter por el cual se comenzó a devolver el canal a los panameños, yo tenía 13 años y le escuché decir a mi papá: “Si la historia fuera justa, los gringos deberían devolverle el canal pero a Colombia”. Con el paso de los años, ahora que mi padre ya no está, he empezado a entender la enorme lucidez de esa sentencia, y cómo el tema Panamá nunca constituyó una herida para el orgullo nacional.

Pocos recuerdan que Colombia comenzó a construir el canal con Fernando de Lesseps, y que éste se quebró por maniobras muy dudosas. Entonces, los gringos asumieron el proyecto. Tampoco, que el gobierno conservador de Marroquín le pidió al de Teodoro Roosevelt intervenir con sus marines en el istmo para desalojar a los liberales, en plena guerra de los Mil Días. Que una ley del Congreso de EE UU de 1902 (ley Spooner) le exigía a Colombia la cesión absoluta y perpetua de la franja del canal. Que Colombia decidió negociarlo por 10 millones y una renta anual de US$250 mil, en el tratado Hay-Herrán, el cual Marroquín pretendía desconocer luego de firmado. Roosevelt, déspota, racista y belicoso, no se detuvo en pendejadas, independizó a Panamá y formó una república ficticia que solo hasta hace poco empezó a sentirse seria. Y detrás de todo, como lo confirma el excelente libro de Ovidio Díaz Espino, “El país creado por Wall Street”, lo que hubo fueron millones de dólares y los intereses de banqueros neoyorquinos, con J P Morgan de primero. La diabólica combinación de política y dinero le amputó a Colombia su presencia en Centroamérica.

Para reafirmar la desvergüenza, el país aceptó en 1914 una indemnización de US$25 millones y la promesa de nunca reclamar.

Luego del fallo de La Haya, el 19 de noviembre de 2012, nos hemos venido enterando de algunas cosas que tienden un manto de duda muy serio sobre la plena independencia de la Corte Internacional e inclusive de las actuaciones colombianas. Es muy extraño, por ejemplo, que dos meses antes de ser conocida la sentencia, el gobierno nicaragüense hubiera firmado un tratado con un empresario chino, Wang Jing, para construir su canal. Sin el mar colombiano esa obra era imposible.

Noemí Sanín reveló que una de las jueces en La Haya, Xue Hanqin, es de nacionalidad china y antes fue embajadora de su país cinco años en Holanda, con lo cual debió compartir muchas veces con el embajador de Nicaragua, Carlos Argüello, quien lleva 23 años en el cargo. En ese tiempo, Colombia tuvo 13 diplomáticos distintos. La juez Hanqin debió declararse impedida para juzgar en este caso.

Casi inmediato al fallo, el presidente Santos convocó a una comisión de expertos sobre los pasos a seguir. Entre ellos está el reputado jurista Rafael Nieto Navia. Hace poco, nos enteramos por Semana que su yerno es socio y gerente de la compañía Mac Larty, que asesora al chino Wang Jing, eventual constructor del canal en Nicaragua. Preguntado por María Isabel Rueda, Nieto Navia respondió que no lo sabía cuando aceptó el encargo de Santos y que su yerno tampoco sabía lo que hacía el suegro en Bogotá con el Gobierno.

Es difícil no creerle; es su palabra; pero también es imposible desconocer que se trata de un episodio de muy fea presentación y una gran torpeza del Gobierno.

Habrá que ver en caso de que Colombia no acate el fallo, si China se moverá, diplomática o hasta militarmente, para defender intereses económicos privados. Roosevelt lo hizo hace 110 años contra esta republiquita bananera.

Fuente:http://contrapunto.co

La estrategia del armadillo

Sobre el fallo de La Haya sólo hay dos posiciones posibles: se acata o no se acata. Eso de que lo acato pero no lo cumplo es, francamente, una jugarreta.

Empujado por su desplome en las encuestas, que puso su reelección en la cuerda floja, Santos se pronunció, al fin, sobre el tema de San Andrés y el fallo de La Haya. Su decisión no es de fondo y su argumento es bastante flojo, pero es útil para embolatar a la opinión nacional. Su defensa es quebradiza, pero sirve para enredar al gobierno de Nicaragua. Pero, por sobre todo, le permite ganar tiempo y algunos puntos en las encuestas. Y eso, a la larga, es lo que le importa. 

Sobre el fallo de La Haya sólo hay dos posiciones posibles: se acata o no se acata. Eso de que lo acato pero no lo cumplo es, francamente, una jugarreta que revela poca seriedad y mucho temor de enfrentar de una buena vez la realidad. Si se acata el fallo, tarde o temprano nos quitarán 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, así los derechos de nuestros pescadores se mantengan. Si no se acata, mantendremos nuestro mar, pero iniciaremos un enfrentamiento jurídico con Nicaragua y diplomático con todos sus aliados en la región: Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia y Argentina, por lo menos. 

Pero Santos ha optado por la vía que más corresponde a su carácter melifluo y poco firme: ni acata ni desacata el fallo, sino todo lo contrario. Para no acatarlo dice que es inaplicable, y para no desacatarlo dice que lo acepta. Así cree que va a quedar bien con los colombianos, con la Corte de La Haya y con los aliados de Nicaragua. Es su estilo de siempre: tratar de quedar bien con todo el mundo, para después engañarlos a todos. 

Pero está ganando tiempo y eso es lo importante. Para que el argumento de que el fallo es inaplicable fuera serio debería basarse en que es injusto, antijurídico y antihistórico, como lo han demostrado todos los especialistas en derecho internacional. Por esas razones es inaplicable en términos absolutos y definitivos; sostenerlo así equivale a no acatarlo y asumir las consecuencias. 

Pero decir que es inaplicable porque necesita de un tratado entre las dos partes es esconderse detrás de una obviedad: todo fallo de un tribunal que modifica los límites entre dos países necesita de un nuevo tratado entre las dos partes para establecer los nuevos límites, de acuerdo con el contenido del fallo. Es más: aceptar que se necesita un nuevo tratado es aceptar implícitamente la modificación de los límites. Argumentar que nuestra Constitución dice que los tratados sobre límites los debe aprobar el Congreso es otra obviedad: eso ocurre en prácticamente todos los países con democracias de corte liberal. Así que este tampoco es un argumento de fondo. 

Descartados sus argumentos sobre un nuevo tratado y sobre la norma de su aprobación por el Congreso, el Gobierno debe decirnos claramente si sus argumentos sobre la inaplicabilidad del fallo de La Haya son relativos o absolutos, para saber a qué atenernos. Si los argumentos son relativos, esto implica aceptar el fallo y la pérdida del mar, pero con la condición de que, por ejemplo, nuestros pescadores puedan seguir realizando sus faenas en el mar que aceptamos ceder, o de que las actividades de Nicaragua en las aguas que nos ha quitado no pongan en peligro el equilibrio ecológico de nuestro entonces recortado mar territorial. Así lo sugiere Santos al decir que el fallo es inaplicable “hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos”. Entonces tiene sentido aceptar la invitación del gobierno nicaraguense para sentarnos a acordar las condiciones concretas para aplicar el fallo que aceptamos. 

Pero si el argumento es que el fallo es absolutamente inaplicable porque recorta nuestro mar territorial de una forma injusta y en contra de todos los principios del derecho internacional, y no estamos dispuestos a ceder ni un centímetro cuadrado de ese mar, entonces no tiene sentido que invitemos a Nicaragua a hablar sobre unos límites que nosotros consideramos inmodificables. 

Pero como la estrategia de Santos es no resolver el problema y dejárselo a otros, entonces tal vez no nos dirá a nosotros, ni tampoco a los nicaragüenses, cuáles son los argumentos de fondo para declarar inaplicable el fallo. Seguirá distrayéndonos con el argumento circular de que Colombia no desacata el fallo, pero tampoco lo cumple, porque se necesita un tratado aprobado por el Congreso, aunque ese nuevo tratado no significa acatar el fallo ni tampoco desacatarlo, sino todo lo contrario. Cantinflas en acción. 

Yo creo que en el fondo Santos acepta el fallo pero tiene miedo de ser el presidente que pase a la historia como el que entregó el mar de San Andrés. Porque también tiene miedo de decir abiertamente que no acata el fallo, pues esto le significaría perder la amistad de los países chavistas, con el consiguiente derrumbe de la estantería de su política internacional, que se apoya precisamente en esos países, cuya amistad también necesita para seguir sosteniendo la farsa de La Habana, de la cual depende su futuro político. 

Santos es rehén de las FARC, de Cuba y del chavismo, por eso no defiende a cabalidad nuestros derechos en San Andrés. Pero para su plan de reelección necesita subir en las encuestas y está aplicando una estrategia dilatoria para ganar tiempo. Es la estrategia del armadillo subido en un palo de coco: "Ni me subo, ni me bajo, ni me quedo aquí tampoco". Ahí esta pintado. 

@alrangels

Fuente: http://www.semana.com

Nota: Con sencilla elocuencia se expone el carácter pusilánime y timorato de JMS, que pena por las comunidades insulares que son ciudadanos de segunda, los hechos así lo demuestran y, los hechos, son inapelables.